¿Por qué Bélgica ordena detener al excomisario europeo de Migración?

La justicia belga ha emitido una orden de detención contra Dimitris Avramopoulos, antiguo comisario europeo de Migración y actual diputado conservador en Grecia, dentro de la investigación del Qatargate. Los investigadores examinan su relación remunerada con Fight Impunity, la organización fundada por Antonio Panzeri, figura central de la presunta trama de sobornos e influencia extranjera que sacudió al Parlamento Europeo a finales de 2022.

La orden no implica una condena ni puede ejecutarse de manera inmediata. Avramopoulos disfruta de inmunidad parlamentaria como diputado de Nueva Democracia, el partido gobernante griego, por lo que el expediente debe recorrer los tribunales y el Ministerio de Justicia hasta llegar al Parlamento heleno. Él niega cualquier irregularidad, asegura que sus ingresos fueron autorizados, declarados y gravados, y ha anunciado que no utilizará su inmunidad para impedir que el caso sea investigado.

Bélgica reactiva el Qatargate casi cuatro años después

El movimiento de la justicia belga devuelve al primer plano un escándalo que llevaba meses avanzando entre recursos, disputas procesales y una espesura jurídica muy propia de Bruselas: muchas normas, muchos sellos y, al final, una montaña de preguntas todavía sin respuesta.

El Qatargate estalló el 9 de diciembre de 2022, cuando la policía belga realizó registros, detenciones y decomisos de grandes cantidades de dinero en efectivo. La investigación sostiene que intereses vinculados a Qatar y Marruecos habrían intentado influir en decisiones y posiciones del Parlamento Europeo mediante pagos, regalos e intermediarios. Ambos países han negado haber cometido irregularidades.

Entre las personas detenidas figuraron la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, su pareja y asistente parlamentario Francesco Giorgi, y el exdiputado italiano Antonio Panzeri. Este último terminó alcanzando un acuerdo de cooperación con la fiscalía belga, un pacto que le obliga a aportar información sobre el funcionamiento de la presunta red a cambio de una pena limitada.

El nombre de Avramopoulos ya había aparecido en diciembre de 2022, aunque entonces no fue detenido. Su vínculo con el caso procedía de su participación en el comité honorífico de Fight Impunity, una asociación creada por Panzeri que se presentaba como defensora de los derechos humanos y la justicia frente a los crímenes internacionales.

Ahora, la investigación ha dado un salto. Según las informaciones publicadas en Bélgica y Grecia, el excomisario podría ser interrogado por una supuesta participación en una organización criminal y por la recepción de dinero procedente de una estructura que los investigadores consideran vinculada a la trama.

Qué investigan exactamente las autoridades belgas

El núcleo del expediente no es que Avramopoulos trabajara para una asociación. Tampoco que cobrara por ello, algo que no constituye por sí mismo un delito. La cuestión decisiva es otra: si conocía el posible origen ilícito de los fondos, si prestó servicios reales a cambio de la remuneración y si su posición pública pudo ser utilizada para favorecer los intereses que supuestamente operaban detrás de Fight Impunity.

Las autoridades belgas estudian un beneficio económico situado en torno a los 73.000 euros brutos, según las últimas informaciones. La cifra no coincide completamente con la versión ofrecida por el político griego en 2022, cuando señaló que había percibido 5.000 euros mensuales durante aproximadamente un año. La documentación judicial deberá aclarar el periodo exacto, los conceptos incluidos y por qué las cantidades difundidas no son idénticas.

También pesa una circunstancia procesal. Avramopoulos habría sido citado hace cerca de un año para declarar ante los investigadores belgas y no compareció. No está claro públicamente dónde ni de qué forma fue notificada aquella citación, pero su ausencia habría contribuido a que las autoridades elevaran la presión y optaran por solicitar su detención.

El matiz importa. No acudir a una citación no demuestra que una persona haya participado en una trama corrupta, pero puede provocar medidas más severas cuando el instructor considera imprescindible escuchar su versión o asegurar su comparecencia.

Fight Impunity, el puente con Antonio Panzeri

Fight Impunity tenía un nombre impecable y una tarjeta de presentación aún mejor: luchar contra la impunidad y promover los derechos humanos. En su comité figuraban personalidades de considerable peso institucional, como la exjefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, el exprimer ministro francés Bernard Cazeneuve y la senadora italiana Emma Bonino.

La presencia de esas figuras no implica que participaran en ninguna irregularidad. Sí revela hasta qué punto una organización puede construir una fachada de prestigio mediante nombres reconocibles, una especie de vitrina institucional capaz de abrir despachos, atraer interlocutores y disipar sospechas.

Avramopoulos sostiene que su puesto era honorífico, sin funciones ejecutivas ni capacidad de gestión. Afirma que su actividad consistía en aportar experiencia política e internacional y que no intervenía en la administración de los fondos. La investigación belga tendrá que determinar qué tareas realizó realmente y qué conocimiento podía tener sobre la financiación de la entidad.

La cifra de 73.000 euros bajo la lupa

El antiguo comisario explicó en 2022 que recibió una remuneración de 5.000 euros mensuales entre febrero de 2021 y febrero de 2022. Según su versión, el dinero fue incluido en su declaración patrimonial y tributó ante la Hacienda griega. También aseguró que pidió suspender los pagos cuando la actividad de la asociación empezó a disminuir, meses antes de que el Qatargate saliera a la luz.

Las nuevas informaciones judiciales hablan, sin embargo, de una cantidad aproximada de 73.000 euros. Que el pago estuviera declarado fiscalmente no resuelve por completo el problema penal: un ingreso puede estar contabilizado y, pese a ello, proceder de una actividad ilícita. Pero la declaración sí debilita la idea de una remuneración escondida bajo el colchón, que en esta historia no es una metáfora precisamente escandalosa.

La acusación necesitará probar algo más que la mera existencia de transferencias. Tendrá que establecer si Avramopoulos sabía o podía razonablemente saber que el dinero procedía de una presunta red criminal. Ese elemento subjetivo —el conocimiento— suele ser uno de los terrenos más difíciles en los casos de corrupción y blanqueo.

La inmunidad impide una detención inmediata

Avramopoulos es actualmente diputado del Parlamento griego por Nueva Democracia. Esa condición obliga a las autoridades a solicitar el levantamiento de su inmunidad antes de ejecutar la orden o adoptar determinadas medidas judiciales contra él.

El expediente recibido desde Bélgica debe pasar por la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Atenas, la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia antes de ser remitido a la Cámara. Los diputados tendrán que pronunciarse sobre la retirada de la protección parlamentaria.

El propio Avramopoulos ha adelantado que no se escudará en la inmunidad. Ha pedido que el asunto sea examinado por la justicia griega y sostiene que desea una resolución completa que despeje cualquier sospecha sobre su conducta.

No obstante, existe una discrepancia relevante sobre el instrumento utilizado por Bélgica. Diversos medios lo describen como una orden europea de detención y entrega, mientras informaciones publicadas en Atenas señalan que se trataría de una petición cursada mediante el acuerdo de cooperación judicial entre Bélgica y Grecia, no de una euroorden en sentido estricto.

La diferencia no es decorativa. Una euroorden sigue un procedimiento de reconocimiento judicial ampliamente automatizado entre países de la Unión Europea. Una solicitud bilateral puede conceder mayor intervención inicial a la justicia del Estado requerido. Hasta que el documento completo sea conocido, conviene hablar de una orden belga de detención sin convertir una etiqueta jurídica todavía discutida en una certeza.

La defensa se apoya en el permiso de la Comisión Europea

Avramopoulos fue comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía entre 2014 y 2019, durante la presidencia de Jean-Claude Juncker. Al abandonar el cargo quedó sujeto a las normas éticas que regulan las actividades profesionales de los antiguos miembros de la Comisión.

Antes de incorporarse a Fight Impunity, solicitó autorización para aceptar el puesto remunerado. El Comité Ético Independiente emitió un dictamen favorable y la Comisión Europea autorizó formalmente aquella ocupación. La actividad aparece, de hecho, entre los trabajos aprobados para antiguos comisarios.

Este documento es uno de los pilares de su defensa. Avramopoulos argumenta que nunca ocultó la relación con la asociación y que actuó con la aprobación institucional correspondiente. También insiste en que la colaboración había terminado antes de las primeras detenciones del Qatargate.

La autorización de Bruselas, sin embargo, examinaba la compatibilidad ética del trabajo con su anterior cargo. No certificaba el origen de cada euro que entraba en la organización ni podía prever que su fundador acabaría acusado de dirigir una presunta trama de corrupción. Dicho de otra forma: el permiso prueba que la actividad era conocida, pero no cierra por sí solo la investigación sobre la procedencia del dinero.

El antiguo comisario rechaza cualquier implicación, directa o indirecta, en actuaciones impropias. Considera que el asunto quedó aclarado hace años y califica de infundado el intento de relacionarlo con las actividades ilegales atribuidas a Panzeri. La justicia deberá decidir si esa explicación basta o si han aparecido nuevos indicios que justifiquen la orden.

Una prueba incómoda para la credibilidad europea

El caso Avramopoulos llega en un momento delicado para las instituciones europeas. Después del terremoto de 2022, el Parlamento endureció algunas reglas sobre reuniones, declaraciones de intereses, actividades externas y relaciones con representantes de terceros países. También avanzó la creación de un organismo común de ética. Reformas necesarias, aunque el prestigio institucional no se repara únicamente añadiendo formularios al cajón.

La nueva orden demuestra que el Qatargate no está cerrado. También recuerda que la presunción de inocencia no es una cortesía reservada a los desconocidos, sino una garantía democrática que debe proteger incluso a quienes han ocupado los despachos más altos. Avramopoulos no ha sido condenado y las acusaciones deberán probarse ante un tribunal.

Al mismo tiempo, haber sido comisario europeo, ministro o alcalde de Atenas no puede funcionar como un paraguas automático. La relevancia política exige más transparencia, no menos. Si Bélgica dispone de pruebas nuevas, deberá presentarlas con claridad; si el expediente se limita a reinterpretar pagos conocidos y autorizados, tendrá que explicar por qué actúa casi cuatro años después.

De momento, hay una orden de detención, una inmunidad pendiente de revisión y dos relatos enfrentados. Bélgica ve indicios suficientes para reclamar la comparecencia del excomisario. Avramopoulos responde que todo fue legal, público y fiscalizado. Entre ambas versiones se abre ahora el terreno menos vistoso y más importante: las pruebas.