¿Por qué el 90% culpa a Marruecos? Lo que revela la encuesta de Ceuta

La opinión pública española ha dictado un veredicto político extraordinariamente contundente sobre la crisis migratoria de Ceuta: casi nueve de cada diez españoles atribuyen a Marruecos mucha o bastante responsabilidad por la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El porcentaje exacto ronda el 89%, aunque buena parte de los titulares lo redondean al 90%. No es el único dato incómodo. Un 72% también responsabiliza en gran medida al Gobierno español y cerca del 63% suspende la gestión de Pedro Sánchez.

La encuesta, elaborada por 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER, dibuja algo más profundo que un enfado coyuntural. La crisis de Ceuta ha reforzado la desconfianza hacia Marruecos, ha castigado al Ejecutivo por su respuesta y ha desplazado el debate migratorio hacia posiciones bastante más duras. También deja una advertencia para los partidos tradicionales: Vox aparece como la formación considerada más capaz de gestionar la inmigración, incluso por delante del PP.

Marruecos concentra un rechazo difícil de ignorar

El 89% de los encuestados considera que el Gobierno marroquí tuvo mucha o bastante responsabilidad en lo ocurrido en Ceuta. Es, con diferencia, el actor al que más se señala. Después aparecen las redes dedicadas al tráfico de personas, con un 75%; la difusión de desinformación a través de las redes sociales, con un 74%; los propios migrantes que decidieron cruzar, con un 73%; y finalmente el Gobierno español, con un 72%.

El orden importa. La sociedad española no parece interpretar lo ocurrido únicamente como una crisis migratoria convencional, una llegada numerosa provocada por pobreza, guerras o redes criminales. La percepción dominante introduce un componente geopolítico: Rabat habría utilizado o permitido la presión fronteriza sobre Ceuta. Esa idea ha calado con una intensidad llamativa, también entre votantes que difícilmente pueden encuadrarse en posiciones hostiles a la inmigración.

Hay, eso sí, una diferencia elemental entre una encuesta y una resolución judicial. Que el 89% de los españoles atribuya responsabilidad a Marruecos expresa una percepción colectiva, no constituye una prueba jurídica. Y precisamente ahí se encuentra uno de los grandes choques políticos de estas semanas: mientras buena parte de la ciudadanía parece tenerlo bastante claro, el Gobierno ha insistido en que necesita evidencias concluyentes antes de atribuir formalmente al Estado marroquí la operación.

Ese equilibrio diplomático es comprensible y, al mismo tiempo, políticamente incómodo. España necesita la cooperación de Marruecos para controlar una de sus principales fronteras exteriores; pero cuando nueve de cada diez ciudadanos miran hacia Rabat, limitarse a pedir prudencia puede empezar a sonar, para muchos electores, como si el incendio estuviera a la vista y alguien siguiera discutiendo sobre el olor a humo.

Sánchez también paga la factura de Ceuta

El sondeo no convierte toda la responsabilidad en un asunto exterior. Un 72% atribuye también mucha o bastante responsabilidad al Gobierno español, y la valoración concreta de Pedro Sánchez es todavía más dura: el 49,9% considera que actuó “muy mal” y otro 12,8%, “mal”. Solo un 14,2% califica positivamente su gestión.

No es simplemente el reflejo automático de la oposición política. Los resultados muestran malestar también dentro del electorado progresista. Entre los votantes socialistas aparecen reproches importantes a la eficacia y, especialmente, a la velocidad de reacción del Ejecutivo. Ese detalle complica bastante la lectura cómoda según la cual todo sería una polarización entre bloques ya decididos de antemano.

La rapidez deja la peor nota

La cuestión temporal es especialmente dañina para el Gobierno. Dos de cada tres encuestados consideran mala o muy mala la rapidez de su respuesta. Sánchez convocó el Consejo de Seguridad Nacional 26 días después del comienzo de la crisis, un intervalo que ha quedado grabado en la discusión pública y que explica parte del suspenso al Ejecutivo.

También reciben notas negativas otros aspectos: eficacia, transparencia y cohesión interna. Las discrepancias públicas dentro del Ejecutivo y la prudencia mantenida respecto al eventual papel de Marruecos alimentaron una imagen poco favorable en un episodio que exigía, al menos a ojos de buena parte de la población, una reacción rápida y una explicación reconocible.

El malestar alcanza al votante socialista

Un dato paralelo ayuda a entender la profundidad del problema. Entre quienes apoyaron a Sánchez en las elecciones de 2023, el 77% considera que Marruecos manejó la frontera para ejercer presión sobre España. Y alrededor de dos tercios de esos mismos votantes respaldan la devolución a Marruecos de inmigrantes en situación irregular.

La frontera ideológica se vuelve, aquí, bastante porosa. El elector puede defender políticas sociales, votar a la izquierda y al mismo tiempo reclamar un control fronterizo severo. Encajarlo todo en las etiquetas tradicionales —progresista, conservador, moderado, extremo— explica cada vez menos. La realidad se ha puesto incómoda, como suele hacer.

La crisis endurece la opinión sobre la inmigración

La encuesta también mide un cambio de clima. Un 53,6% considera la inmigración más bien negativa para España, frente al 33,1% que la percibe positivamente. Cuando se obliga a escoger entre reforzar el control fronterizo, aunque eso pueda impedir la entrada de personas vulnerables, o priorizar la acogida aun aceptando más llegadas, el 70% elige la primera opción.

No es un matiz. Es una mayoría amplia que indica hasta qué punto la crisis de Ceuta ha situado la seguridad fronteriza por encima de consideraciones humanitarias para buena parte de los encuestados. El 82% apoya también incrementar las vallas y los sistemas de vigilancia fronteriza.

La preocupación domina emocionalmente el sondeo: el 53,2% la cita como su principal sentimiento ante la crisis. Muy por detrás aparecen la inseguridad, con un 17,4%, y la impotencia, con un 9,4%. La solidaridad es escogida únicamente por un 2,5%. Más de seis de cada diez entrevistados consideran además que Ceuta representa uno de los mayores desafíos actuales para España.

Aquí aparece otra paradoja interesante. La mayoría de quienes cruzaron la frontera ya no permanecen en las calles de Ceuta, pero un 57,3% de los ciudadanos cree que todavía continúa allí al menos la mitad. La percepción de la crisis es mayor que su dimensión visible actual, y eso ayuda a entender por qué el asunto sigue políticamente encendido semanas después de la entrada masiva.

Vox encuentra en ese terreno su espacio más fértil. Un 27% considera al partido de Santiago Abascal el más capacitado para gestionar la inmigración, frente al 18,4% que señala al PSOE y el 13,9% que elige al PP. Incluso cerca de una cuarta parte de los potenciales votantes populares cree que Vox gestionaría mejor la inmigración.

El efecto aparece también en la estimación de voto. El PP alcanza el 32,4%, Vox el 17,8% y el PSOE queda en el 27,6%. La suma de PP y Vox llega al 50,2%, superando por primera vez la mitad del voto en un barómetro de 40dB durante esta legislatura. Conviene no confundir una fotografía demoscópica con unas elecciones, naturalmente, pero la fotografía política no es precisamente amable para La Moncloa.

Ceuta y Melilla: la soberanía conserva una mayoría sólida

La encuesta se adentra también en una cuestión mucho más delicada: el futuro de Ceuta y Melilla. Un 63,6% considera innegociable la soberanía española sobre ambas ciudades. Solo un 3,9% se plantea su cesión para mejorar las relaciones con Marruecos, mientras que un 16,8% aceptaría abrir conversaciones con Rabat sobre su futuro y un 15,7% preferiría que fueran sus habitantes quienes decidieran.

Resulta significativo que la disposición al diálogo sea mayor entre los votantes socialistas, donde alcanza el 25,7%, frente al 11,5% entre los de Vox y el 10,3% entre los del PP. No implica necesariamente apoyo a modificar la soberanía, pero sí muestra sensibilidades distintas ante una disputa que Marruecos mantiene desde hace décadas.

Cuando la pregunta plantea una agresión exterior, el tono cambia todavía más. Un 63,8% apoyaría la participación del Ejército para defender las ciudades; el 53,9% asumiría costes económicos derivados de sanciones contra Marruecos y el 44,6% aceptaría pagar más impuestos para elevar el gasto militar. Son respuestas hipotéticas, tomadas en un momento de fuerte tensión, y deben leerse como tales. Aun así, describen con nitidez hasta dónde ha escalado el malestar con Marruecos.

La investigación cambia el contexto y agranda la crisis política

Hay un detalle metodológico decisivo. La encuesta se realizó mediante 2.000 entrevistas online entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, antes de que trascendiera públicamente un informe policial que apunta a una posible colaboración de agentes marroquíes en la entrada masiva. Es decir, los encuestados ya señalaban abrumadoramente a Marruecos antes de conocer esa información.

Desde entonces el escenario ha avanzado. La Audiencia Nacional acordó el 7 de septiembre investigar los hechos ocurridos a finales de julio. La jueza María Tardón considera que existen elementos suficientes para examinar una posible conducta delictiva cometida desde el extranjero que habría afectado gravemente a la integridad territorial de España. La investigación deberá determinar responsabilidades; su apertura no equivale, evidentemente, a una condena ni demuestra todavía la implicación del Gobierno marroquí.

El Ejecutivo mantiene precisamente esa cautela. Fernando Grande-Marlaska ha defendido que la coordinación con Marruecos sigue siendo buena y sostiene que todavía no existen elementos concluyentes que permitan responsabilizar formalmente al Estado vecino. El Gobierno, además, ha anunciado la desclasificación de informes de inteligencia relativos a Ceuta para este martes 8 de septiembre, mientras se persona como perjudicado en la causa abierta por la Audiencia Nacional.

Ahí está, probablemente, el dato político más revelador de toda la encuesta. La sociedad española ya ha construido una explicación de la crisis antes de que las instituciones terminen de esclarecerla. Para una mayoría enorme, Marruecos es responsable; para otra mayoría, el Gobierno español reaccionó mal; y para un número creciente de ciudadanos, la respuesta debe pasar por fronteras más fuertes y controles más estrictos.

La Justicia tendrá que separar indicios, pruebas y responsabilidades. La política hará lo suyo, que suele ser bastante menos paciente. Mientras tanto, Ceuta ha dejado de ser únicamente una crisis localizada a pocos kilómetros del Estrecho: se ha convertido en una grieta por la que asoman la relación con Marruecos, la inmigración, la seguridad nacional y un profundo desgaste de confianza hacia quienes gestionaron aquellas horas de finales de julio.