¿Cuánto puede multar la CNMC a Ibai por la ley audiovisual?

La CNMC abre expediente a Ibai Llanos por la Ley Audiovisual y estudia una posible multa de hasta 750.000 euros: claves, plazos y qué se investiga.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, ha abierto un expediente sancionador al streamer Ibai Llanos por un presunto incumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La cifra que ha saltado a titulares —hasta 750.000 euros— no es una multa ya impuesta, sino el techo legal que puede contemplarse en un procedimiento por infracción grave, con un rango que, según el encaje final del caso, puede moverse desde 30.000 euros hasta ese máximo. El punto de partida es administrativo y frío: hay indicios, se investiga, se delimita qué obligación concreta se habría incumplido y durante cuánto tiempo, y a partir de ahí se decide.

Lo que se conoce hasta ahora es que el Consejo de la CNMC habría acordado incoar el expediente el 19 de febrero y que la conducta investigada se habría mantenido de forma continuada durante un mes, un detalle que pesa porque la continuidad no es un adorno: puede ser el elemento que incline la balanza hacia la calificación de “grave”. La CNMC dispone de un plazo máximo de 12 meses para resolver el procedimiento. En paralelo, Ibai reaccionó en X con el tono que le ha hecho marca, citando al presidente Pedro Sánchez con una frase irónica —la broma clásica de internet—, mientras el asunto se convertía en conversación pública a golpe de captura de pantalla. Eso no cambia el expediente, pero sí describe el clima: burocracia por un lado, meme por el otro, y en medio un debate cada vez menos abstracto sobre quién manda en la pantalla cuando la pantalla ya no es la tele.

El corazón del caso: el artículo 94 y el “usuario de especial relevancia”

El expediente gira alrededor del artículo 94 de la Ley 13/2022, el artículo que introdujo una etiqueta con nombre de BOE y efectos muy reales: “usuarios de especial relevancia” en servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. Dicho sin solemnidad, la ley viene a decir que hay creadores tan grandes —por audiencia y por ingresos— que su actividad compite de tú a tú con actores tradicionales del mercado audiovisual y publicitario, y por eso no pueden operar como si fuesen simplemente “un canal más” sin obligaciones. No es un juicio moral, es una categoría jurídica con consecuencias.

Ese artículo 94 no se queda en la etiqueta: marca obligaciones conectadas con los principios generales de la comunicación audiovisual y con la protección de menores. La idea de fondo es muy concreta: si tu contenido mueve masas, si se monetiza de forma sostenida y si tiene capacidad de impacto social —especialmente en públicos jóvenes—, entonces hay un mínimo de reglas: cómo se tratan las comunicaciones comerciales, qué herramientas se usan para limitar el acceso de menores a ciertos contenidos, qué información debe quedar clara y qué no puede presentarse de manera confusa. La ley no te pide que cambies tu estilo, te pide que asumas responsabilidades asociadas al tamaño de tu altavoz.

En el caso de Ibai, lo que se está analizando —según lo que ha trascendido— es un supuesto incumplimiento de esas obligaciones durante un periodo sostenido. Aquí conviene separar lo que suena a sentencia de lo que es, de momento, un procedimiento: la CNMC investiga si hubo infracción, no ha cerrado el expediente, y cualquier sanción dependerá de cómo se acrediten los hechos, de qué obligación concreta se considere vulnerada y de cómo se valore el alcance económico vinculado.

Cuándo un creador entra en el “club” regulado: números, no intuiciones

Durante mucho tiempo, la discusión sobre los influencers y la norma era una nube: “¿a partir de cuánto se te considera relevante?”, “¿qué significa ingresos significativos?”, “¿quién decide?”. Esa nube se compactó con el Real Decreto 444/2024, que concreta los requisitos del propio artículo 94 para evitar que todo dependa de interpretaciones. Y aquí sí hay números, y los números no tienen sentido del humor.

Por un lado, el umbral económico: se consideran ingresos significativos los ingresos brutos del año natural anterior iguales o superiores a 300.000 euros, siempre derivados de la actividad en plataformas de intercambio de vídeos. La norma detalla qué se computa: dinero o especie por comercialización de publicidad que acompaña o se inserta en contenidos, pagos de la propia plataforma por la actividad, cuotas abonadas por la audiencia, e incluso determinadas prestaciones públicas vinculadas a esa actividad, entre otros ingresos ligados a la presencia y monetización en plataformas. No es “ganas bien”, es una cifra concreta y un cómputo definido.

Por el otro, la audiencia: se considera audiencia significativa cuando, de forma acumulativa, se alcanzan 1.000.000 de seguidores en una plataforma en algún momento del año anterior —o 2.000.000 agregados sumando varias plataformas— y además se ha publicado o compartido un mínimo de 24 vídeos en ese mismo año, independientemente de su duración. Este segundo requisito es interesante porque introduce una idea simple: no basta con tener seguidores, hay que tener actividad. Un perfil inflado y silencioso no encaja igual que una cuenta que produce y difunde contenidos de forma sostenida.

Con esos umbrales, el debate deja de ser “¿quién es famoso?” y pasa a ser “¿cumples simultáneamente estos requisitos?”. Y si los cumples, te conviertes en un actor al que la ley puede exigir, por ejemplo, medidas razonables de protección de menores y criterios claros en publicidad y patrocinios. En ese marco es donde encaja el expediente abierto a Ibai: la CNMC estaría evaluando un presunto incumplimiento asociado a esa condición.

Qué obligaciones están en juego: menores, publicidad y el registro

Cuando se habla de “Ley Audiovisual” aplicada a streamers, hay quien imagina un regulador revisando chistes o cortando directos por contenido incómodo. No va por ahí. Lo que está en el centro de esta regulación —y lo que se menciona como obligaciones típicas de los “usuarios de especial relevancia”— tiene que ver con tres áreas que, en el día a día, suelen mezclarse más de lo que parece: protección de menores, comunicaciones comerciales y transparencia administrativa a través de la inscripción en un registro.

En protección de menores, la lógica es fácil de visualizar: una emisión en directo, con miles o millones mirando, puede tener fragmentos perfectamente aptos y otros que no lo son tanto. La ley exige que se utilicen los mecanismos que pone a disposición la plataforma —herramientas de etiquetado, controles de acceso, avisos, lo que toque en cada caso— para reducir la exposición de menores a contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral. Esto no significa que el creador tenga que convertirse en un censor de sí mismo; significa que, si cruza ciertos umbrales, debe gestionar el riesgo con herramientas reales, no con “ya se sabe”.

En comunicaciones comerciales, el terreno se vuelve resbaladizo porque en el ecosistema influencer la publicidad se disfraza con facilidad de naturalidad. Un patrocinio puede sonar a conversación, una mención pagada puede parecer una recomendación espontánea, un acuerdo comercial puede esconderse detrás de un chascarrillo. La regulación audiovisual no inventó este problema, pero sí intenta ponerle límites: que la audiencia pueda reconocer qué es contenido editorial y qué es contenido publicitario, que ciertas comunicaciones no se presenten de forma engañosa, y que se respeten criterios de protección de menores cuando la publicidad toca ámbitos especialmente sensibles.

Y luego está el registro. La inscripción en el Registro Estatal de prestadores —el que regula el Real Decreto 1138/2023— funciona como pieza de transparencia: no es glamuroso, no es viral, no da clips, pero permite que el sector esté identificado y ordenado bajo un marco común. Ese registro incluye, entre otros, a los usuarios de especial relevancia y estructura secciones para distintos prestadores del ecosistema audiovisual. Lo relevante aquí no es la burocracia en sí, sino el mensaje: si te beneficias de un mercado audiovisual y publicitario a gran escala, también entras en el perímetro de control y responsabilidad.

En el caso de Ibai, lo que se ha señalado como foco de la investigación apunta a que, durante ese periodo continuado, no se habrían cumplido determinadas obligaciones propias de esa categoría. Cuáles exactamente y cómo se interpretan en su caso será, precisamente, lo que determine el expediente conforme avance.

Cómo se “materializa” una infracción en un canal grande, sin caricaturas

Una infracción en este terreno rara vez se presenta como algo cinematográfico. No suele ser “hizo X en directo y al día siguiente le cae un multazo”. A menudo es más gris y más técnico: un contenido que debió ir marcado de cierta forma y no lo estuvo, una comunicación comercial que no quedó suficientemente identificada, un uso incompleto de herramientas de control cuando el contenido lo exigía, o una obligación administrativa que no se cumplió en plazo o de forma adecuada. Lo que fuera —si se acredita— se traduce en un expediente con su lógica interna: hechos, encaje legal, calificación, propuesta, alegaciones, y resolución.

En otras palabras: el regulador no se alimenta de titulares, se alimenta de expedientes. Y un expediente necesita materia verificable. Por eso, aunque la cifra máxima haga ruido, el núcleo real del asunto está en el detalle: qué ocurrió, cuándo, durante cuánto tiempo, qué obligación concreta se considera incumplida y qué impacto tuvo.

La cronología que importa: acuerdo, mes continuado y doce meses de plazo

En este tipo de casos, el calendario tiene dos ritmos distintos. Está el ritmo público, que va a segundos: sale un titular, se viraliza, se reacciona, se comenta. Y está el ritmo administrativo, que va a semanas y meses: el regulador abre el procedimiento, fija el objeto, recaba información, da trámite de audiencia, valora, y decide.

Lo que ha trascendido sitúa el acuerdo de incoación el 19 de febrero. A partir de ahí, la CNMC tiene un máximo de 12 meses para resolver, un plazo que en la práctica se convierte en el carril por el que circula todo: peticiones de documentación, análisis de la actividad que se investiga, contraste de hechos, y decisiones sobre si procede sanción, archivo o una resolución intermedia. Y en el centro aparece el dato del mes continuado: no se habla de un instante aislado, sino de un periodo, lo que convierte el incumplimiento —si se confirma— en algo menos discutible desde el punto de vista de continuidad.

Ese “mes continuado” es más importante de lo que parece porque, en derecho sancionador, la duración y la reiteración pueden reforzar la idea de gravedad. Un error puntual puede interpretarse como descuido; un periodo sostenido sugiere otra cosa, aunque el expediente tendrá que probarlo con hechos. De ahí que, por ahora, la palabra clave sea presunto: la CNMC investiga y el afectado puede defenderse, aportar su versión y discutir el encaje de lo ocurrido.

Mientras tanto, la reacción en redes —la mención irónica a Pedro Sánchez— ha funcionado como gasolina para el debate público, pero no como argumento jurídico. En la carpeta del expediente, el humor ocupa poco espacio.

Por qué este expediente ha hecho tanto ruido: Ibai como caso símbolo

Hay expedientes que pasan sin dejar rastro fuera del BOE mental de los especialistas, y otros que se convierten en tema nacional aunque el contenido sea, en esencia, el mismo tipo de procedimiento. Este ha explotado por una razón obvia: Ibai Llanos es una de las caras más reconocibles del entretenimiento digital en España. Su historial de eventos, entrevistas, formatos en directo y capacidad de arrastre lo convierten en un perfil que, le guste o no al regulador, funciona como termómetro de época. Si una norma se aplica a él, se entiende que se está aplicando de verdad, no solo “sobre el papel”.

Eso no significa que el expediente sea una operación ejemplarizante —esa palabra se lanza fácil y se demuestra difícil—, pero sí que tiene un efecto pedagógico involuntario: pone el foco en que la categoría “usuario de especial relevancia” ya no es una etiqueta decorativa. Desde que el Real Decreto 444/2024 concretó los umbrales, el marco dejó de ser una promesa y pasó a ser un sistema aplicable, con números que pueden encajar en perfiles grandes de manera casi automática.

En el ecosistema creador, donde durante años se ha vivido con la idea de “somos entretenimiento, no somos tele”, esta transición molesta por un motivo psicológico simple: obliga a reconocer que una parte del streaming ya no es “alternativa”, sino industria audiovisual. Y la industria audiovisual, en España y en Europa, se regula. Con más o menos acierto, con debates pendientes, pero se regula.

El matiz que se suele perder: no se regula el creador, se regula la actividad

Aquí conviene afinar, porque el debate se intoxica rápido. No se trata de que la CNMC “persiga a Ibai” por ser Ibai. La cuestión es si una actividad audiovisual que cumple umbrales de audiencia e ingresos y opera en plataformas de vídeo cumple o no con obligaciones asociadas. Es decir, se regula la actividad en tanto que tiene impacto y monetización, no la persona por su estilo o su popularidad.

Por eso el expediente no debería leerse como un choque entre “institución contra internet”, sino como un choque entre dos lógicas: la de un mercado que creció a gran velocidad y la de un Estado que, tarde pero firme, intenta encajar ese mercado en un marco de reglas comparable al de otros actores que compiten por la misma atención y el mismo dinero publicitario.

Qué significa “hasta 750.000 euros” en la práctica: rango, ingresos y proporcionalidad

La cifra máxima, 750.000 euros, impresiona porque suena a sanción definitiva, a martillazo. Pero lo que hay detrás es un mecanismo de proporcionalidad: la ley contempla que una infracción grave pueda sancionarse con cantidades que varían en función de parámetros, incluido el volumen económico asociado. No es lo mismo un incumplimiento en un canal pequeño que un incumplimiento equivalente en un canal que mueve cifras grandes de monetización directa e indirecta.

El rango que suele acompañar a este tipo de infracciones —de 30.000 a 750.000 euros— tiene un efecto comunicativo perverso: el público se queda con el techo, y el techo se convierte en la historia. En realidad, el techo es solo el límite superior. La historia está en el encaje exacto: si se confirma la infracción, cómo se califica, qué elementos de continuidad se acreditan, y qué relación se establece con ingresos derivados de esa actividad durante el periodo investigado. Ahí es donde se decide si una sanción sería de miles, de decenas de miles o, en un extremo, acercándose al máximo.

Además, el procedimiento puede acabar sin multa: puede haber archivo si no se acredita infracción o si no se considera aplicable en los términos planteados. Y si hay resolución sancionadora, existen vías de impugnación en sede judicial. Es decir, el “hasta” no es un destino, es un límite del mapa.

En el plano más práctico, el expediente también abre una cuestión que muchos creadores se hacen —en voz baja, con cara de “no me lo creo”—: hasta qué punto se está aplicando con rigor la obligación de usar herramientas de la plataforma, de identificar comunicaciones comerciales con claridad y de cumplir con la inscripción registral cuando se cumplen umbrales. Si este caso termina en sanción o en archivo, marcará un precedente interpretativo que, sin necesidad de sentar doctrina formal, sí fija el tono del regulador.

La letra pequeña que cambia mucho: registro estatal y obligaciones administrativas

La inscripción en el registro suele tratarse como un trámite menor, pero en realidad es una de las piezas que convierten el sistema en verificable. El Registro Estatal de prestadores —regulado por el Real Decreto 1138/2023— integra a distintos actores del sector, incluidos prestadores de servicios de intercambio de vídeos y los “usuarios de especial relevancia”. Esa inclusión no está pensada para humillar a nadie con burocracia; está pensada para que exista una base mínima de transparencia y trazabilidad: quién presta qué, bajo qué figura, y desde qué estructura.

Además, tanto el propio esquema del registro como los plazos de inscripción vinculados a la entrada en vigor del desarrollo reglamentario conectan con otra idea: la norma no se limita a decir “deberías”, sino que establece cuándo y cómo se materializa ese deber. Esto importa porque, en un mercado donde hay creadores individuales, sociedades, equipos de producción y acuerdos comerciales complejos, la forma jurídica puede diluir responsabilidades si no hay un marco claro. El registro reduce esa niebla.

En el expediente a Ibai, si la CNMC está valorando el incumplimiento de obligaciones exigibles a usuarios de especial relevancia, el componente registral aparece como uno de los puntos posibles. Y aquí hay un matiz delicado: el registro no es un “sello de calidad”, es un requisito formal. En derecho administrativo, el incumplimiento de un requisito formal puede tener consecuencias incluso si el contenido publicado es irreprochable desde otros ángulos. Por eso, cuando se leen titulares que simplifican la historia a “por la Ley de influencers”, conviene recordar que parte de esa “ley” es pura estructura: identificación, obligaciones, herramientas, y registro.

Qué queda ahora sobre la mesa: un expediente que ya es una advertencia para el sector

Aunque el procedimiento esté en fase abierta y no haya resolución, el expediente ya produce un efecto inmediato: convierte un debate teórico en un asunto operativo. La regulación de grandes creadores en España dejó de ser un texto comentado por abogados y pasó a ser, también, una realidad que toca a nombres con enorme visibilidad.

La pregunta que queda en el aire —sin necesidad de formularla como pregunta— es cómo de estricta será la aplicación práctica de estas obligaciones y qué nivel de detalle exigirá el regulador cuando evalúe contenidos, comunicaciones comerciales y mecanismos de protección de menores. La CNMC tiene margen para interpretar y para modular; también tiene la presión de ser coherente, porque una vez que abres expedientes a perfiles grandes, el criterio se observa con lupa.

En ese contexto, el caso Ibai es doblemente interesante: por el tamaño del protagonista y por el tipo de ecosistema que representa, un ecosistema donde el contenido se mezcla con patrocinios, colaboraciones, eventos, clips recortados y reemisiones que viajan por diferentes plataformas como botellas a la deriva. La norma, sin embargo, tiende a pensar en responsabilidades más lineales. Esa fricción —ecosistema líquido frente a norma sólida— es el terreno real de esta historia.

Cuando una sanción no está escrita, pero el mensaje sí existe

Si mañana el expediente se archivara, la noticia seguiría siendo relevante, porque significa que el regulador ha mirado y ha decidido que no procede sanción en esos términos. Si mañana se impusiera una multa, también sería relevante, porque fijaría un criterio más duro sobre el cumplimiento de las obligaciones asociadas a “usuarios de especial relevancia”. En ambos escenarios, el movimiento inicial ya ha ocurrido: la CNMC ha puesto el foco y ha convertido la regulación audiovisual de grandes creadores en un asunto tangible.

Por ahora, lo único firme es esto: existe un expediente, existe un marco normativo con umbrales definidos —300.000 euros de ingresos brutos, 1 millón de seguidores (o 2 millones agregados) y 24 vídeos al año como referencia de actividad—, existe un catálogo de obligaciones vinculadas a menores, publicidad y registro, y existe un plazo máximo de 12 meses para que el regulador resuelva. El resto, incluida la cifra exacta de una eventual sanción, pertenece al terreno donde mandan los hechos probados y la interpretación jurídica, no el ruido de redes. Y aun así, el ruido deja huella: desde hoy, la “Ley Audiovisual” ya no es un rumor que flota alrededor del streaming, es una palabra que ha entrado en el vocabulario cotidiano con un nombre propio al lado: Ibai Llanos.