¿Cómo se desarma Hamás sin romper la tregua en Gaza?

La segunda fase del alto el fuego en Gaza tropieza con su cuestión más difícil: cómo retirar las armas de Hamás sin provocar el derrumbe de la tregua. Israel exige un desarme completo que impida a la organización reconstruir su capacidad militar. Hamás, en cambio, vincula sus armas a su supervivencia política y al relato de resistencia que sostiene desde su fundación en 1987. Estados Unidos propone una secuencia intermedia: retirar primero el armamento pesado y abordar después las armas ligeras, zona por zona, conforme una nueva administración palestina asuma responsabilidades de seguridad.

La fórmula, presentada por Jared Kushner en el Foro Económico Mundial de Davos, desplaza el choque frontal hacia un proceso gradual, pero no resuelve todavía quién recogería las armas, quién comprobaría su entrega ni quién mandaría después en las calles. Hamás se muestra más abierto a desprenderse del armamento que considera ofensivo que a entregar fusiles y otras armas fáciles de ocultar. Para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, esa distinción deja intacta una parte decisiva del problema: una organización debilitada puede seguir gobernando por la fuerza aunque haya perdido buena parte de sus cohetes.

Desarmar no consiste solo en vaciar arsenales

En Gaza, la palabra desarme describe varias tareas distintas. Una es localizar y retirar armas; otra, impedir que vuelvan a fabricarse, circular o esconderse. La más delicada consiste en desmontar la capacidad de una organización armada para ejercer autoridad sobre barrios, instituciones y personas. Un depósito de proyectiles puede ser relativamente visible. Una cadena de mando que conserva lealtades, escondites y medios para intimidar a sus rivales resulta mucho más difícil de verificar. De ahí que una entrega de material no equivalga por sí sola a una transformación del poder.

Israel entiende el desarme como una garantía de seguridad que debe ser exhaustiva. Hamás lo percibe como una posible rendición, especialmente si se le exige entregar las armas antes de que exista una alternativa de gobierno aceptada y antes de que avance la retirada israelí. Washington intenta situar ambas exigencias en una misma secuencia: menos armamento a medida que aumentan la administración palestina y el control institucional. Sobre el papel, las fases permiten que ninguna parte dependa de una promesa única e irreversible. En la práctica, cada fase abre una disputa sobre lo que se ha cumplido.

También hay una pelea por las categorías. Hamás distingue entre armas ofensivas y defensivas, una división que le permite admitir cesiones sin renunciar por completo a su discurso. Israel rechaza que el riesgo dependa de la etiqueta: un fusil puede servir para conservar el control territorial y reorganizar una fuerza, aunque no tenga el alcance de un cohete. La cuestión no es solo qué hace un arma en combate, sino qué permite hacer a quien la conserva durante una tregua. En un territorio con instituciones debilitadas, esa diferencia pesa tanto como el inventario militar.

El escenario físico complica aún más las definiciones. Calles destruidas, edificios vacíos y redes subterráneas dificultan distinguir entre una zona efectivamente controlada y otra donde la autoridad solo aparece sobre el mapa. El desarme por sectores necesitaría fronteras operativas creíbles, pero las personas, las armas y las órdenes no se detienen necesariamente al cambiar de barrio. Una administración puede hacerse cargo de un servicio público en una zona y carecer, al mismo tiempo, de capacidad para impedir que una estructura armada siga actuando allí.

Un arsenal mermado que todavía importa

La ofensiva israelí de los últimos dos años ha golpeado las capacidades militares de Hamás, incluida su infraestructura y parte de su cadena de mando. Eso no permite establecer con seguridad, a partir de lo conocido, cuántas armas conserva ni en qué condiciones se encuentran. Israel insiste en que la organización mantiene recursos suficientes para ejercer poder dentro de Gaza. Desde el entorno de Hamás se presenta lo que queda como armamento sencillo y necesario para defenderse. Las dos afirmaciones pueden referirse a escalas diferentes: menor capacidad para atacar a distancia no implica necesariamente menor capacidad para imponerse cerca.

Los cohetes y otros sistemas de mayor complejidad concentran atención porque representan una amenaza reconocible y porque su entrega sería más fácil de mostrar. Sin embargo, las armas ligeras son decisivas para el control cotidiano. Pueden trasladarse entre ruinas, repartirse entre integrantes de una red y permanecer fuera de la vista durante una inspección limitada. Su utilidad no se agota en un enfrentamiento con Israel: también cuentan en la vigilancia de barrios, la presión sobre adversarios palestinos y la capacidad de hacer cumplir órdenes sin una autoridad civil sólida.

El subsuelo añade una dificultad propia. Los túneles han servido como vías de movimiento, espacios de almacenamiento y refugios, de modo que una operación realizada únicamente en la superficie podría dejar fuera una parte de los recursos disponibles. Eso no significa que toda arma esté oculta ni que cualquier inspección sea inútil. Significa que verificar la pérdida real de capacidad militar exige algo más que recibir material en un punto de entrega. Hay que poder comprobar qué estructuras siguen activas y quién mantiene acceso a ellas, una tarea especialmente difícil mientras la seguridad del territorio sigue disputada.

El valor político de entregar primero el armamento pesado

La propuesta estadounidense comienza por las armas pesadas porque constituyen el tramo más reconocible de una desmilitarización. Su retirada ofrecería una señal concreta a Israel y permitiría comprobar si Hamás está dispuesto a asumir algún coste real. Pero la categoría necesita una definición compartida: no basta con anunciar que se entregará lo pesado si las partes discrepan sobre qué equipos incluye, qué ocurre con sus componentes o cómo se acredita que no queda material operativo. Un gesto visible puede reducir una amenaza sin resolver el desacuerdo que sostiene el proceso.

Tampoco está claro qué parte de ese arsenal ha sobrevivido a la guerra en estado utilizable. Puede haber material dañado, disperso o difícil de emplear, además de armas todavía funcionales. Por eso la disposición de Hamás a desprenderse de una categoría no demuestra, por sí misma, que vaya a renunciar a su poder militar. El verdadero coste de la concesión dependerá de lo que entregue y de lo que conserve. Para Israel, limitar el acuerdo al armamento más aparatoso supondría aceptar que la organización retenga medios con los que sostenerse dentro de la Franja.

La propuesta de Davos y el riesgo de un calendario abierto

En Davos, Kushner planteó retirar de inmediato las armas pesadas y avanzar después con las ligeras por sectores, conforme una administración palestina vaya haciéndose cargo de la seguridad. La idea acompasa desmilitarización, gobierno y control del territorio, en lugar de exigir que una de esas piezas esté terminada antes de mover las demás. Esa simultaneidad busca evitar un bloqueo: Hamás difícilmente aceptaría entregar todo su arsenal sin garantías sobre su futuro, mientras Israel rechaza una transición política que le deje enfrente a una fuerza armada intacta.

La propuesta no fija un plazo concreto para culminar el desarme. Esa flexibilidad puede facilitar el inicio de las conversaciones, porque evita que un retraso en una zona haga fracasar automáticamente todo el acuerdo. También abre una grieta: sin fechas, criterios y comprobaciones suficientes, lo gradual puede convertirse en indefinido. Israel necesitaría saber cuándo considera cumplida cada fase; Hamás, qué obtiene al completarla. Si las obligaciones de una parte son inmediatas y las de la otra quedan aplazadas, el proceso perderá credibilidad antes de alcanzar las armas más difíciles de recoger.

La secuencia importa tanto como el resultado prometido. Retirar armas antes de que exista una fuerza capaz de mantener el orden puede producir un vacío de seguridad. Esperar a que esa fuerza sea plenamente operativa antes de retirar las armas puede dejar al nuevo gobierno bajo la influencia de quienes ya mandan. El plan intenta que ambas capacidades cambien a la vez, una operación delicada incluso en un territorio estable. En Gaza, la destrucción material, la desconfianza entre actores y la posibilidad de incidentes locales estrechan todavía más el margen para corregir errores.

Hay, además, una diferencia entre anunciar un proceso y conseguir que sus protagonistas acepten el mismo final. Para Washington, una primera entrega permitiría mostrar que la tregua produce avances más allá del silencio de las armas. Para Israel, ese avance solo tendría valor si conduce a que Hamás deje de ser una fuerza armada. Para Hamás, cada cesión debe evitar una desaparición política impuesta. Las fases aplazan el choque entre esas metas, pero no lo borran. Su eficacia dependerá de que el siguiente tramo esté lo bastante definido antes de cerrar el anterior.

Un gobierno palestino necesita algo más que despachos

El esquema estadounidense descansa en un comité palestino encargado de administrar Gaza y asumir progresivamente funciones de seguridad. Se plantea como una estructura tecnócrata, menos identificada con los partidos que con la gestión de servicios y la reconstrucción. Su formación se ha vinculado a conversaciones en El Cairo. Pero gobernar una Franja devastada exige autoridad efectiva además de capacidad administrativa: distribuir ayuda o coordinar reparaciones no equivale a patrullar una calle, intervenir ante un grupo armado o proteger a quienes cumplan decisiones impopulares.

La fórmula permitiría separar formalmente a Hamás del gobierno sin expulsar de inmediato a todos sus integrantes o simpatizantes de la vida pública. Esa diferencia puede facilitar una transición, aunque también deja una pregunta incómoda: hasta dónde podría decidir el comité si otra estructura conserva las armas. Una administración que depende de la tolerancia de una fuerza armada corre el riesgo de convertirse en fachada. Una fuerza de seguridad creada con demasiada prisa, por su parte, podría carecer de legitimidad local o ser vista como un instrumento impuesto para combatir a Hamás.

La Autoridad Nacional Palestina aparece como posible participante en distintos aspectos del proceso, pero su implicación tampoco despeja por sí sola el problema. Recibir responsabilidades sin medios suficientes la expondría a responder por decisiones que no controla. Actuar directamente contra redes armadas podría situarla en una confrontación interna. La legitimidad de la nueva administración no se decreta en una negociación; dependerá de su capacidad para prestar servicios, mantener seguridad y tomar decisiones reconocibles como palestinas, incluso bajo la presión de Israel, Hamás y los mediadores.

La retirada israelí forma parte de ese mismo equilibrio. Hamás la presenta como condición central y sospecha que el desarme pueda emplearse para retrasarla. Israel teme que replegarse sin garantías abra espacios para la reorganización militar. Por eso cada transferencia de control territorial tendría que acompañarse de una capacidad real para mantenerlo. No se trata solo de decidir quién abandona una zona y quién entra después, sino de evitar que, entre ambos movimientos, grupos armados o redes informales ocupen el vacío. Una tregua puede mantenerse en el papel mientras el poder cambia de manos sobre el terreno.

La dificultad de avanzar barrio a barrio

Desarmar por sectores permite concentrar recursos, observar lo que funciona y evitar una operación simultánea en toda la Franja. Si una zona pasa a manos de una autoridad palestina capaz de mantener el orden, allí podría comenzar la recogida de armas ligeras. La ventaja del método es también su límite: presupone que cada área puede asegurarse antes de pasar a la siguiente. En un territorio conectado por redes familiares, organizaciones armadas y rutas subterráneas, las armas pueden desplazarse más deprisa que las instituciones que intentan retirarlas.

Una zona relativamente estable tampoco garantiza la estabilidad de las colindantes. Un incidente local puede alterar la percepción de seguridad en el conjunto de Gaza, provocar acusaciones de incumplimiento y paralizar entregas previstas en otros lugares. La reconstrucción añade otra tensión: si el acceso a recursos depende de que un barrio se declare desarmado, habrá incentivos para acreditar avances, pero también disputas sobre quién comprueba esa condición y quién soporta las consecuencias de un retraso. No conviene confundir una división operativa del trabajo con una división real del conflicto.

Israel y Hamás miran el mismo proceso desde riesgos opuestos

Para Netanyahu, la exigencia de desarmar por completo a Hamás está ligada a la promesa de impedir una repetición del ataque del 7 de octubre de 2023. La seguridad israelí no se mide únicamente por el número de cohetes entregados: cuenta también la posibilidad de que sobrevivan túneles, mandos y redes capaces de reconstituirse. Aceptar un desarme parcial plantea así un problema político y estratégico. El Gobierno tendría que explicar por qué una retirada gradual y unas verificaciones limitadas ofrecen garantías suficientes frente a una organización que todavía conserva armas.

Hamás contempla el mismo itinerario desde el extremo contrario. Entregar su arsenal ligero antes de contar con garantías políticas y territoriales podría privarlo de su principal instrumento de influencia. La organización puede aceptar una pérdida de armamento pesado sin aceptar que otros decidan libremente sobre seguridad, gobierno y reconstrucción. Su resistencia a desprenderse de los fusiles revela dónde sitúa el núcleo de su poder actual. También explica por qué propone debatir esas armas en un marco palestino más amplio, en vez de presentarlas como una simple entrega a Israel.

Esta divergencia convierte los anuncios públicos en parte de la negociación. Israel endurece su lenguaje para dejar claro que no acepta a Hamás como fuerza armada permanente. Hamás mantiene ambigüedad para no dar por cerrada una renuncia que considera existencial. Estados Unidos necesita una fórmula que no obligue a ninguno a declarar perdida su posición inicial. Las palabras pueden abrir espacio diplomático, pero no sustituyen los acuerdos sobre armas concretas. Cuando llegue el momento de recogerlas, la diferencia entre una disposición a discutir y un compromiso comprobable dejará de ser semántica.

El coste de exigir un desarme exhaustivo por la fuerza

Algunos análisis israelíes señalan que requisar todas las armas sin cooperación local exigiría controlar de forma efectiva toda Gaza, incluido el acceso a las áreas donde puedan esconderse arsenales. Esa posibilidad se acerca a una ocupación prolongada con elevados costes militares, humanos y políticos. La exigencia de un desarme total puede formularse con claridad; ejecutarla en un territorio destruido y densamente poblado es otra cuestión. La propuesta por fases intenta evitar que la única alternativa al desarme inmediato sea una operación de control generalizado.

La dificultad no convierte en suficiente cualquier acuerdo gradual. Israel podría considerar inaceptable una fuerza palestina incapaz de actuar contra el armamento que permanezca oculto. Hamás podría interpretar inspecciones demasiado amplias como una ocupación bajo otro nombre. El margen está entre una verificación creíble y una intervención que haga inviable la tregua. Encontrarlo requiere definir facultades, límites y responsabilidades antes de que una acusación concreta obligue a improvisarlos en plena crisis. Sin esas reglas, cada hallazgo y cada ausencia de pruebas podrían alimentar lecturas opuestas.

Egipto, las armas depositadas y el problema de la confianza

Egipto figura entre los posibles receptores o custodios del armamento pesado que Hamás pudiera entregar. Su papel como mediador y su frontera con Gaza le dan peso en cualquier arreglo que afecte al flujo de personas, materiales y seguridad. La Autoridad Nacional Palestina aparece también como posible destinataria. La entrega a un actor palestino o árabe evitaría la cesión directa a Israel, un gesto difícil de aceptar para Hamás, y ofrecería una vía más reconocible para documentar qué material sale de circulación.

Pero cambiar el destinatario no elimina la desconfianza. Hamás tendría que aceptar que otro conserve armas que ha utilizado como fuente de poder. La Autoridad Nacional Palestina asumiría una responsabilidad delicada frente a un rival y ante la población gazatí. Israel querría comprobar que el depósito es real, que el material no puede recuperarse y que no queda un circuito alternativo de abastecimiento. La custodia solo sirve como garantía si existen controles aceptados sobre la entrega y el destino de las armas. Sin ellos, desplaza el desacuerdo de Gaza al lugar donde se almacenan.

El contraste entre armamento pesado y ligero reaparece aquí con toda su fuerza. Recibir equipos voluminosos permite elaborar registros e inspeccionar objetos identificables. Comprobar que han desaparecido fusiles, granadas o explosivos dispersos exige presencia y conocimiento del territorio durante más tiempo. La verificación del armamento ligero es también una cuestión de gobierno: saber quién puede entrar en un barrio, quién obedece a quién y qué ocurre cuando una autoridad ordena entregar lo que alguien se niega a mostrar. Ningún depósito externo resuelve esa prueba cotidiana.

La desmovilización, más allá de la entrega material

Entre las ideas que rodean la negociación figura alguna forma de salida para combatientes que entreguen armas, incluida la posibilidad de medidas de amnistía o reintegración. Su objetivo sería reducir la dependencia de las redes armadas y facilitar que sus miembros abandonen esa función. En Gaza, una medida semejante chocaría con preguntas difíciles sobre responsabilidad y justicia. Israel podría interpretarla como impunidad; Hamás, como un intento de dividirlo; otras facciones palestinas, como un trato desigual. Mencionarla no equivale a disponer de un mecanismo acordado ni de instituciones capaces de aplicarlo.

Incluso cuando se recogen armas, las personas que las portaban siguen viviendo en el territorio. Algunas conservarán vínculos, conocimientos y lealtades; otras necesitarán una forma de sostenerse fuera de una estructura militar. Por eso un desarme duradero exige alterar los incentivos que mantienen a los combatientes organizados, además de retirar el material. La idea depende de una autoridad que pueda ofrecer seguridad y hacer cumplir reglas de manera estable. Es una exigencia considerable para una administración que todavía debe demostrar que puede ocuparse de las necesidades más inmediatas de Gaza.

Verificar sin convertir la tregua en otra disputa territorial

La comprobación de lo acordado será el punto donde la propuesta deje de ser una fórmula diplomática y se convierta en una operación concreta. Israel no aceptará confiar únicamente en declaraciones de Hamás. Hamás difícilmente consentirá inspecciones israelíes generalizadas. Una supervisión internacional limitada o un mecanismo con participación palestina y mediación egipcia podrían ofrecer vías intermedias, aunque ninguna de ellas garantiza por sí sola acceso, protección y autoridad suficientes. Antes de decidir quién verifica hay que precisar qué debe observar: armas entregadas, lugares registrados, capacidades desactivadas o ausencia de nuevos grupos armados.

Las primeras entregas de armamento pesado serían más sencillas de documentar que la desaparición de armas ligeras. Para estas últimas, una inspección puntual ofrece una imagen del momento, no una garantía permanente. Además, una autoridad que registre edificios sin respaldo local puede perder legitimidad incluso si encuentra armas. La eficacia de la verificación depende de que la población perciba quién ejerce la seguridad y bajo qué reglas. En ese punto, el problema técnico vuelve a ser político: controlar un arma escondida requiere poder entrar, investigar y actuar sin desencadenar un enfrentamiento mayor.

El ritmo añade presión. Un avance demasiado lento alimentaría en Israel la impresión de que Hamás utiliza las fases para ganar tiempo. Una operación acelerada sobre el armamento ligero podría convencer a Hamás de que la tregua busca desmantelarlo sin cumplir las demás condiciones. Un proceso creíble necesitaría hitos comprobables y margen para resolver disputas, en vez de depender de interpretaciones cambiantes después de cada incidente. La ausencia de fechas cerradas puede ser útil al principio; no debería confundirse con la ausencia de criterios para saber si el acuerdo progresa.

La reconstrucción tampoco puede separarse de esa discusión. Cada escuela, centro sanitario o calle reparada necesita un entorno donde puedan trabajar civiles sin someterse a autoridades rivales. A la vez, retrasar indefinidamente la recuperación de servicios hasta completar un desarme imposible de verificar agravaría la fragilidad social. La seguridad y la vida cotidiana tendrían que avanzar juntas, aunque respondan a ritmos distintos. Esa es una de las tensiones menos visibles de la segunda fase: pedir orden antes de reconstruir y necesitar reconstrucción para que una nueva autoridad pueda sostener el orden.

El poder que quedará cuando callen las armas

Una eventual entrega de armamento pesado sería un avance concreto, no el final de la negociación. Después vendrían las armas pequeñas, los túneles, las órdenes que circulan fuera de una administración formal y la capacidad del comité palestino para actuar sin permiso de Hamás ni tutela israelí permanente. El criterio decisivo será quién puede hacer cumplir una decisión en cada zona de Gaza. Si la nueva autoridad dispone de respaldo y medios reales, el desarme por sectores podría reducir progresivamente el peso de las estructuras armadas. Si solo ocupa despachos, la entrega inicial corre el riesgo de quedarse en una señal sin cambio de fondo.

Estados Unidos busca un camino que permita avanzar sin imponer a todas las partes una renuncia inmediata que rechazan. Israel quiere una garantía que no se evapore tras la retirada de sus fuerzas. Hamás pretende conservar influencia y evitar que el acuerdo termine con su desaparición como actor. Egipto y la Autoridad Nacional Palestina tendrían que asumir funciones delicadas sin perder la confianza necesaria para ejercerlas. La tregua depende de que esas expectativas incompatibles se traduzcan en obligaciones verificables, no solo de que cada actor pueda presentar la primera fase como una victoria ante los suyos.

La imagen de un arsenal depositado puede marcar un hito, pero Gaza necesita algo menos fotogénico y más difícil de construir: una autoridad reconocible, capaz de proteger a la población y de responder cuando alguien se niegue a entregar un arma. El desarme real empieza donde termina la ceremonia de entrega, en una calle abierta entre ruinas, ante la puerta de un edificio donde todavía importa quién decide quién entra. Allí se comprobará si las fases sirven para transferir poder a instituciones palestinas o si solo han aplazado el enfrentamiento que la tregua intenta contener.