¿Por qué dos diputados del PSOE se rebelan contra Sánchez por Ceuta?

Los socialistas Melchor León y Sebastián Guerrero, diputados de la Asamblea de Ceuta, han abierto una grieta incómoda dentro del PSOE al cuestionar públicamente la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que golpea a la ciudad desde finales de julio. No es una discrepancia menor ni una queja pronunciada entre pasillos: reclaman medidas excepcionales, más presencia del Estado, un calendario para las devoluciones y respuestas concretas de Fernando Grande-Marlaska. León incluso ha pedido la dimisión del ministro del Interior si no cumple los compromisos anunciados para Ceuta.

El choque tiene, además, una segunda capa. Mientras ambos diputados endurecían su discurso sobre la crisis migratoria de Ceuta, la dirección federal del PSOE mantenía abierto un procedimiento relacionado con otra disputa interna: la decisión de León y Guerrero de sustituir a representantes socialistas en los consejos de administración de varias empresas públicas de la ciudad. Ferraz les exige que justifiquen su actuación y el conflicto podría desembocar en sanciones. La dirección socialista ceutí sostiene que ese expediente no tiene que ver con las críticas al Gobierno; los afectados, en cambio, han denunciado presiones y hablan abiertamente del riesgo de expulsión.

La fotografía política resulta singular: dos cargos relevantes del PSOE defendiendo su pertenencia al partido mientras atacan una parte sustancial de la gestión del Ejecutivo socialista. La disciplina de partido es sencilla sobre el papel; bastante menos cuando la política termina convertida en campamentos improvisados, servicios públicos tensionados y miles de personas pendientes de saber qué ocurrirá con ellas.

Melchor León y Sebastián Guerrero elevan el tono contra el Gobierno

Melchor León es vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta y Sebastián Guerrero ejerce como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ambos han decidido anteponer, según explican, la defensa de los intereses de Ceuta a la obediencia automática a la dirección del PSOE. No plantean abandonar el partido. Al contrario: León ha defendido que está orgulloso de pertenecer al PSOE, pero considera incompatible esa militancia con guardar silencio ante una situación que juzga mal gestionada.

El mensaje dirigido a Moncloa es especialmente duro. León acusa al Ejecutivo de no haber dado suficientemente la cara, reprocha las visitas ministeriales que, a su juicio, han producido más compromisos que resultados visibles y exige conocer con precisión cuántas personas permanecen todavía en Ceuta. Guerrero ha descrito una ciudad desordenada, triste, abatida y saturada. Son palabras poco habituales en boca de representantes de un partido cuando el Gobierno señalado es el suyo.

Las críticas alcanzan directamente a Grande-Marlaska. Los diputados recuerdan el compromiso gubernamental de avanzar en los retornos a Marruecos de las personas que entraron irregularmente y reclaman un calendario concreto. León ha ido un paso más allá: si el ministro no cumple lo anunciado, sostiene que debería dimitir.

Y hay un matiz que evita reducir este episodio al confortable esquema de izquierda contra derecha. León y Guerrero también han cargado contra el Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas, del PP, por la situación de los menores extranjeros no acompañados, cuya protección compete a la ciudad autónoma. El enfrentamiento, por tanto, no consiste sencillamente en asumir el discurso de la oposición. Los dos socialistas reparten responsabilidades a ambos lados.

Las medidas excepcionales que reclaman para Ceuta

Las peticiones colocadas sobre la mesa son de considerable calado. León y Guerrero defienden la declaración del estado de alarma en Ceuta, una emergencia de interés nacional que permita coordinar mejor recursos, la presencia permanente de Frontex en la frontera, un calendario de repatriaciones, un hospital de campaña, refuerzos para los juzgados y una comisión específica de seguimiento dentro de la Asamblea. León también ha reclamado la intervención de la UME mientras continúan la identificación de personas y la tramitación de solicitudes de protección internacional.

No todas esas propuestas dependen del mismo ministerio ni tienen idéntico encaje jurídico. Tampoco una devolución puede aplicarse indistintamente a cualquier persona que haya cruzado la frontera: deben respetarse las solicitudes de asilo, la protección internacional y las garantías reforzadas de los menores. Ese detalle, poco vistoso en los discursos pero decisivo en un Estado de derecho, explica parte de la enorme complejidad administrativa acumulada en Ceuta.

Ferraz abre otro frente con los dos diputados críticos

La tensión con la dirección federal tiene un origen formal distinto de la crisis migratoria. A mediados de agosto, León y Guerrero modificaron la representación socialista en ocho empresas públicas de Ceuta y asumieron ellos mismos puestos en varios consejos de administración. La dirección local consideró que aquella decisión se tomó sin la autorización exigida internamente y trasladó el asunto a los órganos federales.

Guerrero sostiene que el cambio pretendía recuperar información sobre la gestión de las sociedades municipales y niega que existiese un incentivo económico, ya que la participación de los diputados en esos órganos no lleva aparejada remuneración. Ferraz había pedido rectificar y el plazo terminó el 19 de agosto. Según la resolución conocida posteriormente, ambos deberán presentar la documentación correspondiente antes del 4 de septiembre y el procedimiento podría acabar en expulsión si la dirección concluye que vulneraron los estatutos del partido.

Conviene separar, por tanto, hechos y sospechas. El expediente existe y coincide temporalmente con la rebelión pública de ambos diputados sobre Ceuta. Pero el PSOE ceutí niega que haya sido abierto por esas críticas. León, por su parte, afirma haber sufrido presiones para moderar su discurso. De ahí nace la pólvora política: el motivo administrativo del procedimiento y el contexto político en el que estalla no son exactamente la misma cosa. Confundirlos permitiría fabricar un relato sencillo; distinguirlos ayuda bastante más a entender qué está ocurriendo.

Una división socialista que venía de antes

La fractura tampoco nació el 30 de julio. El PSOE ceutí arrastra una disputa interna desde hace años y quedó especialmente dividido tras las primarias de marzo de 2025, cuando Miguel Ángel Pérez Triano, actual delegado del Gobierno, se hizo con la secretaría general. Guerrero quedó situado en el sector crítico, aunque conservó peso dentro del grupo parlamentario junto a León.

Desde entonces han convivido dos centros de gravedad: la dirección orgánica controlada por Triano y el grupo institucional encabezado por Guerrero. Las discrepancias sobre empresas municipales, presupuestos y acceso a información ya habían deteriorado esa convivencia. La crisis migratoria no creó la brecha; sencillamente la iluminó con un foco de estadio.

Y esto importa porque Ceuta celebrará elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2027. Detrás del conflicto inmediato aparece una discusión bastante más profunda: qué tipo de PSOE quiere presentarse ante los ceutíes y hasta qué punto su posición debe guardar consonancia con la dirección nacional cuando los intereses locales chocan con el discurso de Moncloa.

La crisis migratoria que ha llevado el conflicto al límite

El trasfondo es una crisis de dimensiones excepcionales. El Ministerio del Interior cifró en 72.000 las entradas irregulares registradas durante el episodio iniciado el 30 de julio y aseguró el 4 de agosto que más de 70.000 personas habían abandonado ya Ceuta. Las estimaciones posteriores, sin embargo, han continuado variando conforme avanzaban las identificaciones y los movimientos de personas y situaban entre 5.000 y 10.000 quienes todavía permanecían en la ciudad, entre ellos alrededor de 2.000 menores.

El Gobierno defiende que su reacción fue rápida y que la cooperación con Marruecos permitió revertir buena parte de la entrada inicial. Interior instaló una barrera neumática y boyas en el espigón del Tarajal después de que una sentencia del Tribunal Supremo modificase las condiciones en las que podía aplicarse el rechazo en frontera a quienes accediesen a nado. Madrid también ha insistido en la coordinación con Rabat y en la necesidad de impedir nuevos intentos masivos.

La realidad sobre el terreno sigue siendo bastante menos ordenada que cualquier comunicado. El jueves fueron trasladadas alrededor de 1.400 personas que permanecían en la playa de El Trampolín hacia espacios habilitados por las autoridades; unas 500 regresaron posteriormente a la zona para recuperar pertenencias y este viernes se retomaban las tareas de limpieza. La ciudad continúa manejando acogida, identificación, solicitudes de asilo, atención sanitaria y protección de menores al mismo tiempo.

El problema de los menores no admite atajos

Uno de los puntos políticamente más inflamables es el destino de los menores llegados sin acompañamiento familiar. El Gobierno trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas consideradas especialmente vulnerables, mientras continúa la disputa con varias comunidades autónomas sobre la acogida. No se trata simplemente de subir a alguien a un autobús o devolverlo al otro lado de una frontera: en el caso de menores, la legislación obliga a valorar individualmente su situación y su interés superior.

Este componente jurídico introduce una frontera que la retórica política atraviesa con demasiada facilidad. Exigir control migratorio es perfectamente compatible con exigir que el control se ejerza conforme a la ley; del mismo modo, defender derechos fundamentales no elimina la obligación de gestionar una frontera exterior de la Unión Europea. Humanidad y autoridad no deberían ser conceptos enemigos, aunque el debate público español se empeñe a veces en colocarlos en extremos opuestos de una pancarta.

El choque con Sánchez deja de ser un asunto local

La rebelión de Melchor León y Sebastián Guerrero incomoda especialmente al PSOE porque rompe una imagen que el Gobierno necesita mantener en plena confrontación con PP y Vox: la de una respuesta estatal cohesionada frente a la crisis. Las críticas proceden esta vez de dos representantes socialistas que viven políticamente a pocos kilómetros de la frontera y que consideran insuficiente la actuación de un Ejecutivo dirigido por su propio partido.

Tampoco eso convierte automáticamente sus propuestas en acertadas. Algunas coinciden con exigencias formuladas por el PP; otras plantean interrogantes jurídicos y operativos considerables. Pero su intervención introduce algo que Ferraz no puede despachar con demasiada facilidad: la contestación ya no viene únicamente de la oposición. Viene también desde dentro.

La paradoja es bastante ceutí y, al mismo tiempo, profundamente española. León y Guerrero dicen que no quieren marcharse del PSOE; quieren que el partido escuche lo que consideran una emergencia local. Ferraz intenta preservar sus normas internas, Sánchez necesita defender la gestión del Gobierno y Ceuta, mientras tanto, continúa atendiendo a miles de personas, gestionando menores, reclamando medios y esperando decisiones administrativas que no caben en un eslogan.

Ceuta convierte una vieja fractura del PSOE en un problema nacional

Lo ocurrido con los dos diputados no es todavía una ruptura formal, pero sí algo políticamente más delicado: una ruptura del discurso. León y Guerrero continúan dentro del PSOE mientras cuestionan la respuesta de Moncloa, piden medidas extraordinarias y sitúan a Marlaska bajo presión. Ferraz mantiene abierto un procedimiento cuyo origen oficial está en la disputa sobre las empresas públicas, aunque la coincidencia con la crisis migratoria multiplica inevitablemente su dimensión política.

A partir de ahí hay pocas simplificaciones que sobrevivan. El Gobierno puede exhibir las decenas de miles de retornos ya producidos y los nuevos recursos desplegados; los diputados críticos pueden señalar los campamentos, la lentitud administrativa y las personas que todavía permanecen en la ciudad. Las dos fotografías existen al mismo tiempo.

Y quizá ahí esté el verdadero motivo por el que este conflicto ha saltado de Ceuta a la política nacional. La frontera no entiende de argumentarios. Cuando una crisis se prolonga, las discrepancias que un partido puede mantener discretamente bajo la alfombra terminan saliendo a la superficie. Esta vez llevan dos nombres: Melchor León y Sebastián Guerrero.