Agredió a 14 menores en una tienda de golosinas: detenido en San Sebastián

La investigación que comenzó por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de golosinas de San Sebastián ha adquirido otra dimensión. La Ertzaintza ha identificado hasta el momento a 14 posibles víctimas, que tenían entre 10 y 18 años cuando ocurrieron los hechos investigados. El hombre situado en el centro de las pesquisas es un joven de 22 años, de nacionalidad española, que regentaba el establecimiento y permanece en prisión provisional. Su nombre no ha sido difundido oficialmente por las autoridades.

El joven fue detenido el 30 de junio de 2026, pocas horas después de que la Policía vasca tuviera conocimiento de dos presuntas agresiones cometidas los días 25 y 26 de junio contra una menor dentro del comercio. Aquella primera denuncia permitió identificar al responsable de la tienda, detenerlo esa misma tarde y abrir unas diligencias que, semana tras semana, fueron sacando a la superficie otros episodios. Algunos se remontan a 2020. La investigación, por tanto, cubre aproximadamente seis años.

Quién es el joven investigado y qué se sabe realmente de él

La información pública permite dibujar un perfil básico, pero no mucho más. El investigado tenía 22 años en el momento de su detención, es español y estaba al frente de una tienda de golosinas de Donostia. El establecimiento se encontraba en Amara Berri, el barrio donde el caso provocó además una concentración vecinal de repulsa cuando trascendió el arresto.

No consta que la Ertzaintza haya hecho público su nombre y apellidos. Y ahí conviene colocar una frontera bastante sencilla: identificar a una persona investigada no consiste en completar los huecos con nombres que circulen por redes sociales. Hasta que una identidad sea confirmada oficialmente o aparezca de forma inequívoca en actuaciones judiciales públicas, lo verificable es lo anterior.

La Ertzaintza había señalado ya en julio que el detenido contaba con antecedentes policiales por hechos similares. Un antecedente policial, por cierto, no equivale automáticamente a una condena penal. Es un dato relevante para entender por qué los agentes contemplaron desde el principio la posible existencia de otras víctimas, pero no permite atribuirle delitos distintos de aquellos que puedan demostrarse en el procedimiento.

Cómo lo detuvo la Ertzaintza tras la primera denuncia

El origen de la investigación está bastante bien reconstruido. El 30 de junio, la Ertzaintza tuvo conocimiento de dos presuntas agresiones sexuales sufridas por una menor los días 25 y 26 de ese mes. Ambas habrían ocurrido dentro de la tienda de golosinas de San Sebastián.

Los agentes de investigación de la comisaría donostiarra comenzaron entonces a comprobar la información facilitada. Los datos proporcionados por la menor y la descripción del sospechoso encajaban con el hombre que regentaba el establecimiento señalado. Las diligencias permitieron identificarlo y situarlo en el comercio donde presuntamente habían sucedido los hechos.

La detención llegó rápido: alrededor de las 20:30 del propio 30 de junio. No hubo, según la versión policial divulgada, una persecución ni una operación espectacular. Hubo denuncia, identificación, contraste de datos y arresto. Mucho menos cinematográfico; bastante más importante desde el punto de vista probatorio.

Después vino otra pieza relevante. Con autorización judicial, la Policía Científica realizó una inspección ocular y registró el establecimiento. Durante esa actuación se recogieron distintas evidencias que pasaron a formar parte de las diligencias. El joven fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional, situación que mantiene en agosto.

La prisión provisional es una medida cautelar, no una sentencia. El investigado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme, aunque la decisión judicial de mantenerlo encarcelado muestra la relevancia que el procedimiento ha adquirido.

De una menor a 14 posibles víctimas en apenas unas semanas

La historia cambió de escala después del arresto. Las nuevas denuncias, los testimonios, la información aportada por otras personas y el análisis de las evidencias fueron ampliando el perímetro de las pesquisas. El 8 de julio, algo más de una semana después de la detención, el caso pasó a manos de la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza, la SECIC.

Ese movimiento no es un detalle burocrático. La SECIC asumió el asunto por su competencia en investigaciones de delitos contra la libertad sexual que pueden presentar un carácter serial, es decir, diferentes hechos susceptibles de estar relacionados entre sí por sus circunstancias o forma de comisión.

A 20 de agosto, la Policía vasca había identificado a 14 posibles víctimas. Todas ellas tenían entre 10 y 18 años cuando presuntamente sucedieron los hechos y las 14 han prestado declaración ante la Ertzaintza. Según los investigadores, sus relatos describen episodios de naturaleza semejante y proporcionan elementos que permiten estudiar posibles conexiones entre unos casos y otros.

Los primeros hechos denunciados se remontan a 2020. Ya no se investiga, por tanto, únicamente lo sucedido durante dos días de junio de 2026. El marco temporal alcanza unos seis años, una extensión que explica también el llamamiento policial a personas que pudieran no haber denunciado en su momento.

La propia Ertzaintza ha señalado que los hechos presentan elementos comunes en su naturaleza y forma de comisión, aunque no ha divulgado públicamente detalles íntimos ni una descripción pormenorizada de las presuntas agresiones. Tratándose además de menores, esa cautela no es un capricho: protege a quienes han declarado y evita convertir una investigación penal en un escaparate de detalles innecesarios.

Algunos hechos se habrían producido cuando él también era menor

Hay un elemento jurídico poco habitual que complica todavía más el expediente. Parte de los hechos que se investigan se sitúan en un periodo en el que el actual detenido todavía era menor de edad.

Por esa razón, esas actuaciones han sido incorporadas a diligencias específicas de las que tiene conocimiento la Fiscalía de Menores. No significa que se hayan descartado ni que sean irrelevantes. Significa que el tratamiento jurídico de unos hechos depende, entre otros factores, de la edad del investigado cuando presuntamente los cometió.

El resultado es una investigación con distintas capas temporales: posibles hechos antiguos, actuaciones correspondientes a una etapa en la que el investigado era menor y episodios posteriores ya cometidos, presuntamente, siendo adulto.

Qué ocurre ahora con el detenido y con la investigación

El joven continúa en prisión provisional mientras la SECIC trata de reconstruir el conjunto de los hechos. Los investigadores están examinando declaraciones, evidencias, testimonios e información recibida para determinar qué episodios pueden acreditarse, si están relacionados entre sí y si existen otras posibles víctimas.

No se ha comunicado una fecha de juicio. De hecho, la investigación policial sigue abierta, de modo que el número actual de 14 tampoco puede considerarse necesariamente definitivo. La Ertzaintza ha reiterado su petición de colaboración ante la posibilidad de que haya personas afectadas que nunca denunciaran lo ocurrido.

Esa posibilidad cobra especial importancia por el tiempo transcurrido. Cuando una investigación retrocede hasta seis años, no todas las personas reaccionan de la misma manera ni hablan de inmediato. Algunas denuncias pueden aparecer después de que otra víctima dé el primer paso, cuando determinados recuerdos o circunstancias encuentran por fin un contexto que antes no tenían.

La Policía vasca mantiene abiertos sus canales habituales y señala expresamente que quienes crean haber sufrido hechos similares presuntamente relacionados con el investigado, incluso años atrás, pueden acudir a cualquier comisaría de la Ertzaintza. La investigación contempla tanto la aparición de nuevas posibles víctimas como la práctica de nuevas actuaciones policiales.

Una investigación que todavía puede cambiar de tamaño

Lo que empezó con una denuncia relativa a los días 25 y 26 de junio es, menos de dos meses después, una investigación sobre 14 posibles víctimas y hechos que podrían remontarse hasta 2020. Esa evolución explica por qué el caso está ahora en manos de una unidad especializada y por qué el detenido continúa en prisión provisional.

Hay datos firmes: tiene 22 años, regentaba la tienda investigada, fue arrestado el 30 de junio, la Policía Científica registró el establecimiento, 14 posibles víctimas han declarado y algunas diligencias han llegado a la Fiscalía de Menores. También quedan incógnitas importantes: cuántos hechos podrán probarse, cuántas personas pueden estar afectadas realmente y qué alcance penal tendrá finalmente cada episodio.

Ese es, a 21 de agosto de 2026, el punto exacto del caso. Catorce posibles víctimas, seis años bajo investigación y unas pesquisas todavía abiertas. Todo lo demás tendrá que salir de las pruebas y de los tribunales, no del ruido que inevitablemente rodea a un asunto así.