Trump empuja a Europa a reforzar su tecnología propia

Las amenazas comerciales y los pulsos geopolíticos de Donald Trump han reactivado en la Unión Europea una pregunta que llevaba años sobre la mesa: hasta qué punto puede mantener su margen de decisión si buena parte de sus servicios digitales depende de empresas estadounidenses. La respuesta empieza a tomar forma en iniciativas para financiar inteligencia artificial, simplificar la expansión de las compañías europeas y reforzar alternativas en la nube y el software. La presión de Washington funciona como acelerador, aunque todavía no demuestra por sí sola que Europa haya aumentado de manera sostenida su inversión tecnológica.

El cambio importante no consiste únicamente en anunciar más dinero. Bruselas y varios gobiernos tratan de convertir la autonomía tecnológica en una política industrial, con infraestructuras, empresas y capacidad de cómputo propias. El motivo va más allá de la competencia económica: si un proveedor extranjero puede interrumpir un servicio esencial o condicionar el acceso a los datos, la dependencia deja de ser un asunto técnico y se convierte en una vulnerabilidad política.

De la dependencia digital a la seguridad económica

La fragilidad europea se aprecia con claridad en la computación en la nube, la infraestructura que permite almacenar datos y ejecutar programas a distancia. Amazon, Microsoft, Google y otros grandes operadores estadounidenses concentran el 72% del mercado europeo, mientras que OVHcloud, el mayor proveedor europeo citado en los datos disponibles, no alcanza el 2%. Esa distancia no significa que Europa carezca de empresas capaces, pero sí revela una concentración de mercado muy pronunciada en servicios que usan administraciones, compañías y centros de investigación.

El debate se volvió más concreto tras el caso de Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. A comienzos de año perdió el acceso a su correo electrónico después de que Donald Trump ordenara a empresas estadounidenses cortar servicios al abogado británico, en represalia por la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Microsoft acató la instrucción, según la información publicada sobre el episodio. El caso hizo visible una posibilidad que suele permanecer en segundo plano: un servicio digital puede convertirse en instrumento de presión.

La preocupación no nace con Trump. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre la vigilancia masiva de Estados Unidos y las tensiones de suministro durante la pandemia ya habían mostrado los riesgos de depender de infraestructuras externas. La novedad es que el deterioro de la relación transatlántica ha unido esas alertas con una disputa comercial abierta. Para los gobiernos europeos, proteger la continuidad de los servicios y el control de los datos empieza a formar parte de la seguridad económica del continente.

Una reacción que llevaba años gestándose

La autonomía tecnológica europea no surgió como respuesta inmediata a una amenaza concreta. La Unión Europea lleva más de una década intentando reducir dependencias en sectores críticos, aunque el avance ha sido desigual y lento. La pandemia, la guerra en Ucrania y la rivalidad entre grandes potencias dieron argumentos adicionales a quienes defendían reforzar la producción y la infraestructura propias. El pulso con Washington aporta ahora un impulso político: lo que antes parecía una meta de largo plazo se presenta como una necesidad presente.

También ha cambiado el vocabulario. En vez de hablar solo de digitalización o innovación, las instituciones ponen el foco en competitividad, resiliencia y capacidad industrial. El Informe Draghi, que orienta el debate europeo sobre competitividad, plantea mejorar la infraestructura tecnológica y reducir dependencias. El diagnóstico es sencillo, aunque llevarlo a la práctica resulte mucho menos: investigar una tecnología no equivale a fabricarla, y diseñar un servicio no garantiza que Europa controle los centros de datos donde funciona. La soberanía se mide en capacidades operativas, no únicamente en declaraciones.

La presión exterior puede ordenar prioridades, pero también crea el riesgo de confundir velocidad con resultados. Una inversión anunciada tarda en convertirse en fábricas, servidores, empleo especializado o empresas capaces de competir. Además, los gobiernos deben decidir qué dependencias son realmente críticas y cuáles pueden gestionarse mediante proveedores diversos. El objetivo no es producir todo dentro de las fronteras europeas, sino evitar que un único actor tenga capacidad de interrumpir servicios esenciales: reducir vulnerabilidades no significa buscar la autarquía.

La inversión en inteligencia artificial y sus límites

Una de las señales más visibles del nuevo impulso es InvestAI, presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre de inteligencia artificial de París. La iniciativa pretende movilizar hasta 200.000 millones de euros para inversiones en IA. Esa cifra expresa una meta de financiación conjunta, no un cheque público único ya desembolsado: el plan descrito incluye un fondo de 20.000 millones para cuatro nuevas gigafactorías de inteligencia artificial, además de aportaciones privadas previstas.

Según el anuncio recogido en la información de referencia, empresas europeas aportarían 150.000 millones de euros y más de 60 compañías vinculadas a la Iniciativa Europea de Campeones de la IA sumarían otros 50.000 millones. La distinción importa porque las cifras de inversión movilizada suelen combinar capital público y privado, compromisos y proyectos que aún deben concretarse. Los 200.000 millones son una ambición de financiación; su efecto dependerá de cuánto capital llegue efectivamente a infraestructuras y empresas.

El plan busca estrechar la distancia con Estados Unidos y China, donde se concentran grandes compañías, centros de datos y capacidad de cálculo. Para entrenar y operar sistemas avanzados hacen falta chips especializados, energía y enormes instalaciones, además de investigadores y datos. Europa puede definir normas y atraer proyectos, pero sin recursos de computación suficientes corre el riesgo de depender de plataformas ajenas. Las gigafactorías pretenden abordar ese cuello de botella, aunque su construcción y funcionamiento requieren capital paciente y coordinación entre países.

El enfoque europeo también se presenta como una apuesta por la cooperación y el código abierto. Ese modelo puede facilitar que más actores inspeccionen, adapten y compartan herramientas, en lugar de concentrar el desarrollo en unas pocas compañías. Pero no elimina automáticamente las desigualdades de escala: un proyecto abierto también necesita financiación, equipos y acceso a potencia de cálculo. La oportunidad está en construir un ecosistema propio; la dificultad, en conseguir que los anuncios se conviertan en tecnología utilizada y competitiva.

EU Inc. y el coste de operar entre 27 mercados

La inversión tecnológica no depende solo de subvenciones o centros de datos. También influye la facilidad con que una empresa puede crecer desde su mercado de origen hacia el resto de la Unión. EU Inc., conocida asimismo como régimen 28, plantea un marco societario común y opcional para que una startup pueda operar en los países miembros sin afrontar desde el inicio 27 sistemas jurídicos distintos. La idea fue presentada por Von der Leyen en el Foro Económico Mundial de Davos como respuesta a la fragmentación del mercado europeo.

Para una compañía tecnológica, esa fragmentación puede traducirse en trámites, asesoramiento legal, diferencias regulatorias y demoras justo cuando necesita expandirse. En sectores como la inteligencia artificial o la ciberseguridad, el tamaño del mercado importa: las empresas necesitan clientes, capital y equipos para escalar con rapidez. Un régimen común podría reducir parte de esa fricción y facilitar la financiación paneuropea, pero no garantiza que aparezcan grandes compañías ni resuelve por sí solo las diferencias fiscales, laborales y administrativas entre países.

El proyecto aún debe demostrar que puede materializarse de una forma útil. Si el nuevo marco se llena de excepciones o no encaja con las normas nacionales, podría añadir otra capa burocrática en vez de simplificar la expansión. También deberá encontrar un equilibrio entre facilitar el crecimiento y preservar las protecciones existentes. La escala europea es una ventaja potencial, pero solo si las reglas comunes resultan claras y las empresas pueden utilizarlas en la práctica.

La nube y el software, la dependencia que ya se nota

Mientras los grandes planes de inteligencia artificial miran al futuro, algunas administraciones ya están cambiando herramientas cotidianas. En junio, Copenhague y Aarhus anunciaron que dejarían Microsoft Office para adoptar LibreOffice, una alternativa de código abierto. El Ministerio de Asuntos Digitales danés tomó una decisión similar y señaló la concentración de servicios públicos en pocos proveedores extranjeros como una fuente de vulnerabilidad. El contexto político añade relieve al anuncio: Trump ha amenazado reiteradamente con tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo vinculado a Dinamarca.

Otros movimientos apuntan en la misma dirección, aunque con objetivos distintos. El Parlamento neerlandés aprobó en marzo la creación de una nube digital soberana. Lyon y el estado alemán de Schleswig-Holstein anunciaron en junio que abandonarían Windows en favor de Linux; Schleswig-Holstein también prevé sustituir Azure por servicios de un proveedor europeo. Suiza, por su parte, obliga a hacer público el funcionamiento del software desarrollado por las autoridades. La soberanía se construye también con decisiones administrativas concretas, no solo con grandes programas comunitarios.

Estos cambios no implican que las alternativas estén listas para sustituir de inmediato todos los servicios existentes. Migrar sistemas exige compatibilidad, formación, mantenimiento y capacidad para garantizar que las operaciones continúen. El software libre permite examinar, modificar y distribuir su código, una característica que puede aumentar la transparencia y facilitar la interoperabilidad. Sin embargo, la etiqueta de código abierto no garantiza por sí misma que un sistema sea seguro, eficiente o fácil de mantener. La autonomía depende de quién puede sostener la tecnología, además de quién puede leer su código.

Qué significa realmente una nube soberana

La nube concentra una parte menos visible, pero decisiva, de la dependencia digital. Empresas y administraciones recurren a ella para guardar información, gestionar servicios y ejecutar programas sin tener que mantener toda la infraestructura física. El predominio de Amazon, Microsoft y Google hace que una interrupción, un cambio contractual o una disputa política pueda tener consecuencias en cadena. La soberanía digital busca reducir ese riesgo mediante más proveedores y mayor control sobre la ubicación, la gestión y el acceso a los datos.

Pero alojar información en servidores situados en Europa no resuelve automáticamente todas las cuestiones de jurisdicción y control. Importan también la empresa que administra la infraestructura, las leyes que pueden afectarla y la posibilidad de cambiar de proveedor sin perder datos o interrumpir servicios. Por eso, las grandes compañías estadounidenses han ofrecido productos de nube soberana dirigidos a clientes públicos, con mecanismos para aumentar el control local. La oferta responde a una demanda real, aunque la etiqueta comercial no equivale por sí sola a independencia.

El caso de Microsoft y las claves de recuperación de BitLocker, mencionado en la información de referencia, añade otra dimensión: los sistemas de cifrado y la gestión de claves pueden determinar quién accede a los datos cuando una autoridad los solicita. La cuestión no es afirmar que toda infraestructura estadounidense sea insegura, sino entender que la arquitectura jurídica y técnica condiciona el control efectivo. Para la Unión Europea, diversificar proveedores y diseñar sistemas interoperables puede reducir la exposición sin exigir una ruptura total con servicios globales.

El software libre gana terreno, pero desde una base pequeña

Los cambios de las administraciones coinciden con un aumento del uso de Linux en ordenadores de escritorio en Europa. Su cuota pasó del 3,1% en noviembre de 2024, cuando Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses, al 4,6% en el momento al que corresponden los datos citados, su registro más alto hasta entonces. El avance es apreciable, pero Linux continúa siendo una opción minoritaria. El crecimiento no equivale todavía a un vuelco del mercado, ni permite atribuir todo el cambio a un único factor político.

La preocupación por la dependencia sí parece haber ampliado el interés por proveedores europeos de nube y herramientas abiertas. El código disponible públicamente ofrece una ventaja de transparencia: expertos y organizaciones pueden inspeccionarlo, adaptarlo y compartirlo. También puede favorecer sistemas descentralizados y reducir la dependencia de licencias cerradas. Aun así, desarrollar y mantener software requiere comunidades activas, financiación y conocimientos técnicos; la apertura del código no elimina la necesidad de una estructura estable detrás del servicio.

La transición tampoco se limita a instituciones nacionales. En Catalunya, iniciativas impulsadas por organizaciones de derechos digitales han tratado de introducir software libre en escuelas y reducir la dependencia de servicios de Google. Son proyectos que muestran cómo la política tecnológica se concreta en herramientas que alumnos y funcionarios usan a diario. Su alcance depende de la continuidad, la asistencia técnica y la capacidad de integrarse con otros sistemas. La autonomía digital se vuelve tangible en el uso cotidiano, no solo en la propiedad de grandes infraestructuras.

El escudo comercial y la dificultad de responder unidos

La Unión Europea dispone de un Instrumento Anticoerción, concebido para responder a presiones económicas de países terceros que busquen forzar decisiones políticas. El mecanismo, que no se había utilizado según la información de referencia, funciona como una herramienta de disuasión y contempla la posibilidad de adoptar medidas frente a una coerción. Su presencia en el debate europeo refleja que la respuesta a las amenazas comerciales ya no se limita a la negociación diplomática. También forma parte de la discusión sobre poder económico.

La herramienta se había asociado sobre todo a escenarios de presión de grandes potencias, pero el deterioro de la relación con Estados Unidos ha llevado a plantear un supuesto políticamente incómodo: que un aliado tradicional pueda recurrir a medidas que la UE considere coercitivas. Las amenazas de aranceles vinculadas a la oposición europea a las pretensiones de Trump sobre Groenlandia refuerzan esa preocupación. Tener un instrumento no significa que Bruselas vaya a activarlo automáticamente; la disuasión depende de la credibilidad y la unidad.

Ahí aparece una dificultad estructural. Los países europeos no tienen la misma exposición comercial ni idénticos intereses industriales, por lo que una respuesta común puede generar desacuerdos internos. En tecnología, además, las cadenas de suministro cruzan fronteras y dependen de componentes y servicios globales. Una represalia mal calibrada podría perjudicar también a empresas europeas. La UE intenta combinar firmeza con proporcionalidad, pero el desafío es evitar que cada Estado negocie por su cuenta y debilite la posición colectiva.

Capital, empresas y talento: la prueba de la escala

El desarrollo tecnológico requiere algo más que buenas ideas: necesita financiación capaz de acompañar a una empresa desde sus primeros prototipos hasta la expansión internacional. Europa ha formado talento y generado proyectos, pero a muchas compañías les cuesta encontrar capital suficiente cuando deben crecer con rapidez. Si las rondas de inversión más grandes y los mercados principales están fuera, una empresa europea puede acabar trasladando parte de sus operaciones o su centro de decisión. Retener el valor creado es parte de la soberanía.

La actividad empresarial ofrece señales de dinamismo, aunque no resuelve por sí sola la brecha. Durante el primer semestre de 2025, doce empresas europeas alcanzaron el estatus de unicornio, es decir, una valoración privada de al menos 1.000 millones de dólares; ninguna era española, según los datos citados por uno de los análisis de referencia. El dato muestra que surgen compañías de gran valor en sectores como tecnología, defensa y finanzas digitales, pero no permite concluir que Europa ya disponga de un ecosistema comparable al estadounidense.

La financiación debe ir acompañada de talento y oportunidades profesionales. Si los especialistas encuentran proyectos de mayor escala en otros mercados, la inversión europea puede terminar sosteniendo empresas que no logran crecer desde el continente. A su vez, sin empresas grandes resulta más difícil retener perfiles cualificados. EU Inc. y los programas de inversión aspiran a reforzar ese circuito, pero su impacto dependerá de que haya demanda, capital estable y condiciones para desarrollar productos competitivos. La escala es el puente entre la innovación y la industria.

Los sectores que siguen marcando la agenda

Los semiconductores son una pieza central porque están presentes en teléfonos, vehículos, redes de comunicación y equipos industriales. Europa necesita reducir riesgos en un mercado donde la fabricación está repartida internacionalmente y levantar capacidad productiva exige inversiones elevadas y plazos largos. Aumentar la producción local puede proteger algunos eslabones, pero no elimina la dependencia de materiales, maquinaria y componentes procedentes de otros países. El objetivo realista es reforzar posiciones críticas y diversificar suministros, no fabricar cada elemento dentro de la Unión.

La nube y los centros de datos forman otra prioridad, tanto por el almacenamiento de información como por la capacidad de cálculo que requieren los sistemas de inteligencia artificial. Las telecomunicaciones y la ciberseguridad completan ese mapa: una red robusta y protegida permite sostener servicios públicos y actividad empresarial. Son inversiones menos visibles que una aplicación nueva, pero funcionan como las carreteras de una economía digital. Si fallan o dependen de un número muy reducido de operadores, la vulnerabilidad se propaga a otros sectores.

La energía añade una condición que a menudo queda fuera del debate tecnológico. Los centros de datos y las fábricas avanzadas necesitan un suministro constante, mientras que los costes y la disponibilidad energética influyen en dónde se instalan los proyectos. También hacen falta redes, personal y permisos. Por eso, atraer capital no basta si la infraestructura material no está preparada. La política industrial europea debe coordinar tecnología con energía y cadenas de suministro; de otro modo, parte de la inversión puede terminar en anuncios sin capacidad de producción.

El equilibrio entre competir y conservar las reglas europeas

Europa quiere acortar distancias sin abandonar su tradición de protección de la privacidad, la competencia y los derechos digitales. Esa ambición plantea un equilibrio delicado: una regulación clara puede dar confianza a usuarios y empresas, pero la fragmentación normativa y los trámites lentos pueden encarecer la expansión. El debate no se resuelve con la idea de que regular siempre frena la innovación o de que basta con aprobar nuevas normas. La cuestión es diseñar reglas compatibles con el crecimiento y aplicarlas con suficiente rapidez.

El riesgo contrario también merece atención. En nombre de la autonomía, los gobiernos podrían favorecer proyectos nacionales duplicados o proteger proveedores sin comprobar si ofrecen mejores resultados. Si cada país crea su propia infraestructura aislada, el mercado europeo perdería escala y aumentaría la complejidad. La soberanía útil se apoya en sistemas interoperables, competencia entre proveedores y capacidad de cambiar de servicio. No consiste en sustituir una dependencia única por otra de menor tamaño, sino en construir opciones reales y sostenibles.

La diversidad de prioridades entre los Estados miembros complica esa tarea. Francia y Alemania tienen un peso industrial considerable, mientras que otros países ponen el acento en seguridad, innovación o en distribuir la inversión fuera de los polos tradicionales. España puede beneficiarse de programas comunes y de proyectos de infraestructura, aunque parte de una posición en la que no controla grandes plataformas globales ni lidera la fabricación de chips. La oportunidad está en incorporarse a cadenas de valor europeas, no solo en atraer anuncios de inversión.

Del impulso político a una capacidad que perdure

La presión de Trump ha hecho más difícil tratar la dependencia digital como un problema lejano. El control concentrado de la nube, el ejemplo de una interrupción de servicios y las amenazas comerciales han conectado la política exterior con decisiones técnicas que afectan a gobiernos, empresas y ciudadanos. En paralelo, la UE ha presentado planes para movilizar capital en inteligencia artificial, facilitar la expansión de startups y mejorar las respuestas frente a la coerción económica. El cambio de prioridad es visible; la transformación material todavía está por comprobarse.

El indicador decisivo no será cuántas veces aparezca la palabra soberanía en los comunicados, sino si Europa consigue poner en marcha infraestructuras, sostener proveedores y permitir que las empresas escalen sin salir del mercado único. También contará la capacidad de mantener alternativas abiertas y seguras, sin confundir el origen europeo de un servicio con una garantía automática de independencia. La inversión tecnológica puede reducir la vulnerabilidad, pero exige continuidad, coordinación y resultados verificables.

El efecto político ya existe: las amenazas han reunido en una misma agenda cuestiones que antes avanzaban por separado, desde la nube y el software hasta la inteligencia artificial y la financiación empresarial. Sin embargo, una urgencia externa no sustituye una estrategia de largo recorrido. Si la presión disminuye y los proyectos se ralentizan, la dependencia seguirá donde estaba. Europa se juega algo más que una carrera tecnológica: su capacidad de decidir cómo funcionan las herramientas de las que depende su economía.