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Basset sitúa a las 16.00 el desbordamiento del barranco del Poyo
El testimonio de Basset adelanta la cronología y reabre el debate sobre la información y el aviso de la dana.

José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y responsable operativo durante la dana del 29 de octubre de 2024, situó a las 16.00 el conocimiento de que el barranco del Poyo se estaba desbordando. Su testimonio ante la jueza que investiga la gestión de la emergencia contradice la versión sostenida por el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien afirmó que no supo que el cauce se desbordaba. La declaración vuelve a colocar en el centro del procedimiento qué información llegó a cada nivel de mando y en qué momento.
Basset explicó que los bomberos conocían las corrientes de agua en el barranco de Chiva, donde nace el Poyo, porque una base del servicio estaba afectada en esa zona. El dato no permite afirmar por sí solo quién recibió el aviso en la Generalitat ni qué decisiones se tomaron a partir de él. Sí fija una referencia temporal relevante para reconstruir la tarde y contrastar los testimonios que la investigación está reuniendo.
Qué afirmó Basset sobre la crecida
La comparecencia del exjefe operativo completó una declaración que había comenzado días antes y que se aplazó por su extensión. Ante la magistrada, Basset señaló que a las cuatro de la tarde ya sabían lo que ocurría en la zona del barranco de Chiva, el tramo donde se inicia el Poyo. Vinculó ese conocimiento con la situación de una base de bomberos afectada por las corrientes, un detalle que ayuda a entender de dónde procedía la información descrita en su testimonio.
La precisión importa porque no se trata de una valoración general sobre la intensidad de las lluvias, sino de una hora concreta y de un conocimiento situado en el ámbito operativo de los bomberos. Aun así, conviene mantener el alcance exacto de lo declarado: Basset explicó qué sabían los bomberos, no acreditó con esa frase que todas las autoridades autonómicas hubieran recibido el mismo aviso, ni que la información hubiera llegado a una persona determinada. Conocer un fenómeno en un punto de la red de emergencias y transmitirlo a toda la cadena institucional son hechos relacionados, pero distintos.
El testimonio también debe leerse dentro de una investigación que reconstruye una secuencia de llamadas, comunicaciones y decisiones, no como una conclusión judicial definitiva. La jueza tendrá que valorar esa declaración junto con otros testimonios y documentos. Por ahora, la hora de las 16.00 funciona como una pieza que obliga a comparar versiones sobre cuándo se identificó el peligro y cómo circuló la información.
La contradicción con la versión de Mazón
Tras anunciar su dimisión en noviembre, Carlos Mazón sostuvo que no había sabido que el barranco del Poyo se desbordaba y que esa era la información clave de aquella tarde. La declaración de Basset abre una contradicción directa con esa afirmación: según el exresponsable de bomberos, el desbordamiento ya era conocido en su ámbito operativo a las 16.00. El contraste es relevante para el relato público de la gestión, pero no demuestra automáticamente qué sabía el entonces president ni cuándo pudo saberlo.
Entre ambos testimonios queda por aclarar un tramo esencial: si el aviso se transmitió desde los equipos que lo conocían, por qué canales circuló y hasta dónde llegó. También cabe distinguir entre recibir un dato, comprender su gravedad y decidir que exige una actuación inmediata. En una emergencia, esos pasos pueden sucederse con rapidez o quedar separados por fallos de coordinación; determinar cuál de esas situaciones se produjo forma parte del trabajo de la instrucción.
Por eso, la discrepancia no se resuelve únicamente enfrentando dos frases. Para establecer responsabilidades hacen falta elementos que permitan reconstruir la cadena de comunicación y el contexto de cada declaración. La diferencia entre conocimiento operativo y conocimiento político es uno de los puntos que la causa debe esclarecer, sin dar por probado de antemano que la información llegara a todos los responsables o que fuera ignorada deliberadamente.
De las 16.00 al mensaje enviado a las 20.11
La cronología del aviso a la población añade otra dimensión al testimonio. Basset explicó en una declaración anterior que a las 18.13 propuso en el Cecopi un texto para alertar a la ciudadanía y pedirle que permaneciera en sus domicilios. Según su relato, desconocía qué ocurrió después con esa propuesta: el mensaje que finalmente se envió fue distinto y llegó a los teléfonos a las 20.11, cuando la situación ya era crítica en numerosos municipios.
Entre la hora que Basset atribuye al conocimiento de la crecida y el envío del Es-Alert transcurrieron algo más de cuatro horas. Esa diferencia temporal no demuestra por sí misma que un aviso a las 16.00 hubiera tenido un contenido concreto ni que todos los habitantes de las zonas afectadas pudieran haber reaccionado de la misma manera. Sí explica por qué la investigación examina cuándo se dispuso de señales de peligro, cuándo se planteó una alerta general y qué deliberaciones precedieron al mensaje enviado.
El Es-Alert es una herramienta de comunicación masiva que puede interrumpir la actividad cotidiana y advertir a muchas personas a la vez. No detiene una riada ni garantiza que todos puedan ponerse a salvo, pero el momento y el contenido de una alerta pueden influir en decisiones inmediatas. En este caso, la propuesta atribuida a Basset y el mensaje que finalmente se difundió forman parte de la revisión judicial sobre la respuesta institucional durante las horas decisivas.
Otros testimonios aportan horas distintas
La reconstrucción no depende únicamente de lo declarado por Basset. Manuel Alonso, oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos que estaba de guardia aquel día, situó a las 17.30 una comunicación del Centro de Coordinación de Emergencias sobre el riesgo en el barranco. Según su testimonio, el centro trasladó que el cauce iba al límite de agua después de que un particular de Riba-roja llamara al 112 para alertar de la situación. Alonso señaló que la información se compartió con otros organismos mediante el sistema de comunicaciones Coordcom.
Ese relato no es idéntico al de Basset ni debe mezclarse con él. Basset situó a las 16.00 el conocimiento de los bomberos sobre corrientes y desbordamiento en el entorno de Chiva; Alonso se refirió a una comunicación posterior sobre el nivel de riesgo del cauce. Las dos horas describen momentos y fuentes de información diferentes. La investigación tendrá que determinar cómo encajan esos avisos, qué alcance tuvo cada uno y qué conocimiento generaron en los distintos organismos.
Alonso también declaró que los bomberos se habían retirado del barranco alrededor de las 14.40, después de que se considerara concluida la tarea encomendada. Explicó que no recibieron instrucciones más detalladas para permanecer allí y tomar mediciones periódicas. Según su versión, la orden de retirada partió del sargento que coordinaba los recursos del Consorcio, mientras que desde Emergencias no se les pidió después que volvieran a medir el cauce. La relación entre esa retirada y los avisos posteriores es otro asunto que debe analizarse sin atribuir a un testigo lo que declaró otro.
La retirada de efectivos y el flujo de órdenes
Basset afirmó que no supo en tiempo real que los efectivos encargados de vigilar el barranco se habían retirado y que se enteró días después. La declaración de Alonso aporta otro elemento sobre esa salida: el equipo entendió que su cometido había terminado porque no recibió una instrucción de permanencia ni un protocolo de mediciones sucesivas. No son versiones necesariamente incompatibles, pues hablan de aspectos distintos: quién tomó la decisión operativa y quién, dentro de la estructura, tuvo conocimiento de ella.
Ese matiz permite ver por qué el caso no gira solo en torno a una hora. También importa cómo se organizó la vigilancia, qué información se esperaba obtener y quién debía solicitar nuevas comprobaciones. Alonso sostuvo que, con una indicación más concreta de Emergencias, los bomberos habrían permanecido allí y realizado lecturas periódicas. Su declaración plantea así una cuestión sobre la claridad de las instrucciones y la distribución de responsabilidades entre los servicios movilizados.
La retirada, por sí sola, no explica toda la evolución posterior ni establece qué habría ocurrido si los efectivos hubieran continuado en el lugar. Para llegar a una conclusión haría falta valorar el encargo inicial, las comunicaciones disponibles y las decisiones adoptadas con la información existente en cada momento. La instrucción judicial busca precisamente reconstruir esa secuencia, en lugar de convertir una decisión aislada en explicación completa de una catástrofe.
El papel del Cecopi y la cadena de comunicación
El Cecopi fue el espacio de coordinación en el que coincidieron representantes de distintos organismos durante la emergencia. En su declaración previa, Basset dijo que había propuesto allí a las 18.13 un texto de alerta, aunque no supo explicar qué pasó con esa propuesta antes de que se enviara otro mensaje a las 20.11. Ese intervalo concentra preguntas sobre cómo se discutían las medidas, quién intervenía en la redacción y aprobación de la alerta y qué información se puso sobre la mesa.
En una emergencia compleja, disponer de datos no garantiza que todos los participantes los reciban al mismo tiempo o con idéntica interpretación. La información puede circular por vías distintas, quedar en manos de un equipo o no llegar al nivel que debe tomar una decisión. Pero esa posibilidad general no permite afirmar que eso fuera exactamente lo que ocurrió el 29 de octubre. El cometido de la jueza es contrastar los testimonios con el rastro documental y precisar si hubo fallos de transmisión, de coordinación o de decisión.
También importa diferenciar entre el conocimiento de un riesgo y la confirmación de que el agua ya se ha desbordado. La declaración de Basset utiliza una referencia concreta al desbordamiento en la zona de origen del cauce; la de Alonso recoge una comunicación posterior que describía el barranco al límite. En términos operativos, ambos datos pueden señalar una situación peligrosa, aunque no sean intercambiables. La precisión sobre qué se dijo y en qué momento evita reducir la investigación a una sola etiqueta.
Qué puede demostrar una hora y qué no
En una causa judicial, una hora declarada por un testigo es una referencia que debe contrastarse, no una sentencia sobre el conjunto de los hechos. La afirmación de Basset puede ayudar a fijar cuándo conocieron los bomberos la situación en el entorno de Chiva. Para saber si ese dato llegó a otros mandos, si fue comunicado a la dirección política o si se tradujo en una instrucción concreta, hacen falta pruebas adicionales y una reconstrucción completa de las comunicaciones.
Del mismo modo, que el Es-Alert se enviara a las 20.11 y que Basset sitúe una propuesta de mensaje a las 18.13 no basta para establecer por sí solo por qué se demoró la alerta. Su testimonio indica que él propuso un texto y que no conocía el destino de esa propuesta. La investigación deberá precisar quién intervino después y cómo se adoptó la versión finalmente enviada. La existencia de una propuesta no equivale a una decisión aprobada ni a una orden ejecutada.
Esta cautela no resta importancia a las horas, sino que permite entender su valor real. Una cronología fiable puede mostrar dónde hubo tiempo entre una señal y una respuesta, pero para determinar si ese margen podía utilizarse y quién tenía capacidad para hacerlo hay que estudiar las circunstancias concretas. El procedimiento intenta establecer no solo qué ocurrió, sino qué información tenía cada participante cuando actuó o dejó de actuar.
La investigación sobre la dana sigue abierta
La jueza de Catarroja instruye la causa penal sobre la gestión de la riada, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, según los datos incluidos en la información del procedimiento. La investigación presta atención a la disponibilidad de información, a la coordinación entre los organismos y a las decisiones tomadas durante la tarde. El testimonio de Basset adquiere relevancia porque aporta una hora anterior a otros avisos relatados en sede judicial y entra en tensión con la versión que Mazón expresó públicamente.
La comparecencia del exresponsable operativo no cierra el debate ni determina responsabilidades por sí misma. Su alcance dependerá de cómo se contraste con las declaraciones de otros testigos, entre ellas la de Alonso, y con los registros y documentos que formen parte de la causa. En particular, seguirá siendo importante aclarar si las señales recogidas por los bomberos llegaron a quienes podían ordenar medidas de protección y cómo se relacionan con la propuesta de alerta planteada en el Cecopi.
La diferencia entre las 16.00 que señaló Basset, las 17.30 de la comunicación descrita por Alonso y las 20.11 del mensaje masivo dibuja una secuencia que todavía debe ser explicada en su conjunto. No todas esas horas representan el mismo tipo de conocimiento ni proceden del mismo canal. Pero juntas sitúan el foco en una cuestión central para entender la respuesta: cómo una señal de peligro se transforma —o no— en una advertencia clara para la población. Esa es la contradicción que la investigación tendrá que ordenar con pruebas, más allá de las versiones políticas y de la lectura aislada de cada testimonio.

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