La política celebra la paz: ¿cuánto costó a España la guerra en Irán?

La política europea celebra la paz en Irán con comunicados solemnes, fotografías diplomáticas y ese vocabulario de terciopelo que reaparece cuando dejan de caer misiles. El alivio está justificado. Sin embargo, la guerra ha dejado una factura energética y económica que no desaparece al firmar un acuerdo ni se borra con un apretón de manos. España ha tenido que movilizar miles de millones para contener el precio de la electricidad y los combustibles, mientras la Unión Europea ha pagado mucho más por importar petróleo y gas.

La cuenta española más visible ronda los 5.000 millones de euros en medidas públicas destinadas a amortiguar el golpe sobre hogares y empresas. A esa cifra hay que añadir la pérdida de crecimiento económico, el encarecimiento del transporte, la inflación acumulada y unos tipos de interés que tardarán más en bajar. En Europa, solo el sobrecoste de las importaciones de combustibles fósiles había alcanzado unos 27.000 millones de euros durante las primeras fases del conflicto. Y eso era apenas el primer subtotal.

La guerra en Irán no ha dejado una factura única, ordenada y con IVA al pie. Su coste se reparte entre los presupuestos públicos, las cuentas empresariales y los bolsillos privados. Una parte aparece en la gasolinera; otra, en la hipoteca. También en el billete de avión, en una bolsa de tomates o en el margen menguante de un transportista. Las guerras lejanas poseen ese talento desagradable: entran en casa sin llamar.

La paz frena el daño, pero no devuelve el dinero

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha provocado una caída inmediata del precio del petróleo Brent y ha rebajado la tensión en los mercados internacionales. Los inversores descuentan que el estrecho de Ormuz recuperará progresivamente su tráfico, que volverán los cargamentos retenidos y que las exportaciones iraníes dejarán de estar bajo amenaza permanente. El mercado respira. Otra cosa es que haya olvidado.

La palabra decisiva es progresivamente. Una paz política puede anunciarse en minutos, pero normalizar el comercio energético exige bastante más. Los petroleros necesitan seguros, permisos, tripulaciones dispuestas a atravesar la zona y garantías militares creíbles. Las terminales dañadas no se reconstruyen con discursos y las reservas estratégicas utilizadas durante la crisis deben reponerse.

El cierre casi total del estrecho de Ormuz llegó a retirar del mercado mundial alrededor de 12 millones de barriles diarios, incluso después de desviar cargamentos y emplear oleoductos alternativos. El paso marítimo concentra una parte sustancial del comercio internacional de crudo y gas natural licuado. Cuando se bloquea, el planeta energético se estrecha como una tubería oxidada.

España no dependía directamente de Irán para mantener encendidas sus refinerías, pero el petróleo tiene un precio global. Si desaparecen millones de barriles del mercado, también se encarece el crudo estadounidense, brasileño o nigeriano. Cambiar de proveedor evita el desabastecimiento; no impide pagar más.

Con el gas ocurre algo parecido. Europa ha reducido su dependencia de Rusia y se abastece mediante cargamentos procedentes de Estados Unidos, Argelia, Nigeria y otros productores. Esa diversificación ofrece seguridad, aunque obliga a competir con Asia por el mismo gas natural licuado. Si Japón o Corea del Sur pagan más por un barco, el precio europeo debe acercarse a esa oferta. La geografía cambia; la factura sigue viajando.

España movilizó 5.000 millones para contener el golpe

El Gobierno español activó un paquete valorado en 5.000 millones de euros para proteger a unos 20 millones de hogares y tres millones de empresas. Las medidas incluyeron la rebaja del IVA de la electricidad, la reducción del impuesto especial eléctrico, la suspensión temporal del impuesto sobre la producción eléctrica y distintos alivios fiscales sobre los combustibles.

No todo ese dinero corresponde a transferencias directas. Una parte son menores ingresos fiscales, otra consiste en ayudas, avales o financiación y otra quizá no llegue a ejecutarse por completo. Aun así, la cifra permite medir el tamaño de la respuesta pública. Repartida de manera puramente matemática, equivaldría a unos 101 euros por habitante o cerca de 253 euros por hogar.

Ese cálculo no significa que cada familia haya recibido 253 euros en su cuenta bancaria. El beneficio depende del consumo eléctrico, del vehículo utilizado, del contrato energético y de la situación laboral. Un transportista autónomo con una furgoneta diésel ha soportado una presión muy distinta a la de un jubilado sin coche y con una tarifa eléctrica estable. La media estadística es útil, aunque a veces tenga la textura de una sopa demasiado aguada.

La rebaja del IVA de la electricidad y de otros impuestos ha suavizado el recibo, pero no ha eliminado el coste. Cuando el Estado recauda menos, dispone de menos recursos para sanidad, educación, infraestructuras o políticas sociales, salvo que aumente el déficit público. El consumidor paga menos de forma inmediata y una parte de la factura se desplaza hacia el presupuesto general.

La política suele presentar estas ayudas públicas como un escudo gratuito. No lo son. Funcionan como una manta en una noche fría: protegen, claro, pero alguien tuvo que comprarla. La guerra ha obligado a utilizar recursos que podrían haberse destinado a otras prioridades y ha reducido el margen disponible ante futuras crisis.

El crecimiento perdido también cuesta dinero

El Banco de España rebajó la previsión de crecimiento para 2026 hasta el 2,3%, frente al 2,4% que habría calculado sin el impacto del conflicto. Una décima del PIB español representa aproximadamente 1.700 millones de euros de producción. No es dinero que salga físicamente de una caja, sino actividad que no llega a generarse: contratos que se retrasan, inversiones que se aplazan, consumo que se enfría.

Para 2027, la distancia entre el escenario previo y el posterior a la guerra era mayor. La previsión apuntaba a un crecimiento del 1,7%, frente al 2% estimado sin el choque. Esas tres décimas pueden equivaler a unos 5.000 millones de euros de actividad económica.

Al combinar ambos ejercicios aparece un orden de magnitud cercano a 6.500 o 7.000 millones de crecimiento potencial perdido. BBVA Research planteó incluso que el aumento del petróleo y el gas podía restar dos décimas al avance económico español en un solo año, alrededor de 3.400 millones.

Estas cantidades no deben sumarse mecánicamente a los 5.000 millones del paquete público. Parte de las ayudas existe precisamente para evitar una caída mayor del consumo y de la producción. Mezclar todos los cálculos produciría una cifra llamativa, pero duplicaría algunos efectos. El coste de la guerra no se parece a la factura de un fontanero: contiene escenarios, previsiones y daños indirectos.

Lo razonable es hablar de varios miles de millones para España, sin fingir una precisión imposible. El dinero público movilizado está documentado; la producción perdida se estima; el impacto sobre cada familia depende de su forma de vida. La economía rara vez ofrece números redondos cuando más los desea un titular.

Europa pagó al menos 27.000 millones más por la energía

La Unión Europea había acumulado alrededor de 27.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles desde el comienzo del conflicto hasta los primeros días de mayo. Es dinero pagado fuera del bloque comunitario para adquirir una cantidad similar de energía a un precio mucho más alto.

Esos 27.000 millones no financiaron nuevas carreteras, fábricas, hospitales o redes eléctricas dentro de Europa. Salieron hacia los productores de crudo y gas. Una transferencia silenciosa de riqueza, sin cinta inaugural ni ministro posando frente a una excavadora.

La factura energética europea continuó aumentando después, aunque la paz y el descenso del precio del crudo pueden limitar el daño. Durante la fase más tensa, el precio medio del gas europeo subió alrededor de 10 euros por megavatio hora, cerca de un 31%, y el coste conjunto de las importaciones gasistas aumentó aproximadamente un 48%.

La Comisión Europea redujo su previsión de crecimiento para la Unión Europea desde el 1,4% hasta el 1,1% y elevó la inflación esperada. La guerra no explica por sí sola toda la revisión: también pesan los aranceles, la debilidad industrial y la incertidumbre comercial. Pero el encarecimiento energético ha sido el ladrillo más pesado de ese muro.

Tres décimas de crecimiento sobre una economía de unos 18 billones de euros representan un volumen cercano a 55.000 millones de euros de producción anual. No puede afirmarse que esa suma corresponda íntegramente al conflicto iraní, pero sirve para comprender la escala. Cuando Europa crece un poco menos, la diferencia parece pequeña en porcentaje y gigantesca al convertirla en dinero.

Alemania, Francia e Italia sufren especialmente el aumento del gas por el peso de su industria. España está algo más protegida gracias a sus terminales de regasificación, su capacidad renovable y una menor dependencia del gas ruso. Aun así, vende bienes y servicios al resto de Europa. Si sus principales clientes pierden fuerza, las exportaciones españolas también lo notan.

Del barril de petróleo a la cesta de la compra

El petróleo no termina su recorrido en la gasolinera. Alimenta tractores, barcos pesqueros, camiones frigoríficos, aviones, excavadoras y furgonetas de reparto. También interviene en la fabricación de plásticos, pinturas, tejidos sintéticos y numerosos productos químicos. Cuando sube el precio del crudo, el aumento se extiende por la economía como una mancha de aceite. En este caso, la comparación casi se escribe sola.

El campo soporta el golpe a través del combustible, el riego y los fertilizantes. El gas es una materia prima esencial para producir fertilizantes nitrogenados. Si se encarece, aumenta el coste de cultivar cereales, frutas y hortalizas. El agricultor puede reducir su margen durante un tiempo, pero no eternamente. Antes o después intenta trasladar parte de la subida al distribuidor.

El transporte de mercancías añade otra capa. Durante los peores momentos del conflicto, el transporte marítimo mundial afrontó un sobrecoste estimado de cientos de millones de euros diarios en combustible. A ello se sumaron los seguros, los desvíos y el tiempo adicional de navegación. Un barco que tarda más consume más y mantiene inmovilizada su carga.

El consumidor apenas percibe unos céntimos adicionales en cada producto. El efecto parece pequeño hasta que se repite en la leche, el pan, la fruta, los muebles, la ropa y los electrodomésticos. Así trabaja la inflación: no siempre entra derribando la puerta; muchas veces se desliza por debajo, moneda a moneda.

La inflación española se mantuvo por encima del 3%, mientras la inflación subyacente —la que excluye energía y alimentos frescos— también mostró resistencia. Eso revela que el encarecimiento había comenzado a filtrarse hacia los servicios y los productos industriales. El problema dejaba de ser exclusivamente energético.

Para un hogar que gaste 25.000 euros al año, una inflación del 3,2% equivale a unos 800 euros adicionales, siempre que su consumo se parezca a la cesta media. No toda esa subida procede de la guerra en Irán, pero la energía cara ha contribuido de forma clara. El bolsillo no distingue entre causas; solo nota que el dinero dura menos.

CaixaBank Research estimó que un petróleo situado alrededor de 85 dólares y un gas cercano a 55 euros por megavatio hora podían añadir hasta un punto a la inflación española. Las rebajas fiscales eliminarían aproximadamente cuatro décimas de ese impacto. El escudo funciona, aunque deja huecos.

Los tipos de interés prolongan la factura

El Banco Central Europeo elevó el precio del dinero para impedir que la inflación energética contaminara durante demasiado tiempo los salarios y los servicios. Esa decisión afecta a las hipotecas variables, a los préstamos empresariales y a la financiación de automóviles o viviendas.

El euríbor no reproduce de forma automática cada movimiento del banco central, pero responde a sus expectativas. Cuando los tipos de interés permanecen altos más tiempo del previsto, las cuotas hipotecarias tardan en bajar y las empresas encuentran menos atractivo pedir dinero para invertir.

Una familia con hipoteca variable puede no relacionar el recibo bancario con el estrecho de Ormuz, aunque exista una cadena económica bastante directa: guerra, petróleo, inflación, Banco Central Europeo, tipos y cuota mensual. La geopolítica termina sentada a la mesa del comedor, discreta pero puntual.

Las empresas también aplazan maquinaria, ampliaciones o nuevas contrataciones cuando financiarse resulta más caro. Es otro componente del crecimiento perdido. No aparece en la factura del gas ni en el precio de la gasolina, pero reduce la capacidad productiva y frena el empleo.

España resistió mejor en electricidad y peor en diésel

España llegó a la crisis con una ventaja significativa: la expansión de la energía renovable había reducido la presencia del gas en la formación del precio eléctrico. La generación renovable permite que las centrales de ciclo combinado funcionen durante menos horas y limita el contagio del mercado gasista.

El gas llegó a fijar el precio de la electricidad española en una proporción mucho menor que durante la crisis energética de 2021. Italia y Alemania mantenían una exposición superior. Esa diferencia explica por qué el recibo eléctrico español resistió mejor de lo que habría ocurrido unos años antes.

La protección no fue absoluta. España importa prácticamente todo el petróleo que consume y conserva una dependencia exterior elevada. Antes del conflicto, más del 10% de sus compras de crudo procedían del golfo Pérsico, principalmente de Arabia Saudí e Irak. Cuando esas rutas se complicaron, las refinerías españolas acudieron a otros proveedores.

La diversificación evitó una escasez grave. Estados Unidos, África y América Latina ofrecieron alternativas, pero a precios internacionales más altos. Las refinerías españolas podían cambiar de vendedor; no podían negociar al margen del mercado mundial.

El impacto más visible apareció en el diésel. Antes de la escalada militar, gasolina y gasóleo rondaban 1,40 euros por litro. El gasóleo llegó a acercarse a 1,90 euros, lo que encareció en unos 24 euros el llenado de un depósito de 50 litros. La gasolina también subió con fuerza, aunque algo menos.

El diésel pesa especialmente en el transporte profesional, la agricultura y la distribución. Cuando aumenta, no solo pagan más los conductores particulares. También se encarece trasladar mercancías desde una fábrica hasta un almacén y desde ese almacén hasta una tienda.

La caída posterior del petróleo y las rebajas fiscales han devuelto parte de ese incremento, pero los precios siguen por encima de los niveles previos a la guerra. Existe, además, un riesgo evidente: cuando terminen las ayudas fiscales, el surtidor puede volver a subir aunque el barril permanezca estable.

En la electricidad, en cambio, la capacidad solar y eólica actuó como un amortiguador. La guerra ha dejado una enseñanza poco espectacular, pero concreta: la soberanía energética no siempre lleva uniforme ni aparece detrás de una bandera. A veces tiene forma de panel solar sobre un tejado y gira lentamente como una pala eólica.

Aviones, turismo y comercio: el daño menos visible

El combustible de aviación llegó a duplicar su precio durante las primeras semanas del conflicto. El coste energético de los vuelos europeos aumentó de forma notable, sobre todo en las rutas de largo recorrido. Las aerolíneas utilizan coberturas financieras para comprar combustible por adelantado, pero esas protecciones tienen fecha de caducidad.

IATA redujo con fuerza su previsión de beneficios para las aerolíneas internacionales. Las compañías pueden absorber una parte del aumento, reducir rutas, ajustar frecuencias o trasladar el coste al billete. Normalmente combinan las cuatro cosas, con esa creatividad sobria que aparece cuando los márgenes empiezan a oler a queroseno.

España, como gran potencia turística, queda expuesta por dos lados. Los vuelos más caros pueden desanimar a los visitantes procedentes de América o Asia y encarecer las vacaciones de los propios españoles. Al mismo tiempo, la inestabilidad en Oriente Próximo puede desviar viajeros hacia destinos mediterráneos percibidos como más seguros.

El saldo final dependerá de la duración del encarecimiento, del comportamiento de las aerolíneas y del poder adquisitivo de los turistas europeos. Un verano fuerte no demuestra que la guerra carezca de coste. Puede significar simplemente que otros factores han compensado una parte del daño.

La exposición comercial directa de España a Oriente Próximo es limitada, alrededor del 0,7% del PIB. El principal peligro no reside en dejar de vender productos a Irán, sino en que Alemania, Francia, Italia y otros socios reduzcan sus compras por culpa de una economía más débil.

Europa es el gran mercado de las empresas españolas. Si el continente paga más por la energía, produce menos y consume menos, España recibe el golpe por la vía de las exportaciones. De nuevo, la guerra viaja sin pasaporte.

La paz evita otra factura, pero no borra la anterior

El acuerdo puede impedir que el coste siga creciendo. Esa es la consecuencia económica más importante. Si el estrecho de Ormuz recupera su tráfico habitual, vuelven las exportaciones iraníes y no se repiten los ataques, el precio del crudo puede alejarse de sus máximos y la inflación perderá fuerza.

Una energía más barata también facilitaría futuras bajadas de tipos, reduciría la presión sobre los presupuestos públicos y devolvería margen a los hogares. La paz tiene un dividendo económico claro, aunque llegue después de que la factura haya pasado por caja.

La normalización no será inmediata. Parte de las infraestructuras energéticas necesita reparaciones, las reservas estratégicas deben reponerse y los operadores marítimos exigirán seguridad antes de regresar con normalidad. Los precios pueden bajar rápidamente en los mercados y tardar bastante más en hacerlo en las gasolineras o en los contratos empresariales.

Para España, el balance combina los 5.000 millones movilizados por el Gobierno, varios miles de millones de crecimiento potencial perdido y un encarecimiento repartido entre combustible, alimentación, transporte, viajes y financiación. Para Europa, los 27.000 millones adicionales en importaciones fósiles forman únicamente la primera cifra tangible de una cuenta mucho mayor.

No existe una cantidad definitiva porque algunos efectos se solapan y otros seguirán apareciendo durante meses. La estimación prudente es también la menos cómoda: España ha soportado un coste de varios miles de millones y Europa uno de varias decenas de miles de millones, sin incluir los daños humanos y materiales sufridos en la región.

La política celebra la paz, y hace bien. Lo que no puede hacer es confundir el silencio de las armas con una devolución del dinero. Los depósitos se vaciaron, las importaciones se encarecieron, las hipotecas mantuvieron su presión y los presupuestos públicos asumieron el golpe. La guerra termina en los comunicados antes que en la economía. En los bolsillos, suele quedarse un rato más.