España sigue 39ª en competitividad mundial: ¿buena o mala noticia?

España permanece en el puesto 39 de las 70 economías analizadas por el IMD en su clasificación mundial de competitividad de 2026. Es una noticia agridulce, aunque la balanza cae ligeramente hacia el lado negativo: el país no retrocede, conserva una economía resistente y mejora en varios indicadores, pero tampoco consigue convertir su crecimiento en un salto real de productividad, empleo de calidad y eficiencia institucional.

No hay motivo para hablar de desastre. Tampoco para sacar el confeti. España se encuentra en la segunda mitad de la tabla pese a contar con buenas infraestructuras, una economía que crece por encima de buena parte de Europa, servicios competitivos y una notable capacidad exportadora. El problema es otro: el motor responde, pero la transmisión rasca. La actividad avanza mientras las reformas estructurales permanecen detenidas en algún despacho, probablemente esperando otro formulario.

Un puesto 39 que sabe a estancamiento

Mantener la misma posición que en 2025 significa que España ha logrado resistir en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y una aceleración tecnológica difícil de seguir. Pero también revela que otros países están transformando sus recursos en competitividad con mayor rapidez.

La clasificación está encabezada por Singapur, seguida de Hong Kong, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda. Son economías muy diferentes, desde pequeños centros financieros hasta países industriales y tecnológicos, pero comparten cierta agilidad institucional, capacidad para atraer inversión y una relación menos tortuosa entre las empresas y la Administración.

España no carece de recursos ni de talento. Lo que falla es la conversión. Tiene universidades, infraestructuras, grandes compañías internacionalizadas, redes digitales y una posición privilegiada entre Europa, el Mediterráneo y América Latina. Sin embargo, demasiadas veces esos activos funcionan como piezas sueltas. Un magnífico juego de herramientas guardado en un cajón que cuesta abrir.

La Comisión Europea prevé que el producto interior bruto español crezca un 2,4 % en 2026, un ritmo notable dentro de la Unión Europea. También calcula que la deuda pública bajará ligeramente del 100 % del PIB y que la tasa media de paro podría situarse en el 9,9 %. Son cifras razonablemente positivas, aunque no resuelven la contradicción central: crecer más no significa necesariamente competir mejor.

Qué mide de verdad el IMD

El ránking del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, conocido por sus siglas IMD, no se limita a ordenar países por el tamaño de su economía. Utiliza más de 340 criterios y combina estadísticas nacionales e internacionales con encuestas realizadas a directivos y especialistas.

El estudio analiza cuatro grandes dimensiones: desempeño económico, eficiencia del Gobierno, eficiencia empresarial e infraestructuras. En otras palabras, intenta medir si un país es capaz de transformar sus recursos, instituciones y talento en prosperidad sostenible.

No es una tabla sagrada ni una radiografía infalible. La percepción de los empresarios influye en el resultado y pequeñas variaciones pueden mover varias posiciones. Pero sirve como espejo. Quizá uno de esos espejos de probador, con una luz poco indulgente, aunque suficientemente nítido para mostrar dónde aprieta la costura.

España obtiene su mejor resultado en desempeño económico, donde ocupa el puesto 22. Hace cinco años estaba en el 35. El avance refleja el dinamismo de la actividad, las exportaciones de servicios, la inversión española en el exterior y el peso de un turismo que sigue funcionando como una locomotora fiable, aunque demasiado presente en el paisaje productivo.

El empleo sigue abriendo la grieta

La gran debilidad continúa siendo el mercado laboral. España aparece en el puesto 66 en desempleo general y en el 63 en paro juvenil, posiciones propias del vagón de cola entre las economías avanzadas. El dato resulta especialmente incómodo porque convive con una creación de empleo intensa y con cifras récord de ocupación.

Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de paro se situó en el 10,83 %. Era el mejor dato para ese periodo desde 2008, pero seguía siendo uno de los niveles más elevados de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la ocupación desestacionalizada alcanzó un máximo de 22,5 millones de personas. Las dos realidades caben en la misma fotografía: nunca había trabajado tanta gente y, aun así, el desempleo continúa siendo extraordinariamente alto.

La explicación no se reduce a una sola causa. Influyen la estacionalidad de sectores como el turismo, el desajuste entre formación y vacantes, las dificultades de acceso al primer empleo, la baja movilidad geográfica y un tejido productivo dominado por empresas pequeñas. También pesa una productividad que avanza despacio, como si cada mejora tuviera que atravesar un pasillo lleno de puertas giratorias.

El paro juvenil es particularmente dañino. No solo representa personas sin trabajo; significa talento desaprovechado, carreras profesionales que empiezan tarde, salarios aplazados y proyectos vitales suspendidos. Un país que forma a sus jóvenes y después los mantiene años en la sala de espera está financiando una inversión para que el rendimiento aparezca, con suerte, en otro lugar.

Crear una empresa tampoco es precisamente abrir una puerta

La eficiencia gubernamental es el apartado peor situado de España. El IMD coloca la creación de empresas en el puesto 68 y la regulación laboral en el 65. La deuda pública, aunque se modera, continúa alrededor del 100 % del PIB.

Eso no implica que España sea un territorio hostil para cualquier proyecto empresarial. Grandes multinacionales invierten, las exportaciones de servicios crecen y existen ecosistemas tecnológicos potentes en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Bilbao. Pero la experiencia cambia cuando se baja a ras de suelo, a la pequeña empresa que necesita licencias, financiación, personal cualificado y una normativa comprensible.

La burocracia española no suele presentarse como un muro. Es más sofisticada: aparece en forma de capas, competencias cruzadas y plazos variables, con procedimientos que nadie se atreve a simplificar por completo. Una especie de lasaña administrativa. Cada nivel parece razonable por separado; juntos producen una digestión memorable.

La regulación ofrece seguridad jurídica y protege derechos, algo imprescindible en una democracia avanzada. El problema comienza cuando se vuelve imprevisible, duplicada o excesivamente costosa para quien tiene menos recursos. Las grandes compañías pueden pagar equipos jurídicos. Una pyme, normalmente, paga con tiempo. Y el tiempo también figura en la cuenta de resultados.

La brecha tecnológica ya no admite discursos decorativos

España posee una buena conectividad digital y ha desplegado redes de telecomunicaciones avanzadas, pero eso no garantiza que la tecnología se incorpore de manera productiva en todas las empresas. El IMD advierte de retrasos en la adopción empresarial de la inteligencia artificial, las exportaciones de alta tecnología, la educación y la productividad.

No falta interés. El 85 % de las empresas españolas consultadas por Deloitte prevé aumentar su inversión en inteligencia artificial durante el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, el paso de los proyectos piloto a los procesos reales sigue siendo complicado. Casi la mitad señala la regulación y la gobernanza como barreras relevantes.

La distancia no está entre usar o no usar una herramienta de IA para redactar un correo. Está entre experimentar y transformar. Incorporarla de verdad exige revisar procesos, formar trabajadores, ordenar datos, reforzar la ciberseguridad y cambiar la manera de tomar decisiones. Comprar una licencia es fácil; reconstruir una organización alrededor de nuevas capacidades, bastante menos.

También existe una fractura por tamaño. Las grandes compañías pueden invertir en automatización, datos y personal especializado. Muchas pequeñas empresas aún trabajan con márgenes reducidos, sistemas antiguos y escaso tiempo para experimentar. La digitalización corre, sí, pero no todos llevan las mismas zapatillas.

Las fortalezas que evitan una peor nota

España ocupa el puesto 26 en infraestructuras, uno de sus resultados más sólidos. Influyen la red de transportes, el sistema sanitario, la conectividad digital, la producción científica y una esperanza de vida situada entre las mayores del mundo, en octava posición dentro del estudio.

Son activos importantes. Un país con buenas carreteras, trenes, hospitales, redes de fibra y centros de investigación dispone de una base que muchas economías tardan décadas en construir. Esa estructura explica parte de la capacidad española para atraer turismo, inversión y empresas vinculadas a los servicios digitales.

Las exportaciones de servicios y la inversión exterior también muestran que las compañías españolas saben competir fuera. Sectores como las infraestructuras, las energías renovables, la banca, las telecomunicaciones, la ingeniería y el turismo cuentan con grupos reconocidos internacionalmente.

El riesgo está en acomodarse. El turismo seguirá siendo valioso, pero no puede soportar por sí solo el edificio. Una economía avanzada necesita aumentar el peso de las actividades tecnológicas, industriales y científicas capaces de generar más valor por trabajador, mejores salarios y exportaciones menos dependientes de los ciclos estacionales.

El motor funciona; la transmisión, no tanto

La permanencia de España en el puesto 39 no anuncia una crisis inmediata. La economía crece, el empleo aumenta, las infraestructuras responden y las empresas españolas conservan presencia internacional. Hay una base sólida. Bastante más sólida de lo que sugiere el pesimismo automático que acompaña cualquier clasificación.

Pero tampoco es una buena noticia quedarse quieto. El país continúa lastrado por un desempleo anormalmente alto, una productividad modesta, una regulación pesada y dificultades para trasladar la innovación al conjunto del tejido empresarial. La estabilidad se convierte en estancamiento cuando los problemas se repiten año tras año y empiezan a parecer parte del mobiliario.

España no necesita imitar a Singapur ni convertir cada política pública en una competición de costes. La competitividad no consiste en pagar menos salarios o rebajar cualquier protección social. Consiste en producir mejor, crear empresas sin atravesar un laberinto, aprovechar el talento y mantener instituciones capaces de reaccionar antes de que una transformación económica se convierta en una emergencia.

El puesto 39 es, en definitiva, un aprobado incómodo. Confirma que España tiene economía, infraestructuras y capacidad para avanzar, pero sigue perdiendo demasiada energía en sus propios engranajes. Y ahí está la mala noticia: no faltan caballos bajo el capó; sobra fricción.