Dolby demanda a Snap y pone a prueba el AV1 sin royalties

Dolby ha llevado a Snap, la empresa propietaria de Snapchat, ante los tribunales de Estados Unidos y Brasil por el uso que atribuye a la plataforma de cuatro patentes relacionadas con la compresión de vídeo. La demanda sostiene que se emplean tecnologías protegidas en procesos de codificación, decodificación y transcodificación vinculados tanto a HEVC como a AV1. Dolby reclama una indemnización y medidas que impidan las infracciones que denuncia; por ahora, esas acusaciones no equivalen a una sentencia ni demuestran que Snap haya vulnerado las patentes.

El alcance del caso va más allá de una red social: pone a prueba la idea de que AV1 permite distribuir vídeo sin pagar royalties. El estándar se diseñó con una política de patentes libre de royalties para sus participantes, pero eso no significa necesariamente que cualquier tecnología utilizada en su implementación esté libre de derechos ajenos. La cuestión central es si las patentes de Dolby cubren funciones presentes en AV1 y, si así fuera, qué consecuencias tendría para las plataformas que lo utilizan.

La compresión invisible que sostiene el vídeo en Internet

Un vídeo sin comprimir puede exigir alrededor de 1 gigabit por segundo de ancho de banda, frente a los entre 1 y 10 megabits por segundo a los que, según los datos técnicos citados por Snap, suele transmitirse un vídeo comprimido. La diferencia se consigue con códecs, sistemas que reducen el tamaño de los archivos eliminando información redundante y conservando una calidad visual suficiente. Gracias a ellos, los clips se cargan con rapidez y ocupan menos espacio en redes y dispositivos. La compresión no es un detalle accesorio: hace viable la distribución audiovisual a gran escala.

Snap ha explicado que procesa miles de millones de vídeos y que utiliza tecnologías como HEVC y AV1 para adaptar el contenido a distintos dispositivos y condiciones de conexión. Cada archivo puede codificarse para su envío, decodificarse cuando alguien lo reproduce y transcodificarse para generar versiones compatibles con diferentes pantallas o velocidades de red. Los códecs más recientes pueden comprimir mejor, aunque también requieren más capacidad de cálculo y pueden influir en la latencia. Detrás de una historia que aparece al instante hay, por tanto, una cadena técnica de enorme escala.

Ese volumen ayuda a entender por qué Snap figura en la demanda. Las plataformas que distribuyen vídeo, desde redes sociales hasta servicios de entretenimiento, dependen de la compresión para ofrecer sus contenidos sin multiplicar de forma desproporcionada el tráfico y el almacenamiento. La disputa no gira en torno a un filtro concreto ni a una función visible de Snapchat, sino a procesos que operan en segundo plano. Si una licencia resultara necesaria, el debate alcanzaría a la infraestructura y a los costes de los servicios, aunque no implicaría automáticamente un cambio para quienes suben o ven vídeos.

Dos códecs y dos modelos de licencias

HEVC, también conocido como H.265, se ha desarrollado dentro de un entorno en el que existen licencias y agrupaciones de patentes. AV1 nació con otra aspiración: ofrecer una alternativa abierta y libre de royalties, impulsada por la Alliance for Open Media, una alianza creada en 2015 por empresas tecnológicas. Su especificación se publicó en 2018. Entre los integrantes y respaldos del proyecto figuran compañías como Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA y Samsung. La promesa era reducir las barreras de licencia que habían complicado la adopción de otros formatos.

Sin embargo, libre de royalties no quiere decir que cada componente técnico esté, por definición, libre de cualquier patente de terceros. La política de la alianza establece condiciones para los derechos cubiertos por sus participantes, pero una empresa ajena puede sostener que posee derechos sobre técnicas incorporadas a un estándar. Eso es precisamente lo que plantea Dolby: afirma que ciertas funciones presentes en AV1 también están protegidas por patentes suyas y que no aceptó licenciar esas patentes bajo las condiciones de la alianza. La afirmación deberá probarse; no basta con formularla en una demanda.

La diferencia importa porque un estándar abierto describe cómo se organiza una tecnología y bajo qué reglas se ofrece, pero no resuelve por sí solo todas las disputas sobre propiedad intelectual. AV1 no pasa a ser propiedad de Dolby porque la empresa haya presentado una reclamación, del mismo modo que su política de licencias no invalida automáticamente los derechos que un tribunal pudiera reconocer a terceros. El caso enfrenta dos preguntas distintas: qué cubre la especificación y si las implementaciones comerciales de Snap realizan actos protegidos por las patentes invocadas. Confundir apertura con inmunidad jurídica simplifica en exceso el conflicto.

Qué reclama Dolby y qué tendría que demostrar

La demanda se refiere a cuatro patentes. Sus títulos apuntan a técnicas de predicción entre planos de imagen, combinación de bloques y modos de omisión, codificación de matrices de muestras para reducir la latencia y codificación y decodificación entrópicas. En términos sencillos, son métodos que pueden intervenir en la forma de analizar y representar la información visual. Dolby sostiene que Snap los utiliza en sus sistemas de vídeo sin licencia y relaciona parte de esas funciones con HEVC y AV1. No afirma que todo el estándar AV1 le pertenezca, sino que determinadas técnicas estarían cubiertas por sus derechos.

Para que la reclamación prospere, no bastará con mostrar que dos códecs comparten ideas generales o que tienen procesos parecidos. Habrá que analizar el alcance de cada patente, su validez y la correspondencia entre las reivindicaciones técnicas y lo que realmente hace el sistema de Snap. La compañía puede cuestionar tanto que sus productos infrinjan las patentes como que estas sean válidas o aplicables. En este tipo de litigios, un concepto técnico similar no demuestra por sí solo una infracción: importan los detalles de la implementación. La discusión se libra en el nivel de cada función concreta.

El escrito de Dolby también solicita un juicio con jurado, una indemnización y medidas para frenar el uso que considera infractor. En el procedimiento estadounidense pide además daños aumentados, con el argumento de que Snap conocía las patentes y no obtuvo una licencia. La ley de ese país permite, en determinados supuestos de infracción deliberada, que la indemnización llegue a triplicarse, pero eso no convierte esa cifra en una consecuencia automática. Antes deben resolverse las alegaciones y las pruebas. Una petición de la demandante no anticipa el resultado judicial, y los tribunales pueden rechazarla o limitarla.

El factor FRAND y la presión de una posible prohibición

Una de las piezas jurídicas más relevantes es FRAND, sigla en inglés de condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Cuando una empresa participa en un proceso de normalización y aporta patentes esenciales, puede comprometerse a licenciarlas bajo esas condiciones. El compromiso no significa que la tecnología sea gratuita, pero sí puede influir en las tarifas y en los recursos que quedan disponibles si surge un conflicto. Dolby sostiene que no asumió compromisos FRAND ni de licencia libre respecto a AV1. Ese punto forma parte de su argumento, no es una conclusión judicial ya establecida.

La ausencia de un compromiso de ese tipo puede dar más peso a la petición de una orden que impida determinados usos. En algunos litigios sobre patentes sujetas a FRAND, la posibilidad de obtener royalties razonables hace más difícil sostener que solo una prohibición puede reparar el daño. Si no existe ese compromiso, no hay el mismo límite contractual, aunque eso tampoco garantiza una medida cautelar ni da carta blanca para fijar cualquier precio. El tribunal sigue teniendo que valorar la patente, la infracción y el perjuicio. Más margen para reclamar no equivale a una victoria asegurada.

También cambia el marco para discutir una posible compensación. Sin una tarifa FRAND que sirva de referencia obligatoria, el tribunal puede recurrir a criterios generales de patentes, como la negociación hipotética entre un titular dispuesto a licenciar y una empresa dispuesta a obtener permiso. Aun así, el cálculo no puede atribuir a una patente todo el valor de AV1 ni cobrar por el éxito comercial del estándar en su conjunto. Debe atender a la aportación de la tecnología protegida, a licencias comparables y a las circunstancias del uso. La falta de un techo FRAND no crea un cheque en blanco.

Una negociación previa que terminó en los tribunales

La demanda describe conversaciones anteriores entre Dolby y Snap para acordar una licencia de patentes de distribución de vídeo a través de Access Advance, un programa que agrupa derechos de distintas empresas. Según el escrito, las negociaciones siguieron después de un correo enviado el 13 de agosto de 2025 y Snap no aceptó la propuesta. Dolby afirma que el 18 de marzo de 2026 remitió a la compañía un análisis de patentes que incluía derechos relacionados con AV1. La secuencia presenta el proceso como una escalada tras contactos previos, aunque esa versión también procede de la parte demandante.

La existencia de conversaciones puede ser relevante para explicar por qué se inició el pleito y para valorar qué sabía cada empresa, pero no decide por sí sola si hubo infracción. Tampoco permite concluir que Snap reconociera las acusaciones: una negociación de licencia puede servir para resolver una incertidumbre comercial sin admitir responsabilidad. En los conflictos de patentes, las empresas suelen discutir el alcance de los derechos, los usos cubiertos y las condiciones económicas antes de que un juez examine el fondo. Negociar no equivale a conceder que la otra parte tenga razón.

Dolby y Snap tienen varias vías posibles durante un litigio de esta clase: llegar a un acuerdo, discutir una licencia mientras continúa el proceso o someter las patentes y la implementación a una resolución judicial. La demanda menciona procedimientos en Estados Unidos y Brasil, por lo que el conflicto se despliega en más de una jurisdicción y no necesariamente con idénticas reglas o calendarios. Sin un resultado definitivo comunicado en la información disponible, lo prudente es distinguir entre lo que Dolby reclama y lo que un tribunal haya determinado. El desenlace no puede deducirse del tono de la demanda.

El litigio no convierte AV1 en un códec condenado

Una demanda contra Snap no obliga a retirar AV1 de Internet ni demuestra que todas las plataformas que lo utilizan deban pagar a Dolby. Para que la disputa tenga un efecto más amplio, habría que establecer que las patentes son válidas, que cubren funciones necesarias de las implementaciones y que las empresas afectadas realizan usos sujetos a licencia. Incluso si un tribunal diera la razón a Dolby en algún punto, el alcance de la decisión dependería de las patentes concretas y de los remedios concedidos. El estándar no desaparece por el mero inicio de un pleito.

La alianza que impulsa AV1 se ha apoyado en una política de patentes libre de royalties, pero esa política no elimina cualquier discusión con titulares ajenos. La Comisión Europea examinó en 2022 aspectos de las condiciones de licencia de la alianza y cerró su revisión preliminar en 2023 sin adoptar medidas adicionales. Ese antecedente no resuelve las reclamaciones de Dolby: se refiere a otro análisis y no sustituye la evaluación de las patentes en los tribunales. Sí recuerda que la promesa de un estándar libre de royalties y la existencia de derechos externos pueden coexistir como asuntos diferentes. Una revisión regulatoria no es un certificado universal de ausencia de patentes.

El sector ya conocía programas de licencias que agrupan patentes para códecs como HEVC, VVC, VP9 y AV1, además de iniciativas dirigidas específicamente a tecnologías de vídeo. La demanda hace más visible una tensión que no apareció de repente: quienes desarrollan estándares abiertos quieren evitar que las licencias encarezcan su adopción, mientras que los titulares de patentes sostienen que sus invenciones deben remunerarse si otros las usan. El resultado puede influir en cómo las empresas calculan el riesgo, pero no borra el valor técnico de AV1 ni demuestra que su adopción haya sido un error. La incertidumbre comercial puede crecer sin que cambie el estándar.

Qué puede notar el usuario y qué queda en manos de las empresas

Para quienes usan Snapchat, el efecto inmediato más probable es que no haya ningún cambio visible. La demanda no significa que los vídeos vayan a dejar de cargarse ni que la aplicación vaya a mostrar avisos sobre códecs. Si el conflicto tuviera consecuencias prácticas, primero aparecerían en decisiones internas de las empresas: negociación de licencias, revisión de riesgos, cambios en las rutas de codificación o ajustes en qué formato se utiliza para cada dispositivo. La batalla jurídica ocurre principalmente detrás de la pantalla.

Las plataformas tampoco tienen que escoger entre continuar con AV1 o suspender todo su servicio de vídeo. Existen otros códecs, entre ellos AVC, HEVC y VP9, aunque cada alternativa implica diferencias de compresión, compatibilidad, capacidad de procesamiento y licencias. Cambiar de formato no elimina necesariamente el riesgo de patentes: puede trasladarlo a otro conjunto de derechos o elevar costes técnicos. Además, una plataforma puede usar más de un códec según el dispositivo y las condiciones de reproducción. La decisión es una combinación de rendimiento, compatibilidad y exposición legal.

Por eso el posible impacto económico no se traduce de forma automática en un nuevo cargo para cada persona que publica un vídeo. Las reclamaciones se dirigen contra Snap por el uso empresarial que Dolby le atribuye. Cualquier cambio en los costes dependería de acuerdos, decisiones judiciales y estrategias técnicas; la demanda, por sí sola, no fija una tarifa para los usuarios ni obliga a trasladar gastos al consumidor. En esta fase, afirmar que AV1 dejará de ser gratuito para todo el mundo sería ir más allá de lo que permiten los hechos conocidos. El riesgo comercial está en discusión; el efecto cotidiano, no está determinado.

El precio real de llamar abierto a un estándar

La disputa revela una parte poco visible de Internet. Al pulsar reproducir, el público recibe una experiencia sencilla; detrás hay códecs, servidores, chips, programas de licencia y patentes que pueden pertenecer a actores distintos. Un formato puede ser abierto en su especificación y estar disponible para implementarse, pero eso no garantiza que cada técnica que alguien considere esencial esté libre de reclamaciones. La palabra abierto describe una arquitectura y unas condiciones de acceso; no siempre resuelve la propiedad intelectual que la rodea.

El caso tampoco encaja bien en una historia simple de una empresa que defiende la innovación frente a otra que pretende cobrar por todo. Dolby tiene que probar que sus patentes son válidas y que Snap las utiliza; la alianza y las plataformas, por su parte, sostienen un modelo pensado para facilitar la adopción de AV1. Entre ambos intereses, los tribunales deberán separar la aportación técnica concreta del valor general que genera un estándar extendido. Ahí está el examen de fondo: que la promesa de acceso abierto no anule derechos legítimos, pero que una patente tampoco capture el valor de toda una tecnología. La frontera se trazará patente por patente.

Por ahora, AV1 continúa siendo una herramienta relevante para comprimir y distribuir vídeo, y Dolby contra Snap es una controversia pendiente, no una prohibición general. Lo que sí cambia desde que el pleito llega a los tribunales es la tranquilidad con la que algunas empresas podían asociar libre de royalties con ausencia total de riesgo. La industria tendrá que esperar a que se aclaren las alegaciones, el alcance de las patentes y la posible compensación. El futuro del códec dependerá menos del titular y más de lo que se demuestre en el proceso.