¿Sin reforma y sin 49.3: el truco de Lecornu para gobernar?

Suspensión de la reforma de pensiones y renuncia al 49.3: la maniobra de Lecornu para evitar la censura y gobernar con pactos en la Asamblea.

Sébastien Lecornu ha decidido cambiar el tablero político francés de la manera más efectiva que tenía a mano: suspender la reforma de las pensiones hasta 2028 y prometer que no usará el artículo 49.3 para forzar el presupuesto. Con ese doble movimiento, el primer ministro ha abierto una vía de gobernabilidad viable en una Asamblea Nacional partida en cuatro bloques, y lo ha hecho con un objetivo muy concreto: evitar la censura inmediata y ganar tiempo para negociar el corazón de su acción de Gobierno, el Presupuesto de 2026, artículo por artículo. La jugada busca algo tan simple como raro en la política francesa reciente: colocar el Parlamento en el centro del proceso y armar mayorías variables sin humillar a nadie. Sí, es un escamotage, un truco táctico si se quiere; pero es un truco con resultados políticos verificables.

El mecanismo se entiende rápido. La suspensión de la reforma —la que elevó la edad legal de jubilación de 62 a 64 años— fue la condición que exigieron los socialistas para no sumarse a las mociones de censura. Con los 69 diputados del PS fuera del cómputo, y una derecha tradicional (Les Républicains) en plena fractura que, en su mayoría, no quiere precipitar otra caída del Gobierno, las cifras dan para que Lecornu supere el trámite de las mociones presentadas por la ultraderecha del Rassemblement National (RN) y por La France Insoumise (LFI). La mayoría que aparece es estrecha, más bien un hilo tenso, pero suficiente. El Gobierno vive al día, sí. Pero vive.

La jugada que cambia la semana política

Lecornu ha tomado posesión del relato con un mensaje que repetirá hasta el cansancio: “El Gobierno propondrá, nosotros discutiremos y ustedes votarán.” El matiz es fundamental. Francia viene de una secuencia de primeros ministros derribados en cuestión de semanas, presupuestos atascados y una oposición que encontró en el 49.3 un incentivo para unirse contra el Ejecutivo sin apenas coste. El primer ministro intenta romper esa dinámica con dos decisiones visibles: renunciar al atajo constitucional que irrita a la Cámara y ofrecer una moneda de cambio material —el paréntesis en las pensiones— a quienes pueden salvarle el cuello.

En la práctica, esa suspensión no borra la ley aprobada en 2023; congela sus efectos. Ni subidas escalonadas de la edad de retiro ni aumento de trimestres cotizados hasta enero de 2028. Se asume el coste presupuestario de ese parón y se coloca el asunto en un formato de conferencia social con sindicatos y patronal, con la promesa explícita de que no habrá nuevas alzas de la edad legal en esta legislatura. El Gobierno compra paz para el presente —los votos que hoy necesita—, sabiendo que la discusión de fondo (cómo financiar un sistema con más jubilados y menos cotizantes) seguirá pendiente. Pero la política también va de cronogramas: a veces, parar una bola de nieve a tiempo es la única forma de poder gobernar el resto.

El otro pilar es el método parlamentario. Al renunciar al 49.3, Lecornu asume un desgaste real: negociar enmiendas a plena luz, aceptar que la oposición arranque cambios que no estaban en la versión inicial del Gobierno y convivir con una geometría variable. Socialistas, parte de LR, ecologistas y los nueve no inscritos se convierten en socios ocasionales, nunca fijos. ¿Riesgo de bloqueo? Claro. ¿Ventaja inmediata? Reduce el incentivo de la oposición a tumbar al Gobierno por reflejo. Cada votación se convierte en una oportunidad de construir una mayoría distinta sin que nadie quede atrapado en posiciones inamovibles.

Qué significa suspender la reforma de las pensiones

Conviene detenerse en la palabra “suspensión”. No es abrogación. La letra de la ley que elevó la edad de retiro sigue existiendo, pero se congela su aplicación temporalmente. Esto implica dos efectos concretos: la edad legal no sube durante el periodo marcado y la duración de aseguramiento (los trimestres necesarios para cobrar la pensión completa) no se alarga. A nivel práctico, cientos de miles de personas que en 2026 y 2027 iban a verse afectadas por la escalada adicional de requisitos respiran. En términos presupuestarios, el Estado asume un coste que deberá compensarse por otra vía si no quiere ampliar el déficit. El Gobierno lo presenta como un paréntesis reparador para desinflamar la bronca social acumulada desde 2023.

Hay, además, un mensaje político hacia los sindicatos. La CFDT pidió de forma explícita detener cualquier incremento de la edad hasta 2028. La respuesta del Ejecutivo va en esa línea. La CGT, más dura, considera que no basta: reclama derogar lo aprobado. Entre ambas orillas, el primer ministro propone un espacio de trabajo con plazos, informes actuariales y escenario demográfico en mano para rediseñar incentivos (empleo sénior, carreras largas, penosidad de ciertos oficios) sin convertir el edadismo en la única variable. Es un compromiso inestable, pero que ordena la conversación: no se toca la edad durante este ciclo político; sí se discute todo lo que rodea al mercado laboral y a la financiación del sistema.

El efecto simbólico es inmediato. La izquierda socialista puede presentarse como garante de que no habrá castigo extra para las generaciones que estaban a punto de verse afectadas, mientras mantiene un margen de negociación amplio en el presupuesto. Y el Gobierno puede afirmar que ha escuchado a una parte del país y que no gobierna solo por decreto. No es una revolución; es un alto el fuego con condiciones. Ninguna fuerza renuncia a su relato: LFI y el RN lo etiquetan de apaño y exigen abrogación; el PS lo vende como victoria temporal que debe traducirse, ahora, en cambios concretos en las cuentas públicas. La suspensión, por tanto, no cierra la discusión, pero habilita una pista de aterrizaje para lo demás.

La aritmética del poder: quién sostiene a Lecornu

Las matemáticas parlamentarias son tercas. La mayoría presidencial no alcanza por sí sola para salvar una moción de censura. La llave la tiene el Grupo Socialista, con 69 escaños entre miembros y afines. Su dirección ha comunicado que no votará la censura tras la suspensión de la reforma, aunque habrá disidentes que por principios se inclinarán por castigar al Ejecutivo. La aritmética, incluso con unos cuantos francotiradores, sigue favoreciendo a Lecornu si LR no se lanza a tumba abierta contra él.

En la derecha clásica, Les Républicains atraviesan una guerra interna. Por un lado, quienes creen que el país necesita estabilidad y que tumbar a otro primer ministro en pocas semanas no mejora nada. Por el otro, la dirección que se alinea con un discurso hostil a cualquier acercamiento al Gobierno y castiga con expulsiones a los suyos si aceptan cartera o apoyo tácito. Entre ambos polos surge la posición que de verdad cuenta hoy: muy pocos diputados de LR quieren aparecer como responsables de otro terremoto institucional. Y ese pragmatismo es el que le sostiene el asiento a Lecornu.

El tercer grupo de interés son los no inscritos (nueve) y el LIOT (libertades, independientes, ultramar y territorios), que han funcionado históricamente como bisagra. No hacen ruido, pero suman en votaciones ajustadas. Si a esos nombres se añaden centristas y regionalistas con agenda propia, el primer ministro tiene margen para llevar al pleno una parte sustancial de sus proyectos, siempre que ceda. No es un Gobierno que manda y la Cámara obedece; es un Gobierno que negocia. Esa es la fotografía.

En el frente opuesto, LFI y el RN convergen en la censura por razones distintas. Los insumisos sostienen que suspender no basta y que solo derogar corrige la “injusticia social” de alargar la vida laboral. La ultraderecha, mientras, comprime su mensaje en una idea simple: “todos contra el pueblo”. Ninguno de los dos bloques, sin embargo, suma lo suficiente si los socialistas no se mueven. Por eso el primer ministro ha puesto toda su energía en blindar ese acuerdo: una suspensión clara, una promesa visible de método y una agenda de concesiones posibles en el presupuesto.

Gobernar sin 49.3: método, riesgos y beneficios

El 49.3 es un viejo conocido de la política francesa. Permite aprobar una ley sin ir artículo por artículo, a cambio de exponerse a una moción de censura. Con mayorías débiles, se convirtió en atajo y detonador a la vez: el Ejecutivo se ahorraba el calvario de enmiendas, pero encendía cada vez un frente contra sí. Lecornu dice que no lo usará para el presupuesto y que su Gobierno “compartirá el poder con el Parlamento”. No es retórica. Significa reservar días y noches para negociar cada cifra, para asumir cambios de rumbo y para aceptar que a veces se pierda una votación, rearmando luego el paquete.

El riesgo es evidente: el bloqueo. Si PS y LR suben la factura más allá de lo que el Tesoro puede absorber, si LFI y RN logran convertir cada enmienda en una trinchera, si un sector de la mayoría presidencial se impacienta con la cesión continua, el método puede naufragar. Pero también hay beneficios claros. El primero, legitimidad: lo que salga aprobado tendrá firma plural, no la rúbrica solitaria de un decreto. El segundo, previsibilidad: los cambios se negocian con tiempo y en abierto, lo que facilita la vida a actores económicos y sociales. El tercero, cultura política: un retorno a la artesanía del pacto que Europa practica desde hace décadas y que Francia ha utilizado menos de lo esperable.

Gobernar así exige un calendario milimetrado. El presupuesto debe salir antes del 31 de diciembre. Cada semana, un capítulo: ingresos, gasto sanitario, pensiones, empleo, transición energética, defensa. El Ejecutivo hará de la flexibilidad una virtud: una enmienda del PS aquí, una concesión a LR allá, algún guiño a las mutuas o a las pymes en el siguiente bloque. El objetivo no es ganar todas; es no perder la central. De ahí que el primer ministro repita el mantra de que lo importante es que la Asamblea vuelva a votar. Si se vota, se negocia; si se negocia, se gobierna. Es la lógica.

El presupuesto como campo de batalla inminente

La batalla principal arranca con los números básicos: déficit en el entorno del 5% del PIB, deuda por encima de los 3 billones y un crecimiento que no invita a alegrías. El presupuesto, por tanto, busca equilibrar tres tensiones: credibilidad fiscal, paz social y estabilidad parlamentaria. Y lo hace con un coctel de ingresos extraordinarios y recortes selectivos que, puestos en lista, explican por qué cada bloque ve un trozo que le gusta y otro que le irrita.

En ingresos, el Gobierno propone prorrogar una contribución diferencial a las rentas altas (las que superan los 250.000 euros) y abrir una vía de recaudación sobre las holdings patrimoniales, estructuras utilizadas para gestionar patrimonios y optimizar impuestos. Se añade, además, una contribución excepcional a grandes fortunas y a un puñado de compañías con beneficios récord, orientada a financiar inversiones de soberanía. En el relato, la idea es sencilla: todo el mundo aporta, pero las rentas más altas aportan un poco más en este ciclo. Aquí, el PS encuentra margen para pedir más ambición —un tipo más alto, una base más amplia— y LR ve una oportunidad para marcar límites a lo que define como “tentación punitiva”.

En el gasto, el foco se mueve a la sanidad y a la Seguridad Social. El PLFSS —la ley que fija las cuentas del sistema— contiene medidas para recortar reembolsos, elevar franquicias y trasladar una parte del coste a mutuas y seguros complementarios. El Ejecutivo lo defiende como un esfuerzo temporal para ajustar una curva de gasto que se desbocó tras la pandemia y el choque inflacionario. Los socialistas, apoyados por ecologistas y comunistas, lo ven como un riesgo para crónicos y mayores, y anuncian enmiendas para blindar patologías y rentas vulnerables. Si Lecornu quiere mantener el acuerdo de no-censura, deberá ceder en alguno de estos puntos: suavizar copagos, delimitar claramente las exclusiones o compensar con bonificaciones específicas.

En paralelo, el capítulo de pensiones vuelve por la puerta de atrás. La suspensión tiene coste en 2026 y 2027. La pregunta es cómo se cubre. El Gobierno baraja una combinación de ingresos (gravar mejor rentas del capital, cerrar resquicios, perseguir fraude) y ahorros por eficiencia en otras áreas. El PS, por su parte, intentará convertir ese hueco en una palanca para exigir que no se toquen las prestaciones de base. Y LR jugará su partida clásica: más control del gasto corriente, objetivos concretos de productividad en la administración, incentivos a empleo sénior que alivien la presión futura del sistema.

La policía y la seguridad, la defensa y la transición energética completan el cuadro con demandas cuantiosas. Ningún ministro quiere salir del hemiciclo con el cartel de “perdedor” colgado. Aquí se verá la habilidad del primer ministro para encadenar acuerdos transversales: un paquete de pymes que contente a LR, una cláusula verde que agrade a ecologistas, un esfuerzo visible en vivienda que neutralice críticas de izquierda y derecha. Gobernar es, literalmente, ordenar prioridades con números sobre la mesa.

Lo que puede pasar en las próximas semanas

Si el Gobierno supera las mociones de censura, la música cambia de ritmo pero no de tono. La oposición no desaparecerá. LFI insistirá con que la abrogación es la única salida justa en pensiones y machacará cada copago sanitario como “tasa a la enfermedad”. El RN volverá una y otra vez a la idea de “mayoría Frankenstein”, uniendo a socialistas y macronistas en lo que denomina “bloque del sistema”. Los socialistas, por su parte, marcarán territorio: no son un sostén estable, son la fuerza que permitió la supervivencia a cambio de una agenda. Querrán —y lo dirán sin rodeos— ganar votaciones materiales: blindar reembolsos, acotar franquicias, afinar el gravamen a patrimonios. LR jugará la carta de la seriedad presupuestaria y el orden público, presionando en seguridad y migración, exigiendo menos cargas regulatorias para pymes y autónomos, y tarifando su apoyo en rebajas selectivas.

En la calle, los sindicatos medirán sus pasos. Si el paquete sanitario resulta muy agresivo, habrá movilizaciones. Si el Gobierno cede en los puntos más sensibles, el clima puede tensarse menos que en 2023, cuando la reforma de las pensiones encendió huelgas de larga duración y paros intermitentes que dominaron la primavera. Matignon sabe que no tiene margen para otro incendio social de aquella magnitud. Por eso el primer ministro ha elegido poner primero la suspensión y después el presupuesto: ordenar los conflictos, no sumarlos.

En el escenario europeo, Francia necesita aparecer como un país previsible. Las agencias de rating observan la trayectoria del déficit más que el número exacto de un año. A ojos de los inversores, la promesa de no usar el 49.3 puede sonar a inestabilidad; a la vez, el hecho de negociar el presupuesto y salir con un texto final aprobado por mayoría añade legitimidad. El equilibrio, otra vez, se juega en los márgenes: cuánto se concede, a quién y con qué contrapartidas.

Un equilibrio que se aguanta por votos contados

El retrato final, por ahora, es nítido. Lecornu gobierna porque ha cambiado el método y ha elegido comprar tiempo con una concesión de alto valor simbólico y práctico: parar la escalada de la edad de jubilación hasta 2028. Ese gesto ha desplazado el foco a dónde debe estar en un régimen parlamentario: el presupuesto. A partir de ese centro de gravedad giran todas las demás discusiones. Los socialistas bajan la tensión inmediata a cambio de pelear cada línea; LR se mantiene en modo pragmático mientras negocia su propio rumbo interno; RN y LFI capitalizan el descontento con discursos opuestos pero complementarios en el resultado: forzar al Gobierno a ceder; los no inscritos apuntalan donde más duele una y otra vez.

¿Es un escamotage? Sí, en parte. Suspender no es lo mismo que derogar y el calendario lo confirma. Pero el truco, si lo hay, opera. Permite gobernar hoy, que no es poco. El primer ministro ha puesto sobre la mesa una promesa medible —no 49.3, debate real, voto artículo por artículo— y una moneda incuestionable para quienes pedían una señal clara en pensiones. La gobernabilidad francesa se sostiene ahora en acuerdos reversibles, en votos contados y en una agenda que se va a escribir con tinta plural. No es una autopista; es una carretera secundaria. Con curvas, baches y cambios de rasante. Pero, por primera vez en tiempo, parece transitada. Si el presupuesto cruza la meta antes de fin de año, no estaremos ante una anécdota. Estaremos, tal vez, ante un regreso a algo muy viejo que Francia había olvidado: gobernar negociando. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de estabilidad.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, RTVE, La Vanguardia, El Confidencial.