Delcy Rodríguez tiende la mano a EE.UU. a largo plazo

Delcy Rodríguez busca una relación estable con EE.UU. mientras Venezuela acelera su ley de minas, el oro y la apertura petrolera.

Delcy Rodríguez dejó este 10 de marzo una frase que, por sí sola, ya marca una nueva etapa en Venezuela: el país quiere construir con Estados Unidos una relación «a largo plazo». No fue una declaración suelta ni una cortesía diplomática. Llegó apenas unos días después del restablecimiento formal de los vínculos diplomáticos entre ambos países y el mismo día en que la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primer debate una nueva ley de minas pensada para atraer inversión. Dicho de forma más simple: Caracas ha decidido ligar la reapertura política con una reapertura económica muy concreta, centrada en petróleo, gas, oro, minerales estratégicos y seguridad jurídica para el capital extranjero.

La noticia de fondo no es solo que Venezuela y Estados Unidos vuelvan a hablarse oficialmente, sino el tipo de relación que empieza a dibujarse. Rodríguez explicó que ya existe una agenda de trabajo con Washington en energía, minería y combate al narcotráfico. Esa combinación no es casual. Señala que la nueva fase no gira alrededor de grandes discursos ideológicos, sino alrededor de sectores con dinero, influencia y capacidad de alterar el equilibrio regional. En paralelo, Washington ha ido moviendo piezas con rapidez: ha reabierto la interlocución con el Gobierno interino venezolano, ha autorizado determinadas operaciones sobre oro de origen venezolano, ha facilitado licencias para el sector energético y ha mandado a Caracas a dos altos cargos con peso económico real, Doug Burgum y Chris Wright, para hablar de recursos, inversión y producción.

La frase de Delcy llega con decisiones ya tomadas

El restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela se anunció el 5 de marzo, cerrando de forma simbólica una ruptura que venía desde 2019. La explicación oficial de Washington fue clara: la medida pretende favorecer una transición pacífica, apoyar la recuperación económica y abrir espacio a una futura salida política con elecciones. En Caracas, el mensaje fue parecido en la forma, aunque distinto en el matiz. El Gobierno interino defendió la nueva fase como un diálogo basado en respeto mutuo, igualdad soberana y cooperación. Luego, Delcy Rodríguez remató la idea hablando de una relación de largo recorrido. La palabra importante aquí no es solo “relación”; es “largo plazo”.

Ese matiz importa porque el acercamiento no nace en un contexto normal, sino después de un vuelco extraordinario. Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026 y, tras esa operación, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina. Su toma de posesión formal llegó el 5 de enero, con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como figura central del relevo institucional. Desde entonces, Washington ha optado por tratar con ese poder transitorio en vez de apostar por un vacío político o por una confrontación permanente. Ese dato explica casi todo lo que ha ocurrido después: licencias, visitas oficiales, reapertura diplomática, reforma petrolera y ahora empuje a la minería.

No es menor tampoco que el propio Donald Trump asegurara el 7 de marzo que esa misma semana había reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez al restablecer las relaciones entre ambos países. Esa afirmación convirtió en explícito lo que ya se intuía en los hechos. Estados Unidos no solo dialoga con Caracas: ha decidido legitimar, de hecho y de derecho político, al Ejecutivo interino como interlocutor válido. Para Venezuela, eso supone una palanca diplomática enorme. Para Washington, una forma de ordenar la transición sin renunciar a la presión.

Hay otro detalle que conviene no perder de vista. Delcy Rodríguez ya había defendido el 7 de marzo que la reanudación del vínculo con Estados Unidos se hacía “con amistad y con inteligencia”. Ahora ha dado un paso más. Ya no habla solo de reactivar la relación, sino de hacerla duradera. Eso indica que Caracas intenta salir del terreno de la excepción y entrar en el de la estabilidad, aunque sea una estabilidad todavía frágil, discutida y con muchas condiciones. El Gobierno interino quiere que la nueva relación deje de parecer una tregua táctica y empiece a parecer una arquitectura política y económica más estable.

La ley de minas que cambia el guion económico

La aprobación en primer debate de la nueva ley de minas el 10 de marzo no fue un movimiento accesorio. Fue una pieza central del nuevo tablero. El proyecto, presentado ante la Asamblea Nacional por el diputado Orlando Camacho, del movimiento Somos Venezuela, consta de 19 capítulos y 126 artículos. La justificación oficial es inequívoca: aumentar las garantías jurídicas, generar confianza y atraer inversión nacional e internacional. En un país donde la inseguridad regulatoria ha sido durante años una barrera casi tan potente como las sanciones, ese lenguaje no es decorativo. Es una invitación directa al capital extranjero.

Lo que se ha conocido del borrador va bastante más allá del envoltorio político. La reforma plantea derogar la normativa minera de 1999, abrir con más claridad el sector a empresas extranjeras y nacionales, permitir la explotación de oro, diamantes y tierras raras, ampliar las concesiones de 20 a 30 años y trasladar los posibles conflictos a arbitraje internacional. También introduce nuevos criterios fiscales para los proyectos mineros. La ley aún necesita un segundo debate para quedar definitivamente sancionada, pero el control que ejerce el oficialismo sobre la Asamblea hace pensar que el trámite no debería encontrar grandes obstáculos. La señal de apertura ya está enviada, incluso antes de la votación definitiva.

El recorrido de esta ley tampoco se entiende sin mirar lo que ocurrió antes en el petróleo. Delcy Rodríguez explicó hace unos días que quiere que los “modelos exitosos” de la reforma de hidrocarburos se reflejen también en el sector minero. Esa frase resume la lógica del nuevo ciclo. Primero se abrió la puerta del crudo y el gas; ahora se intenta hacer lo mismo con los minerales. No es una improvisación, es un patrón. El Gobierno interino ha elegido una secuencia: energía, minería, licencias, acuerdos y reconocimiento político.

La ley, además, entró en la Asamblea con polémica. Al menos una fuerza de oposición se abstuvo al denunciar que recibió el texto poco antes del inicio de la sesión y sin tiempo suficiente para revisarlo. Jorge Rodríguez rechazó ese reproche y respondió que todos los diputados habían recibido el borrador al mismo tiempo. Ese cruce revela algo importante: el poder quiere rapidez, casi urgencia, porque entiende que la ventana abierta por Washington puede cerrarse si el proceso se atasca. La velocidad legislativa se ha convertido en una forma de diplomacia.

La letra pequeña del oro venezolano que interesa a Washington

El giro minero ganó mucha más relevancia el 6 de marzo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, la conocida OFAC, emitió la General License 51, dedicada al oro de origen venezolano. La licencia autoriza determinadas transacciones que antes estaban prohibidas por el régimen de sanciones. Permite, en términos generales, que entidades estadounidenses ya establecidas puedan participar en operaciones vinculadas con la exportación, compra, venta, suministro, almacenamiento, transporte e importación de oro venezolano hacia Estados Unidos, además del refino en territorio estadounidense y su posterior reventa o exportación. Washington ha abierto la puerta al negocio del oro, sí, pero con una puerta estrecha y vigilada.

La licencia incluye condiciones muy concretas. Los contratos con el Gobierno de Venezuela, con Minerven o con empresas controladas por Minerven deben quedar sometidos a ley estadounidense y cualquier disputa debe resolverse en Estados Unidos. Los pagos que afecten a personas bloqueadas, salvo impuestos y tasas locales, deben canalizarse a través de un fondo de depósitos gubernamentales supervisado por Washington. Las compañías autorizadas, además, tienen que remitir informes detallados sobre la cadena de custodia del oro, las cantidades, los precios, las fechas y los pagos realizados al Estado venezolano. No se trata de una desregulación; se trata de una reapertura bajo tutela.

Todavía más relevante es lo que la licencia no permite. No autoriza la minería, la exploración, la producción ni el refino de oro dentro de Venezuela, ni la creación de nuevas empresas mixtas o sociedades en territorio venezolano para realizar esas actividades. También veta operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y bloquea negocios con empresas de Venezuela o de Estados Unidos que estén controladas directa o indirectamente por personas o entidades conectadas con China. Quedan fuera, además, los pagos en deuda compensada y cualquier uso de monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano, incluido el petro. Es decir: Estados Unidos quiere controlar el comercio del oro, pero a la vez quiere cortar la salida a actores rivales y conservar la última palabra sobre el circuito financiero y legal.

Esa letra pequeña ayuda a entender por qué la nueva ley de minas es tan importante para Caracas. Venezuela necesita vender una imagen de apertura, pero sabe que la apertura efectiva depende de normas compatibles con las condiciones impuestas desde Washington. La legislación venezolana se está moviendo, en parte, para encajar dentro de una arquitectura externa ya definida por las licencias estadounidenses. Y eso modifica la relación de fuerzas. Formalmente hay diálogo entre dos Estados; materialmente, quien marca gran parte del perímetro todavía es Estados Unidos.

Petróleo, gas y vuelos: la normalización ya tiene forma material

La minería no es un capítulo aislado. Forma parte de una operación más amplia de rediseño económico. La mejor prueba está en el sector energético, donde el Gobierno interino se movió antes y con más profundidad. A finales de enero, la Asamblea Nacional aprobó una amplia reforma de la ley de hidrocarburos que rebajó cargas fiscales, amplió el margen de decisión del ministerio y, sobre todo, dio mucha más autonomía a los operadores privados. El nuevo modelo permite que compañías extranjeras y locales puedan explotar campos mediante contratos más flexibles, comercializar producción y recibir ingresos de ventas incluso cuando son socios minoritarios de PDVSA. Ese cambio rompe con años de rigidez y devuelve atractivo a un sector que había quedado atrapado entre sanciones, control estatal e infraestructuras en ruinas.

Washington respondió con rapidez. Primero llegaron licencias para facilitar operaciones con petróleo venezolano y para autorizar la venta de diluyentes de origen estadounidense, esenciales en un país que necesita mezclar hidrocarburos ligeros con su crudo pesado para poder transportarlo y exportarlo. Después se amplió el marco para exploración y producción de petróleo y gas. El resultado práctico es que el sector energético venezolano, sin haber salido de la zona de sanciones, ha pasado a trabajar con una malla de permisos que le permite recuperar actividad. No es un levantamiento total de sanciones; es una administración selectiva del alivio.

Las cifras que se han conocido en las últimas semanas muestran hasta qué punto esa reapertura ya tiene efecto. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó en febrero que las ventas de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense ya habían superado los 1.000 millones de dólares desde la captura de Maduro y que podían aportar otros 5.000 millones en los meses siguientes. Buena parte de ese crudo, además, está siendo refinado en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Gobierno interino venezolano ha presentado esa nueva entrada de recursos como una vía para financiar servicios públicos, salarios y cierta estabilización interna. El petróleo, una vez más, vuelve a ser la llave maestra de la política venezolana.

La foto de esta semana añade otra pieza. Shell firmó el 5 de marzo varios acuerdos con el Gobierno venezolano para proyectos de gas y petróleo, incluidos desarrollos costa afuera y en tierra. El pacto despeja el camino para el proyecto gasista Dragon, largamente retrasado, con previsión de exportar su primer gas a Trinidad y Tobago en el tercer trimestre de 2027. Junto a Shell aparecen también acuerdos con la ingeniería venezolana VEPICA, con KBR y con Baker Hughes. Todo esto llegó justo después de la visita de Doug Burgum y semanas después del viaje de Chris Wright. No parece una suma de gestos dispersos; parece una hoja de ruta coordinada.

Hay un tercer indicio, menos vistoso pero muy revelador: los vuelos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó que American Airlines vuelva a operar desde Miami a Caracas y Maracaibo a través de su filial regional Envoy. Serán los primeros servicios de la compañía en Venezuela en más de seis años. El permiso tiene validez de dos años y ha exigido revisiones de seguridad aeroportuaria por parte de la TSA. La vuelta de las rutas aéreas es una señal clásica de normalización práctica. Cuando se reabre el cielo, es porque alguien cree que el suelo empieza a ser negociable. Aun así, la contradicción sigue ahí: el Departamento de Estado mantiene a Venezuela en la lista de “Do Not Travel” por razones de seguridad. La normalización existe, pero convive con una desconfianza evidente.

Qué gana Caracas y qué persigue Washington

Caracas busca varias cosas a la vez. Busca reconocimiento internacional, algo de liquidez, una mejora de su credibilidad regulatoria y un relato de gobierno que le permita presentarse como capaz de ordenar el país tras el derrumbe político de enero. También necesita inversión para reparar plantas, reactivar exportaciones, sostener empleo y convertir el alivio de sanciones en dinero real. En ese plano, la frase de Delcy Rodríguez sobre una relación a largo plazo no es solo diplomacia; es un mensaje a petroleras, traders, aseguradoras, navieras y fondos: “esta vez queremos que entren y se queden”. El problema, claro, es que el mercado no escucha declaraciones: escucha contratos, arbitraje, seguridad y pagos.

Washington, por su parte, persigue un objetivo doble. Uno es político: influir en una transición que, según la formulación oficial, debería desembocar en un gobierno elegido democráticamente. El otro es económico y geoestratégico: asegurar acceso a petróleo, gas, oro y minerales críticos en un momento en que la competencia con China se ha convertido en una obsesión central de la política industrial y exterior estadounidense. La visita de Doug Burgum, que además dirige el National Energy Dominance Council, no fue la de un diplomático clásico. Fue la de un responsable con mandato para mirar recursos, cadenas de suministro y producción. Eso dice mucho sobre el tipo de relación que Estados Unidos quiere construir con la Venezuela de 2026.

Por eso la nueva etapa venezolana no se puede leer solo en clave bilateral. También forma parte de una disputa global por los minerales estratégicos. Venezuela habla de oro, diamantes, coltán y tierras raras. Estados Unidos mira ese mapa con un interés evidente, aunque hay matices incómodos. Las reservas de tierras raras venezolanas no han sido confirmadas de forma concluyente por exploraciones completas, y varios especialistas han advertido de que documentos oficiales anteriores mezclaban términos como “reserva” y “recurso” con bastante ligereza. Hay potencial, sí. Hay mapa, sí. Pero entre el mapa y la mina rentable hay un trecho largo, caro y técnicamente exigente.

Washington, además, está dibujando un corredor económico en el que la apertura venezolana quede acotada por límites muy precisos. El ejemplo más evidente es el del oro: deja entrar el metal en Estados Unidos, admite contratos con empresas y con el Estado venezolano, exige informes de trazabilidad y, al mismo tiempo, expulsa del circuito a países aliados de la vieja red chavista y a estructuras conectadas con China. No es un comercio libre; es un comercio geopolitizado. En esa geometría, Venezuela gana acceso, pero no plena autonomía. Gana mercado, pero a cambio de aceptar un marco ajeno.

El gran obstáculo sigue siendo la confianza

Toda esta ingeniería legal y diplomática choca con un problema básico: la confianza en Venezuela sigue siendo escasa. El país arrastra deudas multimillonarias con conglomerados industriales y compañías del sector petrolero y minero tras las grandes nacionalizaciones de las dos últimas décadas. Entre los nombres que siguen pesando en la memoria inversora están Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining. El capital internacional no olvida rápido, y menos aún cuando se trata de minería, donde los proyectos son largos, caros y vulnerables a un cambio de poder o de norma. Una ley nueva puede abrir expectativas; no borra por sí sola el historial anterior.

Hay, además, una cuestión territorial delicadísima. La minería venezolana no depende solo de la ley, depende del control real sobre el territorio. Garantizar seguridad a las compañías en regiones donde han operado redes de extracción ilegal, economías informales y grupos armados es mucho más difícil que aprobar un texto en Caracas. Doug Burgum dijo la semana pasada que Delcy Rodríguez le había prometido seguridad para las empresas. Esa promesa será puesta a prueba muy pronto, porque el sector no necesita solo licencias: necesita carreteras, energía, vigilancia, tribunales y un Estado capaz de imponer reglas en zonas donde durante años las reglas han sido otras.

Tampoco hay que perder de vista el estado de las instalaciones. Pese a sus enormes recursos, Venezuela produce hoy solo una fracción de lo que podría producir en minería y metalurgia porque buena parte de sus plantas necesitan reparaciones profundas, ampliaciones e inversión tecnológica. Eso vale para el oro, para el hierro, para la bauxita y para otros minerales. Incluso quienes ven margen para una recuperación rápida en las exportaciones de oro admiten que el esfuerzo financiero para relanzar la minería puede ser, en algunos segmentos, mayor que el que exige el petróleo. La riqueza geológica existe; la capacidad industrial para convertirla en negocio sostenido, de momento, no.

España y la Unión Europea ante el nuevo tablero

España ya ha empezado a moverse en este nuevo escenario. El 20 de febrero, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió a la Unión Europea que levantara las sanciones contra Delcy Rodríguez tras la aprobación en Venezuela de una ley de amnistía para determinados presos. La idea era enviar la señal de que Caracas avanzaba en la dirección correcta. Pocos días después, la alta representante europea, Kaja Kallas, dijo que propondría al bloque retirar esas sanciones. No es un asunto menor para Madrid: Venezuela vuelve a convertirse en un expediente diplomático sensible para España por sus intereses empresariales, su peso histórico en la región y la dimensión política interna que siempre arrastra el tema venezolano.

La propia amnistía forma parte del contexto que explica el deshielo. En febrero, el Gobierno interino promulgó una norma que abrió la puerta a la liberación o retirada de restricciones a miles de personas, aunque el texto fue criticado por organizaciones de derechos humanos y por sectores opositores que lo consideran incompleto y selectivo. Aun así, el impacto político fue claro. Caracas empezó a enviar señales de flexibilidad en derechos y Washington respondió acelerando la normalización económica y diplomática. No parece casualidad. Parece intercambio.

Desde España, además, este cambio tiene un interés añadido. Si la apertura venezolana prospera, puede reordenar la presencia de empresas internacionales en sectores donde también hay experiencia europea y española, desde la energía hasta servicios asociados a infraestructuras, ingeniería, logística y finanzas. Pero el escenario sigue siendo movedizo. La reapertura con Estados Unidos ha ganado velocidad, sí, pero la posición europea todavía depende de decisiones políticas que no están completamente cerradas. Y la experiencia aconseja prudencia.

Un acercamiento rentable, pero todavía inestable

La combinación de diplomacia reabierta, ley de minas, licencias sobre oro, reforma petrolera, acuerdos energéticos y regreso parcial de vuelos dibuja una conclusión bastante clara: Venezuela ha entrado en una fase de apertura dirigida, diseñada para captar dinero, recuperar producción y estabilizar el poder interino de Delcy Rodríguez sin desmontar de golpe todo el edificio de control y sanciones que pesa sobre el país. Caracas intenta vender continuidad, Washington administra el acceso y las empresas observan si esta vez hay suelo firme debajo del anuncio.

La clave de los próximos meses estará en comprobar si ese nuevo marco se convierte en negocio estable o se queda en una sucesión de anuncios prometedores. La segunda votación de la ley de minas, la aplicación real de la licencia sobre el oro, la capacidad de ofrecer seguridad en zonas extractivas, la evolución de los acuerdos de Shell, el rendimiento del nuevo modelo petrolero y el pulso político ante unas eventuales elecciones marcarán el recorrido. También influirá el regreso anunciado de María Corina Machado, que pretende volver a Venezuela y empujar una nueva victoria electoral. El país se mueve a la vez en varios planos: apertura económica, transición política, competencia internacional y batalla por la legitimidad.

Por eso la frase de Delcy Rodríguez no debe leerse como una consigna amable ni como un gesto de cortesía. Cuando dice que Venezuela quiere construir con Estados Unidos relaciones a largo plazo, está describiendo un proyecto de poder y de negocio. Un proyecto que pasa por abrir sectores antes blindados, atraer capital bajo nuevas reglas y usar el entendimiento con Washington como palanca para reordenar el país. Queda por ver si esa apuesta logra consolidarse o si vuelve a chocar con los viejos fantasmas venezolanos: la desconfianza, la improvisación, el exceso de política, la fragilidad institucional. Ahora mismo, lo cierto es esto: la relación ha cambiado de verdad, y el cambio está entrando por las minas, por los puertos, por los contratos y por el petróleo.