¿Cómo cambiará Chile la ley de 40 horas para permitir semanas de 52?

Chile no ha implantado una jornada ordinaria de 52 horas, ni existe una ley aprobada que sustituya la reducción progresiva iniciada durante el Gobierno de Gabriel Boric. Lo que prepara el Ejecutivo de José Antonio Kast es un proyecto para ampliar el periodo utilizado al calcular el promedio semanal: semanas más largas durante los meses de mayor actividad, compensadas con otras más cortas. La magia del promedio, vaya, capaz de convertir 52 en 40 sin arrancar una sola hora del reloj.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostiene que la jornada legal no cambiará. En julio de 2026, el límite ordinario se encuentra en 42 horas semanales, tras la segunda etapa de reducción prevista por la Ley 21.561, y deberá bajar definitivamente a 40 horas en abril de 2028. La propuesta afectaría a la distribución de ese tiempo, no al promedio final ni al calendario de reducción. Al menos, esa es la promesa política; el texto definitivo deberá mostrar dónde están las comas, los límites y, sobre todo, quién tendrá realmente la capacidad de decir que no.

La reforma permitiría que determinadas empresas concentrasen hasta 52 horas de trabajo en algunas semanas, siempre que el exceso quedara compensado dentro de un periodo más amplio. No sería, por tanto, una jornada fija para todos los trabajadores chilenos, pero tampoco un ajuste menor. Una semana de 52 horas pesa lo mismo aunque, meses después, una hoja de cálculo asegure que el promedio continúa intacto.

La discusión ha encendido a la oposición y a los sindicatos porque afecta a una de las reformas laborales más simbólicas de los últimos años. El Gobierno habla de adaptabilidad y empleo; sus críticos ven una puerta abierta a jornadas extensas, descansos aplazados y acuerdos formalmente voluntarios en relaciones laborales donde una parte suele llegar a la negociación con bastante menos margen que la otra.

Qué ha anunciado realmente el Gobierno chileno

Rau anunció que el Ejecutivo presentará una iniciativa para modificar el ciclo de cálculo previsto en la ley de 40 horas. Actualmente, cuando una empresa y sus trabajadores acuerdan distribuir irregularmente la jornada, el promedio debe calcularse dentro de un periodo máximo de cuatro semanas. El Gobierno quiere llevar ese marco general a unas 15 o 16 semanas y permitir periodos todavía mayores en sectores estacionales.

En actividades como el turismo, la gastronomía o determinados trabajos agrícolas, el cálculo podría llegar incluso a abarcar un año completo. La empresa concentraría más horas durante la temporada alta y reduciría el horario cuando descendiera la demanda, sin superar el promedio legal establecido para todo el ciclo.

El planteamiento procede de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo. Su informe final reúne propuestas para combatir el desempleo y la informalidad, entre ellas la extensión del periodo de referencia y el mantenimiento de un techo absoluto de 52 horas semanales al sumar la jornada ordinaria y la extraordinaria.

No es, por tanto, una semana fija de 52 horas para todo Chile. Tampoco es un simple retoque administrativo, como podría sugerir el lenguaje algo anestésico de “ampliar el ciclo de cálculo”. Si el proyecto prospera en los términos adelantados, una empresa podría concentrar muchas más horas de trabajo en la temporada alta y devolverlas posteriormente mediante semanas reducidas o descansos.

El promedio, ese pequeño gran truco

Con el sistema vigente, la distribución irregular debe cuadrarse en cuatro semanas. Una semana más intensa queda relativamente cerca de su compensación, lo que limita el tiempo durante el cual el trabajador acumula jornadas elevadas. Al ampliar el cálculo a cuatro meses o incluso un año, la devolución de esas horas puede alejarse mucho más en el calendario. Febrero trabajaría por agosto, por decirlo de forma poco científica pero bastante gráfica.

El Gobierno presenta esa elasticidad como una herramienta para empresas con picos de demanda. Un hotel costero, un restaurante turístico o una explotación agrícola no tienen el mismo volumen de trabajo durante todo el año. La propuesta permitiría reforzar las semanas fuertes sin recurrir necesariamente a nuevas contrataciones, horas extraordinarias constantes o empleo informal, y reducir después el horario cuando caiga la actividad.

El reverso se reconoce enseguida. La flexibilidad empresarial puede convertirse en imprevisibilidad para quien organiza cuidados familiares, estudios, desplazamientos o un segundo empleo. El trabajo no ocurre en una probeta; sucede entre autobuses, cenas, hijos que salen del colegio y cuerpos que también necesitan descanso.

El detalle decisivo será la capacidad de negociación. No significa lo mismo un calendario pactado por un sindicato con información, representación y mecanismos de control que un acuerdo ofrecido individualmente a una persona que teme perder su puesto. Sobre el papel, ambos pueden llamarse voluntarios. Fuera del papel, la libertad contractual no siempre pesa lo mismo a cada lado de la mesa.

Las 52 horas ya existen, pero con cerrojos

La cifra de 52 horas no ha aparecido de repente en un despacho del Gobierno de Kast. La legislación aprobada en 2023 ya permite alcanzar ese límite en situaciones concretas. La norma establece que la jornada ordinaria promediada en cuatro semanas no puede superar normalmente las 45 horas en una semana ni mantenerse por encima del promedio durante más de dos semanas consecutivas.

Mediante negociación colectiva o pactos directos con sindicatos, el tope puede ampliarse a 52 horas para los afiliados, manteniendo los demás requisitos del sistema. El Código del Trabajo también fija esa cifra como máximo conjunto de jornada ordinaria y extraordinaria dentro de esta modalidad.

Por eso Rau insiste en que el Ejecutivo no está creando un techo nuevo. Ya está escrito. La diferencia es menos vistosa, pero profunda: hoy ese máximo opera dentro de un ciclo corto y sometido a condiciones determinadas; la reforma pretende extender el horizonte durante el que pueden repartirse y compensarse las horas. No se mueve necesariamente el techo, pero sí las paredes de la habitación.

La ampliación del periodo de cálculo también cambiaría la percepción del descanso. Una compensación que llega la semana siguiente puede organizarse y comprobarse con relativa facilidad. Otra que aparece cuatro, ocho o doce meses después exige registros fiables, controles administrativos y una memoria laboral casi notarial. Sin esos mecanismos, el promedio corre el riesgo de convertirse en una niebla estadística.

Por qué el Gobierno mueve ahora el reloj

Chile atraviesa un deterioro sostenido de su mercado laboral. La tasa de desempleo alcanzó el 9,4% entre marzo y mayo de 2026, medio punto más que un año antes. Entre las mujeres llegó al 10,5%, mientras que la ocupación informal se situó alrededor del 27%. El número de personas desempleadas creció y también aumentaron quienes buscaban trabajo por primera vez.

Son cifras suficientemente ásperas como para explicar la prisa gubernamental, aunque no demuestran por sí solas que ampliar los ciclos horarios vaya a crear empleo. El paro no desaparece al mover casillas en un calendario. Puede mejorar la capacidad de algunas empresas para conservar puestos, sí, pero también reducir la necesidad de contratar refuerzos durante los periodos de mayor actividad.

El Ejecutivo vincula la flexibilización con una mayor capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas, especialmente allí donde las ventas suben y bajan con las estaciones. Rau ha resumido su posición con una frase políticamente eficaz: nada sería más precario que no tener empleo. La idea encaja con una agenda más amplia que incluye contratos por horas, cambios en las indemnizaciones y una definición más extensa de las funciones asumidas por cada trabajador.

No es una pieza aislada. Forma parte de una reforma laboral orientada a reducir costes, facilitar la contratación y suavizar lo que el Gobierno considera rigideces del mercado. Para la oposición, en cambio, ese vocabulario suele esconder una transferencia bastante clásica: menos incertidumbre para la empresa, más incertidumbre para la plantilla.

Hay otro dato que complica el relato de las grandes jornadas nacionales: el promedio efectivo de trabajo se encontraba alrededor de 37 horas semanales, por debajo del máximo legal. La crisis laboral chilena no nace únicamente de cuántas horas permite el Código, sino de la escasez de puestos, la baja participación de determinados grupos, la informalidad y una economía que no absorbe con suficiente rapidez a quienes buscan empleo.

Flexibilidad para la empresa, incertidumbre para la plantilla

La propuesta puede resultar útil en actividades realmente estacionales. También podría beneficiar a empresas que ya cuentan con plantillas estables y quieren evitar despidos durante los periodos de menor actividad. Ese es el mejor escenario: más continuidad contractual, menos destrucción de empleo y descansos efectivos cuando termina la temporada.

El escenario menos amable también se ve con claridad. Semanas de 50 o 52 horas, repetidas durante los periodos de máxima demanda, pueden convertirse en la normalidad de algunos sectores mientras la compensación queda dispersa meses después. El trabajador presta primero el tiempo; la empresa lo devuelve más tarde. Una especie de crédito horario sin intereses, aunque el cuerpo no lleve contabilidad creativa.

La letra de la futura norma deberá aclarar cuánto pueden durar las secuencias de jornadas elevadas, con qué antelación se comunicará el calendario, qué papel tendrán los sindicatos y cómo se tratarán las horas extraordinarias. También tendrá que resolver qué ocurre cuando finaliza un contrato antes de que lleguen los descansos compensatorios.

La legislación vigente obliga a pagar las horas que excedan proporcionalmente el promedio cuando termina la relación laboral. Mantener una garantía equivalente será fundamental si el ciclo pasa de cuatro semanas a varios meses. Sin una liquidación clara, el trabajador podría marcharse de la empresa dejando detrás horas trabajadas y descansos pendientes, una herencia bastante menos poética de lo que suena.

Las exministras del Gobierno de Boric Jeannette Jara y Camila Vallejo han acusado al Ejecutivo de abrir la puerta a jornadas de 52 horas y poner en riesgo uno de los avances laborales más simbólicos de la administración anterior. Rau ha respondido que la reducción a 40 horas será respetada y que solo cambiará la forma de promediarla.

Las dos afirmaciones pueden convivir sin ser idénticas. El promedio legal puede mantenerse mientras algunas semanas se vuelven considerablemente más largas. Una persona que trabaja 52 horas no vive una media estadística, sino 52 horas bastante reales. El Gobierno replica que serán compensadas. Ahí está el corazón del asunto: cuándo, cómo, con qué garantías y bajo qué capacidad de negociación.

El anuncio político es más preciso que el articulado conocido públicamente. Rau ha adelantado un ciclo general cercano al utilizado en otros países y periodos mayores para sectores estacionales, pero el Congreso tendrá que discutir los requisitos, las excepciones y los controles. Presentar el cambio como una implantación consumada es incorrecto. Presentarlo como una modificación inocua también sería demasiado cómodo.

Una reforma que no cabe en un eslogan

Chile no está sustituyendo su ley de 40 horas por una jornada fija de 52. Está preparando una reforma que podría permitir semanas puntuales de hasta 52 horas dentro de ciclos de compensación mucho más largos. El límite ya existe en la legislación, aunque rodeado de condiciones; la novedad reside en extender el periodo durante el que las empresas pueden distribuir el trabajo.

La reforma puede ofrecer margen a sectores estacionales y ayudar a conservar ciertos empleos. También puede trasladar una parte notable del riesgo empresarial a la agenda privada del trabajador, que deberá adaptarse a semanas muy intensas y esperar después la devolución del tiempo. El promedio anual quedará impecable en la hoja de cálculo. La vida será bastante menos cuadriculada.

La discusión parlamentaria deberá decidir si la adaptabilidad se construye con negociación colectiva, previsibilidad y descansos exigibles o mediante acuerdos nominalmente voluntarios entre partes con fuerzas muy distintas. Ese será el verdadero examen. No si el resultado de una división sigue dando 40, sino quién controla las horas antes de hacer la cuenta.