Fallece Taty Almeida: adiós a la madre que desafió al terror argentino

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las grandes referencias de los derechos humanos en Argentina, murió el domingo 14 de junio de 2026 a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Llevaba varias semanas ingresada y falleció acompañada por su familia. Su muerte cierra una biografía atravesada por una ausencia que nunca dejó de estar presente: la desaparición de su hijo Alejandro Martín Almeida, secuestrado el 17 de junio de 1975 por la Triple A, cuando tenía 20 años.

Aquella búsqueda, iniciada casi a ciegas en los pasillos del poder militar y convertida después en una causa pública, transformó a una maestra criada en un ambiente conservador en una de las voces más reconocibles de la democracia argentina. Durante más de medio siglo reclamó memoria, verdad y justicia, denunció la impunidad del terrorismo de Estado y defendió que el relevo generacional no debía convertir el pasado en una pieza de museo. Ni una estatua, ni una fecha solemne, ni una fotografía amarillenta. La memoria, insistía, solo sirve cuando incomoda.

Taty Almeida muere a los 95 años en Buenos Aires

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida por todos como Taty Almeida, había nacido el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano. Le faltaban apenas dos semanas para cumplir 96 años. Se formó como docente, se casó con Jorge Almeida y tuvo tres hijos: Jorge, Alejandro y Fabiana. Su familia estaba vinculada al mundo militar, una circunstancia que marcaría con ironía amarga los primeros días de búsqueda, cuando creyó que los contactos, los uniformes conocidos y las puertas entreabiertas podían servir para encontrar una respuesta.

No sirvieron. La maquinaria represiva ya había aprendido a hablar con silencios administrativos, rumores, negativas y amenazas apenas insinuadas. Taty acudió a personas relacionadas con las Fuerzas Armadas, trató de llegar a altos mandos y buscó incluso respuestas en el entorno de Jorge Rafael Videla. Se encontró con el muro clásico de las dictaduras y de sus antesalas: nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie firma nada. El Estado, cuando decide borrar a una persona, empieza borrando los verbos.

Su fallecimiento fue comunicado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organización que presidía desde 2024. La despedida pública quedó fijada en la sede de FOETRA, el sindicato de las telecomunicaciones, en el barrio porteño de Balvanera. La elección no fue decorativa. Su hija Fabiana explicó que Taty quería ser velada en un sindicato, no en el Congreso ni en una institución ceremonial. Era una última coherencia: prefería un espacio de trabajadores a los salones donde la política suele domesticar a sus símbolos cuando ya no pueden responder.

Dos meses antes, el 17 de abril de 2026, la Universidad de Buenos Aires le había concedido el doctorado honoris causa, su máximo reconocimiento académico. La escena tenía algo de reparación civil: una mujer formada como maestra, que durante décadas habló en escuelas, facultades, barrios y plazas, recibía un título por haber enseñado fuera de las aulas lo que tantos manuales apenas consiguen explicar. A sus 95 años, en silla de ruedas y con el pañuelo blanco, volvió a pedir a los jóvenes que continuaran la lucha. Sabía que el tiempo biológico estaba haciendo su trabajo, metódico y brutal.

El 17 de junio de 1975, el día que cambió su vida

Alejandro Martín Almeida tenía 20 años, estudiaba primero de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Antes había pasado por la agencia estatal Télam, donde compartió actividad laboral y militante. Era miembro del ERP-22 de Agosto, una escisión del Ejército Revolucionario del Pueblo que había apoyado la salida electoral de 1973. Su madre desconocía buena parte de aquella militancia. Pertenecían, por decirlo sin maquillaje, a dos mundos políticos que convivían bajo el mismo techo sin comprenderse del todo.

El 17 de junio de 1975 Alejandro salió de casa y dijo que regresaría enseguida. Nunca volvió. Fue secuestrado en las inmediaciones de su domicilio durante un operativo ilegal atribuido a la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, una organización parapolicial de extrema derecha que actuó durante el Gobierno constitucional de Isabel Perón y persiguió, secuestró y asesinó a militantes políticos, sindicales, estudiantiles, intelectuales y artistas.

Conviene fijar la fecha porque evita una simplificación frecuente. Alejandro desapareció nueve meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El terror argentino no brotó de la noche a la mañana cuando los comandantes ocuparon la Casa Rosada; venía ensayándose, extendiendo redes y normalizando la violencia clandestina bajo un Gobierno formalmente constitucional. La dictadura posterior convirtió esa represión en un sistema nacional, burocrático y masivo, pero el sótano ya estaba construido.

Alejandro Almeida, el hijo que también escribía poemas

Tras la desaparición, Taty encontró entre las pertenencias de Alejandro una agenda con 24 poemas. Fue una segunda revelación. Descubrió la dimensión política de su hijo, pero también una voz íntima que no conocía: el estudiante de Medicina, el trabajador, el militante y el joven que escribía sobre el amor, la injusticia y el mundo que quería cambiar. Décadas después reunió aquellos textos en el libro Alejandro, por siempre… amor, publicado en 2008.

Ese hallazgo impidió que la condición de desaparecido devorara por completo a la persona. El lenguaje represivo reduce vidas enteras a una categoría: víctima, subversivo, detenido, NN. Taty hizo lo contrario. Contó que Alejandro tenía amigos, trabajo, ideas, contradicciones, proyectos y poemas. Lo devolvió al terreno de lo humano, allí donde la propaganda autoritaria pierde eficacia porque ya no puede hablar de cifras abstractas.

En 2020, el Estado argentino reparó documentalmente el legajo laboral de Alejandro. La cesantía que había figurado después de su secuestro fue corregida para dejar constancia de la verdadera causa de la interrupción de su trabajo: la desaparición forzada. Puede parecer una línea tardía en un expediente. No lo es. Las dictaduras no solo secuestran cuerpos; falsifican archivos, inventan abandonos de puesto y borran responsabilidades. Reparar un legajo significa obligar a la burocracia a decir lo que antes ocultó.

La Triple A y el terror antes del golpe militar

La Alianza Anticomunista Argentina operó principalmente entre 1973 y 1976, vinculada a sectores de la ultraderecha peronista y a estructuras del aparato estatal. Su nombre quedó asociado a atentados, amenazas, ejecuciones y secuestros. Fue una pieza decisiva en la degradación política que precedió al golpe. Las víctimas no eran fantasmas ni enemigos sin rostro, aunque así las presentara la retórica de la época. Eran abogados, delegados sindicales, periodistas, estudiantes, religiosos, artistas y militantes de organizaciones muy distintas.

Taty insistió durante años en recordar ese tramo previo porque su hijo había sido secuestrado en 1975. La cronología, aquí, no es un capricho de historiador. Determina responsabilidades políticas y penales. Permite entender que la violencia clandestina fue creciendo con complicidades estatales antes de quedar bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas. También evita el cómodo relato de que todo comenzó un día concreto y terminó limpiamente en otro. La historia rara vez cierra las puertas con tanta educación.

El golpe de 1976 instauró un régimen de terrorismo de Estado basado en secuestros, centros clandestinos, torturas, asesinatos, robo de bebés y desapariciones. Los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000 desaparecidos, convertida en emblema político y social. Más allá de la batalla partidista alrededor de los números, la naturaleza del sistema está acreditada por archivos, testimonios y sentencias: el Estado organizó una estructura ilegal para eliminar personas y ocultar su destino.

De una búsqueda privada a la Plaza de Mayo

Taty se incorporó a Madres de Plaza de Mayo en 1979. Para entonces, aquellas mujeres ya habían convertido la Plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada, en un escenario que la dictadura no podía controlar del todo. La primera reunión se había celebrado el 30 de abril de 1977. Catorce madres acudieron para exigir información sobre sus hijos. Como el estado de sitio impedía las concentraciones, la policía les ordenó circular. Ellas caminaron alrededor de la Pirámide de Mayo. Una orden pensada para dispersarlas terminó creando la ronda más famosa de América Latina.

El pañuelo blanco, utilizado por primera vez durante una peregrinación a Luján en 1977, nació de una necesidad práctica: reconocerse entre la multitud. Su vínculo con los pañales de tela de sus hijos le dio una potencia visual extraordinaria. No era un uniforme militar ni una bandera partidista, sino un objeto doméstico convertido en acusación pública. El régimen que exaltaba la familia se encontró frente a madres que preguntaban dónde estaban sus hijos. No hubo propaganda capaz de resolver esa contradicción.

Con el retorno de la democracia en 1983 comenzó otra etapa. Llegaron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas de 1985, hitos internacionales en la persecución de los crímenes de una dictadura. Después vinieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos y largos años de impunidad. Las Madres siguieron. Cuando el Estado avanzaba, empujaban; cuando retrocedía, denunciaban; cuando se declaraba cansado, ellas parecían recordar que el cansancio no era una absolución.

La Línea Fundadora y una diferencia que no borró la causa

En 1986, el movimiento de Madres se dividió. Las discrepancias tenían que ver con la relación con las instituciones democráticas, la participación en la CONADEP, la identificación de restos y las reparaciones económicas. De aquella ruptura surgió Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el espacio en el que Taty desarrolló la mayor parte de su militancia.

La división fue real y profunda, pero reducir la historia a una pelea interna sería mezquino. Las distintas ramas compartieron el origen esencial: la búsqueda de los hijos desaparecidos y la denuncia del terrorismo de Estado. Taty defendió una línea favorable a los juicios, a la investigación documental y a la identificación de restos. Para una madre, aceptar una prueba forense no significaba renunciar al reclamo; significaba arrancar una verdad concreta al sistema que había trabajado para borrarla.

Con los años, Almeida se convirtió en una figura transversal dentro del movimiento argentino de derechos humanos. Participó en actos sindicales, movilizaciones universitarias, campañas sociales y encuentros internacionales. Defendió la educación pública, acompañó reclamos laborales y sostuvo causas que iban más allá de la desaparición de Alejandro. Ella misma explicó esa transformación con una frase que condensaba su biografía: “Alejandro me parió políticamente”. El hijo al que había dado vida terminó empujándola, desde la ausencia, fuera de la burbuja social en la que había crecido.

Su última batalla contra el olvido y el negacionismo

La vejez no retiró a Taty Almeida de la vida pública. En sus últimos años utilizó bastón y silla de ruedas, pero continuó apareciendo en marchas, homenajes, universidades y actos políticos. El 24 de marzo de 2026, cuando Argentina conmemoró los 50 años del golpe de Estado, estuvo en la Plaza de Mayo ante una multitud. La imagen era sencilla y poderosa: una mujer de 95 años, físicamente frágil, seguía exigiendo al Estado que dijera dónde estaban los desaparecidos.

Su intervención se produjo en un contexto de fuerte confrontación con el Gobierno de Javier Milei y con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los organismos de derechos humanos han acusado al Ejecutivo de desmontar políticas públicas de memoria y favorecer discursos que relativizan el terrorismo de Estado. El Gobierno promueve la idea de una “memoria completa” centrada también en las víctimas de las organizaciones armadas. La cuestión de fondo no es si esas víctimas merecen reconocimiento —lo merecen—, sino si se utiliza su dolor para diluir la responsabilidad específica de un Estado que empleó sus recursos, armas, cárceles clandestinas y cadenas de mando para secuestrar y matar.

Taty rechazó esa equiparación. No porque negara la violencia de las guerrillas, sino porque distinguía entre delitos cometidos por organizaciones y un plan represivo desplegado desde el aparato estatal. En una democracia liberal, esa diferencia jurídica y moral es básica. El Estado posee un poder excepcional y, por eso mismo, una responsabilidad excepcional. Cuando abandona la ley y convierte la desaparición en método, no actúa como una banda más: destruye el suelo común sobre el que se sostiene la ciudadanía.

En abril, durante la entrega del honoris causa de la UBA, volvió a pronunciar una de sus ideas recurrentes: la militancia no debía ser una palabra temida. Para ella significaba compromiso, presencia y responsabilidad con los demás, no obediencia ciega. También recordó que quedaban muy pocas Madres vivas. El mensaje tenía la gravedad de una cuenta atrás. El pañuelo blanco debía pasar de las cabezas de aquellas mujeres a la conciencia de quienes no vivieron el terror.

La muerte de Taty llega cuando Argentina sigue discutiendo cómo narrar su pasado reciente. Las condenas por delitos de lesa humanidad constituyen uno de los procesos de justicia transicional más relevantes del mundo, pero persisten pactos de silencio, restos sin identificar, archivos incompletos y familias que desconocen qué ocurrió con sus seres queridos. La democracia juzgó a numerosos responsables; no consiguió, sin embargo, contestar todas las preguntas.

Una voz que no se archiva

Taty Almeida no encontró a Alejandro. Esa frase dura debe permanecer en el centro, sin barniz heroico. La dimensión pública de su vida no compensa la pérdida privada, y convertir el sufrimiento en una leyenda confortable sería otra forma de quitarle verdad. Durante 51 años buscó a su hijo, preguntó por él, leyó sus poemas, pronunció su nombre y sostuvo una fotografía. Murió sin saber dónde estaba.

Pero tampoco fue derrotada. Logró que Alejandro no quedara reducido a una ficha borrada por sus secuestradores. Consiguió que su nombre entrara en escuelas, libros, expedientes reparados, homenajes y juicios; que su historia sirviera para explicar la desaparición forzada; que miles de jóvenes entendieran que la democracia no es una lámpara que permanece encendida sola. Hay que cambiar la bombilla, pagar la electricidad y vigilar a quien busca el interruptor.

Su legado pertenece a una tradición cívica que desconfía del poder sin controles, exige tribunales independientes y se niega a aceptar que la razón de Estado justifique cualquier crimen. Taty tomó partido; nunca fue una figura neutra. Frente a una desaparición, la neutralidad habría sido una forma elegante de abandono.

Queda su voz ronca, su humor, el pañuelo blanco y una frase que repetía como quien deja una herramienta sobre la mesa: la única lucha que se pierde es la que se abandona. No pide veneración. Pide continuidad. Y plantea una obligación muy precisa para Argentina: seguir buscando a Alejandro, identificar a los desaparecidos, proteger los procesos judiciales y transmitir lo ocurrido sin convertirlo en un catecismo vacío.

Taty Almeida murió en Buenos Aires a los 95 años. Alejandro sigue desaparecido. Entre esas dos realidades se extiende más de medio siglo de historia argentina: el terror, la impunidad, los juicios, la democracia y una madre que salió de casa para buscar a su hijo y terminó enseñando a un país entero a no mirar hacia otro lado.