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¿Por qué siguen sin climatización las aulas valencianas pese al plan?

La Generalitat transfirió 16 millones a 1.616 centros, pero el curso arrancó con aulas calurosas, redes antiguas y actuaciones aún pendientes.

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sin climatización las aulas valencianas

Resumen

  • La Generalitat transfirió 16 millones para climatizar 1.616 centros públicos
  • Muchos colegios siguen con calor, trabas técnicas y redes eléctricas antiguas
  • EduClima prevé 140 millones hasta 2029 para soluciones permanentes

El curso 2026-2027 ha arrancado en la Comunitat Valenciana con una paradoja difícil de disimular: la Generalitat transfirió 16 millones de euros a 1.616 centros públicos para mejorar urgentemente su climatización, pero septiembre ha terminado y numerosos colegios e institutos continúan denunciando aulas demasiado calurosas, instalaciones eléctricas incapaces de soportar nuevos equipos y ayudas que no alcanzan para acondicionar todo el edificio. El dinero llegó. El aire fresco, bastante menos.

La responsabilidad política principal de ese programa corresponde al Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca, del PP. María José Catalá también pertenece al Partido Popular y gobierna el Ayuntamiento de València, pero conviene separar administraciones: Catalá no dirige el plan autonómico de climatización. Los ayuntamientos intervienen en la conservación y mantenimiento de determinados colegios, mientras que la Generalitat conserva las competencias educativas y la planificación general. La propia estructura oficial del Ayuntamiento confirma que Catalá continúa como alcaldesa de València.

Los 16 millones que debían aliviar el calor en septiembre

Pérez Llorca presentó la actuación como una respuesta inmediata. En julio, la Generalitat anunció la transferencia de 16 millones de euros, distribuidos entre 1.616 centros, con cantidades de entre 5.000 y 25.000 euros por colegio o instituto. Los equipos directivos recibían así capacidad para adquirir soluciones provisionales mientras avanzaba un proyecto mucho más ambicioso, el Plan EduClima.

Sobre el papel era una operación relativamente sencilla: detectar las aulas más castigadas por el sol, adquirir aparatos y afrontar septiembre con algo más que persianas bajadas, ventiladores moviendo aire caliente y botellas de agua encima de los pupitres.

Sobre el terreno apareció la letra pequeña.

La instrucción autonómica contemplaba aparatos portátiles de aire acondicionado, pero exigía comprobar que la instalación eléctrica pudiera soportarlos y respetar los requisitos técnicos correspondientes. También permitía financiar trabajos asociados a la adaptación eléctrica. El plazo general terminaba antes del comienzo de octubre de 2026; cuando fueran necesarias modificaciones eléctricas o concurrieran causas justificadas, podía ampliarse hasta marzo de 2027.

Y octubre ya está aquí.

Eso no significa que todos los centros que todavía carecen de equipos estén incumpliendo el programa: existen expresamente esas excepciones. Sí significa que el primer gran plazo previsto por la propia Administración ha vencido mientras el problema continúa presente en numerosos centros.

Instalaciones antiguas, aparatos y una burocracia poco veraniega

La dificultad no ha sido únicamente presupuestaria. En muchos edificios educativos, colocar varios sistemas de refrigeración no consiste en comprar las máquinas y pulsar un botón. Hay que comprobar potencia contratada, cuadros eléctricos, líneas, protecciones y seguridad. En centros antiguos, ese detalle puede transformar una compra relativamente rápida en una pequeña obra.

Las medidas contemplan también ventiladores, toldos y otras soluciones de protección térmica. Pero tampoco basta con sacar una escalera y atornillar un aparato al techo. En un edificio público aparecen requisitos eléctricos, técnicos y administrativos y, según la actuación, coordinación entre el centro educativo, la Conselleria y el ayuntamiento correspondiente.

Ese es precisamente uno de los problemas denunciados desde centros educativos: una medida concebida como urgente se ha topado con trámites, requisitos técnicos y edificios que no siempre estaban preparados. En algunas aulas se han comunicado durante septiembre temperaturas cercanas a los 29 y 30 grados, un ambiente que convierte una clase de una hora en algo bastante parecido a intentar estudiar dentro de un invernadero.

Más de 200 centros respondieron a una encuesta crítica

Los datos recopilados por STEPV ayudan a medir el malestar, aunque deben interpretarse correctamente. El sindicato recibió respuestas de más de 200 centros educativos al inicio del curso y señaló que persistían deficiencias relacionadas con la climatización, junto con otros problemas de personal e infraestructuras. Se trata de una encuesta sindical, no de un censo oficial de todos los colegios valencianos, pero confirma que las quejas no proceden únicamente de un aula o un municipio aislado.

El paisaje que describen los centros resulta bastante reconocible: aparatos que todavía no están instalados, instalaciones que necesitan adaptación y edificios donde el calor entra por ventanas, fachadas y patios con escasa sombra. El aire acondicionado puede aliviar el problema, sí, pero la climatización escolar va bastante más allá de colocar máquinas.

Pérez Llorca anunció el plan y su Gobierno responde por la ejecución

Aquí las competencias importan. Juanfran Pérez Llorca preside la Generalitat Valenciana y el programa de climatización fue presentado desde su Gobierno como una actuación prioritaria. El propio presidente defendió la transferencia directa de recursos a los centros para acelerar las actuaciones y dar autonomía a los equipos directivos.

La Generalitat puede señalar, por tanto, un hecho concreto: el dinero fue transferido. No estamos ante un plan anunciado únicamente sobre una tarima y abandonado después en un cajón. Hay fondos, instrucciones y actuaciones en marcha.

El problema es la distancia entre transferir dinero y conseguir que una instalación funcione.

Un equipo directivo puede tener 10.000 o 20.000 euros disponibles y continuar sin poder conectar varios aparatos si primero necesita modificar cuadros eléctricos, aumentar potencia o realizar obras. La administración rápida y la física del cobre no siempre marchan al mismo ritmo. Y un aparato comprado que permanece parado porque la red no lo soporta climatiza aproximadamente lo mismo que una circular administrativa: nada.

El propio diseño de las instrucciones reconoce esa dificultad al permitir que determinadas actuaciones lleguen hasta marzo de 2027 cuando resulte necesario adaptar las instalaciones eléctricas.

¿Y María José Catalá qué papel tiene en las aulas?

Menos del que podría sugerir meter en el mismo saco a Generalitat, Ayuntamiento y Partido Popular. María José Catalá es alcaldesa de València, no responsable del Gobierno autonómico ni de la distribución de los 16 millones entre los 1.616 centros. El Ayuntamiento de València confirma oficialmente tanto su cargo como su pertenencia al Grupo Municipal Popular.

Eso no convierte al consistorio en un espectador. Los municipios tienen responsabilidades sobre la conservación y mantenimiento de colegios públicos en determinados niveles y participan en actuaciones relacionadas con sus edificios. Otra cuestión es confundir esas funciones municipales con la dirección de EduClima o con la planificación autonómica, que corresponde al Consell.

La fotografía administrativa es, por tanto, menos cómoda que el intercambio habitual de reproches. Hay centros que gestionan fondos, ayuntamientos que intervienen sobre edificios y una Generalitat que diseña y financia el programa autonómico. Las competencias se reparten; la responsabilidad política del plan de choque autonómico, no.

Los 27 grados existen, pero la norma laboral tiene matices

En las protestas educativas aparece con frecuencia una cifra: 27 grados. No sale de la nada. El Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que, en locales cerrados donde se desarrollan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura debe situarse entre 17 y 27 grados. Para trabajos ligeros, fija una horquilla de 14 a 25 grados.

Conviene introducir un matiz importante. Esa normativa es laboral y protege a los trabajadores; no establece un cierre automático de cualquier aula cuando el termómetro supera los 27 grados. La aplicación depende de la actividad, de las condiciones concretas y de la evaluación del riesgo.

No hace falta exagerar la norma para comprender el problema. Mantener la atención de veinte o treinta alumnos durante horas en una habitación recalentada, con ordenadores encendidos, cristaleras acumulando sol y apenas circulación de aire, es una mala combinación pedagógica. Y lo es aunque el termómetro no venga acompañado de una resolución administrativa.

EduClima promete una solución permanente hasta 2029

Los equipos financiados durante el verano son, en buena medida, una respuesta provisional. La apuesta estructural del Consell se llama Plan EduClima y contempla 140 millones de euros durante el periodo 2026-2029 con el objetivo de climatizar los centros públicos mediante soluciones permanentes y energéticamente eficientes. El programa prevé una inversión específica dentro de una estrategia más amplia de renovación de infraestructuras educativas.

Ese será el verdadero examen del Gobierno valenciano. Porque el problema no consiste simplemente en sobrevivir a otro septiembre colocando aparatos portátiles allí donde el enchufe aguante. Muchos colegios fueron diseñados para otra realidad climática, con aislamiento insuficiente, grandes superficies de hormigón, patios con poca sombra o instalaciones eléctricas concebidas cuando conectar decenas de sistemas de refrigeración ni siquiera entraba en los planos.

La climatización escolar exige una combinación de refrigeración, ventilación, aislamiento, renovación eléctrica, sombras y rehabilitación energética. Poner máquinas portátiles puede aliviar bastante determinados espacios, pero no transforma por arte de magia un edificio antiguo en un centro preparado para soportar episodios prolongados de calor.

El termómetro ha llegado antes que las obras

El Gobierno de Pérez Llorca puede acreditar actuaciones concretas: 16 millones transferidos a 1.616 centros, un sistema extraordinario para adquirir soluciones inmediatas y un plan de 140 millones de euros con horizonte en 2029. También puede recordar que las instrucciones contemplan retrasos cuando haya que adaptar instalaciones eléctricas. Todo eso forma parte de los hechos.

La otra mitad de la fotografía tampoco desaparece. El curso ha comenzado con centros que siguen señalando problemas de climatización, una encuesta sindical con más de 200 respuestas críticas y edificios donde la solución depende de algo más complicado que comprar un aparato.

Así que el debate ya no está en si la Generalitat anunció dinero. Lo anunció y lo transfirió. Está en algo mucho más tangible: cuántas aulas están realmente climatizadas, cuántas continúan pendientes de adaptación y cuánto tardará en desaparecer esa carrera entre el calendario administrativo y el siguiente episodio de calor.

Porque la burocracia admite prórrogas hasta marzo. El termómetro, por desgracia, no suele leerlas.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.