¿Por qué la jueza de la dana desmonta la versión de Vicente Mompó?

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana en Valencia ha dejado por escrito algo bastante más incómodo que una discrepancia de agenda: sostiene que existe “abundantísima prueba” que contradice la versión del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, sobre lo ocurrido en el Cecopi el día de la tragedia. La tesis de Mompó, según la cual en aquella reunión “solo se habló” de la presa de Forata, queda tocada por el auto dictado por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. No hundida por una frase vistosa, sino por llamadas, testimonios y piezas del sumario que apuntan a que también se conocía el riesgo en el barranco del Poyo y su entorno hidráulico.

La decisión judicial llega dentro de la investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y que mantiene como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Mompó declara como testigo, no como imputado. Conviene no mezclar planos, aunque la política adore la batidora. Pero su testimonio se ha convertido en una de las grietas más visibles del relato institucional de aquella tarde: qué se sabía, a qué hora se sabía y por qué el aviso a la población llegó cuando el agua ya había escrito buena parte del desastre.

La versión de Forata ya no basta

La presa de Forata fue, sin duda, una preocupación real durante la emergencia. Nadie serio debería convertir eso en caricatura. El problema es otro: que el foco exclusivo en Forata se ha usado, durante meses, como una especie de cortina técnica para explicar por qué el Cecopi no habría situado antes en el centro del tablero la amenaza del Poyo, la rambla que acabó arrastrando vidas, casas, coches y certezas administrativas. Según el auto, esa versión se deshilacha porque la causa contiene pruebas que apuntan a que el Cecopi recibió información sobre el desbordamiento del barranco de l’Horteta, afluente del Poyo.

Ahí está el nudo. La jueza no está discutiendo si Forata preocupaba. Lo que cuestiona es que Forata fuera lo único relevante, lo único hablado, lo único escuchado. Y esa diferencia, que parece de matiz, pesa toneladas en una investigación penal: no es lo mismo coordinar una emergencia creyendo que el peligro principal está en una presa que hacerlo teniendo ya señales de que los barrancos estaban fuera de control. En una tarde así, cada minuto no es un minuto. Es una puerta que se cierra.

Las llamadas que ensucian la memoria oficial

La declaración de Mompó del 30 de junio volvió sobre una cuestión esencial: si recibió avisos sobre la situación del barranco del Poyo. El presidente de la Diputación afirmó no recordar que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le hubiera advertido de la gravedad de la situación, ni que esa información se trasladara en el Cecopi. Folgado, por su parte, declaró que llamó a Mompó alrededor de las 18.00 horas para alertar de que el barranco estaba desbordado.

También aparece otra llamada incómoda, la de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, sobre las 17.00 horas, en la que habría informado de la extrema gravedad en el barranco del Poyo. Mompó sostuvo que no recordaba esa comunicación. Vaya. La memoria humana es imperfecta, sí; todos hemos perdido llaves, nombres y hasta una tarde entera en una sobremesa larga. Pero cuando una investigación judicial reconstruye una catástrofe con cientos de muertos, el “no recuerdo” deja de sonar a niebla y empieza a oler a problema.

El auto remarca que Mompó respondió a buena parte de las preguntas diciendo que no se acordaba o que no recordaba, y su última declaración estuvo marcada por una repetición insistente de fórmulas similares. No es una anécdota de estilo. Es material procesal. La jueza no necesita que un testigo haga literatura; necesita que ayude a ordenar los hechos. Y aquí, por ahora, lo que aparece es una amnesia testifical muy útil para quien quiere mantener la tarde metida en una caja opaca.

El careo que la jueza ha rechazado

El auto también deniega el careo entre Emilio Argüeso y la alcaldesa de Torrent, solicitado por la defensa del ex alto cargo. Un careo, en cristiano, es sentar a dos personas frente a frente cuando sus versiones chocan de manera directa y relevante. La magistrada considera que aquí ni siquiera se cumple ese presupuesto formal, porque Argüeso no mencionó en su declaración que hubiera mantenido aquella conversación con Folgado. Difícil carearse sobre una llamada que una parte ni reconoce como punto de partida.

La defensa de Argüeso había atacado la declaración de Amparo Folgado, pero la jueza no aprecia un móvil espurio en la alcaldesa de Torrent y subraya que su versión sobre el barranco de l’Horteta aparece respaldada por otros testimonios, entre ellos los del comandante de la UME Salvador Romo y el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez. También se citan declaraciones de familiares de víctimas. Es decir: no estamos ante una palabra suelta flotando en el aire, sino ante una cadena de indicios que la instructora considera coherente.

Por qué Torrent y Chiva pesan tanto en el sumario

Torrent y Chiva no son nombres decorativos en esta investigación. Son piezas del mapa de la riada, puntos desde los que habrían llegado señales de alarma cuando el Cecopi todavía estaba, al menos según algunas versiones oficiales, concentrado en Forata. La relevancia de esas llamadas no está solo en su existencia, sino en su contenido: alcaldes alertando de agua fuera de cauce, barrancos convertidos en cuchillos de barro y una administración que debía transformar esa información en decisiones de protección civil.

Por eso la discusión judicial no gira únicamente alrededor de una frase de Mompó. Gira alrededor de la trazabilidad de la emergencia: quién llamó, quién escuchó, quién trasladó el aviso, quién lo registró y quién tenía capacidad para activar una respuesta más contundente. En una catástrofe así, la cadena de mando no es un organigrama de pared. Es la diferencia entre un aviso que salva y una explicación que llega demasiado tarde.

El ES-Alert vuelve al centro del caso

Otro punto sensible es el aviso ES-Alert, el mensaje masivo a móviles que debía servir para advertir a la población. El auto recoge que algunos extremos relatados por Mompó sobre cuándo se habló del envío de esa alerta tampoco encajan con declaraciones de técnicos y responsables del sistema. La alerta, enviada finalmente a las 20.11 horas, lleva meses bajo lupa judicial por su tardanza y por el contenido del mensaje.

La cuestión no es burocrática, aunque suene a acrónimo frío, a consola de mando, a pantalla gris de administración pública. El ES-Alert era la voz institucional que debía entrar en los bolsillos de la gente cuando todavía había margen para subir a un piso alto, abandonar un garaje, no cruzar una rambla o no coger el coche. Si el Cecopi manejaba información sobre barrancos desbordados antes de lo admitido, el retraso del aviso cambia de color. Ya no es solo torpeza. Puede acercarse a la negligencia, que es una palabra mucho menos cómoda y bastante más penal.

Qué significa esto para Mompó y para la causa

Por ahora, el presidente de la Diputación de Valencia no está investigado en esta pieza. Su papel sigue siendo el de testigo. La jueza no le atribuye en este auto una responsabilidad penal directa, pero sí deja constancia de que su versión no resulta compatible con las pruebas acumuladas en el procedimiento. En términos judiciales, eso no es una condena. En términos políticos, tampoco es precisamente una palmadita en la espalda.

La investigación sigue mirando al corazón de la gestión autonómica de la emergencia, con Salomé Pradas y Emilio Argüeso como investigados principales, y con una pregunta que vuelve una y otra vez como agua contra una puerta: si las autoridades pudieron avisar antes y mejor a la población. La instrucción ha señalado en varios autos la responsabilidad de la Generalitat en la gestión y ha situado a Pradas como máxima autoridad en el Cecopi durante la dana.

El caso Mompó importa porque rompe la comodidad del relato lineal. No fue solo una tarde de lluvia extrema, ni solo una presa que inquietaba, ni solo una alerta que llegó tarde porque todo era confuso. La instrucción está dibujando algo más áspero: comunicaciones que existieron, advertencias que se habrían recibido, testimonios que se cruzan y dirigentes que, cuando llegan al juzgado, descubren de pronto que la memoria tiene goteras.

La riada también arrastra versiones

La frase de la jueza sobre la “abundantísima prueba” no cierra la causa, pero sí fija una frontera. A partir de ahora será más difícil sostener, sin despeinarse, que en el Cecopi solo se habló de Forata mientras el Poyo y sus afluentes eran apenas ruido de fondo. La instrucción avanza precisamente en dirección contraria: hacia la reconstrucción de una tarde en la que varias administraciones recibieron señales de alarma y el sistema público de protección reaccionó tarde, mal o con una lentitud impropia de la magnitud del peligro.

Lo que queda, más allá del barro político, es una escena incómoda: una sala de coordinación, una riada creciendo fuera, alcaldes llamando, técnicos declarando, víctimas que ya no pueden hablar y una jueza intentando separar la niebla de los hechos. La justicia no busca titulares, aunque a veces los produce. Busca secuencia, responsabilidad, causalidad. Y en esa secuencia, la versión de Mompó acaba de recibir un golpe serio. No definitivo. Serio.