Chagos vuelve a Mauricio: qué pasa con Diego García y EEUU

Chagos vuelve a Mauricio y Diego García abre un pulso en el Índico: soberanía, alquiler y dilema nuclear que inquieta a Londres y Washington.

El Gobierno británico de Keir Starmer ha puesto fecha y firma a un giro que llevaba décadas atascado en tribunales, resoluciones de la ONU y diplomacia de alfileres: Reino Unido acepta devolver la soberanía del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio. Sobre el mapa es una noticia de descolonización; sobre el terreno es otra cosa, porque en ese collar de islas perdidas en mitad del Índico hay una pieza que pesa como el plomo: Diego García, la base conjunta que Estados Unidos usa como plataforma militar desde hace medio siglo.

El choque político ya se ve a simple vista. Donald Trump ha atacado el acuerdo con palabras duras y un argumento directo: ceder ahora —dice— debilita a Occidente y abre espacio a rivales. Londres replica que precisamente lo contrario, que el pacto blinda la base frente a un desgaste legal que la hacía cada año más vulnerable. Y por debajo corre el hilo más sensible, el que nadie quiere en titulares pero todos leen: con soberanía mauriciana, Diego García entra en la conversación del Tratado de Pelindaba, la zona africana libre de armas nucleares, y Washington teme que una ambigüedad cómoda se convierta, de repente, en obligación incómoda.

Una devolución con letra pequeña: lo que anunció Starmer

La arquitectura del acuerdo es tan pragmática como explosiva. Mauricio recupera la soberanía sobre Chagos, sí, pero Reino Unido se reserva el uso de Diego García mediante un arrendamiento de 99 años, con opción de extensión, a cambio de un paquete financiero que en Whitehall se ha cuantificado con una cifra repetida como un mantra: 101 millones de libras anuales (a precios de 2025/26) y un cálculo de coste total en valor presente que el Gobierno británico sitúa en torno a 3.400 millones. En política exterior, esto suena a alquiler; en política interna, suena a factura.

El propio Starmer lo ha enmarcado como una decisión de seguridad nacional, casi con el tono de “no hay alternativa”. La idea-fuerza es clara: si Londres no cerraba un acuerdo, el conflicto de soberanía —alimentado por pronunciamientos internacionales y presión diplomática— podía acabar erosionando la continuidad operativa de la base. Y si hay un lugar donde Londres y Washington no quieren improvisar es ese trozo de coral con pista larga, hangares y logística capaz de sostener operaciones a miles de kilómetros.

Que el pacto se presentara como solución definitiva no significa que lo sea en la práctica. Para empezar, necesita tramitaciones políticas y resistencias internas; para seguir, coloca a Mauricio en una posición nueva, la de soberano de un territorio donde se asienta una instalación militar que no controla. Y, además, reabre la discusión sobre quién decide qué se hace y qué no se hace en Diego García cuando el propietario del suelo ya no es el Reino Unido.

Diego García, la pieza que de verdad importa

Chagos está lejos de casi todo, y precisamente por eso vale tanto. El archipiélago flota en el océano Índico como un punto de apoyo en medio de rutas marítimas vitales, corredores aéreos y una geografía estratégica que hoy se lee con obsesión: el pulso entre Estados Unidos y China, la competición naval, los equilibrios con India, el papel de Oriente Medio, África Oriental… Un lugar así no se mide en playas ni en postales; se mide en alcance, reabastecimiento, capacidad de despliegue y discreción.

Diego García ha sido, durante décadas, una base con valor precisamente por lo que no tiene alrededor: ni parlamento local, ni oposición municipal, ni prensa entrando y saliendo. Ese aislamiento, que en un atlas parece irrelevante, en defensa es una ventaja. De ahí que la discusión se haya vuelto tan áspera: al devolver soberanía, Londres cambia el marco político que hacía de la base una especie de burbuja administrada sin intermediarios. La instalación seguiría funcionando, sí, pero bajo un suelo soberano distinto. Y esa es la clase de cambio que en Washington se analiza con lupa.

Trump, en su crítica, no se detiene en matices jurídicos. Su mensaje va por la autopista: “no lo entregues”. Lo llamativo no es solo el tono, sino el punto de presión: la base. La reclamación histórica de Mauricio sobre Chagos es un tema viejo en diplomacia; lo que enciende alarmas es el efecto dominó sobre Diego García, sobre sus permisos, su legitimidad internacional, su estabilidad a largo plazo y su encaje con tratados que Mauricio ya firma y defiende en foros africanos.

Por qué Washington se inquieta: Pelindaba y el “no confirmo”

Aquí conviene hablar claro sin inventar certezas. El Tratado de Pelindaba crea una zona libre de armas nucleares en África y prohíbe, en su perímetro, la fabricación, adquisición, ensayo, almacenamiento o emplazamiento de dispositivos explosivos nucleares. La letra del tratado existe; lo que se discute es cómo se aplica cuando el territorio afectado es un archipiélago remoto, arrendado, con una base de una potencia nuclear instalada y con décadas de política deliberadamente opaca sobre despliegues.

El punto que inquieta a Washington no es solo el presente —qué hay o no hay hoy—, sino el futuro. La política estadounidense tradicional en asuntos nucleares ha vivido cómoda en la fórmula “ni confirmo ni desmiento”. Esa niebla sirve para no dar información sensible y para no abrir debates domésticos o internacionales. Pero los tratados de zona libre de armas nucleares funcionan justo al revés: empujan a clarificar, a garantizar, a comprometerse. Si Diego García queda bajo soberanía mauriciana, aunque esté arrendada, Mauricio puede verse presionado a exigir garantías de cumplimiento, o al menos a no quedar como el país que firma una cosa en África y tolera otra en su territorio soberano.

En Londres, el Gobierno ha defendido que la operatividad de la base queda asegurada y que el acuerdo está diseñado para que no haya sorpresas. Sin embargo, buena parte del debate gira alrededor de una pregunta concreta y muy inglesa en su estilo: “¿qué se negoció exactamente sobre esto?”. En el silencio aparece la sospecha. Y en la sospecha, el problema diplomático: en Washington se ha instalado la idea de que Londres pudo dejar fuera el asunto nuclear a propósito para evitar el coste político interno y trasladar la fricción a Estados Unidos más tarde. Es difícil demostrar intencionalidad, pero el hecho de que la cuestión esté sobre la mesa con tanta fuerza revela un déficit de confianza.

Además hay otra capa, menos mencionada pero igual de real: no todo es “armas nucleares”. Hay capacidad nuclear, escalas de submarinos, buques, protocolos, ejercicios, planificación. Pelindaba no se escribió pensando en cada detalle operativo contemporáneo, pero su espíritu es restrictivo. Un tratado así puede no impedir ciertas operaciones… y aun así complicarlas, ralentizarlas, obligarlas a justificarse. En defensa, eso se traduce en fricción. Y la fricción, en tiempos de tensión global, se considera riesgo.

El caso Chagos: tribunales, ONU y una descolonización inacabada

Si este acuerdo llega ahora no es por iluminación repentina. Llega porque el contencioso se volvió cada vez menos sostenible. En 2019, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que golpeó el relato británico: la separación de Chagos de Mauricio antes de la independencia no encajaba con un proceso de descolonización legalmente limpio y el Reino Unido debía poner fin a su administración “lo antes posible”. A partir de ahí, la Asamblea General de la ONU respaldó esa línea política con una mayoría contundente, elevando el coste reputacional de seguir como si nada.

No es una sentencia ejecutiva con policías internacionales llamando a la puerta, pero en la práctica sí cambia el clima. Un territorio administrado bajo disputa abierta se convierte en un problema permanente para aliados, para votaciones, para litigios, para cualquier negociación. Para Londres, el riesgo era doble: perder margen y, de rebote, poner en entredicho la base. Para Mauricio, la oportunidad era evidente: convertir una reclamación histórica en soberanía reconocida.

En el camino también ha pesado el lenguaje del derecho internacional, que no es poético, pero corta: “integridad territorial”, “descolonización”, “obligaciones”. En un mundo donde la palabra “colonial” vuelve a tener peso político, Chagos era un caso demasiado simbólico para permanecer congelado. La devolución, así, tiene una lectura de reparación tardía y una lectura de pragmatismo defensivo. Las dos conviven, se rozan, y a ratos chocan.

Los chagosianos: expulsión, exilio y el derecho a volver

La parte humana es la que más incomoda porque no se puede resolver con un mapa. En las décadas de 1960 y 1970, los chagosianos, habitantes del archipiélago, fueron expulsados para facilitar la instalación militar en Diego García. Ese desarraigo —familias arrancadas de su tierra, reubicaciones forzosas, pobreza, pérdida cultural— se ha convertido en el núcleo moral del caso. El Reino Unido ha reconocido que aquel episodio fue “profundamente erróneo”, pero el reconocimiento no ha cerrado la herida.

Aquí aparece una tensión que el acuerdo no puede borrar con una cláusula: devolver soberanía a Mauricio no equivale automáticamente a reparar a los chagosianos. De hecho, una de las críticas más duras es que se negoció sobre su territorio sin que su voz pesara lo suficiente. Y hay un punto concreto que sigue encendiendo el debate: los marcos planteados para reubicación o retorno suelen excluir Diego García, precisamente la isla donde estaba parte de la vida chagosiana y donde hoy está el corazón militar.

En diciembre de 2025, un comité de Naciones Unidas avisó en voz alta de lo que ya era conversación de fondo: el acuerdo, tal como se conocía, podía perpetuar vulneraciones de derechos del pueblo chagosiano, impedir retornos, no reconocer adecuadamente injusticias históricas y dejar reparaciones en el aire. Ese pronunciamiento no detiene por sí solo la maquinaria diplomática, pero añade presión, munición política y, sobre todo, una pregunta que no se va: ¿qué significa “devolver” si quien fue expulsado sigue sin poder volver?

A esto se suma una realidad menos romántica: la logística de un retorno en islas remotas es compleja, cara y frágil. Infraestructura, agua, vivienda, sanidad, transporte. Cada promesa de “resettlement” necesita presupuestos, planes, plazos. Y cada retraso alimenta la idea de que el retorno es un gesto simbólico más que un derecho efectivo. El debate no se decide con discursos; se decide con condiciones de vida posibles y con voluntad política sostenida, justo lo que suele faltar cuando el foco mediático se mueve a otra crisis.

El dinero, el alquiler y la política interna en Londres

El acuerdo no solo divide por geopolítica; divide por dinero y por narrativa. En Reino Unido, la cifra del arrendamiento ha dado munición a la oposición conservadora y a figuras que ven el pacto como una cesión innecesaria. No es solo “pagamos 101 millones al año”, es “pagamos por lo que antes administrábamos”. Esa sensación, simplificada, prende rápido en el debate público. Y luego llegan los cálculos a largo plazo, los valores presentes, las proyecciones: en una época de presión fiscal y servicios tensionados, cualquier cifra de miles de millones se convierte en titular de desgaste.

También hay política partidista pura. Starmer quiere presentarse como un primer ministro que resuelve un conflicto heredado y protege una infraestructura crítica. Sus críticos lo pintan como el líder que “entrega” un territorio estratégico, además bajo el ruido de Trump, que amplifica la idea de debilidad. El factor Trump, en ese sentido, actúa como altavoz: no hace falta que sus argumentos sean técnicamente impecables para que sean políticamente efectivos, sobre todo si mezclan seguridad nacional, China y orgullo.

En paralelo, el Gobierno británico insiste en que el acuerdo es precisamente lo que evita un escenario peor: que la disputa siga escalando hasta un punto en que la base se vea arrastrada a litigios, a boicots diplomáticos o a un deterioro de legitimidad que complique su operatividad. Es una lógica defensiva: cerrar ahora para no perder después. La discusión es si el precio —económico, político y estratégico— compensa.

Mauricio, por su parte, gana algo que perseguía desde hace décadas: reconocimiento de soberanía. El Gobierno mauriciano, con Navin Ramgoolam como primer ministro en el tramo final de las negociaciones conocidas, ha enmarcado el acuerdo como una victoria nacional. Pero esa victoria viene con su propia mochila: gestionar la relación con una base estadounidense-británica en territorio soberano, responder a presiones internas y regionales, y lidiar con la cuestión chagosiana sin que se convierta en una fractura permanente.

Lo que cambia en el Índico desde hoy

A partir de aquí, el titular fácil es “se devuelve Chagos”. Lo difícil es lo que viene después. En el plano estratégico, Diego García seguirá siendo clave… pero con un entorno político distinto. Washington tendrá que convivir con la idea de que el suelo es mauriciano y de que, por tanto, hay compromisos internacionales —como Pelindaba— que Mauricio no puede ignorar sin pagar un precio en África y en la ONU. Eso no significa automáticamente que la base quede “desnuclearizada” mañana ni que todo lo que se hacía deje de hacerse; significa que la incertidumbre jurídica y diplomática aumenta, y en defensa la incertidumbre es casi un enemigo.

También cambia la conversación sobre legitimidad. Durante años, el Reino Unido administró el archipiélago como si la disputa fuera un ruido de fondo. Ahora el ruido entra en la sala principal, con firma y con calendario. Los chagosianos, mientras tanto, seguirán siendo la prueba de realidad: sin avances claros en derechos, retorno y reparación, cualquier “solución” suena incompleta, y esa incompletud se traduce en presión internacional constante.

Y queda el factor político imprevisible: Trump. Su rechazo al acuerdo puede tensar la relación con Londres y empujar a replanteamientos, retrasos o renegociaciones de aspectos sensibles. Pero incluso si el tono baja, el cambio estructural ya está: Chagos deja de ser un territorio británico administrado en disputa y pasa a ser soberanía mauriciana con una base arrendada. En el Índico, donde los movimientos se miden en décadas, ese matiz es grande. Tan grande como una isla que desde el aire parece una sonrisa de coral y desde la política parece un nudo: bonito, remoto, y peligrosamente estratégico.