La pandemia frenó los desahucios, pero subieron los embargos

En 2020 se practicaron en España 29.406 lanzamientos, un 45,6% menos que el año anterior. Al mismo tiempo, las ejecuciones hipotecarias presentadas ante los juzgados aumentaron un 17,5%, hasta 20.460. La aparente contradicción tiene una explicación decisiva: una cifra cuenta desahucios que llegaron a ejecutarse y la otra, procedimientos iniciados para reclamar una deuda con garantía hipotecaria.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registró así dos movimientos distintos, condicionados por la pandemia y por las medidas que interrumpieron o aplazaron actuaciones judiciales. Menos lanzamientos no significó menos dificultades económicas, del mismo modo que un aumento de demandas no se tradujo automáticamente en más viviendas embargadas o familias desalojadas durante ese año.

Dos indicadores distintos en un año excepcional

La caída de los lanzamientos fue muy pronunciada y coincidió con la suspensión de plazos procesales durante el estado de alarma y con la decisión del Gobierno de no ejecutar desahucios en ese periodo. Esas circunstancias alteraron el recorrido habitual de los procedimientos: una demanda podía haberse presentado, pero la actuación final sobre el inmueble quedar aplazada. Por eso, los 29.406 lanzamientos practicados describen el resultado visible de los casos que llegaron a esa fase, no el conjunto de conflictos de vivienda existentes.

Las ejecuciones hipotecarias, en cambio, se cuentan cuando se presentan como procedimientos en los órganos judiciales. En 2020 sumaron 20.460, un 17,5% más que en 2019 y la primera subida anual desde 2012. El dato revela un repunte de reclamaciones vinculadas a préstamos impagados, pero no equivale a 20.460 embargos materializados: entre el inicio de una ejecución, la venta de un inmueble y un eventual lanzamiento hay fases diferentes.

La distinción ayuda a entender por qué ambas series pudieron moverse en sentidos opuestos. La suspensión de actuaciones afectaba de manera directa a la posibilidad de practicar determinados lanzamientos, mientras que la presentación de nuevas ejecuciones hipotecarias podía seguir reflejando problemas de pago que afloraban en los juzgados. Una estadística observa una actuación realizada; la otra, la entrada de un procedimiento. Mezclarlas convertiría dos momentos distintos del proceso judicial en una sola medida.

El parón judicial cambió el calendario de los lanzamientos

La pandemia no solo alteró los ingresos y la vida cotidiana: también modificó el calendario de los tribunales. Durante el estado de alarma se suspendieron plazos procesales y el Gobierno dispuso que no se ejecutaran desahucios. El efecto estadístico fue especialmente visible en el número de lanzamientos practicados, porque esa cifra depende de que el procedimiento haya alcanzado la fase en la que se hace efectivo el desalojo. Un aplazamiento puede desplazar un resultado entre años sin borrar el conflicto que lo originó.

En diciembre de 2020, el Ejecutivo aprobó además que determinados procedimientos por impago del alquiler contra familias vulnerables sin alternativa habitacional no se ejecutaran hasta el final del estado de alarma, fijado entonces para el 9 de mayo. La medida también contemplaba la suspensión de lanzamientos de ocupantes sin contrato en viviendas vacías de grandes tenedores, definidos en esa información como propietarios de más de diez inmuebles. Era una protección condicionada a circunstancias concretas, no una paralización general de todos los casos de impago.

Ese contexto impide atribuir toda la caída a una transformación duradera del mercado de la vivienda o a una reducción equivalente de los problemas de pago. El descenso reflejó, en parte, decisiones públicas y restricciones que afectaban a la ejecución de los procedimientos. El informe describía una fotografía judicial tomada en un año excepcional; por sí sola, no permite medir cuántos casos quedaron pendientes ni anticipar en qué momento se resolverían después.

El alquiler concentró la mayoría de los desalojos

De los 29.406 lanzamientos practicados en 2020, 21.145 estaban relacionados con el impago del alquiler. Esa cantidad supuso una caída del 42% respecto al ejercicio anterior y cerca del 72% del total anual. Otros 6.915 derivaron de ejecuciones hipotecarias, un 51,3% menos que en 2019. La estadística sitúa así al alquiler como el origen más frecuente de los lanzamientos realizados, aunque las dos categorías no agotan por sí solas todo el total contabilizado.

La cifra de lanzamientos solicitados fue bastante mayor: 53.911 entre enero y diciembre, un 21% menos que el año anterior. De ellos, 25.290 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representó un descenso del 36%. La diferencia entre solicitudes y actuaciones ejecutadas importa: que un lanzamiento se pida a los servicios comunes de notificaciones y embargos no significa que ya se haya llevado a cabo. Puede quedar pendiente, aplazarse o no culminar en ese periodo.

Además, el término lanzamiento abarca actuaciones sobre distintos tipos de inmuebles. No todos los casos se refieren a una vivienda habitual, y no todos corresponden a hogares en la misma situación. La categoría estadística incluye inmuebles de diferentes características y procedimientos con causas diversas. Leerla como un recuento exacto de familias desalojadas de su residencia principal exageraría lo que los datos permiten afirmar. Las cifras describen actividad judicial y no ofrecen por sí mismas el perfil completo de las personas afectadas.

Las diferencias entre comunidades autónomas

Cataluña registró 5.737 lanzamientos practicados en 2020, el 19,5% del total nacional. A continuación quedaron Andalucía, con 4.517; la Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872. En conjunto, estas cuatro comunidades acumularon cerca del 60% de los lanzamientos del país. El reparto muestra una concentración territorial relevante, aunque las cifras absolutas no explican por sí solas las diferencias de población, número de viviendas o condiciones económicas entre comunidades.

El patrón se repitió en los procedimientos relacionados con el alquiler. Cataluña sumó 4.211 lanzamientos de este tipo, aproximadamente el 20% del total; Andalucía registró 2.942; la Comunidad Valenciana, 2.765; y Madrid, 2.398. La posición destacada de Cataluña en el recuento general se mantiene al aislar los casos arrendaticios, pero los datos no identifican una causa única para esa distribución ni permiten atribuirla a una sola característica del mercado local.

En los lanzamientos procedentes de ejecuciones hipotecarias, el orden fue distinto: la Comunidad Valenciana encabezó la relación con 1.640, seguida de Andalucía, con 1.349; Cataluña, con 1.069; y Murcia, con 692. Que una comunidad destaque en desalojos vinculados al alquiler y otra en los derivados de una ejecución hipotecaria confirma que las categorías responden a dinámicas diferentes. Los datos territoriales añaden escala al balance nacional, pero no deben confundirse con tasas comparables si no se dispone de denominadores homogéneos.

El repunte hipotecario no devolvió las cifras a los niveles de la crisis

Las 20.460 ejecuciones hipotecarias presentadas en 2020 marcaron el primer aumento desde 2012, pero seguían muy lejos de las 91.622 registradas aquel año, según la serie recogida en la información del CGPJ. La subida interanual fue notable; el contexto de largo plazo, sin embargo, muestra una distancia considerable respecto al máximo de aquella etapa. Un cambio de tendencia anual no implica volver al peor nivel histórico.

La segunda mitad de 2020 concentró aumentos interanuales especialmente intensos. Las ejecuciones hipotecarias crecieron un 52,7% en el tercer trimestre y un 42,5% en el cuarto frente a los mismos periodos del año anterior. Ese repunte trimestral ayuda a entender cómo el balance anual pudo cambiar de signo, aunque no demuestra por sí solo que la pandemia fuera la causa directa de cada procedimiento. Los registros judiciales reflejan entradas y ritmos de tramitación, no explican individualmente el origen de cada impago.

Por comunidades, Cataluña fue la que acumuló más ejecuciones hipotecarias presentadas, con 4.643. Andalucía contabilizó 3.729; la Comunidad Valenciana, 3.636; Madrid, 1.771; y Murcia, 1.293. La distribución vuelve a situar a varios de los territorios con más actividad en los primeros puestos, pero las cifras de demandas no equivalen a viviendas vendidas ni a personas desalojadas. Presentar una ejecución es el comienzo de un itinerario judicial, no el desenlace del caso.

Los litigios hipotecarios siguieron otra cuenta

El CGPJ también ofreció cifras de los juzgados especializados en litigios hipotecarios presentados por consumidores. En 2020 ingresaron 110.426 asuntos, se resolvieron 114.962 y quedaron 239.445 en tramitación. Son magnitudes que describen la carga de trabajo de esos órganos y que no deben sumarse a las ejecuciones hipotecarias como si midieran el mismo fenómeno. Una controversia sobre condiciones de un préstamo no es automáticamente un procedimiento de embargo.

Durante ese año, los órganos judiciales dictaron 97.450 sentencias en esos litigios y el 97,9% fueron favorables al demandante. El porcentaje se refiere a las resoluciones de esa categoría específica, no al conjunto de ejecuciones ni a todos los conflictos hipotecarios del país. Separar los universos estadísticos resulta esencial para no trasladar un resultado judicial de un tipo de asunto a otro distinto.

La diferencia entre asuntos ingresados, resueltos y pendientes también aporta contexto sobre la actividad de los juzgados en un periodo atravesado por interrupciones y cambios de ritmo. Que se resolvieran más asuntos de los que entraron durante el año no eliminó el volumen que ya permanecía en tramitación. El balance de 2020, por tanto, reúne indicadores con significados propios: lanzamientos practicados, solicitudes, ejecuciones presentadas y litigios hipotecarios. Su lectura conjunta explica mejor el año que cualquier cifra aislada.

Una fotografía judicial marcada por la pandemia

El contraste entre menos desahucios ejecutados y más procedimientos hipotecarios presentados no encierra una paradoja real. Los lanzamientos cayeron porque la suspensión de plazos y las medidas extraordinarias frenaron actuaciones; las ejecuciones repuntaron porque aumentaron las demandas registradas respecto al año anterior. Cada indicador medía una fase distinta y respondía a un calendario judicial alterado. La reducción del 45,6% en los lanzamientos fue compatible con el aumento del 17,5% en las ejecuciones.

También importa el punto de comparación. El repunte hipotecario fue el primero desde 2012, pero los 20.460 procedimientos quedaron muy por debajo de los 91.622 de aquel año. A su vez, la reducción de los lanzamientos no prueba que desaparecieran las dificultades de acceso a la vivienda ni que todos los procedimientos se hubieran cancelado. Los datos registran hechos procesales, no resumen por sí solos la situación social de cada hogar.

El balance del CGPJ deja una imagen de dos velocidades: menos desalojos materializados en un año de restricciones y un repunte de las reclamaciones hipotecarias que llegaban a los tribunales. Para interpretarlo con rigor hay que mantener separadas las demandas, las solicitudes y las actuaciones efectivamente practicadas. La pandemia modificó lo que podía ejecutarse y cuándo; las cifras muestran ese efecto, pero no convierten una estadística judicial en una medida completa de la crisis de vivienda.