¿Qué comunidades reciclan más en España y cuáles quedan a la cola?

España sigue reciclando bastante menos de lo que debería. Los últimos datos completos, correspondientes a 2023, sitúan la tasa de reciclaje de residuos municipales en torno al 43%, lejos del 50% que ya debía haberse alcanzado y todavía más lejos del nuevo listón del 55% fijado para 2025. La distancia no es pequeña: son millones de kilos que terminan en vertederos o incineradoras en lugar de volver al circuito productivo.

El mapa autonómico tampoco permite repartir demasiadas medallas. Solo Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra alcanzaban en 2023 el umbral del 50%. En el extremo contrario aparecían Asturias y Galicia, ambas alrededor del 24%, mientras Canarias y Murcia se quedaban en torno al 30% y Madrid rondaba el 32%. Entre unas y otras se extiende una España muy desigual, aunque con una característica bastante democrática: la mayoría estaba por debajo del objetivo legal.

España recicla el 43% y casi la mitad de la basura acaba enterrada

El problema se entiende mejor mirando la bolsa de basura entera, no solo la botella que alguien deposita con buena conciencia en el contenedor amarillo. En España se recogieron en 2023 más de 22 millones de toneladas de residuos municipales, alrededor de 464 kilos por habitante. La magnitud impresiona menos expresada en estadísticas que imaginando montañas de restos de comida, envases, vidrio, cartón, muebles, ropa y plásticos saliendo cada mañana de millones de hogares.

De todo ese volumen, aproximadamente el 43,3% fue reciclado. Otro 9,9% terminó incinerado y un 46,8% acabó en vertedero. Dicho de otra manera: pese a décadas hablando de economía circular, casi uno de cada dos kilos de basura municipal todavía termina enterrado. El residuo no desaparece por una suerte de prestidigitación administrativa cuando la tapa del contenedor vuelve a cerrarse.

La diferencia respecto al objetivo legal tampoco puede achacarse a una meta recién inventada. España debía haber preparado para reutilización y reciclado al menos el 50% de determinados residuos municipales en 2020. Desde 2025, la Ley de residuos eleva el mínimo al 55% en peso, porcentaje que deberá subir al 60% en 2030 y al 65% en 2035.

La fotografía disponible lleva, eso sí, retraso. En septiembre de 2026 los últimos datos territoriales completos siguen correspondiendo a 2023, de modo que todavía no puede establecerse con una comparación autonómica homogénea qué territorios han alcanzado realmente el 55% exigible desde 2025. Las estadísticas de residuos siempre llegan cuando buena parte de la basura que describen ya tiene varios cumpleaños.

Las cuatro comunidades que superaban el umbral del 50%

Las diferencias entre comunidades son considerables. Con los datos de 2023, únicamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra alcanzaban o superaban el 50% de reciclaje municipal. Eran las únicas que podían mirar el anterior objetivo legal sin bajar demasiado la vista.

Inmediatamente después aparecía La Rioja, con alrededor del 48%, seguida por Castilla-La Mancha, próxima al 47%, y el País Vasco, alrededor del 45%. Cantabria se situaba cerca del 40%. Son cifras mejores que las de los territorios rezagados, aunque tampoco bastaban para cumplir aquel objetivo del 50% que España arrastraba desde 2020.

Aragón, Baleares y Andalucía se movían cerca del 40%, pero sin alcanzarlo. Castilla y León también permanecía por debajo del umbral. El dibujo resulta curioso porque no reproduce de manera limpia las divisiones habituales entre comunidades ricas y pobres, grandes o pequeñas, urbanas o rurales. La organización de la recogida municipal, las plantas de tratamiento, el peso de los biorresiduos y el modelo elegido para gestionar cada fracción tienen mucho que decir.

Madrid, Canarias, Murcia, Galicia y Asturias quedan muy atrás

La parte baja del mapa ofrece diferencias todavía más llamativas. Madrid reciclaba alrededor del 32% de sus residuos municipales en 2023. Canarias y la Región de Murcia se situaban cerca del 30%. Más abajo todavía aparecían Galicia y Asturias, en torno al 24%.

Que Madrid figure entre las comunidades con peor porcentaje puede resultar chocante porque, en cifras absolutas, recoge cantidades importantes de papel, vidrio o envases. Pero recoger muchos residuos no significa reciclar una gran proporción del total. Una comunidad muy poblada puede llenar montañas de contenedores selectivos y, al mismo tiempo, generar una montaña todavía mayor de basura mezclada.

Ahí está una de las trampas intuitivas del asunto. El volumen absoluto cuenta una historia; el porcentaje de residuos realmente reciclados cuenta otra. Y es esta segunda medida la que permite comparar con mayor sentido territorios de tamaños y poblaciones muy diferentes.

Tres de cada cuatro kilos todavía se recogen mezclados

La debilidad española aparece antes incluso de llegar a la planta de tratamiento. En 2023, aproximadamente tres cuartas partes de los residuos municipales se recogieron mezclados. La separación en origen, que debería permitir obtener materiales más limpios y aprovechables, continúa siendo insuficiente.

No basta, por tanto, con instalar varios contenedores de colores y confiar en que la alquimia haga el resto. Cuando papel, plástico, vidrio, restos de comida, textiles y otros materiales llegan mezclados, recuperar después fracciones de calidad resulta más complejo y más caro y, en ocasiones, sencillamente imposible.

El caso de los residuos orgánicos resulta especialmente importante porque representan una parte enorme de la basura doméstica. El despliegue del contenedor marrón debía generalizar la recogida separada de biorresiduos, pero su implantación ha sido irregular. En numerosos municipios una parte sustancial de la materia orgánica continúa llegando dentro de la bolsa de basura convencional.

El compost puede empeorar las cifras a partir de 2027

Aquí aparece uno de los cambios menos vistosos de la legislación, pero de enorme importancia estadística. Hasta ahora puede contabilizarse como reciclaje determinada materia orgánica recuperada mecánicamente de la basura mezclada y destinada posteriormente a tratamiento biológico.

Ese margen se estrecha. A partir del 1 de enero de 2027, los biorresiduos municipales sometidos a tratamiento biológico solo podrán contabilizarse como reciclados cuando hayan sido recogidos separadamente o separados en origen.

No es un pequeño retoque contable. Las comunidades que actualmente incorporan grandes cantidades de materia orgánica recuperada desde la fracción mezclada pueden comprobar cómo parte de ese volumen deja de computar como reciclaje. Mantener las mismas plantas y los mismos hábitos de recogida será cada vez menos suficiente para alcanzar las metas europeas.

Andalucía y Comunidad Valenciana, por ejemplo, manejaban importantes cantidades de materia orgánica recuperada a partir de residuos mezclados frente a volúmenes bastante menores procedentes de recogida separada. Castilla-La Mancha y Murcia presentaban también una dependencia considerable de este sistema. La legislación empuja hacia algo sencillo de explicar y bastante más difícil de ejecutar: separar mejor antes de recoger, no intentar rescatar después lo aprovechable de una masa de residuos revueltos.

El fracaso con las botellas obliga a cambiar el sistema

La otra gran novedad está en los envases de bebidas. España debía conseguir en 2023 una recogida separada del 70% de las botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros. El resultado oficial se quedó en apenas el 42,3%.

La distancia entre ambos números activó una previsión contemplada en la legislación: implantar un sistema de depósito, devolución y retorno, conocido por las siglas SDDR. El modelo recuerda a aquel gesto cotidiano de devolver el casco de vidrio que varias generaciones conocieron antes de que usar y tirar pareciera la culminación de la modernidad.

El funcionamiento básico consiste en pagar una pequeña cantidad adicional al comprar la bebida y recuperarla al devolver el envase. La normativa establece un depósito de al menos 10 céntimos por unidad, aunque la cuantía concreta puede ser superior. El sistema deberá incorporar botellas de plástico y, para hacerlo viable, también latas y determinados envases de bebidas.

El plazo derivado del incumplimiento detectado en 2023 lleva la implantación hasta noviembre de 2026. Será un cambio considerable para productores, supermercados, establecimientos comerciales y consumidores, porque obliga a crear puntos de devolución, sistemas de recuento y mecanismos que permitan recuperar el depósito.

No es una rareza experimental. Sistemas parecidos llevan años funcionando en varios países europeos y la regulación comunitaria avanza hacia tasas de recogida separada del 90% para botellas de plástico y recipientes metálicos de bebidas en 2029.

Europa también aprieta sobre los envases de usar y tirar

El contexto está cambiando más allá del reciclaje municipal. El nuevo marco europeo sobre envases comenzó a aplicarse en agosto de 2026 y desplegará progresivamente obligaciones sobre reducción, reutilización, reciclabilidad y retorno durante los próximos años.

Entre las restricciones previstas desde 2030 aparecen determinados envases de plástico para frutas y verduras, algunos envoltorios colectivos, envases desechables utilizados dentro de bares y restaurantes, monodosis de salsas y condimentos en ciertas circunstancias y pequeños recipientes de productos de aseo utilizados en hoteles. El objetivo ya no consiste únicamente en reciclar lo desechado, sino en producir menos basura desde el principio.

La filosofía es relevante porque desplaza el centro de gravedad. Durante años, el discurso público se concentró en reciclar mejor aquello que ya se había convertido en residuo. La legislación europea intenta actuar también antes de que el residuo exista: reducir envases innecesarios, fomentar la reutilización y obligar a que determinados productos circulen varias veces antes de convertirse en desecho.

Tiene lógica. Una botella reciclada es preferible a una botella enterrada, pero una botella reutilizada veinte veces evita fabricar muchas otras. La economía circular empieza bastante antes del contenedor.

El contenedor no basta para arreglar una montaña de basura

Las cifras de 2023 muestran una España que ha mejorado respecto a décadas anteriores, pero continúa lejos de los objetivos incorporados a su propia legislación. Reciclar el 43% cuando el mínimo era del 50% no supone una desviación testimonial, y el posterior salto al 55% hace todavía más visible el retraso acumulado.

También desmienten una explicación demasiado cómoda: cargar toda la responsabilidad sobre el ciudadano que se confunde de contenedor. Separar correctamente en casa importa, claro. Pero los resultados dependen igualmente de la recogida municipal, de las tasas de vertido, del tratamiento de los residuos orgánicos, de las infraestructuras disponibles, de los incentivos económicos y de las obligaciones impuestas a quienes colocan millones de envases en el mercado.

El cambio que llega con el depósito de botellas y con las nuevas reglas para los biorresiduos apunta precisamente ahí. Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra partían en 2023 desde una posición mejor; Galicia, Asturias, Murcia, Canarias y Madrid tenían bastante más terreno por recuperar. Pero ni siquiera las comunidades mejor situadas pueden dar el trabajo por terminado: el objetivo ya no es aquel 50% y seguirá aumentando durante la próxima década.

España lleva años aprendiendo a separar la basura. Lo que falta es conseguir que el sistema entero, desde el supermercado hasta la planta de tratamiento, deje de comportarse como si el vertedero fuese un discreto agujero negro donde todo desaparece.