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¿Qué reclama el Sindicato de Inquilinas ante el Congreso por vivienda?
El Sindicato de Inquilinas marchará desde Sol al Congreso mientras se votan dos decretos sobre desahucios, alquileres y estabilidad residencial.

Resumen
- El Sindicato de Inquilinas saldrá de Sol hacia el Congreso a las 10:00
- El pleno votará dos decretos sobre desahucios y contratos de alquiler
- La movilización seguirá pese al resultado y ya hay protestas para el sábado
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados este viernes 2 de octubre, coincidiendo con el pleno en el que se someterán a votación los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno. La movilización partirá de la Puerta del Sol a las 10:00 horas, una hora antes del comienzo previsto de la votación, con la intención de mantener la presión sobre los grupos parlamentarios mientras se decide el futuro de ambas normas.
El motivo de la protesta es concreto: los convocantes reclaman que salgan adelante las medidas relacionadas con la protección frente a determinados desahucios, la regulación del alquiler y la continuidad de los contratos de vivienda habitual. No es una manifestación colocada al azar en el calendario. La calle y el hemiciclo estarán, durante unas horas, discutiendo sobre el mismo asunto y a apenas unos cientos de metros de distancia.
La protesta saldrá de Sol mientras el Congreso se prepara para votar
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, anunció la movilización durante la cacerolada celebrada frente al Ayuntamiento de Madrid. La marcha partirá de Sol para dirigirse hacia el Congreso, donde el sindicato pretende permanecer mientras se produce la votación. En la plaza se mantiene además la acampada iniciada el pasado sábado, surgida en plena oleada de protestas por la vivienda.
El Congreso ha preparado un dispositivo especial de seguridad en el perímetro exterior del Palacio y las calles próximas. La convocatoria llega en una jornada especialmente sensible, tanto por la cercanía física entre la acampada y la Cámara Baja como por el carácter ajustado de las mayorías parlamentarias necesarias para convalidar las normas.
La organización sostiene que la movilización continuará independientemente del resultado de la votación. También ha convocado manifestaciones en distintas ciudades españolas para el sábado y ha situado en el debate la posibilidad de impulsar una huelga general vinculada al problema de la vivienda.
Qué se vota realmente este viernes en el Congreso
Aunque durante estos días se habla habitualmente de “los decretos de vivienda” como si fueran una única norma, el Congreso tendrá delante dos reales decretos ley diferentes. Se votarán por separado y, por tanto, cada uno necesita construir su propia mayoría parlamentaria. Esa diferencia jurídica explica buena parte del laberinto político de las últimas horas.
El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, concentra el paquete más amplio de medidas. Incluye la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler temporal y por habitaciones, medidas fiscales, instrumentos para ampliar la vivienda asequible y nuevas reglas relacionadas con los grandes tenedores. La norma entró en vigor el 1 de octubre.
Entre sus disposiciones figura también una prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y una limitación temporal de determinadas actualizaciones de renta. Hasta finales de 2027, cuando el alquiler se encuentre por encima del máximo correspondiente del sistema de referencia no procederá una nueva actualización; en otros supuestos contemplados por la norma, el aumento podrá quedar limitado al 2 % cuando no exista otro pacto entre las partes.
El segundo decreto cambia la estabilidad de los alquileres
El segundo texto, el Real Decreto-ley 27/2026, se concentra en la duración y continuidad de los contratos de vivienda habitual. Una vez transcurridos al menos cinco años de contrato, o siete si el arrendador es una persona jurídica, el alquiler se prorrogará por nuevos periodos de cinco o siete años si ninguna de las partes comunica en plazo que desea ponerle fin.
El arrendador deberá avisar con seis meses de antelación, mientras que el plazo del inquilino será de dos meses. La reforma no convierte literalmente los contratos en alquileres eternos, un matiz importante entre tanto titular grueso. El propietario mantiene la posibilidad de no renovar, pero la decisión pasa a estar sometida a nuevas consecuencias y excepciones.
Cuando el propietario comunique válidamente su decisión de no continuar y no concurra una de las causas justificadas previstas, deberá abonar al arrendatario una indemnización equivalente al menos a doce mensualidades de una vivienda de características similares. Entre las excepciones aparecen supuestos como la necesidad de recuperar la casa para uso propio o familiar, que el inquilino disponga de otra vivienda apta en el mismo municipio o que ambas partes firmen un nuevo contrato.
Por qué el Sindicato de Inquilinas quiere que se aprueben ambos
Para el Sindicato de Inquilinas, el primer decreto contiene medidas necesarias pero insuficientes y el segundo aborda un problema que considera estructural: la inestabilidad al finalizar un contrato y la posibilidad de que el inquilino tenga que volver al mercado en un momento de precios más elevados. La organización reclama por ello el respaldo a los dos textos y no únicamente al decreto que reúne las medidas generales de vivienda.
La protesta de este viernes pretende trasladar esa presión directamente a las puertas del lugar donde se decidirá la convalidación. Del Río ha vinculado la movilización con el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una reacción social que terminó alimentando la acampada de Sol y colocando de nuevo el acceso a la vivienda en el centro del debate político.
Podemos ha anunciado que sus cuatro diputados respaldarán los dos decretos después de reunirse con representantes del movimiento de inquilinos. La formación ha mantenido sus críticas a la política de vivienda del Ejecutivo, pero ha decidido apoyar ambas normas y reclamar al mismo tiempo que continúen las movilizaciones.
Los partidos llegan divididos a una votación muy ajustada
Las posiciones de los grupos no son iguales para ambos textos. El PNV apoyará el primer decreto de forma crítica y rechazará el segundo, al considerar que el nuevo régimen de renovación de contratos puede perjudicar a pequeños propietarios. Coalición Canaria ha adoptado también una posición distinta para cada norma: respaldo al paquete general y rechazo al decreto sobre renovación automática.
PP y Vox han expresado su rechazo a las medidas, mientras que PSOE, Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu se sitúan entre los apoyos anunciados. El desacuerdo político gira, entre otras cuestiones, alrededor de la eficacia de las restricciones, su impacto sobre los propietarios y el posible efecto que puedan tener sobre la oferta de alquiler. El Gobierno, por su parte, defiende que las normas buscan proteger a los hogares vulnerables y aportar mayor estabilidad al mercado residencial.
Junts mantiene una de las incógnitas decisivas
Una de las miradas está puesta en Junts per Catalunya. La formación ha convocado para las 21:00 horas de este jueves una reunión telemática de urgencia de su dirección ejecutiva para decidir el voto. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, había expresado previamente “decepción” y “preocupación” por los textos sin adelantar la posición definitiva.
Esa aritmética explica por qué el viernes no habrá una única votación genérica sobre vivienda, sino dos votaciones independientes. Un grupo puede considerar aceptables las medidas contra determinados desahucios y, al mismo tiempo, rechazar el nuevo régimen de renovación de los alquileres. Eso es precisamente lo que han anunciado PNV y Coalición Canaria.
Del caso de Maricarmen a las puertas del Congreso
En apenas unos días, una protesta nacida alrededor de un desahucio ha terminado colocando la crisis de la vivienda de nuevo en el centro de la agenda parlamentaria. Primero llegaron las movilizaciones y las tiendas de campaña en Sol; después, la presión sobre el Gobierno, los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros y una votación extraordinaria en el Congreso.
Este viernes las dos escenas coincidirán casi pared con pared: diputados dentro, manifestantes fuera. El Sindicato de Inquilinas saldrá de Sol a las 10:00 horas y el pleno está previsto una hora después. Sobre la mesa estarán medidas que afectan a los desahucios de personas vulnerables, la actualización de determinadas rentas, las prórrogas y la continuidad de los contratos de alquiler.
El resultado parlamentario decidirá qué parte de ese nuevo marco permanece en vigor. Pero la movilización ha dejado ya otra fotografía: la vivienda, durante años convertida en una preocupación cotidiana y bastante menos abstracta que cualquier debate legislativo, ha cruzado finalmente los pocos metros que separan la Puerta del Sol del Congreso. Y esta vez el ruido de las cacerolas llega prácticamente hasta la puerta.












