¿Desgravar hipoteca otra vez? El guiño fiscal del Gobierno a Junts

El decreto de vivienda que prepara el Gobierno ya no gira solo alrededor del alquiler. El texto incorpora la desgravación de hipotecas de vivienda habitual, una de las exigencias que Junts había colocado sobre la mesa para abrir la puerta a su apoyo parlamentario. La jugada cambia el tablero: el Ejecutivo intenta salvar una norma que encalló en abril y, de paso, mete en el mismo paquete dos almas difíciles de casar, la protección del inquilino y el alivio fiscal para propietarios o compradores. Política española en estado puro: una llave catalana, una urgencia social y un decreto que llega con más equilibrios que una bandeja de copas.

El movimiento llega este jueves, en plena negociación entre PSOE, Sumar y los grupos que sostienen —o dejan caer— cada votación importante de la legislatura. El Gobierno busca aprobar el decreto de vivienda en julio y convalidarlo después en el Congreso, con la posibilidad de que el trámite acabe en agosto ante la Diputación Permanente. Junts niega que haya una negociación cerrada, Sumar habla de conversaciones a contrarreloj y Podemos amenaza con no respaldar el texto si interpreta que hay regalos fiscales a los caseros. El país real, mientras tanto, sigue mirando el portal inmobiliario de turno como quien mira un parte meteorológico antes de una tormenta.

El giro fiscal que Junts quería ver en el decreto

La novedad central es la recuperación, al menos en el planteamiento político del nuevo decreto, de una deducción ligada a la hipoteca de la vivienda habitual. No es un detalle menor ni una nota al pie tributaria. En España, la deducción estatal por inversión en vivienda habitual quedó suprimida desde 2013 para las nuevas compras, aunque quienes ya venían aplicándola antes de esa fecha pueden seguir haciéndolo si cumplen los requisitos. Ese viejo régimen fiscal, superviviente como una persiana antigua en un edificio reformado, es precisamente el fantasma que vuelve al debate.

Junts llevaba semanas reclamando deducciones por hipoteca, alquiler y ahorro para comprar vivienda, con una propuesta orientada a aliviar la carga fiscal de quienes pagan por su residencia habitual. La formación de Míriam Nogueras había defendido que, si el Gobierno quería su voto, debía asumir un enfoque menos basado en el control directo de precios y más cercano al incentivo tributario. Un clásico liberal con acento posconvergente: que el Estado cobre menos y deje respirar al contribuyente, aunque luego haya que discutir quién respira de verdad y quién solo hace caja.

Qué intenta aprobar el Gobierno con esta norma

El nuevo decreto busca recuperar parte del contenido que ya cayó en primavera. El eje sigue siendo la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y la limitación de las actualizaciones de renta. El texto anterior contemplaba alargar determinados contratos de vivienda habitual y limitar la subida anual en varios supuestos, especialmente cuando el arrendador fuese gran tenedor o cuando no hubiera acuerdo entre las partes. Aquel intento no superó el filtro parlamentario. Junts votó en contra junto a PP y Vox, y el Gobierno aprendió —tarde, pero aprendió— que en esta legislatura no basta con tener razón aritmética en una rueda de prensa. Hay que tener votos.

La intención es vestir el decreto con más piezas: fiscalidad, alquileres, vivienda asequible, regulación de determinados usos y fórmulas para atraer a socios distintos, casi incompatibles entre sí. PNV y Junts miran con más simpatía los incentivos y la seguridad jurídica; Sumar, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el Estado intervenga más en el mercado. No es una negociación, es una mesa camilla con cables cruzados debajo.

La hipoteca vuelve a la conversación pública

La desgravación hipotecaria tiene una carga simbólica potente. Durante años fue presentada como una ayuda a las familias que compraban casa; después, como una de las piezas que alimentaron la fiebre compradora y la cultura española del “mejor pagar una hipoteca que tirar el dinero en alquiler”. Su desaparición para nuevas operaciones marcó un cambio de época. Ahora, recuperarla en algún formato significa admitir que la crisis de acceso a la vivienda ya no afecta solo al inquilino precario, sino también a quienes quieren comprar y chocan contra precios altos, entradas imposibles y salarios que avanzan en patinete mientras el metro cuadrado va en AVE.

La cuestión fina estará en la letra pequeña: quién podrá deducir, desde cuándo, con qué límite, si afectará solo a nueva vivienda habitual, si incluirá intereses y amortización, si habrá umbrales de renta o si se aplicará de forma general. Sin esos detalles, la medida es todavía una silueta. Promete alivio fiscal, sí, pero una deducción mal calibrada puede terminar empujando precios si aumenta la capacidad de compra sin ampliar la oferta. La vieja trampa: poner una manta más en una cama demasiado pequeña.

El choque con Podemos y el riesgo de una pinza imposible

El problema del Gobierno no termina en Junts. Empieza otro en el flanco izquierdo. Podemos ha avisado de que no apoyará el decreto si incluye beneficios fiscales para propietarios, y ha planteado separar las medidas: por un lado, la prórroga de alquileres; por otro, las ayudas o deducciones fiscales. Ione Belarra ha sido explícita al rechazar los incentivos a caseros, mientras Sumar intenta defender que un decreto ley no es un programa electoral completo, sino una herramienta para evitar que miles de contratos queden expuestos a subidas o no renovaciones.

Ahí está el nudo político. Para atraer a Junts, el Gobierno necesita ofrecer rebajas fiscales. Para no perder a Podemos, debe evitar que esas rebajas parezcan un premio al propietario. Para no irritar a Sumar, tiene que mantener el alma social del decreto. Para no repetir el fiasco de abril, necesita que todos traguen algo. La palabra “transversal” suele sonar elegante en los comunicados; en el Congreso, a veces significa simplemente que nadie está del todo contento.

Alquileres, propietarios e inquilinos: quién puede notar el cambio

Para los inquilinos, el punto más tangible sería la prórroga extraordinaria de contratos y la contención de subidas, especialmente en un mercado donde encontrar piso se ha convertido en una oposición sin temario. Si el decreto replica el esquema anterior, algunos contratos próximos a vencer podrían mantenerse durante más tiempo y con una actualización limitada. Eso daría oxígeno, no una casa nueva. Oxígeno, que no es poco cuando el alquiler muerde cada mes como una factura con dientes.

Para quienes pagan hipoteca, la novedad estaría en una posible deducción en el IRPF por vivienda habitual. La medida podría rebajar la factura fiscal anual de quienes cumplan los requisitos que finalmente establezca el texto. Pero conviene no vender humo: hasta que el decreto esté aprobado por el Consejo de Ministros y publicado con su redacción exacta, no hay una cifra definitiva aplicable a cada contribuyente. Ahora mismo hay una dirección política clara, no una calculadora cerrada.

Para los propietarios, el decreto puede traer una mezcla de límites, incentivos y condiciones. El Gobierno intenta que la zanahoria fiscal acompañe al palo regulatorio. El sarcasmo se escribe solo: después de años prometiendo cirugía de precisión contra la especulación, la política vuelve al instrumento más español después del BOE, la deducción.

La vivienda habitual, ese concepto que lo decide todo

El término vivienda habitual será decisivo. No es una expresión decorativa. En fiscalidad, separa la casa donde se vive de otras propiedades, inversiones o usos residenciales. Cualquier ampliación nueva tendría que definir con cuidado qué operaciones entran, qué gastos son deducibles y cómo se evita convertir una ayuda residencial en gasolina para el mercado.

También queda por ver cómo encajará la deducción del alquiler, si finalmente entra en el texto. Junts la reclama junto a la hipoteca, pero el equilibrio fiscal se complica: ayudar al inquilino puede aliviar renta disponible; bonificar al propietario puede incentivar oferta, o simplemente mejorar márgenes si no se ata a bajadas o congelaciones. La diferencia no es ideológica, es casi doméstica: quién nota el dinero en el bolsillo a final de mes.

Agosto en el Congreso: el calendario también aprieta

El Gobierno quiere aprobar el decreto antes del parón estival. Si lo hace en julio, la convalidación deberá llegar en el plazo legal correspondiente, lo que abre la puerta a un pleno extraordinario o a una votación en agosto mediante la Diputación Permanente. La imagen tiene algo de tragicomedia institucional: España de vacaciones, el Congreso medio vacío y la vivienda, que no coge agosto, esperando una mayoría suficiente.

La aritmética es endiablada. Junts resulta imprescindible para muchas votaciones, pero Podemos también puede serlo. El PNV observa, ERC y Bildu presionan desde otro ángulo, y PP y Vox no parecen dispuestos a rescatar un decreto del Gobierno salvo giro monumental. La política de vivienda se ha convertido en el gran embudo de la legislatura: todos dicen tener una solución, pero casi todas chocan antes de llegar al grifo.

Una norma entre la urgencia social y la aritmética pura

El Gobierno ha movido ficha al incluir la desgravación hipotecaria que reclamaba Junts, pero todavía no tiene garantizada la partida. La medida puede convertirse en el puente hacia una mayoría o en la grieta que aleje a Podemos. El decreto nace así, entre dos presiones: la de una ciudadanía que necesita respuestas antes de que el alquiler o la hipoteca le devoren el sueldo, y la de un Congreso donde cada voto se negocia como si fuera el último billete de vuelta.

La vivienda vuelve a demostrar que no es solo una política pública. Es biografía. Es la habitación donde se estudia, la cocina donde se discute, el recibo que llega sin pedir permiso. Por eso el decreto importa más allá del ruido: porque detrás de la palabra deducción hay dinero real, detrás de la palabra prórroga hay familias que ganan tiempo, y detrás de cada cálculo parlamentario hay una pregunta incómoda que nadie logra domesticar del todo: cuánto país cabe en una nómina cuando la casa se ha puesto a precio de escaparate.