Así se desarrolló la ofensiva de EE. UU. contra Venezuela

La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela dejó de ser una posibilidad el 3 de enero de 2026: esa madrugada se registraron bombardeos en Caracas, Aragua y La Guaira, y Donald Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados. La operación llegó después de meses de presión naval, ataques a embarcaciones y despliegue de aeronaves. El plan no fue una invasión terrestre convencional desde el principio, sino una escalada que combinó coerción económica, vigilancia, fuerza en el mar y, finalmente, ataques dentro del país.

La cronología también obliga a separar lo confirmado de las afirmaciones oficiales. El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, dijo que participaron unas 150 aeronaves; Trump anunció la captura de Maduro y sostuvo que Washington dirigiría Venezuela durante una transición. Esas declaraciones describen la versión de la Casa Blanca sobre el objetivo y el resultado. No equivalen por sí solas a una explicación independiente de cada fase militar, ni despejan las controversias legales y políticas que rodearon la campaña.

De la presión antidroga a una campaña contra el Gobierno

La preparación política comenzó antes del despliegue más visible. En enero de 2025, Trump ordenó al Departamento de Estado designar como organizaciones terroristas extranjeras a ciertos grupos criminales del hemisferio occidental. En los meses siguientes, su Administración incluyó en esa categoría al Tren de Aragua y a otras bandas, y en julio designó al llamado Cártel de los Soles, al que Washington vinculaba con Maduro y altos cargos venezolanos. El Gobierno venezolano rechazó esas acusaciones.

En agosto, Trump autorizó el uso de fuerza militar contra organizaciones criminales latinoamericanas incluidas en esas designaciones y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura de Maduro. La Administración presentó la campaña como una respuesta al narcotráfico y al narcoterrorismo. La elección de ese marco fue decisiva: permitió describir a los presuntos traficantes como combatientes en un conflicto y no solo como sospechosos sujetos a una operación policial.

Ese cambio abrió una disputa sobre qué autoridad permite el uso letal de la fuerza y hasta dónde puede llegar una operación sin una declaración formal de guerra. El 1 de octubre, Trump notificó al Congreso que Estados Unidos estaba en un conflicto armado no internacional con combatientes ilegales vinculados a los cárteles. Juristas y legisladores cuestionaron que esa calificación bastara para justificar ataques contra personas en el mar. La discusión no era un detalle técnico: de ella dependía si la campaña se entendía como interdicción antidroga o como una acción militar con reglas distintas.

El Caribe como plataforma de presión

Desde agosto de 2025, Washington aumentó la presencia de buques de guerra en el Caribe sur. El despliegue incluyó destructores con misiles guiados, un crucero, buques anfibios y un submarino de ataque. En noviembre llegó a la región el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por sus escoltas. Para entonces, los informes situaban en torno a 15.000 el número de efectivos estadounidenses en el área, entre personal embarcado y fuerzas en tierra.

La composición de la fuerza iba más allá de patrullar rutas marítimas. Los destructores podían aportar defensa aérea y misiles de largo alcance; los buques anfibios, transporte y apoyo a marines; y el portaaviones, aviación embarcada y capacidad de coordinación. También se desplegaron cazas F-35 y drones MQ-9, mientras Puerto Rico servía de punto de apoyo para aeronaves y operaciones regionales. La combinación ofrecía vigilancia persistente y opciones de respuesta distintas, aunque la presencia de esos medios no demuestra por sí sola que cada plataforma tuviera asignada una misión de ataque contra Venezuela.

El artículo original describía además obras y actividad en instalaciones de Puerto Rico, incluida la antigua base Roosevelt Roads, el aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla, y el aeropuerto Henry E. Rohlsen, en St. Croix. Esos puntos podían contribuir a distribuir aviones, facilitar escalas y sostener el tráfico logístico. Sin embargo, conviene distinguir entre la existencia de obras o movimientos de aeronaves y la confirmación de una base de operaciones destinada a atacar territorio venezolano. La infraestructura aumenta las opciones, pero no revela por sí misma la orden política.

También importaba lo que un grupo naval permitía hacer sin cruzar la frontera. Buques y aeronaves podían localizar embarcaciones, seguir rutas y respaldar operaciones de interceptación. Los vuelos de transporte y reabastecimiento, por su parte, ayudaban a mantener personal y equipos en la región. Esa persistencia logística marcaba la diferencia entre una demostración puntual y una campaña prolongada, pero no significaba que la invasión fuese inevitable. El despliegue era una herramienta de presión y una capacidad disponible; el paso de una a otra dependía de decisiones políticas.

Los ataques en el mar elevaron el coste de la escalada

El primer ataque reconocido públicamente ocurrió el 2 de septiembre de 2025. Trump afirmó que una embarcación procedente de Venezuela transportaba drogas y estaba operada por miembros del Tren de Aragua; dijo que murieron 11 personas. Después se anunciaron nuevos ataques contra lanchas sospechosas en el Caribe y, más adelante, acciones en el Pacífico oriental. Washington sostuvo que golpeaba redes de narcotráfico, aunque no siempre presentó pruebas públicas que permitieran verificar la carga o la identidad de quienes iban a bordo.

La ausencia de información comprobable se convirtió en uno de los puntos más controvertidos. Associated Press informó que varios fallecidos eran pescadores o trabajadores pobres, y la ONU instó a Estados Unidos a detener los ataques, que expertos de Naciones Unidas calificaron de posibles ejecuciones extrajudiciales. En una operación conjunta con República Dominicana se recuperaron paquetes de cocaína tras la destrucción de una lancha, pero ese episodio no resolvió las dudas sobre otros ataques. La afirmación de que una embarcación transportaba droga no prueba automáticamente que sus ocupantes pudieran ser atacados.

El conflicto adquirió además una dimensión regional. Venezuela denunció las acciones como una amenaza a su soberanía y realizó ejercicios militares; dos cazas venezolanos sobrevolaron un buque estadounidense en septiembre, un episodio que Washington describió como provocador. Colombia cuestionó los ataques y su presidente, Gustavo Petro, afirmó que uno de ellos había matado a un pescador colombiano. Las posiciones de los países caribeños y latinoamericanos fueron diversas: algunos respaldaron la campaña antidroga y otros pidieron evitar una intervención y preservar la región como zona de paz.

El efecto militar de los ataques marítimos era doble. Podían interrumpir rutas y aumentar los riesgos para redes criminales, pero también acostumbraban a la región a una presencia armada sostenida y a la aplicación de fuerza letal en aguas internacionales. Ese precedente reducía la distancia entre vigilancia y combate. Por eso, cada nuevo golpe elevaba la tensión incluso cuando no suponía todavía un ataque contra instalaciones venezolanas.

El petróleo se convirtió en otro frente de presión

La campaña dejó de limitarse a embarcaciones cuando Washington intensificó las medidas sobre el comercio petrolero. En diciembre de 2025, Trump ordenó bloquear los petroleros sancionados que entraran o salieran de puertos venezolanos. Fuerzas estadounidenses habían incautado previamente un buque petrolero frente a la costa y se anunciaron sanciones adicionales contra empresas, navíos y personas relacionadas con el sector. La Casa Blanca presentó esas medidas como parte de la presión contra el Gobierno de Maduro.

El crudo tenía un peso estratégico porque sus ventas constituían una fuente central de ingresos para el Estado venezolano. Reducir la capacidad de exportarlo podía limitar los recursos disponibles para el Gobierno, pero también afectaba a la economía del país y a la población, ya golpeada por una crisis prolongada. Trump vinculó públicamente el petróleo a antiguas nacionalizaciones y a los derechos de compañías estadounidenses. Caracas respondió que Washington pretendía apropiarse de sus recursos. La disputa energética no fue un elemento lateral: acompañó la presión militar y ayudó a explicar por qué el conflicto excedía la lucha contra las drogas.

Expertos en derechos humanos de la ONU denunciaron que el bloqueo naval vulneraba el derecho internacional y podía constituir una agresión armada ilegal. Su posición reflejaba una controversia más amplia: las sanciones económicas, la incautación de buques y el uso de fuerzas militares no se rigen por una única justificación. La legalidad depende de las circunstancias y de las normas aplicables, y no puede resolverse solo con la etiqueta de narcoterrorismo empleada por Washington. En esta materia, la calificación de una operación no sustituye el examen de sus hechos y su fundamento jurídico.

Qué ocurrió en la operación del 3 de enero

En la madrugada del 3 de enero de 2026 se reportaron explosiones en Caracas, Aragua y La Guaira. El ataque alcanzó instalaciones militares venezolanas, según la información difundida sobre la operación. Horas después, Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían capturado a Maduro y a su esposa y que los trasladaban fuera del país. Caine describió una acción coordinada con participación de unas 150 aeronaves, una escala muy distinta de los ataques previos contra lanchas.

La Administración estadounidense presentó la operación como un éxito y Trump afirmó que Washington administraría el país hasta una transición. También anunció que compañías de Estados Unidos participarían en inversiones petroleras y en la recuperación de infraestructura. Esas declaraciones conectaron de forma explícita la acción militar con el futuro político y económico venezolano. El objetivo ya no podía describirse únicamente como cortar rutas de droga: la captura anunciada del presidente y el planteamiento de una transición colocaron el cambio de poder en el centro del relato oficial.

El despliegue previo ayuda a entender cómo podía sostenerse una operación de gran escala: una red de buques, aeronaves, vigilancia y logística ya estaba en la región. Pero la información disponible no permite reconstruir con precisión cada fase táctica ni atribuir una misión concreta a todos los activos observados. Tampoco conviene confundir la capacidad acumulada durante meses con una prueba de que el plan inicial contemplara desde el primer día el desenlace del 3 de enero. La escalada se fue ampliando y el resultado dependió de una decisión posterior.

El plan militar no equivalía a una invasión clásica

Antes de enero, el dispositivo permitía imaginar una progresión de menor a mayor intensidad: vigilancia de rutas, ataques contra embarcaciones, presión sobre el petróleo y posibles golpes contra objetivos terrestres. En octubre, medios informaron de que Estados Unidos había identificado instalaciones en tierra relacionadas, según funcionarios estadounidenses, con redes de narcotráfico. Trump negó entonces que hubiera tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela. Esa diferencia entre preparar opciones y autorizarlas es fundamental para leer la escalada.

Un desembarco masivo habría sido otra clase de operación, con necesidades y riesgos distintos. La concentración naval y aérea ofrecía capacidad para realizar ataques de precisión y apoyar acciones limitadas, pero el material de referencia no confirma que hubiera un plan público de ocupación terrestre antes del ataque de enero. La defensa venezolana incluía fuerzas armadas, aviación y sistemas antiaéreos; cualquier choque podía causar bajas y desencadenar una respuesta. La superioridad de medios de Estados Unidos no eliminaba el riesgo de una escalada difícil de controlar.

La ubicación de las bases y los buques tenía, además, un efecto político. La cercanía permitía reducir tiempos de respuesta y mostrar que Washington podía mantener fuerzas en el Caribe, pero también hacía más probable que Caracas interpretara maniobras y vuelos como preparativos ofensivos. En una crisis así, una incursión, un derribo o un error de identificación podía transformar una campaña limitada en un enfrentamiento directo. La disuasión funciona mientras ambas partes crean que aún pueden detenerse; cuanto más visibles y letales son las operaciones, más estrecho puede volverse ese margen.

La fuerza abrió paso a una negociación de poder

La presión militar convivió durante meses con intentos diplomáticos. Richard Grenell, enviado de Trump, mantuvo conversaciones con funcionarios venezolanos y Catar actuó como intermediario. Se informó de propuestas para sustituir a Maduro mediante una transición encabezada por Delcy Rodríguez, pero Washington las rechazó y las partes negaron algunos detalles publicados. En octubre, Trump ordenó suspender las conversaciones con Venezuela. La diplomacia no desapareció de la estrategia: funcionó junto a la presión, aunque no logró evitar la intervención de enero.

Después de la operación, la relación política volvió a moverse. La información posterior señala que Estados Unidos reconoció al Gobierno de Delcy Rodríguez en marzo de 2026 y que ambos países acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares. En agosto se anunció un acuerdo petrolero entre Caracas y Washington. Esa secuencia muestra que la acción militar no cerró el conflicto, sino que dio paso a un nuevo equilibrio, con negociación sobre el poder y los recursos. La coerción y el entendimiento terminaron formando parte del mismo proceso.

Las consecuencias también alcanzaron a los países vecinos. Colombia convocó reuniones regionales y denunció los ataques; otros gobiernos insistieron en la soberanía y en evitar una guerra. Para Estados Unidos, la campaña reforzó su presencia en el hemisferio occidental. Para Venezuela, la crisis combinó presión sobre sus exportaciones, operaciones armadas y una disputa sobre quién debía conducir el país. El Caribe dejó de ser solo el escenario de una operación antidroga y volvió a convertirse en una zona donde chocan intereses de seguridad, energía e influencia política.

Lo que la cronología permite afirmar

La respuesta más precisa es que Washington primero construyó capacidad y presión alrededor de Venezuela, después amplió las acciones marítimas y económicas y, el 3 de enero de 2026, llevó a cabo ataques en territorio venezolano. Trump anunció la captura de Maduro y presentó una transición dirigida por Estados Unidos como objetivo inmediato. La secuencia, por tanto, no es ya una hipótesis de lo que podría ocurrir: la fase militar decisiva tuvo lugar, aunque sus detalles y consecuencias siguen siendo objeto de disputa.

Quedan abiertas preguntas sobre la base legal de los ataques, las pruebas que respaldaron las acusaciones contra las embarcaciones y el alcance real de la intervención posterior. También persiste la cuestión de si la presión petrolera puede producir estabilidad política o si traslada sus costes a la población y a los países de la región. El despliegue mostró que la fuerza podía pasar del mar al territorio, pero el futuro venezolano no dependía solo de la potencia militar: también de los acuerdos, la legitimidad política y el precio humano de la escalada.