Economía
¿Qué cambia en tu contrato laboral desde el 5 de octubre en España?
El nuevo decreto obliga a detallar mejor por escrito salario, jornada, turnos, vacaciones y otras condiciones laborales desde el 5 de octubre.

Resumen
- El 5 de octubre entra en vigor la nueva información laboral obligatoria
- El contrato deberá concretar mejor salario, jornada, turnos y vacaciones
- Quien ya esté contratado podrá pedir por escrito los datos que le falten
A partir del 5 de octubre de 2026, las empresas tendrán que facilitar por escrito mucha más información sobre las condiciones reales en las que trabaja una persona: desde el salario y la forma de calcular los incentivos hasta la jornada, los cambios de turno, las vacaciones o incluso el uso de algoritmos para tomar determinadas decisiones laborales. La novedad llega con el Real Decreto 723/2026, publicado el 15 de septiembre en el BOE, que incorpora parcialmente a España la normativa europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.
Y hay un detalle particularmente importante: no afecta únicamente a quienes firmen un contrato nuevo. Los trabajadores que ya estén contratados cuando la norma entre en vigor también podrán solicitar la información que les falte. En ese caso, la empresa tendrá 30 días hábiles desde que reciba la petición para entregarla, siempre que el empleado no disponga ya de esos datos.
No significa, pese a lo aparatoso del cambio, que el 5 de octubre vayan a subir salarios, modificarse vacaciones o transformarse automáticamente las jornadas. El decreto cambia otra cosa, menos vistosa pero muy cotidiana: qué debe saber el trabajador y con qué grado de precisión debe saberlo.
El contrato tendrá que contar bastante más de lo que contaba
Hasta ahora existía ya la obligación de informar por escrito sobre los elementos esenciales de la relación laboral cuando no estuvieran recogidos en el contrato. Lo que hace la nueva regulación es ensanchar considerablemente ese mapa y, además, adelantar los tiempos.
La diferencia temporal es llamativa. Con la normativa anterior, la empresa disponía de hasta dos meses desde el comienzo de la relación laboral para proporcionar la información general. Desde octubre deberá facilitarla antes de que comience el trabajo. Un pequeño cambio de calendario que, en la práctica, evita la peculiar situación de empezar un empleo y enterarse semanas después de algunas de sus condiciones.
La obligación general se aplica a las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, aunque el capítulo dedicado a esta información afecta a las que duren más de cuatro semanas. Existen reglas específicas para pescadores y gente de mar, mientras que el personal empleado público queda sujeto a la norma de acuerdo con las particularidades de su legislación.
Salario, complementos y variables deberán quedar mucho más claros
Uno de los cambios con mayor efecto práctico está en la nómina. La empresa tendrá que informar de la cuantía del salario base, de cada complemento salarial de forma separada, de la periodicidad y del método de pago.
Pero donde la letra pequeña deja de ser tan pequeña es en las remuneraciones variables. Cuando haya comisiones, incentivos, primas u otros conceptos que cambien según determinadas circunstancias, deberá aparecer cómo se calculan y qué criterios determinan su cobro. Ya no basta con saber que existe un variable; también importa conocer el mecanismo que mueve la aguja.
Pensemos en alguien que cobra una comisión vinculada a ventas. Una cosa es que el contrato mencione vagamente que puede recibir incentivos y otra bastante distinta que explique qué ventas computan, qué porcentaje corresponde o sobre qué magnitud se calcula. Precisamente hacia esa segunda lógica apunta la nueva regulación.
Jornada, turnos y vacaciones salen de la niebla
También crece la información obligatoria sobre el tiempo de trabajo. Tendrán que constar la duración y distribución de la jornada ordinaria en términos diarios, semanales y anuales, así como la existencia de trabajo nocturno o a turnos cuando proceda.
El documento deberá recoger igualmente los supuestos y procedimientos utilizados para modificar la jornada y realizar cambios de turno, los acuerdos existentes sobre horas extraordinarias y su retribución, la duración de las vacaciones y el procedimiento utilizado para decidir cuándo se disfrutan.
La norma baja todavía otro escalón cuando existe distribución irregular de la jornada. En esos casos deberán identificarse las horas y días de referencia en los que puede exigirse trabajo, junto con los periodos mínimos de preaviso antes del comienzo de una tarea o de su cancelación. Para los fijos discontinuos deberán indicarse los periodos de actividad e inactividad o, cuando todavía no sea posible conocerlos exactamente, su estimación.
No convierte una jornada irregular en regular ni concede vacaciones adicionales. Lo que hace es iluminar la habitación: las condiciones siguen dependiendo de la legislación, el convenio y el contrato, pero el trabajador debe poder conocer con más detalle qué reglas le afectan.
El “según convenio” seguirá existiendo, aunque con límites
Conviene desmontar una interpretación demasiado sencilla de la reforma. La famosa coletilla “según convenio” no desaparece por completo.
Para determinados elementos, la empresa puede seguir remitiéndose a leyes, reglamentos o convenios colectivos. Eso sí, la referencia deberá ser suficientemente precisa para identificar las disposiciones aplicables. El nuevo decreto exige además informar del convenio o convenios que rigen la relación laboral con datos concretos para identificarlos, incluido su código, la publicación oficial correspondiente, su periodo de vigencia y, cuando proceda, su situación de ultraactividad.
Hay cuestiones, sin embargo, en las que la concreción gana terreno. Es especialmente significativo el cálculo del salario variable, porque la norma exige informar sobre el método utilizado y los criterios que determinan su percepción.
Dicho de una manera menos jurídica: el convenio continúa siendo una referencia perfectamente válida en numerosos asuntos, pero utilizarlo como una especie de cajón donde cabe cualquier explicación genérica resulta más difícil. La frase corta tendrá que llevar detrás una dirección bastante más exacta.
Los algoritmos también entran en el contrato laboral
Una de las novedades más propias de 2026 aparece en un terreno que hace pocos años apenas figuraba en una relación laboral corriente: los sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones.
La empresa deberá informar de su existencia y, cuando esos sistemas intervengan en decisiones laborales, también de sus pautas, criterios y reglas de funcionamiento. El decreto menciona decisiones relacionadas con la jornada, la asignación de tareas, los salarios, la progresión profesional, el lugar de trabajo o la extinción del contrato.
No significa que cada trabajador vaya a recibir el código fuente del programa que utiliza su empresa. La obligación se mueve en otro plano: saber que existe un sistema automatizado que influye en determinadas decisiones y conocer las reglas con las que opera en ese ámbito.
También deberán aparecer otros elementos que hasta ahora podían quedar bastante alejados del papel que recibe el empleado al incorporarse. Entre ellos figuran la existencia e identificación del plan de igualdad, determinadas políticas empresariales de conciliación cuando desarrollen las obligaciones legales mínimas, el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo y, cuando exista, el conjunto de medidas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
El periodo de prueba y el final del contrato también se detallan
El periodo de prueba tendrá que venir acompañado de mayor información. No bastará con señalar su duración: deberán constar también sus condiciones y las obligaciones de empresa y trabajador respecto de las experiencias o tareas que constituyan propiamente el objeto de esa prueba.
Otro punto con bastante importancia cotidiana es la terminación del contrato. La empresa deberá informar sobre el procedimiento de extinción, incluidos los requisitos formales y los plazos de preaviso que tengan que respetar las partes. Cuando esos plazos no puedan concretarse todavía, deberá indicarse al menos cómo se determinan.
También se amplía la información acerca del sistema de colaboración con la Seguridad Social que opere en la empresa, las mejoras voluntarias de su acción protectora y, cuando corresponda, los planes y fondos de pensiones promovidos para los trabajadores y las aportaciones realizadas.
La documentación puede entregarse en papel o en formato electrónico, siempre que resulte accesible para el empleado, pueda almacenarse e imprimirse y la empresa conserve prueba de su transmisión o recepción. Si posteriormente cambian las condiciones que deben ser comunicadas, la información deberá entregarse lo antes posible y, como máximo, el mismo día en que la modificación comience a producir efectos.
Los trabajadores que ya tienen contrato también pueden pedirla
Este es probablemente el punto que más personas pueden pasar por alto. El decreto no crea dos mundos separados, uno para los nuevos contratados y otro para quienes llevan años sentados en la misma mesa.
Cuando la norma entre en vigor, el trabajador con una relación laboral ya existente podrá solicitar la información prevista en el nuevo decreto que todavía no tenga en su poder. La empresa contará con 30 días hábiles desde la recepción de la petición para proporcionársela.
Eso puede tener especial interés en contratos antiguos, documentos extremadamente escuetos o relaciones laborales que han ido acumulando cambios con los años. Un contrato firmado hace mucho tiempo puede decir poco sobre variables, turnos, procedimientos internos o sistemas automatizados que ni siquiera existían cuando comenzó la relación laboral.
Para las modificaciones que se produzcan después de la entrada en vigor, la obligación es más inmediata: la empresa deberá comunicarlas por escrito como muy tarde el día en que surtan efecto, salvo los casos en los que la información pueda obtenerse mediante una referencia válida y precisa a una norma o convenio que haya cambiado.
El 5 de octubre empieza una relación laboral con menos letra borrosa
El Real Decreto 723/2026 sustituye al reglamento de 1998 que hasta ahora desarrollaba estas obligaciones de información. Casi tres décadas separan ambas normas y se nota: donde entonces se hablaba fundamentalmente de salario, jornada, vacaciones o convenio, el nuevo texto tiene que lidiar también con trabajo a distancia, fijos discontinuos, retribuciones variables y decisiones tomadas mediante algoritmos.
No cambia automáticamente cuánto cobra alguien ni cuántas horas trabaja. Tampoco convierte cada contrato en un tratado jurídico de cien páginas. Lo que cambia es la cantidad y la precisión de la información que la empresa debe poner en manos del trabajador.
Desde el 5 de octubre, comenzar un empleo con determinadas condiciones esenciales escondidas detrás de expresiones vagas será algo más difícil. Y quien ya lleve tiempo trabajando tampoco queda fuera: podrá pedir aquello que le falte. A veces una reforma laboral no mueve de golpe las grandes cifras. Simplemente obliga a encender la luz sobre la letra pequeña. Y ahí, precisamente, había bastante oscuridad.












