¿Por qué el ELN reta al próximo presidente de Colombia tras las urnas?

El Ejército de Liberación Nacional ha enviado un mensaje tan nítido como inquietante al futuro Gobierno de Colombia: está dispuesto a regresar a una mesa de paz, pero seguirá combatiendo si el nuevo presidente opta por cerrar la puerta al diálogo. La guerrilla asegura, además, que podría resistir una ofensiva militar intensificada gracias a sus 62 años de experiencia, su estructura territorial y los ingresos que obtiene en las regiones bajo su influencia. No es una insinuación entre líneas. Es una advertencia pronunciada con un fusil sobre las piernas, bajo la lluvia espesa de la selva del Chocó.

La aparente oferta tiene una letra pequeña enorme. El ELN no plantea abandonar de inmediato las armas, liberar a todos sus rehenes ni renunciar a sus fuentes ilegales de financiación. Uno de sus comandantes ha confirmado que los secuestros continuarán porque representan, en sus palabras, una pieza esencial para la supervivencia económica de la organización. Entre el diálogo ofrecido y la violencia mantenida queda, por tanto, un espacio incómodo: el de una negociación en la que una de las partes pretende sentarse a hablar sin dejar de cobrar rescates, extorsionar economías locales o gravar negocios vinculados al narcotráfico y la minería.

El mensaje del ELN desde la selva del Chocó

El pronunciamiento procede de un comandante conocido con el alias de Yerson, responsable del Frente de Guerra Occidental. La entrevista se produjo en una unidad guerrillera situada en el departamento del Chocó, una región de ríos marrones, vegetación desbordada y comunidades aisladas donde el Estado llega a menudo tarde, poco o simplemente no llega. Allí, tras varias horas de desplazamiento en embarcaciones, el jefe insurgente expuso las dos posibilidades que contempla su organización: conversaciones con el próximo Ejecutivo o continuidad de la confrontación armada.

Su tesis es que el ELN podría recibir golpes importantes, perder combatientes e incluso retroceder territorialmente, pero no desaparecería mediante una campaña militar convencional. La guerrilla nació en 1964, inspirada por la revolución cubana, sectores del sindicalismo, movimientos estudiantiles y corrientes cristianas radicales vinculadas a la teología de la liberación. Desde entonces ha sobrevivido a estados de sitio, planes contrainsurgentes, gobiernos conservadores y liberales, operaciones aéreas, rupturas internas y negociaciones fallidas. Esa longevidad alimenta una confianza que roza la arrogancia, aunque no carece de fundamento histórico.

El problema es que sobrevivir no equivale a representar legítimamente a la población. Tampoco la antigüedad transforma la violencia en razón política. El ELN insiste en presentarse como defensor de los pobres, pero opera en territorios donde las principales víctimas son precisamente campesinos, indígenas y afrocolombianos, comerciantes modestos y familias obligadas a convivir con fronteras invisibles. Una guerrilla puede conservar siglas durante seis décadas y perder, entretanto, buena parte de la justificación que invoca.

Las autoridades calculan que la organización dispone de más de 6.000 integrantes entre combatientes armados y redes de apoyo. Un informe interno de seguridad conocido en 2025 situaba su fuerza en unos 6.245 miembros. El Clan del Golfo, surgido de estructuras paramilitares de extrema derecha y convertido en una poderosa maquinaria criminal, aparecía como el grupo ilegal más numeroso, con alrededor de 7.550 integrantes. En conjunto, las organizaciones armadas colombianas habían alcanzado casi 22.000 miembros, un 45% más que a mediados de 2022.

Ese crecimiento ocurrió durante el mandato de Gustavo Petro, que llegó a la Presidencia prometiendo una paz total capaz de dialogar simultáneamente con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales. La intención buscaba cerrar los distintos conflictos que quedaron abiertos tras el acuerdo firmado con las FARC en 2016. La realidad, menos dócil que los lemas, mostró que varios grupos aprovecharon treguas y negociaciones para reclutar, ampliar corredores y reforzar su control sobre economías clandestinas. Es una de las críticas más severas a la política de Petro, aunque atribuir toda la expansión a las conversaciones sería simplificar una enfermedad que viene de mucho antes: pobreza rural, coca, minería ilegal, fronteras porosas y ausencia institucional.

Dos candidatos y dos respuestas casi opuestas

Colombia elegirá el 21 de junio al sucesor de Petro entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La primera vuelta dejó a De la Espriella con alrededor del 43,7% de los votos y a Cepeda con el 40,9%, de acuerdo con los resultados electorales. Los últimos sondeos publicados antes de la segunda vuelta otorgaban al candidato derechista el 52,6% de los votos válidos frente al 44,8% de su rival. Son fotografías demoscópicas, no escrituras sagradas, pero revelan una carrera inclinada hacia un cambio político brusco.

La seguridad ocupa el centro de la campaña. No es extraño. En regiones alejadas de Bogotá, la discusión ideológica se escucha de otra manera cuando una familia teme viajar por carretera, un comerciante paga una extorsión o un líder social recibe una amenaza por teléfono. Allí las palabras diálogo y mano dura no son etiquetas de tertulia: pueden determinar quién controla el río, quién impone un horario y quién decide si una escuela abre.

Cepeda quiere negociar, pero con condiciones

Iván Cepeda, senador de izquierdas, defensor de los derechos humanos y aliado político de Petro, propone mantener la búsqueda de acuerdos con los grupos armados. Su postura no consiste, al menos públicamente, en sentarse sin condiciones. Ha señalado que cualquier negociación debe exigir respeto a las comunidades, a los líderes sociales y a quienes viven en las zonas dominadas por organizaciones ilegales.

Su victoria facilitaría probablemente una reapertura formal de los contactos con el ELN. La guerrilla ha dejado claro que aceptaría una invitación procedente de cualquier presidente, aunque resulta evidente que encontraría mayor afinidad política con un Gobierno partidario de la negociación. Cepeda tendría, sin embargo, que evitar los errores atribuidos a la paz total: ceses del fuego mal vigilados, ausencia de mecanismos eficaces de verificación y concesiones temporales que permiten a los grupos fortalecerse mientras el Estado reduce su presión.

El dilema no es diálogo o guerra, aunque la propaganda disfrute de esas parejas sencillas. La cuestión auténtica es qué diálogo, bajo qué garantías y con qué consecuencias cuando se incumplen los compromisos. Una negociación sin plazos, sin control territorial y sin obligaciones humanitarias puede convertirse en una sala de espera con aire acondicionado mientras la violencia continúa fuera.

Cepeda también recibiría una herencia pesada. Las conversaciones iniciadas por el Gobierno de Petro con el ELN quedaron suspendidas en enero de 2025 después de la ofensiva guerrillera en el Catatumbo. El propio presidente, que había apostado buena parte de su capital político por la paz negociada, acusó a la organización de cometer crímenes de guerra y afirmó que no mostraba voluntad de paz.

De la Espriella promete una ofensiva de seguridad

Abelardo de la Espriella sostiene una posición prácticamente contraria. El abogado y candidato conservador ha prometido cancelar las negociaciones con las organizaciones ilegales y aplicar una política de mayor presión militar. Su discurso conecta con una parte de la ciudadanía que interpreta los últimos cuatro años como una etapa de cesiones, desorden territorial y crecimiento de los grupos armados.

Una victoria suya podría reactivar operaciones intensivas contra campamentos, mandos, rutas fluviales, redes financieras y corredores utilizados para el narcotráfico o la minería ilegal. Colombia posee fuerzas armadas experimentadas, inteligencia sofisticada y una larga capacidad de operaciones especiales. Podría causar daños relevantes al ELN. La promesa de una eliminación rápida, no obstante, chocaría con la geografía y con la naturaleza descentralizada de la guerrilla.

El ELN no funciona como un ejército vertical que se desmorona al caer su cúpula. Sus frentes conservan un grado considerable de autonomía política, militar y económica. Esa dispersión ha sido una ventaja para resistir y una pesadilla para negociar. Un mando puede aceptar una decisión mientras otro la ralentiza, la interpreta a su manera o protege sus negocios locales. Yerson niega que existan fracturas, pero fuentes de seguridad consideran que las diferencias internas han frustrado acuerdos anteriores. La unidad proclamada no siempre coincide con la disciplina comprobable sobre el terreno.

Una ofensiva fuerte podría, asimismo, desplazar la violencia hacia las comunidades. Cuando dos estructuras armadas se disputan un corredor, la población suele quedar en medio: confinada, señalada como colaboradora, expulsada o privada de alimentos y medicinas. La superioridad militar del Estado es real; la capacidad de mantener una protección civil permanente en cada vereda remota, bastante menos.

Una tregua electoral con fecha de caducidad

El ELN anunció un alto el fuego unilateral contra las fuerzas militares entre el 20 y el 23 de junio, coincidiendo con la segunda vuelta. La organización dijo que no pretendía obstaculizar la votación ni amenazar a los candidatos. El gesto reduce, en principio, el riesgo inmediato durante la jornada electoral, pero dura apenas cuatro días y no constituye una renuncia estratégica a la violencia.

La tregua electoral llega acompañada de una paradoja muy colombiana: mientras la guerrilla proclama respeto por el derecho al voto, uno de sus comandantes advierte que podría intervenir políticamente del lado de la población si se producen protestas contra un futuro Gobierno de derechas. Las autoridades han acusado repetidamente a organizaciones armadas de captar jóvenes para infiltrarse en movilizaciones pacíficas y provocar disturbios. Protestar es un derecho democrático; participar armado, dirigir ataques o instrumentalizar manifestaciones es otra cosa. Confundirlo deliberadamente sirve a quienes desean criminalizar toda protesta y también a quienes pretenden utilizarla como extensión de la guerra.

El secuestro continúa detrás de las palabras amables

La declaración más reveladora de Yerson no se refiere a la paz, sino al dinero. El comandante confirmó que el ELN seguirá realizando secuestros, aunque utilizó la expresión retenciones económicas. El cambio de vocabulario no altera los hechos. Privar a una persona de libertad para exigir dinero es secuestro y extorsión, no una operación fiscal alternativa en mitad de la selva. La semántica, por desgracia, no abre las esposas.

El jefe guerrillero justificó esa práctica porque considera que la organización no puede permitir que el Estado la quiebre económicamente. Su razonamiento muestra hasta qué punto la financiación ilegal no es un exceso periférico, sino una parte estructural de la estrategia. Sin esos ingresos, el grupo tendría mayores dificultades para pagar redes de apoyo, adquirir armamento, mantener comunicaciones, mover unidades y reclutar combatientes.

Pocos días antes de las elecciones, el ELN liberó a dos policías que habían permanecido secuestrados durante casi un año. Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, integrantes de una unidad que colaboraba con Interpol, fueron capturados en julio de 2025 mientras investigaban delitos contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Arauca. La guerrilla los acusó de espionaje y los sometió a una supuesta justicia interna, una pretensión rechazada por la Defensoría del Pueblo porque ningún grupo armado puede atribuirse competencias judiciales sobre ciudadanos retenidos.

La liberación fue positiva para las víctimas y sus familias, pero no desactiva el problema. La organización mantenía también retenidos a dos fiscales colombianos acusados de espionaje. Cada rehén se convierte así en moneda, mensaje y palanca negociadora. Hablar de paz mientras se conserva a personas cautivas produce una contradicción difícil de maquillar, incluso con el más flexible de los comunicados políticos.

El ELN niega participar directamente en la producción y el tráfico de cocaína, pero reconoce que cobra impuestos a narcotraficantes y a personas o empresas relacionadas con minería, transporte y ganadería en las zonas donde opera. El Gobierno colombiano sostiene que la organización también obtiene recursos del narcotráfico y del oro ilegal. La frontera entre cobrar al negocio, protegerlo, regularlo mediante las armas y formar parte de él es bastante más fina de lo que sugiere el discurso insurgente.

En el Chocó, esas economías se mezclan con la disputa contra el Clan del Golfo. Controlar un río significa controlar mercancías, combustible, maquinaria, personas y alimentos. También permite establecer puestos informales, vigilar movimientos y cobrar a quien atraviesa el territorio. El dominio armado se vuelve administración clandestina, una especie de Estado sin urnas, sin jueces independientes y con fusiles como formulario obligatorio.

De la paz total a la fractura del Catatumbo

El episodio que terminó por romper las negociaciones con Petro ocurrió en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela que reúne cultivos de coca, rutas internacionales, pobreza crónica y una presencia estatal intermitente. En enero de 2025 estallaron combates entre el ELN y una facción disidente de las antiguas FARC, acompañados de ataques contra civiles, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos.

A finales de marzo de aquel año, los datos humanitarios hablaban de al menos 41 muertos y más de 48.000 desplazados. Informes posteriores elevaron el número de personas afectadas por desplazamientos, confinamientos y restricciones de movilidad por encima de 91.000. Detrás de cada cifra había casas abandonadas con la comida todavía en la mesa, niños saliendo con una mochila y familias apiñadas en albergues improvisados.

Petro suspendió entonces las conversaciones y acusó al ELN de carecer de voluntad real de paz. El fracaso fue especialmente doloroso para un presidente procedente del M-19, la guerrilla que dejó las armas y entró en la política legal. Petro había defendido que su experiencia permitía comprender los incentivos necesarios para abandonar la lucha armada. El ELN respondió demostrando que no todas las insurgencias comparten estructura, cálculo ni reloj histórico.

El balance de la paz total no admite una lectura cómoda. La apertura de canales evitó posiblemente algunos enfrentamientos y permitió acuerdos humanitarios puntuales. También generó espacios en los que varias organizaciones consolidaron posiciones. Según un informe interno, el conjunto de grupos ilegales pasó de unos 15.120 miembros a mediados de 2022 a 21.958 en junio de 2025. Solo en el último año analizado incorporaron cerca de 1.469 integrantes.

Reducir esa expansión a una supuesta ingenuidad presidencial sería políticamente rentable y analíticamente pobre. Las organizaciones reclutan porque ofrecen dinero en lugares donde el empleo formal es escaso; avanzan porque las carreteras, escuelas, hospitales y juzgados no acompañan de manera estable a las operaciones militares; prosperan porque la coca y el oro generan beneficios internacionales. Una política de seguridad puede golpear el campamento. Para impedir que reaparezca, hace falta algo más aburrido y más difícil: Estado cotidiano.

El acuerdo de 2016 con las FARC ya contenía esa intuición. La reforma rural, la formalización de tierras, las alternativas a los cultivos ilícitos y la presencia pública debían cerrar las grietas por las que se había extendido el conflicto. Una década después, la ejecución sigue incompleta. El seguimiento de sus 578 disposiciones calculaba que solo el 36% había alcanzado una implementación plena, mientras cerca del 43% permanecía en niveles mínimos o ni siquiera había comenzado.

Hubo progresos, como la adjudicación de más de 40.000 hectáreas hasta octubre de 2025 y las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Persisten, sin embargo, retrasos profundos en los enfoques étnico y de género, dos dimensiones decisivas en territorios donde la violencia afecta con especial intensidad a mujeres, indígenas y comunidades afrocolombianas.

Cuando el ELN exige que un futuro acuerdo beneficie a los pobres, señala una carencia real. El abandono rural es combustible histórico del conflicto. Pero la reivindicación pierde autoridad cuando viene acompañada de secuestros, desplazamientos y cobros impuestos por hombres armados. La justicia social no funciona como salvoconducto para vulnerar derechos humanos. Tampoco el fracaso estatal concede a una guerrilla propiedad moral sobre la población.

Colombia vota, pero el conflicto no cabe en una urna

El resultado del 21 de junio decidirá la estrategia inmediata, no el final de la guerra. Con Cepeda habría una mayor probabilidad de reabrir negociaciones, aunque su Gobierno necesitaría imponer condiciones verificables: liberación de todos los secuestrados, fin de las retenciones con fines económicos, protección de civiles y un mecanismo capaz de comprobar que cada frente cumple lo pactado. Sin esos elementos, la mesa correría el riesgo de convertirse en otra temporada de conversaciones mientras los fusiles siguen administrando el territorio.

Con De la Espriella aumentaría la presión militar y desaparecería, al menos inicialmente, la vía política. Las fuerzas de seguridad podrían debilitar estructuras, capturar mandos y destruir infraestructuras clandestinas. El ELN, por su parte, recurriría previsiblemente a la dispersión, las minas, los ataques contra instalaciones, los drones y el refugio en zonas fronterizas. El propio grupo presume de haber modernizado su armamento y sus métodos.

Ninguna de las dos rutas ofrece una solución limpia. El diálogo sin fuerza pública ni control estatal puede premiar al actor armado. La fuerza sin inversión rural ni protección civil puede mover el conflicto de un valle a otro, como quien aplasta una burbuja bajo una alfombra. Colombia conoce ambas frustraciones. Las ha ensayado, mezclado y rebautizado durante décadas de violencia.

El ELN ha logrado que su advertencia entre en la campaña: negociación o resistencia. Sin embargo, el próximo presidente no debería aceptar ese marco como única alternativa. La cuestión no consiste en escoger entre conceder a la guerrilla todo lo que reclama o librar una guerra sin horizonte. Consiste en combinar seguridad democrática, justicia, presencia estatal y una negociación sometida a obligaciones reales.

La población no puede ser figurante en una disputa entre el Palacio de Nariño y comandantes ocultos en la selva. Son los ciudadanos de Chocó, Arauca, Norte de Santander y otras regiones quienes han pagado la factura más larga. El próximo Gobierno heredará un grupo más grande, mejor armado y seguro de su capacidad para sobrevivir. También heredará una sociedad cansada de promesas grandiosas, funerales repetidos y procesos de paz que comienzan con ceremonias y terminan entre acusaciones.

El mensaje del ELN pretende sonar como una demostración de fortaleza. También revela dependencia: necesita recursos ilegales, territorios sin Estado y comunidades sometidas para conservar esa resistencia de la que presume. Romper esas condiciones exigirá algo más que discursos de guerra o fotografías alrededor de una mesa. La paz no será la rendición retórica de un presidente ni la supervivencia militar de una guerrilla. Será, por fin, que nadie necesite permiso de un fusil para vivir en su propio pueblo.