¿Cuánto subirán los sueldos públicos en 2025 y hasta 2028?

El Gobierno negocia subidas a funcionarios con tramo fijo y variable; 19 de noviembre, fecha clave y se baraja retroactividad real para 2025.

El Gobierno ha abierto con los sindicatos un marco salarial plurianual 2026-2028 con dos componentes —parte fija y parte variable— para preservar el poder adquisitivo de los 3,5 millones de empleados públicos. No hay cifras cerradas todavía. El calendario inmediato sí está fijado: 11 de noviembre se aborda empleo y organización; 19 de noviembre el Ejecutivo presentará por fin una propuesta económica con los porcentajes del trienio y una subida “diferenciada” para 2025, año que sigue sin revalorización acordada. La aspiración oficial es que nadie pierda frente al IPC; la exigencia sindical es doble: subida inmediata en 2025 y efectos retroactivos desde el 1 de enero.

A día de hoy, lo que se sabe es concreto en la forma y abierto en el fondo. Habrá un tramo fijo anual (que consolida en tablas) y un tramo variable sujeto a condiciones medibles —históricamente ligadas a inflación (IPCA) y PIB—, similar al mecanismo del acuerdo 2022-2024. Para 2025, los sindicatos no aceptan un “año en blanco” y condicionan el clima social a que la propuesta del día 19 incluya cantidad, calendario de pago y retroactividad. Movilizaciones en reserva, por si el texto no llega o llega corto. Ése es el terreno de juego.

Lo decidido y lo que se negocia ahora

La Secretaría de Estado de Función Pública, que pilota Consuelo Sánchez, ha puesto sobre la mesa un esqueleto de acuerdo 2026-2028 que, más allá del salario, pretende ordenar recursos y organización: cobertura de vacantes, rejuvenecimiento de plantillas, teletrabajo con reglas claras y una gestión del talento menos rígida. La idea no es nueva, pero esta vez entra atada al bloque retributivo, lo que en la práctica aumenta la palanca para alcanzar un pacto global. Los sindicatos —UGT, CCOO y CSIF— han tomado nota: el foco es el porcentaje para 2025 y la fórmula para los tres ejercicios siguientes, fijo + variable con cláusulas de revisión que se activen si el IPCA real supera ciertos umbrales o si el PIB progresa por encima de lo previsto.

Hay mensajes cruzados, aunque convergentes en lo esencial. El Gobierno insiste en que el marco plurianual evitará pérdidas de poder de compra y dará previsibilidad a Estado, comunidades y ayuntamientos. Los sindicatos reconocen ese avance de método, pero no se mueven un milímetro en el corto plazo: 2025 debe subir ya y contar desde enero, con abono de atrasos en caso de aprobarse tarde. Ese será el primer titular real de la negociación. El segundo, cuánto se consolida en fijo cada año y qué gatillos activan el variable.

2025, el agujero que hay que cerrar

El año en curso es el punto más delicado. Los sueldos públicos siguen congelados a falta de acuerdo, y los sindicatos consideran que dejar 2025 en cero sería inaceptable tras el alza de precios acumulada desde 2022. Plantean una revalorización específica e inmediata, con la retroactividad como condición sine qua non para firmar. Sobre el papel, hay varias vías jurídicas y presupuestarias para hacerlo: resolución de ejecución retributiva, acuerdo de Consejo de Ministros, modificación de crédito si fuese necesario. No es un camino inédito. Ya se ha activado antes un añadido retroactivo cuando las cláusulas variables del acuerdo anterior se cumplieron con el IPC.

La clave política está en el 19 de noviembre. Ese día, el Ejecutivo ha prometido presentar números: cuánto propone para 2026, 2027 y 2028 en tramo fijo y qué condicionantes dispararán el tramo variable, junto a una cifra concreta para 2025. Si la cantidad y el calendario satisfacen lo esencial —retroactividad incluida—, el pacto podría encarrilarse con rapidez y pasar a la mesa general de negociación de todas las administraciones. Si se percibe un recorte frente a expectativas o un aplazamiento de pagos, volverán a la agenda paros, concentraciones y huelga. Menos ruido, más letra pequeña: eso quieren todos… salvo que no lleguen los números.

El espejo de 2022-2024: cómo funcionó y qué enseñó

El precedente inmediato ayuda a entender el debate actual. El acuerdo 2022-2024 fijó una subida mínima del 6,5% (suma de los tramos fijos: 2% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024) que podía llegar hasta el 9,5% con cláusulas variables —1,5% en 2022, 1% en 2023 y 0,5% en 2024— ligadas al IPC y al PIB. El diseño importó tanto como la cifra: una parte se consolidaba desde enero y otra quedaba condicionada a lo que hicieran los precios y la economía. Cuando los umbrales se cumplieron, se activaron pagos adicionales con efectos retroactivos. Ese automatismo acotado —no indexación plena, pero sí protección ante desvíos— fue el corazón del pacto y, por lo que se maneja hoy, lo será también del próximo.

¿Funcionó? Amortiguó el golpe de la inflación, aunque no todos quedaron satisfechos. CSIF sostiene que, incluso con los variables, hubo pérdida real frente al IPC en determinados tramos y años. UGT y CCOO defienden que el mecanismo evitó una erosión mayor y homogeneizó las subidas en todas las administraciones, con un final de ciclo que añadió el 0,5% condicionado a inflación. Hacienda valora la previsibilidad presupuestaria: sabe qué mínimo consolida y contempla contingencias si los precios se aceleran. Con matices, eso es lo que hoy vuelven a buscar.

De cara a 2026-2028, el debate técnico repetirá preguntas conocidas: ¿qué IPCA se toma de referencia —¿interanual de octubre? ¿media anual?—; ¿el PIB es real o nominal; ¿cuándo y cómo se abonan los complementos variables; ¿consolidan en tablas o computan como pagos no consolidables? La palabra mágica será “consolidación”: si el variable consolida, la ganancia no se pierde el año siguiente. Si no, actúa como colchón temporal. La experiencia de 2022-2024 inclina la balanza hacia una consolidación en cuanto se active la cláusula, pero habrá que ver la redacción final.

Impacto en nóminas: escenarios, atrasos y conceptos clave

En la práctica, un acuerdo con fijo + variable se traduce en dos momentos al año para la nómina: enero, cuando entra el tramo fijo consolidado, y un segundo hito —habitualmente en el último trimestre— si las cláusulas variables se cumplen y se reconoce el complemento con efecto “desde el 1 de enero”. Eso significa atrasos: un pago único que compensa los meses ya devengados. La experiencia reciente confirma que los atrasos llegan aunque el acto administrativo se publique avanzado el ejercicio.

Para aterrizarlo, sirven ejemplos orientativos —no oficiales— con un salario bruto de 30.000 euros anuales en 14 pagas. Si el tramo fijo fuera del 2%, serían 600 euros brutos de más al año; si se activara un variable del 0,5%, añadiría 150 euros. Total, 750 euros anuales, unos 53,5 euros por paga en prorrata. En un escenario de 2,5% + 1%, el incremento sería del 3,5%: 1.050 euros anuales. Con un 3% + 1%, 4%: 1.200 euros. No es una predicción; es una forma de entender la mecánica y poner cara a porcentajes que a veces suenan lejanos.

¿Cómo afecta a las pagas extra? La subida se aplica sobre los conceptos que forman la base reguladora de las extraordinarias (sueldo base, complemento de destino y, según administración, parte del específico), de modo que la revalorización también empuja esas pagas. ¿Y la antigüedad? Los trienios crecen en términos absolutos porque el sueldo base sube. ¿Complementos específicos? Dependen de la regulación de cada administración, pero en la Administración General del Estado y en buena parte de comunidades y entes locales suelen acompañar el movimiento general cuando se dicta la resolución de ejecución. Conviene leer la letra pequeña cuando se publique: hay matices por cuerpo, escala y territorio.

Atrasos de 2025, si finalmente se acuerda una subida con efectos desde enero, podrían abonarse en un pago único —típicamente en la nómina en la que se publique la medida— o prorratearse. No hay una regla única: cada administración ordena su pago con criterios de gestión y caja. En todo caso, el derecho al devengo nace con la fecha de efectos que fije el acuerdo o la norma, y ésa es la cifra que importa.

Pagas, IRPF y otros ajustes que aparecen después

Cuando se produce una subida retroactiva, el IRPF puede ajustarse en el mes del pago de atrasos, con un tipo efectivo que parece más alto por el efecto acumulado. No es un aumento del tipo; es aritmética. A partir del mes siguiente, el retención mensual se recalcula con la nueva base. Cotizaciones y bases reguladoras de prestaciones —maternidad, paternidad, incapacidad— también reciben el efecto de la revalorización. Y sí, esas décimas en cada concepto suman.

Calendario político y presupuestario: lo que condiciona los números

Todo pacto salarial nace en una mesa y muere en el BOE. Entre una cosa y la otra hay técnica presupuestaria. Para 2025, un acuerdo con retroactividad exigiría dotación en los capítulos de personal de cada administración. Si no hay Presupuestos nuevos aprobados a tiempo, existen mecanismos para habilitar crédito o modificar el existente. No paraliza la revalorización, pero sí puede mover fechas de abono. Para 2026, 2027 y 2028, el mejor encaje es que cada Presupuesto anual contemple el tramo fijo y reconozca el variable cuando se cumplan indicadores. Eso otorga certeza a contables y seguridad jurídica a las nóminas.

La disciplina fiscal europea y el crecimiento nominal previsto marcan el margen. Con una parte fija demasiado alta, el Presupuesto se tensiona si la economía flojea. Con una parte variable bien diseñada, el sistema respira: se activa sólo si la inflación o el PIB superan la referencia. Ése es el equilibrio de riesgos que Hacienda intenta dibujar, sabiendo que una promesa de no perder poder adquisitivo sólo se sostiene si el mecanismo es verificable y automático, y si la retroactividad se paga cuando toca.

Lo que piden los sindicatos y dónde está el margen real

En la orilla sindical, el mensaje es uniforme aunque con matices. UGT reclama una subida inmediata para 2025, retroactiva a 1 de enero y un trienio 2026-2028 que supere la inflación real para recuperar lo perdido en los peores años de precios altos. CCOO pone mucho acento en empleo neto —OEP suficiente, tasas de reposición que no ahoguen—, en jornada y teletrabajo, y en estabilidad para servicios esenciales. CSIF exige una protección más automática frente al IPC, con el derecho a la movilización como palanca si el día 19 no hay cifras y fechas convincentes.

¿Cuánto margen tiene el Gobierno? Depende de tres palancas: crecimiento, recaudación y prioridades de gasto. El tramo fijo es el coste cierto; el variable es el compromiso de activarlo si la economía y los precios se comportan de un modo determinado. En 2022-2024, ese compromiso se cumplió cuando tocó y llegó el pago extra con efectos desde enero. El patrón sugiere que veremos umbrales similares —no idénticos—, quizá con fechas de corte diferentes para medir el IPCA y con un lenguaje más explícito sobre consolidación. Esto es importante: reduce litigios y da seguridad a interventores y gestores de nóminas.

Más allá del sueldo: empleo, jornada y organización de la Administración

El 11 de noviembre arranca otra pata de la negociación: empleo. Son los números invisibles que sostienen los servicios públicos. Oferta de empleo público, tasa de reposición, procesos selectivos más ágiles y cobertura de vacantes en ámbitos con tensiones —sanidad, educación, justicia, servicios sociales—. En varias administraciones se habla de rejuvenecer plantillas —la edad media es alta— y de movilidad para cubrir zonas o servicios menos atractivos. Sin personas, las nóminas dicen poco; el ciudadano lo nota en ventanillas, quirófanos y aulas.

El capítulo de jornada —las 35 horas semanales— y el teletrabajo también ha ido y venido en las mesas. No es menor. Una política de teletrabajo clara impacta en la atracción y retención de personal cualificado y en la productividad; y exige inversión en equipos, seguridad y formación. La Administración del tópico —lenta, rígida— se sostiene mal con las competencias digitales que se piden hoy. De ahí que la Secretaría de Estado hable de una Administración más participativa, personalizada y preparada para la doble transición digital y verde. Ambicioso. Pero para que ocurra, lo retributivo y lo organizativo necesitan ir de la mano.

Lo que puede pasar el 19 de noviembre y después

Si el 19 de noviembre llega una propuesta económica clara, el guion razonable sería tres pasos rápidos: validación en la mesa general, aprobación gubernamental del acuerdo marco y de la subida 2025, y publicación oficial con entrada en nómina y, si procede, atrasos. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con sus particularidades, replicarían la ejecución en su ámbito. Las cifras concretas dirán si el texto encaja con las capas de la plantilla —no es lo mismo un A1 que un C2— y si el variable protege de verdad ante repuntes de inflación.

Si el día 19 se queda en generalidades, el clima se enturbiará. Los sindicatos tienen capacidad para movilizar y un diciembre corto que multiplica el impacto de cualquier paro. La Administración, por su parte, necesita previsibilidad para cerrar año y abrir 2026 con las nóminas ordenadas. Cuando ambas partes ven coste en no acordar, suelen llegar acuerdos. Pero no siempre se pacta a la primera. El margen llega hasta donde llega la caja y el tablero político.

Una guía rápida del mecanismo que se perfila

Hay conceptos que van a acompañar cada párrafo de aquí a fin de mes y conviene tenerlos claros. Parte fija: porcentaje que consolida desde enero de cada año. Parte variable: complemento que se activa si se cumplen indicadores —normalmente, IPCA por encima de un umbral o PIB por encima de una cota— y que, si consolida, eleva las tablas de forma permanente. Retroactividad: derecho a cobrar lo devengado desde la fecha de efectos si el reconocimiento llega más tarde. Atención también a la fecha de corte del indicador: qué mes se usa para medir y cuándo se calcula.

Un pacto bien escrito no sólo dice cuánto; también cuándo y cómo. Define umbral, fuente del dato (IPCA armonizado, PIB nominal de Contabilidad Nacional), plazos de verificación y forma de abono. Evita litigios y retrasos. Y, sobre todo, hace que el salario del empleado público no dependa de discusiones coyunturales cada otoño, sino de reglas. Reglas comprensibles, conviene añadir.

Lo que conviene seguir de cerca en las próximas semanas

Dos fechas están marcadas: 11 de noviembre (empleo) y 19 de noviembre (porcentajes y 2025). Si en esa última cita aparece un 2% o 2,5% fijo y un 0,5% o 1% variable con umbral claro de inflación y efectos retroactivos en 2025, el acuerdo tomará cuerpo. Si el fijo se queda por debajo o el variable es difuso —o no consolida—, el conflicto rebrotará. Lo que se escribe en una línea —“no perder poder adquisitivo”— se juega en la matemática de los umbrales y en la fechas de pago.

Entre tanto, las nóminas de fin de año seguirán igual hasta que el acuerdo se formalice. Si hay retroactividad de 2025, llegará el pago con los atrasos correspondientes —en un único ingreso o prorrateado—. Después, el trienio 2026-2028 marcará un ritmo más previsible: fijo en enero y variable si se disparan los gatillos. Ésa es la música que ya suena en los pasillos de Función Pública.

Lo esencial, contado sin rodeos

La ecuación está bastante clara, aunque falten cifras. 2025 no puede quedar en blanco: habrá una propuesta específica con efectos desde enero si las partes quieren un acuerdo estable. 2026-2028 tendrá fijo + variable para blindar poder adquisitivo con un sistema medible y reproducible. Los sindicatos empujan por retroactividad y por umbrales que protejan de verdad frente a la inflación; Hacienda busca consistencia fiscal y previsibilidad. De lo fino de esa redacción dependerá que el mecanismo funcione sin sobresaltos.

No hay dramatismo: hay negociación con fechas y un precedente útil. Lo que rompa la inercia será el número que aparezca el 19 de noviembre y la claridad de las cláusulas variables. Si eso cuadra, el resto vendrá solo: mesa general, acuerdo, norma, nóminas. Si no, diciembre volverá a escuchar palabras grandes —huelga, movilizaciones— y la discusión se alargará. La historia de los salarios públicos enseña que los acuerdos llegan tarde algunas veces, pero llegan. Lo sensato es que esta vez también lleguen a tiempo. Y que lo hagan con reglas que se entiendan: un fijo que asegure el suelo y un variable que cubra el techo cuando los precios aprietan. Porque eso es, exactamente, lo que está en juego.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, BOE, El País, La Vanguardia, Ministerio de Hacienda, La Moncloa, elDiario.es.