El Congreso tumba el decreto que incluía la subida de las pensiones

El Congreso rechazó el 27 de enero de 2026 el real decreto-ley que incluía la revalorización de las pensiones para este año y la prórroga de varias medidas sociales. El resultado fue de 178 votos en contra y 171 a favor: PP, Vox, Junts y UPN sumaron los votos que hicieron decaer el texto, respaldado por el Gobierno y sus socios. La subida general prevista era del 2,7%, con incrementos superiores para algunas pensiones mínimas y prestaciones.

La votación no afectó solo a las nóminas. El decreto reunía también medidas sobre desahucios de hogares vulnerables, suministros básicos, el bono social eléctrico y ayudas relacionadas con la DANA, entre otras. El desacuerdo político se concentró en la decisión de agrupar asuntos distintos en una misma norma; al caer el paquete, también quedaron sin continuidad las medidas que dependían de él. El Ejecutivo dijo que estudiaba una nueva vía para aprobar la actualización de las pensiones.

Una votación sobre un paquete, no sobre una sola medida

El texto que llegó al pleno era un real decreto-ley, una norma que puede entrar en vigor de forma inmediata, pero que debe someterse después a la convalidación del Congreso. En este caso, la Cámara tenía que pronunciarse sobre el conjunto. No hubo una votación separada para la subida de las pensiones y otra para las medidas de vivienda o protección social: el resultado negativo hizo decaer el decreto entero.

Ese mecanismo explica por qué partidos que afirmaban estar a favor de actualizar las pensiones terminaron votando contra la norma que contenía la subida. El PP y Junts defendieron que la revalorización debía tramitarse por separado, sin quedar ligada a medidas que rechazaban. Vox, en cambio, se opuso al decreto en su conjunto, incluida la actualización de las prestaciones. UPN también votó en contra y contribuyó a la mayoría que tumbó el texto.

La fórmula del decreto ómnibus —un solo texto con disposiciones de ámbitos diferentes— permitió al Gobierno reunir medidas urgentes en una misma norma, pero también convirtió la votación en un pulso sobre todo su contenido. Para sus defensores, el paquete daba continuidad a protecciones que consideraban necesarias. Para sus detractores, obligaba a aceptar medidas controvertidas para respaldar otras con las que podían estar de acuerdo. La discusión sobre el procedimiento acabó teniendo consecuencias materiales, porque la Cámara no podía rescatar una parte del texto al votar.

Qué subida de las pensiones contemplaba el decreto

La revalorización general prevista para 2026 era del 2,7% en las pensiones contributivas y en las de Clases Pasivas del Estado. El decreto incluía además aumentos más pronunciados para prestaciones de menor cuantía: un 7% para determinadas pensiones mínimas y un 11,4% para algunos casos, entre ellos las mínimas con cónyuge a cargo y ciertas pensiones de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también figuraban entre las prestaciones con una subida del 11,4% prevista en el texto.

El porcentaje general no se traduce en la misma cantidad para todas las personas, porque el aumento depende de la prestación que se cobre. Como referencia, el artículo original situaba la pensión media de jubilación en 1.512,7 euros en diciembre: aplicar un 2,7% a esa cifra equivale a unos 40,85 euros más por paga. Es una aproximación basada en una media, no una cantidad común a todos los pensionistas; las cuantías individuales varían según el tipo y el importe de la pensión.

La escala también cambia en las prestaciones mínimas y no contributivas, donde los incrementos previstos eran mayores que el porcentaje general. Por eso, reducir el debate a una sola cifra deja fuera una parte importante del alcance del decreto: no se trataba únicamente de actualizar las pensiones contributivas, sino de fijar revalorizaciones distintas según el tipo de prestación y la situación contemplada. Al decaer la norma, esas subidas dejaron de contar con el respaldo de ese decreto, aunque el Gobierno anunció que exploraría cómo aprobarlas de nuevo.

Qué ocurre con lo cobrado en enero y los pagos siguientes

La revalorización se había aplicado en enero mientras el real decreto-ley estaba en vigor. El rechazo parlamentario abrió la incertidumbre sobre los meses posteriores, pero no significa por sí solo que las cantidades ya abonadas en enero se conviertan automáticamente en pagos indebidos. La cuestión inmediata es qué norma puede dar continuidad a la actualización y con qué calendario. El voto dejó un problema hacia adelante, no una orden automática de devolver lo percibido.

El Gobierno afirmó que estudiaba aprobar un nuevo decreto para garantizar el cobro de las pensiones con la subida aplicada en enero y que tendría que volver a someterlo a votación. Una norma más limitada, centrada en la revalorización, respondería a la petición del PP y Junts de separar las pensiones del resto del paquete. Pero, mientras no se aprobara y convalidara una nueva disposición, el rechazo dejaba sin continuidad jurídica las medidas incluidas en el texto tumbado.

El episodio muestra una diferencia que a menudo se pierde entre el anuncio de una política y su consolidación legal. La entrada en vigor inicial de un decreto-ley permite aplicar medidas con rapidez, pero su permanencia depende del aval parlamentario. Cuando ese apoyo falta, la gestión práctica —incluidas las nóminas y los ajustes administrativos— queda pendiente de la siguiente decisión normativa. La incertidumbre no se resuelve con el resultado de una sola votación: depende de que el Congreso apruebe una alternativa.

El choque político por las medidas de vivienda

Una de las partes más controvertidas del decreto era la prórroga de la suspensión de determinados desahucios para personas vulnerables que carecieran de una alternativa habitacional. El Gobierno defendía esa protección como una medida social temporal. PP, Vox y Junts cuestionaron su inclusión en el mismo texto que la subida de las pensiones y criticaron su efecto sobre los propietarios. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, resumió públicamente la posición de su grupo con la fórmula pensiones sí, ocupaciones no.

La controversia política mezcló situaciones distintas que no son equivalentes: un desahucio dentro de un procedimiento legal, un impago de alquiler y la ocupación ilegal de una vivienda. La medida contemplada en el decreto se refería a casos de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional; no suponía una prohibición general de cualquier desahucio. Según la información del texto, su alcance se concentraba en grandes tenedores con más de once viviendas, mientras los pequeños propietarios contaban con excepciones. Presentarla como una protección universal frente a cualquier desalojo simplifica demasiado su alcance.

Ese límite tampoco elimina las críticas sobre su eficacia. Organizaciones y movimientos por la vivienda han cuestionado que una suspensión temporal ofrezca una solución duradera a familias vulnerables o resuelva los problemas estructurales de acceso a la vivienda. A la vez, los propietarios afectados pueden señalar el coste de retrasar la recuperación de un inmueble. El desacuerdo no se reduce, por tanto, a elegir entre proteger o no proteger: también trata de quién asume el coste, a quién cubre la medida y qué alternativas existen. La norma podía aplazar ciertos lanzamientos, pero no solucionaba por sí sola la falta de vivienda asequible.

El resto del escudo social también quedó en suspenso

El decreto incluía la prórroga de medidas para evitar cortes de suministros básicos a hogares vulnerables y la continuidad del bono social eléctrico. También contemplaba ayudas sociales y fiscales relacionadas con personas afectadas por la DANA, además de otras disposiciones vinculadas a la Seguridad Social y a obligaciones tributarias. Al rechazarse el conjunto, estas medidas tampoco obtuvieron la continuidad que el texto proponía. Su caída tuvo menos visibilidad que la subida de las pensiones, pero podía afectar a hogares que dependían de esas protecciones.

Entre las medidas recogidas figuraba asimismo la prórroga de deducciones relacionadas con la compra de vehículos eléctricos y con obras de eficiencia energética o rehabilitación. El decreto contemplaba porcentajes que podían llegar al 60%, según el tipo de actuación y las condiciones aplicables. También incluía disposiciones tributarias ligadas a ayudas por incendios y por la DANA. Al decaer la norma, la continuidad de esas ventajas quedaba pendiente de que se aprobaran por otra vía; su aplicación no podía darse por garantizada a partir de ese texto.

El paquete abarcaba además cuestiones menos visibles, como la continuidad de determinadas reglas sobre cotizaciones de autónomos y la prórroga del salario mínimo vigente mientras se resolvía la actualización correspondiente a 2026. La amplitud del decreto fue, precisamente, parte del problema parlamentario: al reunir asuntos diversos, elevó el coste político de respaldar una medida concreta. Cuando el texto cayó, también se perdieron disposiciones que no habían ocupado el centro del debate, y cada una quedó sujeta a su propia solución normativa.

Por qué el PP, Vox y Junts votaron en contra

El PP sostuvo que la subida de las pensiones debía aprobarse en un decreto separado y criticó al Gobierno por agruparla con medidas de vivienda y protección social. Su argumento fue que apoyar la revalorización no obligaba a aceptar el resto del contenido. Junts defendió una posición similar sobre la separación de materias y expresó su oposición a las medidas vinculadas a los desahucios. Ambos grupos afirmaron que querían una norma específica para las pensiones, aunque sus votos contribuyeron a que el decreto que las contenía fuera rechazado.

Vox votó contra el texto completo, incluida la actualización de las prestaciones. Su rechazo se enmarcó en una oposición general al paquete del Gobierno y a las medidas de protección social que incorporaba. UPN también se sumó al no. La coincidencia parlamentaria de PP, Vox y Junts fue significativa porque agrupó a partidos con argumentos y posiciones distintas en torno a una misma votación. El resultado común no implica que los tres defendieran la misma alternativa: el rechazo compartido respondía a razones políticas diferentes.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reprochó a los grupos contrarios que perjudicaran a millones de ciudadanos y defendió el propósito social de la norma. La discusión se convirtió así en una disputa por la responsabilidad del resultado: el Ejecutivo acusó a la oposición de tumbar medidas que beneficiaban a pensionistas y hogares vulnerables; los partidos contrarios atribuyeron el bloqueo a la decisión de unir asuntos que, a su juicio, debían votarse por separado. La misma derrota se contó desde dos marcos opuestos: como rechazo a la protección social o como rechazo a un paquete mal planteado.

El transporte sí obtuvo el apoyo del Congreso

En la misma sesión se votó otro real decreto-ley, esta vez centrado en las ayudas al transporte público y en la creación de un abono único estatal. Esa norma sí salió adelante. El PP se abstuvo y Vox votó en contra, mientras el resto de los apoyos permitió su convalidación. El contraste dejó claro que el Congreso no había bloqueado todas las iniciativas del Gobierno: el desenlace dependió del contenido de cada texto y de los acuerdos disponibles para cada votación.

El decreto del transporte mantenía bonificaciones y planteaba un abono único que se sumaría a los títulos ya existentes, sin sustituirlos automáticamente. La propuesta incluía una tarifa de 60 euros y una reducida de 30 euros para menores de 26 años, aplicables a determinados servicios ferroviarios y de autobús de largo recorrido. La incorporación por parte de las distintas administraciones se preveía progresiva. La aprobación de este texto no recuperó las medidas sociales del otro decreto: eran normas distintas y se votaron de manera independiente.

La diferencia entre ambas votaciones expuso un Congreso sin mayorías estables para todos los asuntos. Un partido podía abstenerse ante las ayudas al transporte y votar contra el paquete social; otro podía apoyar el transporte y rechazar la norma que reunía pensiones y vivienda. Para el Gobierno, el episodio supuso una derrota en una materia de gran alcance y, a la vez, la aprobación de una medida concreta. Para los ciudadanos, dejó un mapa desigual: algunas ayudas continuaron, mientras otras quedaron a la espera de una nueva iniciativa.

Una derrota que obliga a negociar de nuevo

La caída del decreto dejó al Ejecutivo ante una tarea inmediata: buscar una fórmula que permitiera aprobar la revalorización de las pensiones sin repetir el mismo bloqueo. Separar esa medida del resto del paquete podía hacer más explícita la posición de los grupos que aseguraban respaldar la subida. Sin embargo, una nueva votación exigiría reunir apoyos suficientes y decidir qué hacer con las medidas sociales que habían decaído junto con el texto. Desbloquear una parte no devuelve automáticamente la vigencia a las demás.

El debate también volvió a poner en cuestión el uso de los decretos ómnibus. Agrupar normas permite tramitar con rapidez varias medidas, pero obliga a los diputados a aceptar o rechazar el conjunto y puede convertir disposiciones populares en parte de una negociación más amplia. Dividirlas facilita votar cada asunto por separado, aunque abre la puerta a que algunas iniciativas no encuentren mayoría. La sesión del 27 de enero mostró el precio de ambas fórmulas: rapidez y unidad de tramitación, frente a una mayor exposición al desacuerdo político.

La cifra del 2,7% concentró la atención pública, pero el resultado fue más amplio que una discusión sobre porcentajes. También quedaron en juego prestaciones con subidas superiores, medidas para hogares vulnerables y prórrogas fiscales y energéticas. El Gobierno anunció que buscaría una salida para la actualización de las pensiones; hasta que una nueva norma recibiera el respaldo del Congreso, el desenlace seguía abierto. La votación cerró un decreto, no el debate sobre cómo sostener las pensiones y las protecciones sociales durante 2026.