¿Dónde está el dinero del terremoto de Colombia según De la Espriella?

El dinero que supuestamente desapareció no era una partida creada para el terremoto del 10 de agosto de 2026. Ese matiz es esencial. La acusación del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se refiere a recursos manejados anteriormente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el organismo que precisamente debe tener músculo financiero y operativo cuando un terremoto, una inundación o cualquier otra catástrofe deja de ser una hipótesis y se convierte en escombros.

De la Espriella sostiene que durante el Gobierno de Gustavo Petro la UNGRD giró 856.000 millones de pesos colombianos sin que mediara una declaración de urgencia manifiesta y que se perdió el rastro de otros 1,38 billones de pesos. Pero conviene colocar cada cosa en su cajón: a 21 de agosto no existe una resolución judicial que permita afirmar que esos 1,38 billones fueron robados ni que determine quién se quedó con ellos. El nuevo Gobierno ha entregado la documentación a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que establezcan qué ocurrió realmente.

Lo que sí existe, y desde bastante antes del terremoto, es un grave historial de corrupción en la UNGRD con investigaciones, sanciones y procesos judiciales. Ahí nace buena parte de la confusión. Y también la pólvora política.

El dinero que De la Espriella dice que no aparece

La cifra más llamativa procede del denominado Libro de la Verdad, un documento de 135 páginas confeccionado a partir del proceso de transición entre las administraciones de Petro y De la Espriella. El Gobierno asegura haber recopilado 82 casos relacionados con irregularidades, problemas administrativos o posibles hechos de corrupción en distintas entidades públicas.

Entre ellos aparece la UNGRD. Según la versión presentada por el presidente, el organismo habría realizado giros por 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y habría perdido la trazabilidad de aproximadamente 1,38 billones. De la Espriella trasladó esos hallazgos a los organismos de investigación, que son —y aquí se acaba la retórica— quienes tendrán que establecer si hubo delitos, irregularidades contables, contratos mal ejecutados, recursos pendientes de justificar o auténtico desvío de dinero.

Esa distinción resulta especialmente importante porque el propio documento presentado por el Ejecutivo mezcla situaciones de naturaleza muy diferente. De los 82 expedientes señalados, una parte corresponde a presuntos casos de corrupción y otra a decisiones administrativas, problemas de financiación o políticas públicas cuestionadas por el nuevo Gobierno. Convertir automáticamente los 82 casos en 82 robos sería bastante más sencillo que demostrarlo, pero el derecho penal suele tener la desagradable costumbre de exigir pruebas.

No existía una caja reservada para este terremoto

Colombia no tenía guardado un cofre con una etiqueta que dijera «terremoto de agosto de 2026». La gestión de las catástrofes funciona mediante presupuestos públicos, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, recursos de la UNGRD, aportaciones territoriales, créditos contingentes, cooperación internacional y, cuando la magnitud supera las capacidades ordinarias, mecanismos presupuestarios extraordinarios.

Por eso resulta inexacto decir que alguien robó «el dinero del terremoto». Lo que denuncia De la Espriella es que el Estado llegó a la catástrofe con menos margen fiscal y con dudas sobre el destino de recursos gestionados anteriormente por la entidad responsable de atender emergencias.

El presidente ha añadido que recibió unas finanzas nacionales extremadamente tensas y sostiene que el anterior Ejecutivo había utilizado hasta el 7 de agosto el 97 % de la capacidad de endeudamiento disponible para 2026. Es una afirmación del nuevo Gobierno que forma parte de su diagnóstico fiscal y de su ofensiva política contra la administración de Petro, no una conclusión judicial sobre el destino del dinero de la UNGRD.

El escándalo de la UNGRD venía de mucho antes

Aquí sí aparece terreno mucho más sólido. La UNGRD arrastraba desde 2024 uno de los mayores escándalos de corrupción de la etapa de Petro, nacido alrededor de la compra de 40 camiones cisterna para La Guajira por 46.800 millones de pesos.

La Procuraduría concluyó que los entonces responsables de la entidad autorizaron un sobrecoste superior a 16.000 millones de pesos, más de un 54 % respecto a los precios de mercado. El exdirector de la UNGRD Olmedo López recibió una sanción de destitución e inhabilitación general durante 18 años y el exsubdirector Sneyder Pinilla durante 20 años. Aquello no es una sospecha lanzada desde un atril: existe una resolución disciplinaria confirmada en segunda instancia.

Las investigaciones judiciales fueron mucho más lejos. López y Pinilla comenzaron a colaborar con la Justicia y el caso terminó alcanzando a antiguos altos cargos y congresistas. La Corte Suprema ordenó en 2025 la captura de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle ante las acusaciones de haber recibido sobornos relacionados con la trama. Ambos rechazaron las acusaciones.

En otras palabras: sí hubo corrupción acreditada dentro de la UNGRD, pero eso no permite saltar automáticamente desde los carrotanques de La Guajira hasta los 1,38 billones mencionados por De la Espriella. Son magnitudes, expedientes y responsabilidades diferentes.

Contratos, emergencias y una maquinaria bajo sospecha

La sombra tampoco terminó con los camiones cisterna. En julio de 2026, pocas semanas antes del terremoto, la Procuraduría abrió otra investigación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Andrés Meza por un contrato de 5.000 millones de pesos relacionado con la atención de la emergencia generada por La Niña en 2022. Los investigadores tratan de establecer si hubo deficiencias de planificación, problemas en la elección del contratista y pagos correctamente justificados.

Así se entiende mejor la tormenta política actual. El terremoto golpeó una institución que no llegaba precisamente con el expediente impoluto. De pronto, cada peso que falta en una tabla presupuestaria pesa el doble: una vez en las cuentas y otra en la confianza pública.

Y esa es seguramente la parte más incómoda. Una agencia concebida para aparecer cuando se cae un puente, desborda un río o tiembla la tierra llevaba años apareciendo también en sumarios judiciales.

El terremoto necesita unos 30 billones de pesos

Mientras la Justicia reconstruye las cuentas del pasado, Colombia tiene que reconstruir edificios de verdad.

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto dejó más de 300 muertos, miles de heridos, decenas de miles de viviendas destruidas y daños repartidos por centenares de municipios. La estimación inicial del Ejecutivo sitúa el coste material de la reconstrucción por encima de 30 billones de pesos colombianos: aproximadamente 24,5 billones correspondientes a edificaciones y otros 5,5 billones a infraestructura pública.

La cifra tiene otra escala respecto a los recursos cuestionados de la UNGRD. Incluso suponiendo que se recuperara íntegramente cada peso que el nuevo Gobierno considera sin justificar —algo que de momento nadie puede garantizar— no bastaría ni de lejos para financiar toda la reconstrucción.

De ahí la declaración de emergencia económica formalizada por De la Espriella. El mecanismo permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias, aunque queda sujeto al control constitucional, y pretende abrir espacio presupuestario mediante recortes en otros programas, nuevas fuentes de financiación y una reorganización del gasto público.

El dinero para reconstruir Colombia saldrá de varias cajas

No es correcto, por tanto, afirmar que Colombia carece de dinero para atender el terremoto. Tiene recursos, aunque son insuficientes frente al tamaño de la factura y llegan en un contexto fiscal complicado.

El Gobierno ya activó un primer desembolso de 200 millones de dólares del Banco Mundial, destinado a las necesidades más urgentes. También ha anunciado el llamado Fondo Milagro, concebido para canalizar aportaciones nacionales e internacionales y financiar la reconstrucción de hospitales, colegios, viviendas, carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras.

A eso se suman ayudas extranjeras, aportaciones privadas, pólizas de seguros y programas específicos. La familia Gilinski, por ejemplo, anunció una aportación de 150.000 millones de pesos para reconstruir hospitales y escuelas en Cali. El Ejecutivo trabaja asimismo con el sector asegurador para acelerar indemnizaciones y evitar que las familias tengan que resolver por su cuenta conflictos administrativos entre compañías.

Nada de esto convierte los 30 billones necesarios en calderilla. El agujero sigue siendo enorme. Pero tampoco describe un país sentado ante una caja completamente vacía, como podría deducirse de algunos discursos políticos.

Entre el dinero desaparecido y el que todavía debe encontrarse

La historia tiene, en realidad, dos cuentas distintas.

Una pertenece al pasado: los recursos de la UNGRD cuyo manejo está siendo investigado, el caso probado de los sobrecostes de los carrotanques y los nuevos 1,38 billones de pesos cuya trazabilidad cuestiona el Gobierno de De la Espriella. Ahí la Justicia tendrá que separar corrupción, mala gestión, propaganda y contabilidad. No es poca cosa.

La otra cuenta empieza el 10 de agosto. Son los aproximadamente 30 billones de pesos que Colombia necesita para levantarse después del terremoto. Ese dinero no estaba reservado previamente y tendrá que construirse mediante presupuesto, crédito internacional, reasignaciones, seguros, aportaciones privadas y fondos extraordinarios.

De la Espriella tiene motivos objetivos para poner bajo lupa una UNGRD que ya protagonizó un escándalo de corrupción de enorme gravedad. Tiene menos fundamento, por ahora, cualquier afirmación que dé por demostrado que alguien robó 1,38 billones destinados específicamente a las víctimas de este terremoto. Eso no está probado.

La catástrofe ha dejado al descubierto dos tipos de grietas. Las de hormigón son visibles desde la calle; las de las cuentas públicas requieren fiscales, auditores y meses de investigación. Y quizá sean más difíciles de reparar.