¿Por qué borran ChatGPT tras su pacto con el Pentágono?

ChatGPT pierde usuarios en EE.UU. tras su pacto con el Pentágono y el auge de Claude revela una grieta de confianza más honda.

ChatGPT ha sufrido un golpe de imagen muy visible en Estados Unidos después de que OpenAI confirmara su acuerdo con el Pentágono, rebautizado en esta etapa política como Department of War, para desplegar sus modelos en redes clasificadas. La reacción ha sido inmediata y cuantificable: las desinstalaciones de la app subieron un 295% el sábado 28 de febrero, justo después de que se conociera el pacto, y no fue un ruido aislado de redes sociales, sino un movimiento medible en la tienda de aplicaciones, acompañado de una caída de descargas y de una explosión de valoraciones negativas. La secuencia es bastante limpia: se anuncia el salto de OpenAI hacia un entorno militar sensible, una parte de los usuarios interpreta que la compañía ha cruzado una línea y, en cuestión de horas, llega el castigo al móvil.

El motivo de fondo no está en un fallo técnico ni en una subida de precio, sino en la desconfianza que genera ver a la aplicación de IA más popular del mundo entrar en la órbita de la defensa nacional estadounidense. OpenAI ha intentado contener el incendio añadiendo lenguaje nuevo al acuerdo para dejar claro que sus herramientas no se usarán para vigilancia doméstica de ciudadanos de EE.UU. y que tampoco podrán ser utilizadas por agencias de inteligencia como la NSA sin un nuevo contrato específico. Pero esa rectificación no ha evitado el daño inicial. El golpe ya estaba dado: para una parte del público, el problema no era una cláusula concreta, sino la imagen entera de ChatGPT colaborando con el aparato militar.

El acuerdo que cambió el clima alrededor de OpenAI

Para entender por qué la reacción ha sido tan fuerte hay que retroceder unos meses. El 16 de junio de 2025, OpenAI anunció su iniciativa OpenAI for Government, una estructura diseñada para llevar sus modelos a distintas administraciones públicas estadounidenses. Dentro de ese paraguas, la empresa presentó un contrato piloto con el Departamento de Defensa con un techo de 200 millones de dólares. La formulación oficial de aquel contrato era ya muy significativa: el Pentágono dijo que OpenAI desarrollaría capacidades prototipo de IA de frontera para desafíos críticos de seguridad nacional en ámbitos de warfighting y de gestión interna, con trabajo principalmente en Washington y fecha estimada de finalización en julio de 2026. OpenAI, por su parte, vistió ese paso con un lenguaje mucho más administrativo, hablando de sanidad para militares y sus familias, de análisis de programas y adquisiciones y de ciberdefensa proactiva. Las dos narrativas convivían, pero no contaban exactamente la misma historia.

La sacudida real llegó el 27 de febrero de 2026, cuando Sam Altman confirmó que OpenAI había alcanzado un acuerdo para desplegar sus modelos dentro de la red clasificada del Departamento de Defensa. Ahí la noticia dejó de ser una promesa difusa sobre modernización administrativa y se convirtió en algo mucho más concreto, mucho más áspero: IA avanzada de OpenAI dentro de entornos clasificados militares. La propia compañía admitió después que el proceso había sido demasiado apresurado y que la óptica del movimiento no era buena. Ese matiz importa, porque explica parte del estallido posterior. OpenAI no solo firmó un acuerdo delicado; lo comunicó mal, deprisa y en un momento en el que el debate sobre los límites militares de la IA estaba ya al rojo vivo por el choque entre Washington y Anthropic.

Las cifras del rechazo no dejan mucho margen a la duda

La señal más potente la puso Sensor Tower, que detectó un salto del 295% interdiario en las desinstalaciones de ChatGPT en Estados Unidos el sábado 28 de febrero. El contraste con la media anterior es lo que vuelve el dato realmente llamativo: durante los 30 días previos, la tasa habitual de desinstalaciones diarias estaba en torno al 9%. No es una variación menor, ni una oscilación normal de mercado, ni ese pequeño vaivén que se ve cuando una app pierde fuelle un fin de semana. Aquí hay un frenazo de reputación, de esos que dejan huella en los paneles de analítica. Además, las descargas de ChatGPT cayeron un 13% ese mismo sábado, después de haber crecido un 14% el viernes, y el domingo volvieron a bajar otro 5%. La noticia no solo empujó a borrar la app; también enfrió la entrada de nuevos usuarios justo cuando la conversación pública estaba más encendida.

El otro termómetro fue todavía más feo para OpenAI, porque no se quedó en el botón de desinstalar. Las reseñas de una estrella en la App Store subieron un 775% el sábado y todavía avanzaron un 100% adicional el domingo, mientras las valoraciones de cinco estrellas cayeron un 50%. Eso describe una reacción emocional bastante nítida. Cuando un usuario deja una mala reseña tras una noticia empresarial, no está hablando de memoria del teléfono ni de una respuesta extraña del chatbot; está usando la tienda como tribuna de protesta. La app se convierte en el lugar donde se castiga una decisión corporativa. Y eso cambia mucho la lectura del episodio, porque ya no habla solo de OpenAI como producto, sino de OpenAI como marca política, institucional y moralmente discutida para parte de su base de usuarios.

Claude creció justo cuando ChatGPT sangraba

Mientras ChatGPT perdía pie, Claude, la app de Anthropic, recogía parte del tráfico y, sobre todo, gran parte del relato. Los datos citados en el mercado apuntan a que sus descargas en Estados Unidos crecieron un 37% el viernes 27 de febrero y un 51% el sábado 28, coincidiendo con la negativa de Anthropic a aceptar determinadas condiciones del Departamento de Defensa. El mismo fin de semana, Claude alcanzó el número uno del App Store estadounidense, y Appfigures llegó a estimar un incremento todavía mayor, del 88% en las descargas diarias de EE.UU. el sábado, además de señalar que, por primera vez, Claude había superado a ChatGPT en descargas diarias en ese mercado. La onda se extendió fuera de Estados Unidos: la app también apareció como número uno entre las gratuitas en países como Bélgica, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza. OpenAI firmó con Washington; Anthropic perdió el favor de Washington, pero ganó el aplauso de una parte visible del público. Esa contradicción resume bastante bien el momento.

Lo que OpenAI asegura que ha blindado en su contrato

OpenAI ha intentado defenderse con una idea muy precisa: su acuerdo no abre la puerta a cualquier uso militar imaginable, sino que incorpora más barreras que otros contratos anteriores para despliegues de IA en entornos clasificados. La compañía ha fijado tres líneas rojas. La primera, impedir la vigilancia doméstica masiva sobre personas estadounidenses. La segunda, evitar que el sistema se use para dirigir armas autónomas sin el control exigido por la ley, la regulación o la política del propio departamento. La tercera, bloquear decisiones automatizadas de alto impacto que deban quedar en manos de una persona. OpenAI insiste además en que el despliegue será solo en la nube, que mantendrá el control de su capa de seguridad, que no entregará modelos sin guardarraíles y que tendrá personal autorizado de la propia compañía dentro del circuito de supervisión.

Ese marco, sobre el papel, es bastante concreto. OpenAI añade incluso que sus modelos no se desplegarán en dispositivos de borde, precisamente para reducir escenarios en los que pudieran terminar acoplados a sistemas de letalidad autónoma. También sostiene que el contrato no permite que su IA independientemente dirija armas autónomas allí donde las normas exigen control humano, ni que asuma otras decisiones críticas reservadas a un decisor humano. El problema es que la controversia no se apagó con esos matices. Parte del rechazo viene de otro sitio: de la sensación de que una herramienta de uso cotidiano, casi doméstico, ha pasado a trabajar dentro de la maquinaria de seguridad nacional. Y una vez que esa imagen prende, ya no basta con recitar un pliego de garantías.

El choque con Anthropic convirtió el caso en una batalla abierta

La reacción contra ChatGPT no se entiende del todo sin el enfrentamiento simultáneo entre Anthropic y la administración Trump. Mientras OpenAI aceptaba el despliegue en la red clasificada del Departamento de Defensa, Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, fijó públicamente dos vetos que su empresa no estaba dispuesta a levantar: la vigilancia doméstica masiva y las armas completamente autónomas. En su comunicado explicó que esas dos excepciones nunca habían estado en sus contratos con el Departamento de Defensa y que seguían fuera porque, a su juicio, la IA actual no es lo bastante fiable para sostener armas totalmente autónomas y porque la vigilancia masiva potenciada por IA amenaza libertades fundamentales. No era una negativa general a colaborar con el ejército. Era una negativa muy concreta en dos terrenos especialmente inflamables.

Anthropic fue más lejos y aseguró que el Departamento de Defensa exigía a las compañías aceptar “any lawful use”, es decir, cualquier uso legal, y retirar salvaguardas precisamente en esos dos casos. La empresa sostuvo que, por mantener esas líneas, recibió amenazas de ser declarada “supply chain risk”, una etiqueta reservada normalmente a proveedores de países adversarios, y de sufrir incluso la invocación de la Defense Production Act para forzar cambios. Según la propia Anthropic, la compañía se negó a ceder “en conciencia”. El valor simbólico de esa postura fue enorme. En el debate público quedó instalado un contraste muy potente: Amodei dijo no en dos ámbitos sensibles; Altman dijo sí, aunque con condiciones y barreras. En un ecosistema de apps donde la percepción manda, esa diferencia tuvo un coste reputacional inmediato para OpenAI.

Washington castigó a Anthropic y una parte del público la premió

Aquí aparece la paradoja más interesante de toda esta historia. Mientras consumidores estadounidenses premiaban a Claude en la App Store por su postura, el Gobierno federal de EE.UU. endurecía el castigo contra Anthropic. El 2 de marzo de 2026, varios organismos de primer nivel se movieron para dejar de usar sus productos: State, Treasury y Health and Human Services se sumaron al giro iniciado por el Pentágono. Donald Trump había ordenado a las agencias federales que fuesen apartando Anthropic, declarada por Defensa como riesgo de cadena de suministro, y el resultado fue una salida bastante abrupta de Claude del circuito gubernamental. El Departamento de Estado decidió que su chatbot interno StateChat pasaría a usar GPT-4.1 de OpenAI, y en Sanidad y Servicios Humanos se recomendó recurrir a alternativas como ChatGPT o Gemini.

Ese contraste explica por qué la polémica ha sido tan ruidosa. Washington y una parte de los usuarios han leído el mismo conflicto en direcciones opuestas. La Casa Blanca y el Pentágono han visto en Anthropic una empresa poco alineada con las exigencias de seguridad nacional; un sector de la opinión pública ha visto, justamente, a una compañía que mantuvo un límite reconocible. Y en medio ha quedado OpenAI, beneficiada institucionalmente por el Estado y castigada simbólicamente por el mercado de consumo. No es una contradicción menor. Muestra que el negocio público y la reputación popular ya no van siempre de la mano en el mundo de la IA. Una empresa puede cerrar un gran acuerdo con la administración y, a la vez, abrir una grieta con la parte más sensible de su comunidad de usuarios.

Sam Altman se vio obligado a rectificar el mensaje

La velocidad con la que OpenAI salió a enmendar el acuerdo deja ver hasta qué punto la empresa entendió que el daño iba más allá de una tormenta en X. El 2 de marzo, Sam Altman anunció que estaba trabajando con el Departamento de Defensa para introducir añadidos que hicieran “muy claros” los principios de OpenAI. El más concreto fue este: los servicios de la compañía no podrán ser usados por agencias de inteligencia del Department of War, como la NSA, salvo que exista una modificación posterior del contrato. La actualización también reforzó la idea de que la limitación cubre la vigilancia deliberada, el seguimiento y la monitorización de personas estadounidenses, incluso mediante la compra o el uso de información personal o identificable adquirida comercialmente.

La rectificación, sin embargo, tiene un doble filo. Por un lado, demuestra que OpenAI intenta encerrar mejor el uso de su tecnología y evitar que el acuerdo se interprete como una puerta abierta a operaciones opacas de inteligencia. Por otro, confirma que la redacción inicial no bastó para transmitir ese perímetro con claridad. Y ahí está una de las claves de la crisis. El mercado puede tolerar un pacto delicado si entiende de inmediato dónde acaba. Lo que castiga peor es la sensación de vaguedad. En este caso, la empresa ha tenido que volver sobre sus pasos para explicar que no, que la NSA queda fuera, que no, que no habrá vigilancia doméstica, que no, que no se entregan modelos sin protección. Cuando una compañía se ve obligada a repetir tres veces lo que no permitirá, es que el público ya sospecha lo contrario.

El daño va mucho más allá de una mala tarde en la App Store

Sería exagerado decir que ChatGPT ha entrado en crisis existencial por este episodio. OpenAI sigue siendo una potencia enorme, con una presencia masiva en consumo, empresa y administraciones. Pero sí sería un error minimizar lo ocurrido como una pataleta pasajera. La oleada de desinstalaciones ha dejado una enseñanza bastante contundente: la confianza en una app de IA es más frágil de lo que parecía cuando esa app toca asuntos de defensa, inteligencia o vigilancia. Hasta hace poco, la mayoría de polémicas alrededor de ChatGPT giraban en torno a errores, límites del modelo, plagio, uso educativo o impacto laboral. Este caso es distinto porque desplaza la discusión al terreno del poder estatal y de la militarización tecnológica. Ahí las costuras emocionales son mucho más finas.

También pesa el hecho de que ChatGPT ya no es una herramienta de nicho. Está metida en la rutina de millones de personas para estudiar, trabajar, programar, traducir, resumir documentos o simplemente ordenar la vida diaria. Cuando una aplicación entra en ese espacio tan cotidiano, el usuario deja de verla como un software cualquiera. La trata como una extensión de su entorno de confianza. Por eso el salto hacia el Pentágono se ha leído de forma tan visceral. No porque todo el mundo crea que OpenAI vaya a construir mañana un sistema de armas, sino porque la mera asociación con un entorno clasificado militar altera la naturaleza percibida de la marca. Ya no parece solo una herramienta. Empieza a parecer una infraestructura con otra temperatura, otra gravedad, otro tipo de intereses encima.

Lo que queda abierto tras la sacudida de marzo

A corto plazo, lo más probable es que OpenAI consiga estabilizar el golpe. Tiene escala, tiene marca, tiene integración con servicios y tiene una posición de mercado que no desaparece por un fin de semana convulso. Pero la grieta está ahí y va a acompañar a la empresa en cada nuevo movimiento con gobiernos, ejércitos o agencias sensibles. El asunto ya no se limita a si el contrato incluye suficientes salvaguardas, sino a si la compañía puede convencer de que esas salvaguardas son comprensibles, verificables y creíbles. Ese es el terreno en el que se ha producido la erosión real. Y ahí Sam Altman, por mucho que haya reaccionado rápido, llega con retraso. El mercado ya ha visto el pacto, ha visto la marcha atrás parcial y ha visto también que Claude ha capitalizado la comparación.

La noticia, en el fondo, no es solo que una app haya perdido instalaciones durante un par de días. La noticia es que OpenAI ha comprobado en vivo el precio reputacional de acercar ChatGPT al Pentágono en pleno pulso con Anthropic y en medio de un debate abrasivo sobre vigilancia y armas autónomas. Todo ocurrió muy deprisa: contrato de 200 millones en 2025, anuncio del despliegue en redes clasificadas el 27 de febrero, 295% de subida en desinstalaciones el 28, y rectificación pública de Altman el 2 de marzo para cerrar la puerta a la NSA y reforzar los límites sobre vigilancia doméstica. No parece un tropiezo aislado. Parece el primer gran aviso de una etapa en la que las empresas de IA ya no serán juzgadas solo por lo que hacen sus modelos, sino por con quién se alinean cuando el poder llama.