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Economía

¿Por qué la red eléctrica costará otros 615 millones tras el apagón?

Red Eléctrica afronta 615 millones en inversiones para estabilizar la red, reducir restricciones y contener los costes del sistema eléctrico.

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Red Eléctrica

El Gobierno ha incorporado 615 millones de euros en nuevas inversiones a la planificación de la red eléctrica de transporte para reforzar el control de tensión, reducir oscilaciones y limitar la necesidad de recurrir a centrales de gas únicamente por razones técnicas. No se trata de una transferencia inmediata de 615 millones a Red Eléctrica, sino de nuevas actuaciones reguladas que deberán desplegarse en distintos puntos del sistema.

La cuestión que toca directamente al bolsillo está ahí. Las inversiones en transporte eléctrico forman parte de una actividad regulada cuya retribución se recupera mediante los peajes de acceso a las redes, incluidos en la factura eléctrica. El consumidor acaba soportando ese coste a lo largo del tiempo, aunque no mediante un recargo inmediato de 615 millones. El argumento del Gobierno va precisamente en la dirección contraria: los nuevos equipos deberían reducir el gasto en restricciones técnicas y generar un ahorro estimado de entre 440 y 460 millones de euros anuales.

Ahí empieza el debate. El Ejecutivo defiende que la inversión reducirá costes, importaciones de gas y emisiones, mientras que la CNMC ha reclamado una evaluación más completa de las necesidades de la red y de las alternativas disponibles, incluidas las tecnologías renovables y el almacenamiento. Una discusión bastante menos sencilla que repartir etiquetas entre partidarios y detractores: prácticamente nadie cuestiona la necesidad de mejorar el control de tensión. Lo discutido es cuánto invertir, dónde hacerlo y mediante qué tecnologías.

615 millones para estabilizar la red, no un cheque al contado

El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio la tercera modificación puntual del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026, posteriormente publicada oficialmente. El documento definitivo eleva a 615 millones de euros el coste estimado de las nuevas actuaciones. La propuesta inicial sometida a audiencia hablaba de aproximadamente 607 millones, una cantidad que aumentó durante la tramitación.

La planificación responde a un sistema eléctrico que ha cambiado con bastante más velocidad de la que suele acompañar a las infraestructuras. España cuenta con mucha más generación fotovoltaica, especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y con flujos de electricidad Sur-Centro-Norte más intensos que los previstos cuando se diseñó buena parte de la red.

Red Eléctrica sostiene que esta nueva geografía de la generación obliga en determinadas circunstancias a mantener centrales de ciclo combinado conectadas no tanto porque haga falta su electricidad como porque el sistema necesita sus servicios de estabilización, potencia reactiva y control de tensión. Dicho de otra manera: puede haber suficiente energía y, aun así, faltar aquello que mantiene eléctricamente estable la red.

Es una de las paradojas menos intuitivas de la transición energética. Puede sobrar energía solar barata a mediodía y ser necesario, al mismo tiempo, mantener una central de gas disponible para ayudar a sujetar determinadas variables técnicas. Producir electricidad y estabilizar una red de alta tensión no son exactamente el mismo trabajo.

El coste total de las restricciones técnicas alcanzó varios miles de millones de euros durante 2025, aunque no toda esa cantidad corresponde al control de tensión. Dentro de esas restricciones entran también congestiones y otras necesidades relacionadas con la seguridad del sistema. La apuesta del Gobierno consiste en sustituir una parte de ese gasto recurrente por equipos instalados directamente sobre la infraestructura.

Qué se va a instalar y dónde

La modificación incluye 51 actuaciones repartidas por la red de transporte. Entre ellas figuran cuatro e-STATCOM, nuevas reactancias, equipos MCSR de núcleo controlado magnéticamente y renovaciones de instalaciones existentes. Buena parte de las intervenciones se concentra en Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, aunque el programa alcanza también otras comunidades.

Entre los emplazamientos previstos aparecen nodos estratégicos como Carmona, Mudarra, Manzanares y Valdecaballeros, además de instalaciones repartidas por otros territorios. No estamos ante la construcción de una enorme línea que atraviese España de punta a punta, sino ante una intervención mucho más quirúrgica: colocar equipos capaces de corregir rápidamente problemas eléctricos allí donde la red resulta más sensible.

Reactancias y e-STATCOM: qué hacen realmente

Por una red de 220 o 400 kilovoltios no basta con hacer circular suficientes megavatios. La tensión eléctrica debe permanecer dentro de unos márgenes determinados, y para conseguirlo resulta fundamental gestionar la denominada potencia reactiva. Cuando la tensión sube o cae demasiado, el sistema necesita recursos capaces de reaccionar.

Las reactancias ayudan principalmente a absorber potencia reactiva y controlar determinadas sobretensiones. Los MCSR permiten hacerlo con mayor flexibilidad. Los e-STATCOM utilizan electrónica de potencia para intervenir con rapidez, aportar o absorber potencia reactiva y ayudar a amortiguar oscilaciones.

Traducido al lenguaje cotidiano: en determinadas situaciones, en vez de tener que mantener encendida una enorme central térmica únicamente para estabilizar la red, una parte de esa tarea puede realizarla un equipo construido específicamente para ese cometido. Ahí reside buena parte de la lógica económica de la inversión.

El Gobierno calcula que el conjunto de nuevos dispositivos podría permitir un ahorro cercano a los 450 millones de euros al año, tomando como referencia los costes recientes de las restricciones técnicas. Si esa previsión se cumpliera, el desembolso inicial tendría un retorno rápido desde el punto de vista del sistema eléctrico.

Pero es una estimación, no dinero ya ahorrado. El resultado dependerá del uso real de los equipos, de la evolución del mercado energético, del número de restricciones que consigan evitarse y del comportamiento de una red que está cambiando cada año. La ingeniería, para desgracia de los titulares perfectos, suele venir acompañada de variables.

Cómo acabarán repercutiendo los 615 millones en la factura

Decir que los consumidores pagarán directamente 615 millones necesita una precisión importante. La cantidad no se repartirá de golpe entre las próximas facturas eléctricas. Las instalaciones de transporte pertenecen a una actividad regulada y, una vez puestas en servicio y reconocidas conforme a la normativa, generan una retribución para el transportista.

Ese dinero se integra dentro de los costes regulados del sistema y se recupera mediante los peajes de transporte y distribución. Es decir, la inversión acaba siendo financiada por los usuarios de la red durante la vida útil de las instalaciones, pero no funciona como un recibo extraordinario de 615 millones enviado una mañana a los hogares españoles.

Por eso el efecto económico real no puede calcularse mirando únicamente el importe de la inversión. Importa cuánto se remuneren los nuevos activos y, sobre todo, cuánto gasto consigan evitar en ciclos combinados, restricciones técnicas y otros servicios necesarios para mantener la estabilidad.

El planteamiento oficial sostiene que la ecuación será favorable al consumidor. Si los equipos evitan cada año gastos cercanos a los 450 millones, el beneficio acumulado durante su vida útil podría superar ampliamente el coste inicial. Es la hipótesis central sobre la que descansa el proyecto. La parte que falta es la incómoda pero imprescindible: comprobar después que esos ahorros aparecen de verdad.

Por qué la CNMC ha puesto reparos

La posición del regulador es más matizada que un simple rechazo. La CNMC no cuestiona la necesidad de mejorar el control de tensión; de hecho, después del gran apagón ha defendido reforzar y modernizar estos mecanismos, ampliar los recursos de potencia reactiva y preparar la operación del sistema para cambios mucho más rápidos.

Sus reparos se concentran en otro punto: quiere que las inversiones estén respaldadas por análisis completos de coste y beneficio y que se estudien junto con otras soluciones disponibles. La pregunta económica es pertinente. Si una batería, una planta renovable, una instalación hidráulica o un servicio contratado en competencia puede proporcionar determinada capacidad por menos dinero, conviene saberlo antes de construir un activo regulado cuya remuneración quedará reconocida durante años.

Al mismo tiempo que se incorporan nuevas instalaciones de Red Eléctrica, la regulación está abriendo la puerta a que renovables, almacenamiento y otros recursos participen de manera mucho más activa en el control de tensión. Es uno de los grandes cambios del sistema: tecnologías que antes estaban destinadas principalmente a producir energía empiezan también a prestar servicios necesarios para mantener la estabilidad de la red.

El regulador ha reclamado igualmente una visión mucho más detallada por zonas: dónde existen problemas, cuáles pueden aparecer en los próximos años, qué recursos están disponibles y cuándo quedará cubierta cada necesidad. No es una objeción menor. Invertir cientos de millones sin saber exactamente qué problema resuelve cada instalación sería una manera bastante cara de aprender ingeniería eléctrica.

Parte del sector renovable y del almacenamiento ha ido incluso más lejos. Su argumento es que instalaciones solares, eólicas, hidroeléctricas, bombeos o baterías pueden prestar algunos de estos servicios y que deberían compararse sus costes mediante mecanismos competitivos antes de trasladar toda la solución a nuevas inversiones reguladas de Red Eléctrica.

El temor es evidente: construir infraestructuras cuya remuneración está garantizada cuando ciertos servicios podrían obtenerse de forma más barata en el mercado. El argumento contrario tampoco es menor: una red crítica necesita recursos disponibles con enorme fiabilidad y durante décadas. Entre ambas posiciones está la factura.

El apagón aceleró una reforma que ya era necesaria

El gran telón de fondo sigue siendo el apagón peninsular del 28 de abril de 2025. Las investigaciones posteriores descartaron una explicación simplista basada en una única causa. El incidente estuvo relacionado con una combinación de oscilaciones, dificultades en el control de tensión y potencia reactiva, rápidas reducciones de producción y desconexiones de generación que terminaron provocando una cascada sobre el sistema.

Desde entonces, la regulación eléctrica española ha entrado en una especie de reforma por capas. Red Eléctrica ha endurecido determinados criterios operativos, la CNMC ha modificado procedimientos relacionados con el control de tensión, se han impulsado nuevos servicios dinámicos y el Gobierno ha acelerado inversiones destinadas a reforzar la estabilidad.

Eso no significa, sin embargo, que los 615 millones puedan definirse simplemente como «el coste del apagón». Las necesidades son más profundas. La concentración de nueva generación renovable en determinadas regiones, el cambio de los flujos eléctricos, el crecimiento del autoconsumo, la entrada del almacenamiento y la desaparición progresiva de centrales convencionales están modificando la manera en que funciona la red.

Durante décadas, muchas funciones necesarias para estabilizar el sistema venían casi incorporadas de fábrica con las grandes centrales térmicas, nucleares e hidráulicas. La transición hacia un modelo dominado por renovables conectadas mediante electrónica de potencia obliga a encontrar otras herramientas para prestar parte de esos servicios. Y eso cuesta dinero.

El apagón puso el problema bajo una luz brutal, pero el cambio venía de antes. Una red construida para grandes centrales que enviaban electricidad en una dirección relativamente previsible tiene que adaptarse a millones de puntos de generación y consumo capaces de modificar los flujos casi constantemente. Es un cambio de paisaje eléctrico, no simplemente una reparación.

El verdadero examen serán los costes que consiga evitar

Los 615 millones de euros ya forman parte de la planificación oficial y las 51 actuaciones pretenden dar a Red Eléctrica nuevas herramientas para gobernar un sistema con cantidades crecientes de generación renovable. El Gobierno estima que permitirán ahorrar alrededor de 450 millones anuales. La CNMC, sin negar la necesidad de reforzar el sistema, exige determinar con precisión dónde hacen falta esos recursos y si existen alternativas más eficientes.

Para el consumidor, esa diferencia es decisiva. Una inversión regulada puede resultar perfectamente razonable aunque termine pagándose mediante la factura si evita durante décadas costes mucho mayores. También puede acabar siendo demasiado cara si existen baterías, renovables, bombeos u otros recursos capaces de prestar una parte de los mismos servicios por menos dinero.

La cifra de 615 millones impresiona porque es visible, redonda y cabe estupendamente en un titular. La que realmente importa es bastante menos fotogénica: cuánto dinero dejará de gastar el sistema eléctrico durante los próximos años gracias a esas inversiones.

Eso se comprobará viendo si bajan las restricciones técnicas, si disminuye la necesidad de mantener centrales de gas funcionando exclusivamente para sostener la tensión y si la red consigue absorber más generación renovable sin perder estabilidad. Más seguridad y menores costes es la promesa. La factura definitiva dependerá de que la ingeniería consiga cumplirla.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.