Por qué Carmen Pano no habló en el Senado: razones y efectos

Carmen Pano se acoge al derecho a no declarar en el Senado y ratifica que llevó 90.000 euros a Ferraz; claves legales, cronología y contexto.

La empresaria Carmen Pano compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y, nada más sentarse, invocó su derecho a no declarar. Lo hizo por una razón jurídica directa: mantiene procedimientos penales abiertos y cualquier palabra en sede parlamentaria puede afectar a su defensa. Aun así, dejó fijado un punto clave para entender el momento político y judicial: se ratifica en lo que ya declaró ante el juez, incluido que transportó 90.000 euros en efectivo hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz en 2020, por indicación de Víctor de Aldama. Eso, y no otra cosa, es lo que hoy queda como titular de fondo.

Qué pasa ahora: la negativa a contestar no tumba su relato previo ni paraliza el trabajo de la comisión. Los senadores continúan con su calendario, pedirán documentación y aprobarán conclusiones con peso político pero sin fuerza de sentencia. En paralelo, los juzgados siguen su curso —ahí se decide lo penal— y las diligencias en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional siguen acumulando piezas. El silencio de Carmen Pano no es una cortina de humo: es una estrategia procesal admitida por la ley. Y, mientras no se desdiga de lo que dijo ante el juez, su testimonio judicial permanece intacto.

Quién es Carmen Pano y por qué su nombre importa ahora

Carmen Pano se mueve desde hace años en el negocio de los hidrocarburos. Su nombre aparece asociado a sociedades con actividad de comercialización —una de referencia, Combustibles Lucinala, con sede en Badajoz— y a un entramado mercantil que la Guardia Civil ha venido cribando en la denominada macrocausa de hidrocarburos. Bajo ese paraguas, los investigadores descritos por los autos han rastreado operaciones de compraventa, movimientos de efectivo y relaciones con empresas que trataron de aprovechar oportunidades en años de enorme tensión económica y regulatoria.

En ese mapa surge una conexión que hoy es central: Víctor de Aldama, pieza puente entre negocios privados y relaciones políticas, y Claudio Rivas, empresario vinculado a Villafuel. La tesis que Carmen Pano llevó ante los jueces, y que ahora mantiene ante los senadores aunque se niegue a responder preguntas, es que recibió dinero de Rivas y lo trasladó a Ferraz por orden de Aldama. Es una afirmación grave, de consecuencias potenciales. Y se topa con negaciones tajantes de algunas de las personas señaladas, que han ofrecido versiones alternativas sobre el origen y el destino de ese dinero. De ahí que el caso se abra en abanico: hechos por probar, declaraciones cruzadas, cuentas por cuadrar.

Hay, además, una dimensión familiar-empresarial que los sumarios han ido describiendo. El nombre de Leonor González Pano, hija de la empresaria, figura en varios documentos como administradora o representante en sociedades con actividad en hidrocarburos y servicios auxiliares. No es un detalle accesorio: la posición de madre e hija en ese universo mercantil permite a los investigadores seguir la pista de flujos y responsabilidades. A día de hoy, no hay sentencia que fije culpabilidades; existen indicios, declaraciones y diligencias en marcha. Por eso el valor de cada palabra ante un micrófono —y el riesgo— es tan alto.

La sesión en el Senado: una comparecencia muda con efectos sonoros

La jornada en la Cámara Alta tuvo un guion breve y contundente. Carmen Pano se sentó, pidió respeto a la institución y anunció que no contestaría a las preguntas de los grupos. El argumento, de manual procesal: concurren causas abiertas y el interrogatorio parlamentario podría menoscabar su derecho de defensa. Añadió, eso sí, que se reafirma en su declaración judicial, donde detalló el traslado de 90.000 euros en dos tandas hasta Ferraz en octubre de 2020. No hubo más. O casi: al ser interpelada explícitamente sobre si llevó el dinero, asintió con la cabeza. Ese gesto —mínimo, inequívoco— ha quedado en acta política, si no formal, y alimenta la lectura pública de que no rectifica.

El resto fue una coreografía conocida. Los portavoces de cada grupo lanzaron sus preguntas a sabiendas de que no habría respuesta oral, buscando fijar marcos narrativos. El PP, que controla la Mesa de la comisión, subrayó la coherencia entre el “sí” con la cabeza y el relato judicial; el PSOE insistió en el principio de presunción de inocencia y en la ausencia de pruebas con valor de sentencia que apunten a una financiación irregular del partido. Vox forzó el foco sobre nombres y episodios colindantes, extendiendo el alcance político de la sesión. Y todo quedó, de nuevo, en ese terreno difuso que separa lo jurídico —donde importan los hechos y su prueba— de lo político —donde pesan los gestos y los relatos.

El gesto que pesa: un asentimiento que mantiene vivo el relato

En comisiones de investigación ha ocurrido más veces. No declarar no significa desaparecer del debate. Cuando una persona no contesta pero se ratifica, la noticia no es el silencio sino la persistencia del testimonio previo. Aquí, además, hubo un asentimiento que muchos interpretaron como confirmación de la entrega de dinero. No es una prueba nueva —no lo es—, pero consolida el estado de cosas: Carmen Pano sostiene lo dicho bajo obligación de decir verdad en sede judicial. Y eso basta para que el episodio de las bolsas de efectivo en Ferraz siga marcando la agenda.

Qué apuntaron los portavoces y cómo se ordena el calendario

La comisión Koldo mantiene un calendario cargado, con citaciones que apuntan alto. No está cerrado —ni mucho menos— el debate sobre llamar al presidente del Gobierno, una posibilidad ya deslizada por la mayoría del Senado. La secuencia, por tanto, continuará con sesiones en las que se buscará ampliar la información documental, requerir informes y, al final, aprobar conclusiones. No hay veredicto penal al final de esta pista, pero sí coste político. Y la comparecencia muda de Carmen Pano lo incrementa, porque refuerza uno de los nudos narrativos más potentes del caso: el itinerario de 90.000 euros hacia la sede federal del PSOE.

Derechos y obligaciones: por qué puede guardar silencio

La ley española no obliga a autoincriminarse. Las comisiones de investigación del Congreso y el Senado pueden citar, preguntar, requerir papeles y advertir de responsabilidades por falso testimonio. Lo que no pueden es anular la garantía que ampara a cualquier ciudadano con un asunto penal en marcha: guardar silencio para no perjudicar su propia defensa. De hecho, la distinción clave es sencilla: existe la obligación de comparecer, existe la obligación de decir la verdad si se declara, y existe el derecho a no responder cuando hablar podría volverse en contra. Es en ese punto donde Carmen Pano ha situado su estrategia.

Quien incumple la citación puede enfrentarse a un delito de desobediencia. Quien acude y miente en lo sustancial, se expone al artículo 502.3 del Código Penal, que castiga faltar a la verdad ante una comisión parlamentaria. Y quien opta por no contestar cuando hay piezas penales activas, preserva sus derechos procesales sin consecuencias penales por ese mutismo. Es una regla asentada en práctica parlamentaria, con precedentes recientes. La comisión puede insistir en preguntar; el compareciente, rehusar. El acta recogerá la escena y la presidencia hará constar la advertencia legal. Lo sustantivo, sin embargo, se juega fuera: tribunales, instructores, informes periciales, rastreos bancarios.

Qué arriesgaría si miente; qué ocurriría si no acude

Conviene fijar esas líneas rojas. Si Carmen Pano hubiera respondido a las preguntas y falseado datos relevantes, podría enfrentarse a penas de prisión o multa por falso testimonio ante comisión parlamentaria. Si no hubiera acudido pese a citación formal y sin justificación, entraría en el terreno de la desobediencia. No es lo que ha sucedido. Ha hecho acto de presencia, ha invocado asesoramiento letrado y ha guardado silencio salvo para reiterar que mantiene lo dicho ante el juez. Fórmula ortodoxa, calculada, prudente.

Las piezas del puzle judicial: Koldo, hidrocarburos y un cruce de caminos

Para entender por qué la comparecencia de Carmen Pano pesa más que otras, hay que bajar a las dos vías que avanzan en paralelo. La primera, la llamada pieza Koldo, investiga comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y la posible mediación de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes. En esa órbita aparece Víctor de Aldama, el conseguidor que, según distintas declaraciones y autos, habría intermediado ante cargos y organismos. La segunda vía es la macrocausa de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, donde se investiga fraude fiscal, operaciones opacas y licencias energéticas.

¿Dónde encaja Carmen Panoo? En el punto de intersección. Su relato ante el juez —90.000 euros, Ferraz, octubre de 2020, Aldama dando la instrucción y Rivas aportando el efectivo— tira un cable entre empresas de carburantes y relaciones políticas. Claudio Rivas, señalado como proveedor del dinero, lo niega. Y esa contradicción, de manual, explica decisiones adoptadas por los magistrados: nuevas citaciones, contrastes, peticiones de documentos, un rastreo financiero que trata de blindar lo que a día de hoy son versiones en conflicto. El nombre de Villafuel entra por esa puerta. También el de Have Got Time, mercantil vinculada a la familia Pano en operaciones señaladas en los sumarios. Y, al fondo, Combustibles Lucinala como rastro de actividad en Extremadura.

El dinero en Ferraz: lo ratificado, lo negado y lo que queda por probar

El episodio de Ferraz no se ventila en titulares; se prueba —o no— con evidencia. Hasta la fecha, Carmen Pano ha sostenido sin matices que realizó dos entregas por un total de 90.000 euros en la sede socialista, una llegando en coche, otra en taxi, siempre por indicación de Aldama. Ha añadido que el origen del dinero estaría en operaciones con Rivas. Este último ha rechazado esa versión. La ecuación judicial, por tanto, depende de documentación bancaria, geolocalizaciones, testigos y pericias que permitan corroborar o descartar cada eslabón: quién reunió el efectivo, quién lo trasladó, quién lo recibió, con qué finalidad. Las piezas aún no encajan del todo. No hay un hecho probado por sentencia. Sí hay una ratificación hoy renovada, y un desmentido que aguarda contraste definitivo.

La UCO, Hacienda y los cruces empresariales

En segundo plano, la UCO y los equipos de Inspección trabajan sobre esquemas societarios en los que asoman empresas pantalla, proveedores y clientes que podrían haber servido para mover dinero y simular operaciones. Una parte del interés se concentra en licencias energéticas solicitadas o tramitadas por compañías del entorno, así como en activos inmobiliarios adquiridos en fechas sensibles. La vinculación familiar —madre e hija— se traduce en firmas y apoderamientos que obligan a separar lo accesorio de lo sustancial. La mecánica es lenta: oficios a bancos, comisiones rogatorias si hiciera falta, volcados de dispositivos. Por eso la escena de hoy en el Senado, aun muda, se siente decisiva: todo lo que Carmen Pano no dijo en la Cámara ya lo dijo donde tiene consecuencias penales, y no se ha desdicho.

Consecuencias políticas inmediatas y horizontes probables

La comparecencia de Carmen Pano llega con la comisión ya caliente. El PP amenaza con llamar a Pedro Sánchez; el PSOE denuncia una causa general alimentada con titulares; Vox empuja para ampliar las citaciones. No es un paisaje neutro. Hay cálculo electoral, hay estrategias de presión y hay riesgos asumidos por cada actor. En ese tablero, el silencio de hoy se interpreta a conveniencia: para unos, confirmación implícita; para otros, garantía procesal sin novedades materiales.

¿Qué cabe esperar? Sesiones con comparecientes que podrían seguir el mismo guion —invocar el derecho a no declarar— si tienen causas abiertas. Un informe final con recomendaciones sobre compras de emergencia, transparencia y filtros de solvencia para contratistas. Posibles remisiones a la Fiscalía de pasajes concretos si la mayoría ve indicios. En paralelo, y esto es lo determinante, los jueces seguirán adelantando casillas: nuevos testimonios, comprobaciones de movimientos de efectivo, trazabilidad de vehículos o teléfonos en la fecha de las supuestas entregas, exploración del destino final de los 90.000 euros. Las conclusiones políticas pueden ordenar un relato; el tipificador penal necesita hechos y pruebas.

Existe, además, la arista reputacional. El PSOE ha repetido que no existe una resolución que avale una financiación irregular. La oposición agita el sí con la cabeza de Carmen Pano como símbolo de algo más. En términos estrictos, el estándar probatorio no cambia por un gesto; sí cambia el clima. Y en política, el clima arrastra.

Contexto y derivadas: fechas, personajes y hechos que explican el momento

Varios hitos fijan el contexto. En febrero de 2025, Carmen Pano acudió al Tribunal Supremo y ratificó la entrega de 90.000 euros en Ferraz; en abril, su relato se amplió con detalles sobre quién le habría dado el dinero y por qué Aldama no podía entregarlo personalmente. En meses posteriores, la Audiencia Nacional ha seguido practicando diligencias dentro de la macrocausa de hidrocarburos, donde también aparece el entorno familiar y societario de Pano. En paralelo, la comisión del Senado ha citado a ex cargos y empresarios; algunos han declarado, otros han hecho lo mismo que hoy: no responder.

Ese cuadro ayuda a rebajar la confusión. Carmen Pano no es una testigo más. Su testimonio afecta a dos vías a la vez y toca un nervio sensible: dinero en efectivo y sede de un partido en el Gobierno. Que Rivas lo niegue no exonera ni condena; exige pruebas. Que Aldama aparezca como instrucción en el relato de Pano redobla la atención sobre sus agendas, sus reuniones, sus mensajes. Nada de esto resuelve la incógnita principal —para qué era ese dinero—, pero sí delimita el campo de juego. Si fue pago por favores, si fue donación ilegal, si fue cualquier otra cosa; eso lo dirán —o no— las pericias y los oficios.

Mientras tanto, las hemerotecas recogen episodios colaterales que ilustran el entorno: cambios de domicilios sociales, adquisiciones de inmuebles, operaciones financieras con cronologías que llaman la atención por coincidir con hitos de los contratos investigados. También el papel de Leonor González Pano, su matrimonio y la petición de acceso a cuentas intervenidas en su entorno han servido para explicar que la tensión procesal desborda los titulares y se cuela en lo cotidiano. Son piezas que, aisladas, dicen poco; juntas, dibujan un clima.

Qué significa para la comisión y qué no debemos confundir

Una comisión parlamentaria no dicta condenas. Su fuerza es política y propositiva: escuchar, ordenar hechos, recomendar cambios. De sus conclusiones pueden salir reformas —más control en compras de emergencia, trazabilidad reforzada del efectivo, límites a intermediarios— y también remisiones al Ministerio Fiscal si se aprecian indicios. Pero lo que suceda con Carmen Pano en los juzgados dependerá solo de lo que allí se acredite. La confusión entre una comparecencia y un juicio suele ser interesada. Lo real: el Senado presiona, la Justicia decide.

En este caso, el interés es doble. Uno, político: ubicar responsabilidades en la cadena de decisiones durante la pandemia y examinar si hubo ventajas indebidas en adjudicaciones. Dos, penal: determinar si hubo cohecho, tráfico de influencias, fraude o financiación irregular. El relato de Carmen Pano es una llave para ambas puertas. Si se corrobora, abre escenarios. Si se desmiente con prueba robusta, perderá relevancia. Por ahora, subsiste como versión ratificada por su protagonista y negada por otros actores. Es decir, en el punto exacto donde más importan los documentos.

Lo que ya es firme y lo que viene

A 15 de octubre de 2025, el cuadro es este: Carmen Pano comparece en el Senado, no declara por consejo letrado y se ratifica en su versión judicial. Ese relato sostiene que transportó 90.000 euros a Ferraz por orden de Aldama con dinero facilitado por Rivas; el propio Rivas lo niega. La comisión Koldo continuará con otras citaciones y cerrará con conclusiones políticas. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo siguen sumando diligencias para determinar si hubo delitos y de qué tipo. No hay —todavía— una resolución judicial que fije estos hechos como probados, ni tampoco una que los desmienta por completo.

Lo que sí hay es una constancia: Pano no se desdice. Hoy, en el Senado, no ha aportado nombres nuevos ni fechas adicionales, pero tampoco ha abogado por el olvido. Su silencio protege su defensa y prolonga la vida de un relato que seguirá sometido a pruebas. Para la política, ese silencio es combustible. Para los jueces, no cambia el estándar: cuentan extractos bancarios, peritajes, registros y testigos que aguanten el contrainterrogatorio. En las próximas semanas sabremos si las pistas financieras y los cruces documentales dan el salto que la narrativa pública lleva meses anticipando o si, por el contrario, la historia de las bolsas de dinero en Ferraz queda como un episodio no acreditado en una investigación más amplia.

Y, mientras tanto, el detalle de hoy —una comparecencia muda, un asentimiento a una pregunta clave, una ratificación de alto voltaje— basta para mantener la presión. El caso, que mezcla contratos de pandemia, intermediarios con acceso y un entramado de empresas en el sector de hidrocarburos, seguirá marcando el paso. Carmen Pano ha optado por no hablar en el Senado. Ha dicho suficiente donde cuenta. El resto, ya, le pertenece a los sumarios.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y medios españoles de referencia. Fuentes consultadas: RTVE, EL PAÍS, ABC, BOE, Tribunal Constitucional.