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¿Qué dijo Esperanza Aguirre del caso Maricarmen y los desahucios?
Las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre Maricarmen reabren el debate de la vivienda y chocan con los datos sobre desahucios en Cataluña.

Resumen
- Aguirre define el caso Maricarmen como una «cortina de humo»
- Los datos sitúan a Cataluña primera en lanzamientos, pero lejos de la mayoría
- Maricarmen ha aceptado volver a su casa con un contrato de ocho años
Esperanza Aguirre ha entrado de lleno en la discusión abierta por el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había residido durante más de siete décadas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que el caso se ha convertido en una «cortina de humo» y ha llevado el debate hacia una cuestión más amplia: cuántos desahucios se producen realmente en España y qué papel ocupa Cataluña dentro de esas cifras.
Su argumento incluye un dato concreto: España rondaría los 25.000 desahucios anuales y Cataluña concentraría «la inmensa mayoría». La primera cifra se aproxima al orden de magnitud de algunos ejercicios recientes. La segunda, en cambio, necesita un matiz importante: Cataluña encabeza las estadísticas de lanzamientos judiciales, pero los datos oficiales recientes la sitúan alrededor de una cuarta parte del total nacional, no por encima del 50%.
Aguirre llama «cortina de humo» al caso Maricarmen
Las palabras de Aguirre llegan después de que el desalojo de Maricarmen se haya convertido en uno de los grandes símbolos recientes del conflicto por la vivienda. La imagen de la mujer abandonando el inmueble tras el lanzamiento judicial, con movilizaciones en el exterior y una enorme repercusión pública, hizo que un litigio concreto saltara rápidamente a la conversación política nacional.
Aguirre ha tratado de colocar el episodio dentro de un escenario mucho más amplio. Su tesis es que el extraordinario foco sobre Maricarmen deja en segundo plano los miles de procedimientos de desalojo registrados cada año en España. Es, en esencia, una discusión sobre proporciones: un caso individual que adquiere dimensión nacional frente a unas estadísticas que describen un problema bastante más extenso.
Su posición sobre la vivienda tampoco es nueva. La expresidenta madrileña defiende fundamentalmente aumentar la oferta, facilitar la construcción y limitar las intervenciones que, según argumenta, pueden desincentivar a propietarios y reducir el parque disponible para alquilar.
En sus últimas intervenciones ha calificado la regulación de la vivienda como un «disparate absoluto» y ha señalado también la lentitud urbanística, la disponibilidad de suelo, la falta de trabajadores especializados en construcción y determinadas dificultades para desarrollar nuevas promociones. Es la lectura clásica del problema desde la oferta: faltan casas allí donde mucha gente quiere vivir.
¿Hay realmente unos 25.000 desahucios al año en España?
La referencia a unos 25.000 casos anuales no queda demasiado lejos de las cifras de 2024. Ese año los órganos judiciales practicaron 27.564 lanzamientos en España. La mayor parte estuvo vinculada a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, fundamentalmente a conflictos relacionados con el alquiler.
Conviene afinar el lenguaje. La estadística judicial utiliza el término «lanzamiento» para referirse a la ejecución material de una resolución que obliga a desalojar un inmueble. En la conversación pública suele hablarse simplemente de desahucios, aunque las categorías jurídicas y estadísticas no son exactamente intercambiables en todos los casos.
El panorama, además, cambia bastante de un año a otro. Durante el primer trimestre de 2026 los órganos judiciales practicaron 4.005 lanzamientos, un 45,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 64,9% procedió de asuntos relacionados con impagos del alquiler y el 24,24% de ejecuciones hipotecarias.
Eso obliga a manejar con cuidado cualquier cifra anual utilizada en pleno 2026. Los 27.564 lanzamientos de 2024 sirven para conocer el tamaño reciente del fenómeno, pero no permiten afirmar por sí solos cuál será el total cuando termine este ejercicio.
Cataluña lidera la estadística, pero no concentra la mayoría
El otro dato citado por Aguirre merece todavía más precisión. Cataluña sí aparece sistemáticamente entre los territorios con más lanzamientos y en varios periodos ocupa el primer puesto nacional. Lo que no muestran las estadísticas es que concentre «la inmensa mayoría» de todos los casos españoles.
En 2024 se practicaron en Cataluña 7.381 lanzamientos, equivalentes al 26,8% del total nacional. Después aparecieron Andalucía, con 4.027, la Comunidad Valenciana, con 3.610, y Madrid. Cataluña también encabezó los lanzamientos derivados específicamente de procedimientos de alquiler, con 5.539.
La fotografía más reciente refuerza ese matiz. En el primer trimestre de 2026 Cataluña contabilizó 921 de los 4.005 lanzamientos practicados en España, alrededor del 23%. Volvió a ser la comunidad con mayor cifra, seguida de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. Pero un 23% está lejos de constituir una mayoría del conjunto nacional.
La diferencia no es pequeña. Liderar una estadística con aproximadamente uno de cada cuatro casos no equivale a acumular más de la mitad. Cataluña tiene un peso muy elevado dentro del mapa español de los lanzamientos judiciales; los números, simplemente, dibujan algo bastante distinto de una concentración mayoritaria.
El caso Maricarmen cambia de rumbo tras el desahucio
Mientras crecía la controversia política, el propio caso que la desencadenó dio un giro considerable. Maricarmen fue desahuciada el miércoles 23 de septiembre de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en Madrid, donde llevaba viviendo más de 70 años. Después del desalojo permaneció ingresada en el Hospital Gregorio Marañón.
Cinco días después, representantes de Maricarmen y Urbagestión, propietaria del inmueble, alcanzaron un acuerdo tras una reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El pacto planteó un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superara el 30% de los ingresos de la mujer.
Este 29 de septiembre Maricarmen ha aceptado el acuerdo. Podrá regresar a su vivienda cuando reciba el alta hospitalaria y se complete la formalización del nuevo contrato. El alquiler quedará aproximadamente en el entorno de los 500 euros mensuales, ligado a ese límite del 30% de sus ingresos.
El desenlace personal cambia, pero la protesta no desaparece con él. El caso había desbordado ya la situación de una sola inquilina y alimentado movilizaciones más amplias sobre precios, contratos, vulnerabilidad y protección frente a los desalojos. La casa vuelve a abrirse para Maricarmen; el debate que salió por esa puerta, en cambio, sigue en la calle.
De un desahucio a una batalla sobre todo el mercado
La enorme repercusión del caso ayuda a entender por qué las declaraciones de Esperanza Aguirre han provocado tanta discusión. No se debate únicamente lo ocurrido en un piso del distrito madrileño de Retiro. El episodio ha vuelto a enfrentar diferentes diagnósticos sobre cómo resolver el problema de la vivienda en España.
Aguirre coloca el acento en construir más vivienda, movilizar suelo, reducir obstáculos administrativos y evitar normas que, según su posición, puedan provocar que propietarios retiren inmuebles del alquiler. Es una respuesta centrada principalmente en incrementar la oferta disponible.
Los sindicatos de inquilinos y otras organizaciones sociales colocan el foco en elementos diferentes: estabilidad de los contratos, precios, protección de hogares vulnerables y límites a determinadas prácticas del mercado inmobiliario. Son enfoques políticos distintos sobre un mismo problema y, en ocasiones, parten incluso de diagnósticos diferentes sobre sus causas.
El caso Maricarmen ha terminado influyendo también en la agenda del Gobierno. Este 29 de septiembre, el Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley sobre vivienda que incluyen, entre otras medidas, una ampliación de las protecciones frente a determinados desahucios de personas vulnerables y cambios relacionados con los contratos de alquiler. Los textos necesitan todavía su convalidación parlamentaria.
Regular o construir: dos debates que terminan mezclándose
Reducir toda la controversia a elegir entre regular o construir deja fuera demasiadas piezas. La disponibilidad de vivienda depende de la oferta, sí, pero también de la concentración de la demanda en determinadas ciudades, los salarios, el coste de financiación, el suelo, la vivienda pública, la fiscalidad, el alquiler turístico, la inversión y la velocidad con la que se desarrollan nuevos barrios.
Las estadísticas judiciales tampoco admiten demasiados atajos. Los 27.564 lanzamientos de 2024 describen una realidad diferente de los 4.005 registrados durante los tres primeros meses de 2026. Cataluña aparece repetidamente en la parte alta de las tablas, pero en los periodos contrastados su peso se sitúa aproximadamente entre una cuarta parte y algo menos del 30% del total español.
El caso Maricarmen añade una última capa. Una historia individual puede tener circunstancias excepcionales y, al mismo tiempo, convertirse en símbolo de un problema colectivo. Que existan miles de lanzamientos cada año no vuelve irrelevante un caso concreto; del mismo modo, la enorme repercusión de un caso concreto tampoco permite utilizarlo como fotografía exacta de todos los desahucios que se producen en España.
Maricarmen vuelve a casa y la vivienda sigue en la política
Las declaraciones de Esperanza Aguirre han desplazado parte de la atención desde la historia personal de Maricarmen hacia las cifras generales de los desahucios y hacia una vieja disputa española: cuánto debe intervenir la Administración en el mercado residencial y cuánto puede resolverse aumentando la oferta.
Los datos dejan una imagen con bastantes más matices que una frase de televisión. España ha registrado en ejercicios recientes decenas de miles de lanzamientos; 2026, sin embargo, comenzó con una caída pronunciada. Cataluña ocupa el primer puesto en los últimos datos disponibles, pero no reúne la mayoría nacional.
Y Maricarmen, después de abandonar en camilla la casa en la que había pasado prácticamente toda su vida, ha aceptado el acuerdo que le permitirá regresar con un contrato de ocho años. Una historia individual empieza así a encontrar salida mientras el problema que la convirtió en símbolo sigue abierto: alquileres caros, escasez de vivienda en zonas de gran demanda, propietarios inquietos, inquilinos inseguros y una política en la que cada metro cuadrado acaba convertido, tarde o temprano, en terreno de discusión.












