¿Cómo movió el PSOE el efectivo entre 2017 y 2024?

Audiencia Nacional exige al PSOE el detalle de pagos en efectivo (2017–2024): diez días de margen, cifras y foco en el caso Koldo y detalles.

La Audiencia Nacional ha requerido al PSOE que entregue, en diez días, un inventario completo de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, con sus justificantes, facturas y recibís. La diligencia, firmada por Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2, se incorpora a la investigación que sigue el rastro del dinero en metálico ligado a la Secretaría de Organización en la etapa en la que José Luis Ábalos fue ministro y Koldo García ejerció como su asesor más cercano. El partido recalca que no está investigado en esta pieza y que colaborará de forma plena, aportando lo que se le pida. El objetivo judicial es claro: reconstruir el circuito del efectivo y comprobar si todo encaja en fechas, conceptos y destinatarios.

El paso llega después de que el Tribunal Supremo —con el magistrado Leopoldo Puente como instructor— enviara testimonio a la Audiencia y dictara auto de procedimiento abreviado (3 de noviembre de 2025) contra Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por la trama de contratos de mascarillas. Sobre la mesa hay ya cifras que exigen verificación documental: el PSOE comunicó al Supremo que retiró alrededor de 940.000 euros de cuentas bancarias a caja entre 2017 y 2024 para gastos ordinarios; y que esos fondos se usaron en pagos menudos, dietas y reembolsos internos. También constan abonos en metálico por 189.686,76 euros vinculados a Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y a la propia Secretaría de Organización. La Fiscalía Anticorrupción, con el fiscal Luis Pastor en primera línea, ha pedido a la UCO un informe técnico que cruce contabilidad, comunicaciones y evidencias digitales. El partido, por su lado, insiste: “trazabilidad cierta y legal” de sus cuentas.

Qué ha pedido el juez y por qué ahora

La providencia del juez Ismael Moreno es taxativa: relación de pagos en metálico del periodo 2017–2024 y documentos que los soportan. Nada de listados genéricos ni totales por partidas. Quiere quién ordenó, quién cobró, qué concepto, cuándo y con qué soporte (factura, recibo, nota de gasto, autorización interna). El plazo es diez días y, una vez revisado el material, el juzgado “acordará lo procedente”. No prejuzga delito ni convierte al PSOE en investigado; exige la trazabilidad que permita cuadrar papeles con testimonios y mensajes ya incorporados a la causa.

¿Por qué ahora? Por acumulación de piezas. El Supremo ha cerrado instrucción en la vertiente de mascarillas con un auto que propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. En paralelo, la Audiencia Nacional abrió pieza separada sobre los pagos del partido en metálico a responsables orgánicos y a personas del entorno del exministro, tras recibir documentación del alto tribunal y un informe de la UCO (8 de octubre). Si el Supremo mira a los contratos públicos y las supuestas comisiones, la Audiencia quiere despejar “incógnitas” sobre el uso interno del efectivo. Dos vías que se tocan.

Las cifras que están encima de la mesa

Hay números. Ferraz informó al Supremo de retiradas a caja por unos 940.000 euros entre 2017 y 2024. La horquilla anual no fue plana: antes de la pandemia, el uso de efectivo se situó por encima de los 100.000 euros al año; cayó en 2020 y 2021, y repuntó con fuerza en 2023 y 2024, ejercicios con intensa actividad política y electoral. El partido lo atribuye a pagos menores (material, taxis, desplazamientos de equipos, dietas) y a reembolsos a cuadros y personal cuando faltaba la factura electrónica o no era posible usar tarjeta corporativa.

Con nombres propios, la contabilidad aportada al Supremo recoge abonos en metálico por 189.686,76 euros a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y la Secretaría de Organización en el conjunto del periodo. También se detalla un capítulo de 127.739,18 euros bajo el epígrafe Secretaría de Organización, un cajón operativo que concentra arqueos y caja menuda para actividades del aparato del partido. Entre las cifras individualizadas que han trascendido destacan 19.637 euros percibidos por Ábalos entre 2017 y 2019, 26.926 euros vinculados a Cerdán a lo largo del periodo y 11.291 euros asociados a Koldo. Son números modestos si se comparan con el volumen global de caja, pero el juez no mira montantes absolutos: mira la coherencia entre cada pago, su justificación y su validación interna.

El PSOE, a través de sus representantes, sostiene que el millón en efectivo en siete años es una cifra proporcional para una organización con estructura nacional y que, además, ha entregado documentación adicional no solicitada para despejar dudas. Subraya que desde 2017 hasta 2024 no se usaron billetes de alta denominación y que se impusieron límites internos a la caja chica. La Fiscalía replica que hay lagunas: devoluciones de gastos con firma única de Ábalos en algunos periodos, retiradas mal documentadas y entregas descritas por testigos que no aparecen reflejadas con precisión en la contabilidad. En el centro de todo, la Secretaría de Organización como gestor cotidiano del efectivo.

Los protagonistas y el encaje penal

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado, encara en el Supremo un auto de procedimiento abreviado por la pieza de mascarillas. Koldo García Izaguirre, su exasesor, es el otro vértice orgánico de la causa; alrededor de su figura orbitan conversaciones intervenidas y notas sobre retiradas de efectivo. Víctor de Aldama, empresario, completa el triángulo en la pieza de contratos. En el mapa orgánico del partido aparece Santos Cerdán, exsecretario de Organización, hoy fuera de prisión provisional tras cinco meses, que ha presentado un informe pericial cuestionando la integridad de algunos audios de Koldo y la cadena de custodia digital. Cerdán niega irregularidades y reivindica la legalidad de la caja, sujeta —dice— a protocolos internos.

Los investigadores sitúan el flujo de efectivo en un núcleo operativamente pequeño: personas con capacidad de ordenar gastos y autorizar reembolsos, asistentes administrativos que gestionaban la caja y proveedores de servicios de logística. La hipótesis de trabajo de Anticorrupción no es —conviene insistir— que el partido se financiara irregularmente con sobres, sino que parte del efectivo pudo utilizarse como malla de cobertura para gastos indebidos o para legitimar fondos de origen ilícito con tickets de dudoso encaje. En el lenguaje penal, la lupa se posa sobre blanqueo con cuantías limitadas, administración desleal o falsedad documental en el circuito de justificación de gastos.

Qué busca la Fiscalía y qué hará la UCO

La Fiscalía Anticorrupción ha activado una batería de diligencias de precisión. Pide a la UCO que analice evidencias digitales incautadas en la causa: chats, correos, agendas, documentos y notas internas donde aparezcan términos asociados a retiro de efectivo, arqueos, devoluciones, dietas, caja, ferretería, taxis, hoteles… La idea es fechar cada comunicación y comprobar si cuadra con salidas de caja registradas el mismo día o en días próximos, y si el concepto verbal coincide con la justificación aportada.

Ese cruce dirá mucho. Si, pongamos, un mensaje del 6 de mayo de 2019 indica que Koldo “pasa por Ferraz a por 500 para dietas de X” y la contabilidad refleja una salida de 500 euros con un resguardo a nombre de un tercero sin vínculo laboral, habrá preguntas. Si, por el contrario, el pago está identificado, con número de factura, NIF y firma del receptor, la incidencia se diluye. Otro eje de la UCO: validaciones internas. ¿Firmas únicas o dobles? ¿Hubo libramientos periódicos con techo y reposición contra justificantes? ¿Se separaban funciones (quien autoriza no paga, quien paga no justifica)? Más allá del color político, son rutinas de control interno que, si existen y se cumplen, blindan la caja menuda.

En el anexo técnico, el Ministerio Público ha pedido búsquedas acotadas por fechas clave —vinculadas a retiradas en ventanilla, actos de campaña o hitos orgánicos— y el volcado pericial de metadatos para trazar la integridad de los ficheros. Nada excepcional en 2025: los informes forenses son estándar cuando hay sospecha de solapamiento entre papeles y mensajes. Y aquí, en efecto, hay fragmentos que no encajan del todo.

El marco legal del efectivo en España

Operar con efectivo no es ilegal. Tiene límites y condiciones. Desde julio de 2021, con la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude, el límite general de pago en efectivo cuando participa un empresario o profesional es de 1.000 euros (antes eran 2.500). Por encima de esa cifra, el abono debe hacerse por medios trazables (transferencia, tarjeta, cheque nominativo). Es decir, si un partido paga a un proveedor 1.300 euros en billetes por un suministro, está incumpliendo el límite. Otra cosa son los reembolsos de gastos de personal, donde la unidad de medida suele ser el ticket: 9 euros de un taxi, 18 de un menú, 40 de gasolina. Ahí, el efectivo sigue siendo operativo, siempre que el gasto esté justificado y el circuito validado.

Los partidos, además, tienen su régimen específico: Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos y el control del Tribunal de Cuentas. Prohíbe donaciones anónimas, exige contabilidad separada de las campañas y obliga a presentar memorias que reflejen imagen fiel. En campaña, la LOREG añade capas de control. ¿Qué mira un juez cuando pide la relación de pagos en metálico? No inventa obligaciones: pide la prueba documental que cuente cada euro. Y si en 2023 hay un apunte por 1.213 euros en efectivo a un proveedor con NIF y factura, no hay misterio; si hay anotaciones genéricas del tipo “gastos de logística” sin soporte, entonces hay problema.

La caja menuda no es un tabú. Suele funcionar con libramientos periódicos, arqueos y topes —por ejemplo, no superar x euros por operación—. Su enemigo íntimo es la ambigüedad: tickets sin nombre, conceptos vagos, fechas que no cuadran, autorizaciones de una sola firma. Ese es el territorio en disputa en la pieza de la Audiencia: decidir si el uso del efectivo del PSOE fue ordenado y documentado o si, por el contrario, hubo agujeros que exigen responsabilidad.

Los escenarios posibles y el calendario inmediato

El calendario está marcado. En diez días, Ferraz debe entregar la relación completa con justificantes. La UCO trabajará en su informe pericial cruzando contabilidad y evidencias. El Supremo mantiene citaciones y vistillas para Ábalos y Koldo y ha dado plazo a las acusaciones para concretar escritos. Con esos hitos, la pieza del efectivo puede bifurcarse en tres rutas:

Una, ruta corta. El dossier del PSOE cuadra con lo ya remitido y con lo que dicen testigos y mensajes intervenidos. Hay firmas dobles, arqueos, conceptos precisos y el efectivo se movió dentro de la legalidad. La pieza se desinfla y queda en rutina de verificación.

Dos, ruta intermedia. Aparecen incidencias: pagos duplicados y luego compensados, tickets sin NIF, resguardos escaneados de mala calidad, fechas que bailan. El juzgado pide aclaraciones, extiende el plazo, llama a más testigos y exige subsanaciones. No hay delito claro, pero sí mala praxis contable que exige depurar responsabilidades administrativas dentro del partido.

Tres, ruta larga. El cruce UCO-Fiscalía detecta patrones: uso sistemático del efectivo para legitimar gastos ajenos al objeto del partido o para plegar a caja gastos de terceros. Entonces la instrucción abre la puerta a nuevas imputaciones por blanqueo o administración desleal a título individual. Importante: no a la organización como tal, salvo que aflore una instrucción o protocolo deliberado para ocultar. Hoy no existe ese indicio.

La política pesa, sí, pero aquí son los papeles los que mandan. Cada resguardo y cada factura importan. Incluso el tipo de billete usado —el partido asegura que trabajó con 5, 10, 20 y 50 euros— tiene su relato: no es lo mismo una caja que se mueve con billetes menores que otra que opera con 200 o 500. Y también importa la evolución: 2020 y 2021 tuvieron menos efectivo por la pandemia; 2023 y 2024 crecieron por la actividad electoral. Si el patrón coincide con lo verosímil, la sospecha cae. Si no, se multiplica.

Papeles, firmas y fechas: ahí se juega todo

A estas alturas, la noticia no es el monto —940.000 euros en siete años para una organización con cientos de actos, nóminas y proveedores no es, per se, exorbitante—, sino el detalle: quién, cuándo, para qué. La Audiencia Nacional no ha inventado un laberinto burocrático: ha pedido lo que cualquier interventor exigiría para cerrar un arqueo de caja. El PSOE promete cooperación y trazabilidad; la Fiscalía quiere certezas donde ve sombras; la UCO aportará una radiografía técnica. Los nombres propios —Ábalos, Koldo, Cerdán, Aldama— seguirán en primer plano, aunque el resultado se decida en renglones pequeños: números de factura, sello, firma, NIF.

Queda un mensaje práctico: si el relato contable es coherente, la pieza del efectivo quedará como apéndice de la macrocausa de las mascarillas y la atención volverá al Supremo; si no lo es, veremos nuevas diligencias, nuevas comparecencias y, quizá, nuevos delitos acotados a personas concretas. No hay grandilocuencia en esto. Hay un requerimiento, un plazo y un método. Los papeles mandan, y esta vez lo harán sin micrófono: con firmas, fechas y conceptos que, o sostienen la caja del partido, o la desnudan. En ese terreno —prosaico, sí, pero determinante— se resolverá el enigma del efectivo del PSOE entre 2017 y 2024.