¿El Algarrobico caerá tras anular Carboneras la licencia del hotel?

El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado la anulación de la licencia de obras concedida en 2003 al hotel de El Algarrobico, el esqueleto de hormigón más famoso del litoral español, después de más de dos décadas de pleitos, maniobras administrativas, promesas solemnes y esa especialidad nacional que consiste en mirar un problema de frente mientras se le da la vuelta por detrás. La decisión cumple el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había dado al Consistorio un plazo improrrogable de 20 días hábiles para cerrar el expediente y evitar que la sentencia acabara ejecutándose por otra vía.

El paso es decisivo, aunque no mágico. La licencia anulada era el último gran candado administrativo que mantenía en pie, al menos jurídicamente, un hotel construido en el paraje de El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras, Almería. Se abre la fase real: recursos posibles de la promotora, coordinación entre Gobierno y Junta, demolición, retirada de escombros y restauración ambiental. Dicho en limpio: el edificio está más cerca del derribo, pero aún no se ha convertido en polvo.

Carboneras anula la licencia en un pleno con ausencias calculadas

La votación salió adelante en un pleno extraordinario marcado por una escena muy de política municipal española: cuatro concejales abandonaron el salón antes de votar. José Luis Amérigo y Francisco Capel, del Grupo Municipal Socialista aunque suspendidos temporalmente por el PSOE, se marcharon junto a los no adscritos Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela. A esa ausencia se sumó la de Vanesa Fuentes Lozano, que no asistió desde el inicio de la sesión.

La anulación prosperó con el respaldo del equipo de gobierno, formado por Cs y PP, y de dos concejalas del Grupo Municipal Socialista, Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós. No fue una votación de esas que dejan una foto limpia para el álbum institucional. Fue más bien una radiografía: grietas internas, miedo al coste económico, reproches cruzados y el Tribunal mirando el reloj desde Granada.

El alcalde, Salvador Hernández, defendió que el mandato judicial era taxativo y que pedir nuevos informes equivalía a prolongar un bloqueo ya demasiado viejo. Los ediles que se fueron sostuvieron lo contrario: que faltaban informes patrimoniales y urbanísticos acordados en el pleno del 17 de junio y que votar sin ellos podía abrir un problema económico para el municipio. En medio, Carboneras, que lleva más de veinte años viviendo con una mole varada frente al mar como quien tiene una factura impagada sobre la mesa de la cocina.

Por qué esta anulación cambia el tablero

La licencia municipal de 2003 no era un papel cualquiera. Mientras siguiera formalmente viva, la demolición completa del hotel tropezaba con una paradoja jurídica bastante castiza: el edificio acumulaba sentencias contra su legalidad, pero conservaba el permiso de obras que lo había autorizado. Un monstruo con DNI, para entendernos.

El Consejo Consultivo de Andalucía ya había dictaminado en mayo que esa licencia era nula de pleno derecho, un pronunciamiento preceptivo y vinculante que obligaba al Ayuntamiento a certificar la anulación definitiva. El TSJA apretó después el calendario y forzó a Carboneras a resolver en 20 días hábiles. Ya no quedaba mucho margen para el regate corto.

La clave está en dos ideas. La primera: el hotel se levantó sobre un suelo considerado protegido y no urbanizable por distintas resoluciones judiciales. La segunda: parte de la construcción afecta a la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas, esos 100 metros tierra adentro donde el litoral deja de ser una finca con vistas y pasa a ser un bien común. Que esto haya tardado más de veinte años en traducirse en una decisión administrativa definitiva dice bastante de la capacidad española para convertir lo evidente en expediente.

La historia del Algarrobico: del sueño turístico al cadáver de hormigón

El origen está en los años previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuando media España confundió desarrollo con cemento y muchas costas olían a hormigonera caliente. En 1999, Azata compró más de 16 hectáreas junto a la playa. En enero de 2003, el Ayuntamiento de Carboneras concedió la licencia de obras. Poco después arrancó la construcción de un complejo turístico de lujo con 411 habitaciones y una estructura principal de unas 20 plantas.

El hotel nunca abrió. Las obras quedaron paralizadas en 2006 por orden judicial, cuando el edificio estaba muy avanzado. Desde entonces, El Algarrobico dejó de ser un proyecto hotelero y pasó a convertirse en símbolo: del urbanismo salvaje, de la lentitud judicial, de la pelea entre administraciones y de una época en la que cualquier monte con vistas al mar parecía pedir a gritos un ladrillo encima.

No toda la historia cabe en un culpable único, por mucho que la política adore fabricar villanos de bolsillo. Hubo permisos municipales, decisiones autonómicas, cambios de planeamiento, informes, recursos, sentencias contradictorias y una promotora que defendió sus intereses hasta el último folio. También hubo ecologistas, vecinos, juristas y funcionarios empujando en dirección contraria. El resultado fue una maraña donde el sentido común se quedó atrapado como una bolsa de plástico en una alambrada.

La playa, la Ley de Costas y el parque natural

El choque de fondo siempre fue el mismo: qué puede construirse junto al mar y quién paga cuando una administración permitió algo que después los tribunales van desmontando pieza a pieza. La Ley de Costas estableció una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. El Tribunal Supremo ya avaló que esa anchura debía respetarse en El Algarrobico, aunque también señaló la desatención de la Administración de Costas por no haber corregido antes el planeamiento.

Ahí está una de las amarguras del caso. El hotel no apareció una madrugada como una seta de cemento. Se levantó con trámites, licencias y silencios. Por eso el conflicto ha sido tan largo: no se discutía solo si el edificio era feo, inoportuno o ambientalmente insoportable; se discutía qué valor tenían los actos administrativos que lo habían permitido y cómo se deshacía un error cuando ya tenía 20 plantas.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es uno de los espacios más singulares del Mediterráneo español: paisaje árido, volcánico, áspero, luminoso. Nada de postal dócil. El Algarrobico rompía esa escala con la delicadeza de un elefante entrando en una cristalería. Por eso su imagen se convirtió en algo más que una noticia local: era la foto fija de una época que creyó que la costa era infinita y que la legalidad podía estirarse como un chicle.

La batalla por las indemnizaciones

Uno de los grandes argumentos contra el derribo ha sido el temor a que Carboneras tuviera que afrontar una indemnización millonaria. El alcalde ha intentado rebajar esa inquietud recordando que el Tribunal Supremo ya descartó en 2020 que procediera compensar a la promotora. También la Audiencia Nacional rechazó una reclamación de más de 70 millones de euros contra las administraciones.

Eso no significa que el asunto económico haya desaparecido. En paralelo, el Gobierno inició la vía de la expropiación sobre los terrenos de su competencia, dentro de la zona de servidumbre de protección. La promotora Azata del Sol ha reclamado cantidades muy elevadas por el justiprecio del suelo, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido una valoración muy inferior. Otra vez, el caso entra en su fase favorita: papeles contra papeles.

La diferencia está en que la anulación de la licencia cambia la posición de salida. Si el permiso municipal deja de existir, el edificio pierde el último paraguas administrativo que aún podía invocarse como obstáculo. No se derriba un hotel de esta escala con una frase en un pleno, claro. Pero el suelo jurídico bajo sus cimientos ya no es suelo: es arena.

Qué pasará con El Algarrobico tras la anulación de la licencia

El siguiente movimiento dependerá de varios frentes. La promotora puede recurrir la anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y eso podría alargar el calendario. Greenpeace y otros actores, por su parte, reclamarán que se ordene el derribo inmediato, al entender que, una vez anulada la licencia, ya no hay excusa administrativa para mantener el edificio en pie.

Gobierno y Junta tienen que coordinarse. Según el esquema pactado en el protocolo de 2011, el Estado asumiría la financiación de la demolición y la Junta se encargaría del desescombro, la gestión de residuos y la restauración ambiental del entorno. La Junta ha anunciado que impulsará de inmediato los trabajos técnicos y administrativos para recuperar el paraje. Bien. La palabra “inmediato”, en la historia del Algarrobico, conviene cogerla con pinzas; no por cinismo, sino por experiencia.

El coste de la demolición se ha cifrado en torno a siete millones de euros. Después vendría lo más delicado, que no siempre luce en los titulares: retirar toneladas de material, tratar residuos, estabilizar el terreno y devolver a la playa una apariencia natural sin caer en una restauración de decorado. El objetivo no es borrar la historia como quien pasa una goma. Es reparar el daño, que es más lento y menos fotogénico.

Una ruina con demasiados padrinos

El Algarrobico ha sobrevivido más que muchos gobiernos, más que varias promesas electorales y más que la paciencia de cualquiera que haya seguido el caso desde 2006. Su historia explica una España muy concreta: la del boom inmobiliario, la de las administraciones que se pisan las competencias, la de los tribunales corrigiendo tarde lo que la política no quiso o no supo frenar a tiempo.

La anulación de la licencia no es todavía el derribo, pero sí el golpe más serio contra la permanencia del edificio. Por primera vez en mucho tiempo, la pregunta ya no es si el hotel era legal, útil o defendible. Esa discusión huele a archivo viejo. La cuestión es cuánto tardarán las administraciones en hacer físicamente lo que jurídicamente parece encarrilado: sacar de la playa una mole que nunca debió llegar tan lejos y devolver al Cabo de Gata algo parecido al silencio que tenía antes del hormigón.