La factura desigual del cambio climático en España

El calentamiento global golpea a toda la población, pero no con la misma intensidad ni con las mismas consecuencias. En España, la renta, el tipo de vivienda y el trabajo condicionan la exposición al calor y la capacidad para recuperarse de una inundación o una sequía. Mientras los hogares con menos recursos tienen menos margen para protegerse, las emisiones están muy concentradas en los grupos de mayores ingresos y en grandes empresas. Quienes más sufren la crisis climática no son necesariamente quienes más la han causado.

El informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad climática en España, publicado el 12 de noviembre de 2025 coincidiendo con la COP30 en Brasil, describe una brecha que atraviesa barrios, sectores laborales y generaciones. Según sus datos, el 70 % de la población vive en municipios donde la temperatura media ha subido 1,5 grados desde 1960; en más de la mitad de esos lugares, los ingresos por hogar están por debajo de la media nacional. El clima se convierte así en un multiplicador de desigualdades que ya existían, no en una amenaza que aparece por separado de ellas.

Una crisis que amplifica las desigualdades previas

El mecanismo empieza antes de que llegue una ola de calor. Una familia con ingresos ajustados suele vivir en una vivienda peor aislada, con menos sombra y más dificultades para pagar una reforma o la electricidad necesaria para refrigerar las habitaciones. Si el barrio tiene poco arbolado y mucho asfalto, la temperatura acumulada durante el día tarda más en disiparse por la noche. La misma alerta meteorológica puede significar una molestia para unos y un riesgo para la salud para otros.

La desigualdad también se manifiesta después del episodio extremo. Quien dispone de ahorros, seguro y una vivienda alternativa puede reparar daños o trasladarse temporalmente; quien vive al día puede perder en una sola inundación muebles, herramientas de trabajo y documentos, además de afrontar gastos que no puede aplazar. En el campo, una mala cosecha puede comprometer ingresos y empleo durante meses. La capacidad de recuperarse forma parte de la exposición climática: no basta con medir quién vive en una zona peligrosa, también importa quién tiene recursos para salir adelante.

Por eso no es suficiente con afirmar que el clima afecta a todo el mundo. La frase es cierta en términos generales, pero oculta diferencias decisivas de exposición, sensibilidad y protección. La edad, una enfermedad previa, la precariedad laboral, la falta de transporte o la dificultad para acceder a servicios públicos pueden aumentar el daño. La vulnerabilidad no es una característica inevitable de una persona o un barrio; depende en buena medida de cómo se distribuyen los recursos y de las decisiones de vivienda, empleo y urbanismo.

Quién contamina y quién carga con los costes

La desigualdad climática tiene dos caras: la distribución de los daños y la de las emisiones que contribuyen a agravarlos. Según las cifras recogidas por Oxfam Intermón, en 2022 el 0,1 % de la población con mayores ingresos emitió 55 veces más CO₂ que una persona perteneciente a la mitad con menos ingresos. Ese mismo año, el 1 % más rico utilizó 45 veces más de su parte del presupuesto de carbono compatible con limitar el calentamiento a 1,5 grados. La huella climática crece de forma muy desigual con la riqueza, porque el consumo de mayor impacto está lejos de repartirse por igual.

Los estilos de vida de alto consumo pueden incluir vuelos frecuentes, viviendas de gran tamaño, desplazamientos en vehículos de elevada huella y una demanda intensa de bienes y energía. En el extremo opuesto, muchas familias reducen gastos básicos para pagar la factura o prescinden de refrigerar su casa aunque tengan un aparato de aire acondicionado. No son conductas equivalentes ni representan la misma responsabilidad. Una política climática que imponga sacrificios idénticos a realidades tan distintas corre el riesgo de ser injusta y menos eficaz.

El informe también atribuye al IBEX 35 el 30 % de las emisiones directas del país y señala que cinco compañías —cuatro del sector energético y una del transporte aéreo— generan más de una cuarta parte del total nacional. Además, compara la contaminación de esas actividades con su contribución al crecimiento económico y sostiene que emiten tres veces más de lo que aportan en ese indicador. Estas cifras ponen el foco en la responsabilidad empresarial, aunque las emisiones directas no describen por sí solas toda la huella de una compañía: también cuentan las asociadas a la energía que consume, a sus proveedores y al uso de sus productos.

La comparación importa porque las decisiones empresariales influyen en infraestructuras y hábitos que duran años. Una inversión en transporte, energía o edificios puede reducir emisiones durante décadas o consolidar sistemas intensivos en carbono. El debate no consiste en enfrentar a empresas y ciudadanía, sino en hacer visibles las responsabilidades y comprobar si los compromisos anunciados se traducen en cambios reales. La transición será más creíble cuando la reducción de emisiones se mida junto con quién asume sus costes y quién recibe sus beneficios.

El calor convierte la vivienda en una cuestión de salud

España atraviesa veranos cada vez más exigentes. El de 2025 fue el más cálido desde 1961, según el artículo de referencia, y se encadenó con cinco veranos consecutivos que batieron registros. Las olas de calor no solo elevan el riesgo de deshidratación o de descompensación de enfermedades crónicas: también dificultan dormir, estudiar y trabajar, sobre todo cuando las noches no refrescan y el hogar no ofrece un lugar seguro para recuperarse. El calor extremo se cuela en la vida cotidiana a través de la vivienda.

El balance citado para España sitúa cerca de 37.000 las muertes vinculadas al calor entre 2015 y 2023. Para agosto de 2025 se estimaron 2.177 fallecimientos por exceso de temperatura. Son cifras que describen un problema de salud pública, no una simple incomodidad estacional. Las personas mayores tienen un riesgo especial, pero también están expuestos quienes trabajan al aire libre en la agricultura, la construcción, la limpieza, el reparto o la extinción de incendios, además de niños y personas con problemas de salud. La protección depende tanto de la prevención sanitaria como de las condiciones materiales para resguardarse.

Más de un tercio de la población declara no poder mantener una temperatura adecuada en casa durante el verano, según los datos recogidos en el informe. La pobreza energética estival no siempre se reconoce a primera vista: puede afectar a hogares que tienen equipos de climatización, pero no pueden utilizarlos por el coste de la electricidad, o a viviendas en las que el aparato no basta para compensar el calor que entra por el tejado y las ventanas. Tener un equipo no equivale a poder vivir en una casa fresca.

La calidad del edificio y del entorno modifica la temperatura que soportan sus habitantes. Un ático expuesto al sol, una fachada sin aislamiento o un patio cerrado retienen calor; las calles con poco arbolado y abundante asfalto lo almacenan y lo devuelven lentamente. Quien puede permitírselo instala protecciones solares, mejora el aislamiento o se desplaza a un espacio más fresco. Quien no, quizá pase la noche en una habitación recalentada y afronte al día siguiente una jornada laboral sin descanso suficiente. La adaptación doméstica no debería depender solo de la capacidad de pago.

Género, cuidados y acceso desigual a los recursos

La brecha climática también tiene una dimensión de género. Las desigualdades previas en ingresos, propiedad, empleo y acceso a financiación pueden dejar a mujeres y niñas con menos medios para protegerse o recuperar sus ingresos tras una sequía, una tormenta o una inundación. En hogares con responsabilidades de cuidado, además, la emergencia añade tareas: atender a menores o personas dependientes, buscar agua o alimentos y resolver las necesidades de familiares afectados. El impacto se distribuye también según quién dispone de tiempo, autonomía y recursos para responder.

Algunas estimaciones citadas en la investigación sobre clima y género sitúan en torno al 80 % la proporción de mujeres entre las personas desplazadas por impactos climáticos. Esa cifra debe leerse con cautela: las definiciones de desplazamiento climático y los métodos de recuento pueden variar, y no describe por igual todas las crisis ni todos los países. Aun así, apunta a un patrón relevante: cuando la pérdida de vivienda o de medios de vida se combina con desigualdades económicas y sociales, las mujeres pueden afrontar obstáculos adicionales para desplazarse, acceder a ayuda o reconstruir su autonomía. La cifra no convierte a todas las mujeres en un grupo homogéneo, pero sí obliga a mirar quién queda fuera de las respuestas generales.

La agricultura muestra con claridad cómo se cruzan esas brechas. Los datos recogidos por organizaciones internacionales para América Latina indican que casi 60 millones de mujeres viven en el campo, pero solo el 30 % son propietarias de tierras agrícolas; alrededor del 10 % tiene acceso a crédito y el 5 % a programas de asistencia técnica. La FAO señala asimismo que, aunque las mujeres producen una parte sustancial de los alimentos, en muchos contextos reciben menos beneficios que los hombres agricultores. Cuando la sequía reduce la producción, tener menos acceso a tierra, financiación y asesoramiento limita la capacidad de adaptación.

La situación no se resuelve con políticas diseñadas para una persona promedio que, en la práctica, no representa las distintas experiencias de la población. Un plan de transporte, una ayuda para rehabilitar una casa o una medida de protección laboral puede dejar necesidades sin cubrir si no considera quién realiza los cuidados, quién depende del transporte público o quién tiene capacidad para adelantar el coste de una obra. Incorporar la perspectiva de género mejora el diagnóstico y permite que las medidas lleguen a quienes soportan riesgos concretos.

Inundaciones, sequías y desigualdad territorial

El calor no es el único rostro de la emergencia. Las lluvias torrenciales pueden causar daños repentinos en viviendas, negocios e infraestructuras, mientras las sequías prolongadas presionan el abastecimiento de agua y la actividad agraria. El informe citado estima que más de un millón de viviendas están situadas en zonas con riesgo de inundación, muchas de ellas en hogares con ingresos inferiores a 30.000 euros anuales. Vivir en un área expuesta no implica por sí solo sufrir el mismo daño: la renta y la protección disponible pesan en la recuperación.

En algunos municipios, los riesgos actuales se superponen a decisiones urbanísticas heredadas, con viviendas e infraestructuras en terrenos expuestos a inundaciones. Reducir el peligro puede exigir actualizar la planificación, proteger cauces y zonas húmedas, adaptar edificios o, en determinados casos, estudiar alternativas de reubicación. Son medidas complejas porque afectan a hogares, actividades y vínculos comunitarios; por eso no pueden tratarse como un mero ajuste técnico. La prevención debe evitar que la protección de un barrio desplace el riesgo o los costes a otro.

En el medio rural, las sequías más prolongadas, el encarecimiento del forraje, la escasez de agua y el mayor riesgo de incendios pueden reducir la productividad y empujar a trabajadores y familias a abandonar actividades o territorios. La adaptación agraria puede apoyarse en un uso más eficiente del agua, cultivos diversificados, suelos que retengan humedad y la recuperación de ecosistemas, pero estas transformaciones requieren conocimientos, inversión y tiempo. Sin apoyo suficiente, la capacidad de adaptarse queda reservada a quienes ya tienen más margen económico.

También aquí aparece una diferencia entre países y regiones. Quienes menos han contribuido históricamente a las emisiones pueden disponer de menos recursos para afrontar sequías, inundaciones y pérdidas de cosechas. En la COP25 de Madrid, celebrada en 2019, se aplazaron debates sobre financiación para adaptación y sobre pérdidas y daños, cuestiones centrales para que los costes no recaigan de manera desproporcionada en comunidades con menos recursos. La justicia climática no se limita a reducir emisiones: incluye quién recibe apoyo cuando los daños ya se han producido.

Una transición justa exige cambiar las reglas del reparto

Reducir las emisiones es imprescindible, pero el modo de hacerlo determina si la transición disminuye o agranda la desigualdad. Si las ayudas para renovar edificios exigen adelantar cantidades que un hogar vulnerable no puede asumir, la subvención existe sobre el papel y no en la vivienda. Si las nuevas infraestructuras benefician sobre todo a las zonas con mayor capacidad para atraer inversión, las diferencias territoriales pueden persistir. La eficacia de una política depende también de su diseño y de quién puede acceder a ella.

La rehabilitación energética puede reducir el calor interior y la necesidad de refrigeración, pero requiere financiación accesible y procedimientos que no conviertan la gestión en una barrera. En comunidades de propietarios con pocos recursos, anticipar el coste, coordinar obras y esperar largos plazos de reembolso puede paralizar proyectos necesarios. Por eso el informe plantea dar prioridad a la eficiencia y la adaptación, especialmente en viviendas vulnerables, junto con inversiones en transporte público y energía asequible. La ayuda llega de verdad cuando permite empezar la obra, no solo cuando promete devolver parte del gasto más adelante.

Las ciudades también pueden reducir la exposición con sombra, arbolado, espacios frescos y refugios climáticos accesibles. La ubicación importa tanto como la existencia de esos lugares: un centro climatizado a gran distancia o al que solo se llega en coche ofrece poca protección a quien no puede desplazarse. En el trabajo, los protocolos frente al calor deben atender las condiciones de cada actividad y proteger a quienes no pueden detener su jornada sin perder ingresos. Una medida de adaptación funciona cuando está disponible justo donde y cuando se necesita.

El informe reclama repartir el esfuerzo de reducción de emisiones de acuerdo con la huella y la capacidad económica, invertir en adaptación y eficiencia, y elevar la ambición de instrumentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. También plantea regular con transparencia la influencia de los grupos empresariales en las decisiones públicas. La rendición de cuentas permite contrastar los objetivos anunciados con las inversiones y los resultados reales.

Ese control no supone excluir a las empresas de la transición, sino hacer visibles sus intereses y asegurar que las reglas protejan el bien común. La transparencia sobre reuniones, aportaciones y compromisos ayuda a comprender quién influye en las políticas y con qué argumentos. A la vez, la participación de los barrios puede mejorar decisiones sobre sombra, transporte, rehabilitación y espacios de protección, porque quienes viven allí conocen los trayectos, los edificios y las necesidades que los mapas generales no siempre muestran. La política climática gana legitimidad cuando quienes reciben sus efectos pueden intervenir en su diseño.

La desigualdad climática se decide antes de la próxima emergencia

Las cifras dibujan una paradoja: los grupos con mayor huella pueden disponer de más medios para protegerse, mientras las familias que menos han contribuido al problema afrontan viviendas más vulnerables, empleos expuestos y menos capacidad de recuperación. No es una fatalidad natural. Las normas de construcción, la planificación urbana, la protección laboral y el acceso a financiación determinan quién queda a salvo y quién soporta el coste. La crisis climática convierte las decisiones sociales en una cuestión de salud y seguridad.

Una respuesta justa no consiste en detener la acción climática para evitar cualquier coste, sino en distribuirlo de manera distinta y reducir primero las emisiones allí donde existe más responsabilidad y capacidad. Eso exige políticas que combinen prevención y protección inmediata: mejores viviendas, ciudades menos recalentadas, empleo seguro frente al calor y apoyo a los territorios expuestos. La transición puede corregir desigualdades si se diseña para quienes hoy tienen menos margen de maniobra.

El clima seguirá poniendo a prueba las infraestructuras y los sistemas de protección, pero el alcance social de cada episodio no está predeterminado. Entre una noche insoportable y un hogar protegido puede haber una rehabilitación que nunca llegó; entre una inundación devastadora y una recuperación posible, un seguro, una planificación adecuada o una ayuda accesible. La brecha no se ensancha solo por el aumento de la temperatura, sino por la forma en que se reparten la exposición, la responsabilidad y la protección.