Actualidad
Cuatro policías falsearon un atestado tras agredir a un menor magrebí
Cuatro policías son juzgados en Madrid por agredir a un menor de 17 años y por un atestado que Asuntos Internos considera falseado tras los hechos.

Resumen
- Cuatro policías son juzgados por agredir a un menor de 17 años en Madrid
- Asuntos Internos ve contradicciones e inverosimilitudes en el atestado
- La Fiscalía pide hasta siete años de prisión para varios de los agentes
Cuatro agentes de la Policía Nacional se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por unos hechos ocurridos en septiembre de 2023 que terminaron con un menor de 17 años herido, varios vecinos grabando desde sus ventanas y un atestado cuya versión ha sido cuestionada por la propia Unidad de Asuntos Internos. La Fiscalía acusa a los cuatro policías de falsedad en documento oficial y atribuye además a tres de ellos un delito contra la integridad moral por trato degradante. Las penas solicitadas llegan hasta los siete años de prisión.
El elemento que ha dado un giro especialmente delicado al juicio es precisamente ese: dos investigadores de Asuntos Internos declararon que el relato escrito por los acusados presentaba contradicciones e inverosimilitudes y no reflejaba lo que, según su investigación, había sucedido en la calle. Los vídeos grabados por vecinos son una pieza central. No obstante, el proceso continúa abierto, los policías niegan las acusaciones y todavía no existe una sentencia que declare probados estos hechos.
Una intervención policial que comenzó en Bravo Murillo
Todo empezó durante la madrugada del 8 de septiembre de 2023, en el distrito madrileño de Tetuán. Hacia las 00.10 horas, una pareja pidió ayuda después de asegurar que varios jóvenes habían intentado robarles. Los agentes acudieron a la zona y acompañaron a la pareja hasta el hotel en el que se alojaba.
Después buscaron a los jóvenes señalados. En ese momento localizaron al adolescente, identificado durante el procedimiento por sus iniciales, que salió corriendo. Tres de los policías lo persiguieron hasta la calle de Sófora.
Es allí donde las versiones empiezan a separarse como dos vías de tren.
Según la acusación de la Fiscalía, una vez alcanzado y reducido, los agentes golpearon al chico mientras este pedía que parasen y solicitaba ayuda. Después lo habrían dejado tendido en la calle y se habrían marchado. Varios vecinos presenciaron la escena y algunos comenzaron a grabar desde sus viviendas.
Una de esas testigos declaró ante el tribunal que escuchó a los policías utilizar contra el adolescente un insulto racista mientras lo perseguían. Relató también que, una vez en el suelo, recibió patadas y no podía defenderse. Otro testigo explicó que vio a varias personas alrededor del joven y que, antes de marcharse, recibió otro golpe y una patada.
Los vídeos de los vecinos entran en escena
Hay un detalle que pesa especialmente en el procedimiento: había cámaras donde los agentes aparentemente no esperaban encontrarlas. No cámaras oficiales, sino teléfonos móviles asomados desde las ventanas.
Uno de los investigadores de Asuntos Internos declaró que los policías acusados desconocían que los hechos habían sido grabados. Según el instructor de la investigación interna, cuando esas imágenes aparecieron comprobaron que lo reflejado en el atestado policial no coincidía con la reconstrucción que ellos hicieron posteriormente. Otro de los investigadores sostuvo ante el tribunal que los agentes trataron de ocultar lo ocurrido y ganar tiempo.
Las imágenes mostradas durante la vista constituyen, por tanto, una prueba importante, aunque corresponde al tribunal determinar finalmente qué ocurrió, quién participó y qué responsabilidad penal existe. Un vídeo puede parecer contundente a simple vista; jurídicamente, sin embargo, debe examinarse junto con testimonios, informes médicos, comunicaciones policiales y el resto de pruebas.
El menor terminó siendo atendido por una ambulancia y trasladado al hospital. La documentación médica incorporada al caso recoge una herida inciso-contusa de aproximadamente 1,5 centímetros en la cabeza. Según la acusación, necesitó una primera asistencia sanitaria y las lesiones tardaron varios días en curar.
El atestado que Asuntos Internos pone bajo sospecha
La segunda parte de la historia ocurrió unas horas después, en dependencias policiales.
Alrededor de las 4.07 de la madrugada, los agentes elaboraron el atestado de la intervención. En él situaron los hechos aproximadamente a las 2.10 horas y describieron al menor como agresivo. Según esa versión, el adolescente habría empujado a un policía, le habría arrancado el chaleco, habría huido y posteriormente habría golpeado a otro agente antes de ser reducido.
Los policías reflejaron asimismo que tuvieron que abandonar momentáneamente el lugar porque otro compañero solicitaba ayuda al encontrarse rodeado por varios jóvenes y que después regresaron para proceder a la detención.
Asuntos Internos encontró problemas en ese relato. Sus investigadores hablaron ante la Audiencia de diferencias horarias, contradicciones y elementos poco verosímiles, hasta concluir que el documento no reflejaba correctamente la realidad reconstruida durante sus pesquisas. Eso es precisamente lo que sustenta una de las acusaciones más graves del procedimiento: la supuesta falsificación de un documento oficial.
La defensa cuestiona la reconstrucción de Asuntos Internos
El juicio, sin embargo, no circula en una sola dirección. Las defensas de los cuatro agentes han intentado desmontar distintos puntos de la investigación y han señalado errores e imprecisiones en el propio trabajo de Asuntos Internos.
Durante la primera sesión se incidió, por ejemplo, en que los horarios consignados en los atestados policiales no siempre coinciden exactamente con el momento de cada actuación. Varios policías que comparecieron como testigos explicaron también que las comunicaciones por emisora pueden fallar y que determinados avisos se realizan por teléfono, una cuestión relevante porque la acusación cuestiona la explicación dada por los acusados para abandonar temporalmente la calle de Sófora.
Hubo igualmente dificultades con la identificación directa de los policías. Los vecinos describieron la agresión y reconocieron que quienes intervenían eran agentes por su vestimenta, pero no todos pudieron identificar individualmente a los acusados sentados en el banquillo. Una testigo llegó a señalar que el agente al que recordaba como participante no coincidía con uno de los procesados.
Es uno de los aspectos que tendrá que ponderar la Audiencia. La existencia de imágenes y testimonios sobre una actuación violenta no resuelve automáticamente la responsabilidad concreta de cada acusado. Esa individualización es básica en un proceso penal.
Un dato incómodo que también forma parte del caso
Hay otro elemento que conviene no esconder debajo de la alfombra porque cambia el contexto, aunque no elimina por sí mismo ninguna de las acusaciones actuales: el menor fue condenado por agredir a dos policías durante aquella intervención.
Los propios agentes de Asuntos Internos reconocieron en el juicio que su investigación no cuestionaba necesariamente esa agresión previa. Una cosa, por tanto, no excluye jurídicamente la otra. Que un detenido ataque a un agente no autoriza una agresión posterior cuando ya está reducido; del mismo modo, la existencia de una actuación policial potencialmente irregular no convierte automáticamente en falsa cualquier acusación formulada contra el detenido.
El joven, actualmente en paradero desconocido, no ha comparecido como testigo en este juicio.
Hasta siete años de prisión y dos acusaciones distintas
La Fiscalía atribuye a los cuatro agentes un supuesto delito de falsedad en documento oficial. A tres de ellos les imputa también un delito contra la integridad moral relacionado con el trato presuntamente dispensado al adolescente. Las solicitudes de condena alcanzan los siete años de cárcel para quienes afrontan ambas acusaciones.
No es una diferencia menor. El procedimiento no se limita a decidir si hubo un uso excesivo de la fuerza durante una persecución policial. El tribunal deberá esclarecer también si funcionarios públicos confeccionaron deliberadamente un documento oficial con una versión destinada a ocultar lo sucedido.
Ahí está el nervio del caso. Un atestado policial suele convertirse en uno de los primeros ladrillos sobre los que se levanta cualquier procedimiento penal. Si el ladrillo está manipulado, el problema deja de ser únicamente lo ocurrido durante unos minutos en una calle: afecta a la propia reconstrucción judicial de los hechos.
Por eso adquiere tanta relevancia que la investigación contra los agentes proceda de Asuntos Internos de la propia Policía Nacional. No convierte sus conclusiones en una sentencia ni impide que la defensa las combata, pero sí aleja el asunto de una simple confrontación entre la palabra de un detenido y la de varios policías.
Una sentencia tendrá que decidir qué ocurrió realmente
El juicio todavía debe recorrer camino. Los agentes acusados mantienen su versión y la defensa ha planteado dudas sobre testimonios, horarios, comunicaciones e identificación. Frente a ellos están la acusación de la Fiscalía, los vídeos grabados desde las viviendas, los testimonios de los vecinos, el parte médico y las conclusiones alcanzadas por los investigadores de Asuntos Internos.
La Audiencia Provincial tendrá que encajar todas esas piezas sin atajos. Ni el uniforme convierte una versión en verdad automática ni una acusación equivale a una condena. Esa es precisamente la razón de ser del proceso.
Pero el caso deja ya una fotografía poco cómoda. Una madrugada en Tetuán, un adolescente herido en el asfalto, vecinos observando desde las ventanas y unas grabaciones que terminaron enfrentando el relato oficial inicial con la investigación desarrollada dentro del propio cuerpo policial. Ahora la última palabra no está en el atestado. Está en manos de los jueces.












