Cómo afectan a Ángel Víctor Torres los chats del caso Koldo

Chats, pagos y presión en la trama de mascarillas: el papel de Ángel Víctor Torres, avance judicial en el Supremo y lo que queda por aclarar.

La novedad es precisa y tiene consecuencias. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpora mensajes atribuidos a Ángel Víctor Torres —entonces presidente de Canarias y hoy ministro— en los que se interesa por el pago de contratos de mascarillas adjudicados por el Servicio Canario de Salud a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en la primavera de 2020. En esas conversaciones con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, Torres asegura que está “encima” del asunto y muestra enfado por los retrasos en la tramitación interna. Es la pieza que faltaba para elevar el coste político de un caso que ya tenía nombre propio y que ahora toca a un miembro del Gobierno: el “caso Koldo”.

El impacto se multiplica porque llega cuando el Tribunal Supremo ha propuesto juzgar a Ábalos, a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la pieza estatal de las mascarillas, al apreciar indicios de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y malversación. Torres no está imputado en esa causa. Su nombre aparece en el informe policial por los chats, por la influencia atribuida a Aldama a través de Koldo y por el desatasco de pagos a un proveedor en plena emergencia sanitaria. Moncloa lo respalda. La oposición pide su dimisión. El tablero político se ha estrechado en cuestión de horas.

Lo esencial del día: hechos y posiciones

La primera clave es jurídica y conviene fijarla desde el principio. No hay, a día de hoy, investigación judicial abierta contra Torres por estos hechos. Lo que existe es un informe de la UCO que retrata una interlocución directa entre el entonces presidente canario y Koldo García en julio de 2020 para acelerar —esa es la palabra que deslizan las conversaciones— la verificación y el pago a Soluciones de Gestión por mascarillas ya entregadas. El lenguaje de los mensajes es bronco, típico de chat: el ya célebre exabrupto contra una responsable económica del Servicio Canario de Salud ha colonizado titulares por su crudeza. Queda claro, además, que Torres involucra a su “número dos” para revisar el expediente y promete movimiento en días.

La segunda clave es política. El PSOE cierra filas con el ministro y subraya que no hay indicio de delito en esos mensajes, que responden a un seguimiento institucional de contratos de emergencia en los peores meses de la pandemia. PP y Coalición Canaria sostienen lo contrario: que existe injerencia impropia en expedientes administrativos y que, dado el estándar de ejemplaridad exigible a un ministro, debería apartarse. Entre ambos polos, una opinión pública que observa la escena con pantallazos de WhatsApp y un caso madre —el del Supremo— avanzando hacia el juicio.

El tercer elemento es material. La tramitación de emergencia de 2020 permitió compras ultrarrápidas con controles a posteriori. En ese marco, Canarias adjudicó a Soluciones de Gestión varios lotes de KN95 y FFP2 por más de 12 millones de euros. Hubo remesas no conformes al estándar FFP2 que obligaron a recalcular entregas y precios, y se produjeron tensiones de caja y reparos técnicos que explican —no justifican— la presión reflejada en los chats. Aquí está el núcleo: ¿acompañó Torres el trámite para que se pagara a un proveedor que ya había entregado material o presionó para sortear controles? La UCO lo encuadra como influencia de Aldama vía Koldo; el entorno de Torres como gestión en una emergencia. Dos miradas, mismo hecho.

Los mensajes y la idea de “influencia”

El retrato de las conversaciones sitúa a Koldo García como palanca que insiste ante Canarias para que Soluciones de Gestión cobre. Torres responde que está encima y comunica que ha activado a su equipo para revisar lo que se percibe como atasco burocrático. Aparecen frases de tensión contra la responsable económica que retratan un clima conocido por cualquiera que vivió la trastienda de 2020: urgencias, nervios, expedientes a contrarreloj y errores que después hubo que depurar. La UCO pone el foco en que esa presión no fue casual sino parte de una estrategia en la que Víctor de Aldama, comisionista con acceso a Transportes, se apoyó en Koldo para abrirse paso en distintas administraciones, entre ellas la canaria.

El matiz jurídico vuelve a ser decisivo. Acompañar un expediente no es delito per se; alterar una decisión técnica sí. El informe no atribuye a Torres enriquecimiento ni comisiones. Sí describe un entorno de influencia que, por sí solo, erosiona. En términos políticos, la pregunta no es si hubo delito —para eso están los jueces— sino si un presidente autonómico debe o no involucrarse a ese nivel en un pago a un proveedor con problemas de calidad en parte del material. Eso es lo que ahora se discute con intensidad.

Un nombre más aparece en los mensajes: Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia. En el chat, Torres le señala como la persona que debe revisar y desbloquear el asunto. Años después, Olivera llegó a ser jefe de gabinete del propio Torres en el ministerio y dejó el cargo en pleno temporal del caso. Son hechos públicos que ayudan a entender la cadena de responsabilidades. La dirección técnica del Servicio Canario de Salud —no el presidente— es quien firma recepciones y valida que procede pagar; la Intervención fiscaliza. Es ahí donde se produjo la fricción que, en 2020, quedaba oculta por la cortina de la emergencia y que hoy se examina con lupa.

Qué se contrató en Canarias y cómo se pagó

Más allá del ruido, los expedientes cuentan la historia con números. En la primavera de 2020, Canarias firmó varios contratos de emergencia con Soluciones de Gestión por mascarillas. Un primer pedido de 2,75 millones de unidades se valoró en 6,875 millones de euros, con entregas documentadas a finales de mayo. Se añadieron otros lotes: 837.300 KN95 y 555.000 FFP2 por 2,095 millones; un contrato de 4,775 millones para dotar a hospitales; y una ampliación por dos millones de KN95 que elevó el cómputo por encima de los 12 millones. La foto económica es conocida y está en papel.

Los servicios de prevención detectaron que 837.800 unidades no alcanzaban el nivel FFP2 comprometido. Ese dato obligó a recalibrar el expediente: reclasificar como quirúrgica la parte no conforme —con su precio correspondiente— y compensar con más FFP2 el desajuste. En paralelo, se discutió si los precios pagados estaban hinchados o eran adecuados al mercado roto de 2020, cuando China ajustaba certificados en días, los vuelos chárter se pagaban a precio de oro y cualquier proveedor con género era bienvenido. La administración canaria defendió que compró a precios competitivos dentro de ese caos. Críticos y adversarios políticos sostuvieron lo contrario. La UCO, que no fija doctrina de precios, se centra en la trazabilidad: actas, notas de entrega, reparos, portales de contratación y pagos que deben casar.

Material no conforme y ajustes

El desfase de calidad no es un detalle menor. En 2020 se aceptaron partidas con certificados dudosos o no homologados que luego se degradaron a quirúrgicas. Legalmente, la emergencia permitía actuar rápido y corregir después, pero dejaba la obligación de documentar con precisión cada ajuste: cuánto se rebajó por no conformidad, qué equivalencias de precio se aplicaron, de qué manera se compensó con nuevas FFP2. Cuando la UCO habla de asimetrías entre lo que aparece en el portal de contratación y lo que acreditan las actas, está señalando lagunas en ese diario de a bordo. No necesariamente delitos, sí posibles responsabilidades contables o administrativas si faltan justificantes o cuadros.

En ese marco, el pago a Soluciones de Gestión se atascó por verificaciones y reparos técnicos. Koldo intervino para empujar; Torres responde en el chat que está siguiendo el tema. El quid no está en si se pagó (se pagó), sino cómo se llegó a ese pago: ¿se levantaron reparos? ¿se completaron las comprobaciones? ¿se compensó con más FFP2 lo no conforme? Las piezas están en los expedientes. La política ha decidido leerlas de dos modos opuestos.

Cadena de control y quién firma de verdad

Un pago público no se ordena por un mensaje ni por una llamada, aunque ambos puedan acelerar revisiones internas. La cadena correcta es más prosaica: recepción conforme, certificados de calidad, nota de entrega, reconocimiento de la obligación por el órgano gestor y fiscalización por Intervención. La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud es quien mueve la tramitación; la Intervención pone o levanta reparos. Un presidente puede pedir explicaciones o priorizar un expediente en emergencia, pero no firma la conformidad técnica. Aquí reside parte de la defensa de Torres y también la acusación política: unos llaman gestión, otros la tildan de presión.

Dos relojes en marcha: la causa del Supremo y la pieza canaria

Mientras se escrutan chats y facturas en Canarias, el reloj principal corre en Madrid. El Supremo ha propuesto sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza estatal del caso Koldo. Los delitos que asoman en esa propuesta de enjuiciamiento —cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal— describen un patrón: accesos privilegiados a organismos públicos, adjudicaciones canalizadas con intermediarios y comisiones en plena pandemia. No está Torres en ese procedimiento. Sí aparece, en cambio, en el informe de la UCO que alimenta la Audiencia Nacional con el hilo canario de la trama.

Ese segundo reloj —el de la pieza canaria— no ha llegado al punto de imputar a nadie de la cúpula política. La fotografía actual es la de un informe policial que describe influencia y presión para cobrar a un proveedor, con partes no conformes en el material y tensión documental en los expedientes. A partir de ahí, pueden suceder varias cosas: que el juez considere que hay materia penal y abra diligencias; que quede en el ámbito de la responsabilidad contable y avance por otra vía; o que funcione como contexto de apoyo a la pieza principal sin cambios procesales inmediatos. En cualquier caso, el calendario político no espera, y ahí es donde el efecto se nota desde ya.

Impacto político y lo que falta por aclarar

El Gobierno defiende que en los mensajes de Torres no hay irregularidad penal ni administrativa; que el entonces presidente acompañó un expediente en una situación excepcional, que pidió explicaciones internas y que cualquier pago se hizo tras las comprobaciones de rigor. La oposición replica que cruzar mensajes con Koldo sobre pagos concretos a un proveedor cuestionado no es apropiado para un cargo de ese nivel, y que, aun sin indicios de delito, el estándar para un ministro exige dar un paso al lado. Ambas posiciones se sostienen en hechos ya conocidos: chats, contratos, calidad del material, reparos, pagos. La lectura cambia según el prisma.

Quedan, sin embargo, preguntas de fondo que explican por qué el asunto sigue abierto. Primera: ¿cuál fue el recorrido exacto de las partidas no conformes? Se sabe que hubo reclasificación y compensaciones, pero es clave reconstruir si los ajustes se hicieron en tiempo y forma y si todo quedó reflejado en los expedientes. Segunda: ¿qué reparos puso la Intervención y cómo se levantaron? La semántica aquí es delicada: levantar un reparo con informes y nueva documentación es habitual; ignorar un reparo, inadmisible. Tercera: ¿hubo algún trato preferente a Soluciones de Gestión por su proximidad a Koldo y Aldama? El Supremo sugiere en la pieza estatal un patrón de intermediación lucrativa; la derivada autonómica debe aclarar si ese patrón contaminó decisiones en Canarias o si se limitó a la presión para cobrar.

El caso también rasga cuestiones sistémicas. La compra de emergencia de 2020 dejó un rastro desigual en todas las administraciones: decisiones acertadas, fiascos por calidad, precios volátiles que cambiaban de una semana a otra, intermediarios sin historial que aparecieron y desaparecieron en meses. Reforzar las reglas para el día después forma parte de la utilidad pública de este episodio: homologaciones más estrictas para EPIs, cláusulas anticorrupción específicas para emergencias, portales de contratación con trazabilidad mejorada, listas de proveedores con historial verificable y alertas de riesgo cuando un expediente acumula incidencias. Es un aprendizaje que no exculpa, pero contextualiza.

Hay también un factor personal que suele olvidarse en la contienda. La funcionaria señalada por el exabrupto de los chats fue quien firmó reparos y dejó por escrito dudas sobre calidad y trazabilidad. Más allá de la anécdota del lenguaje, el expediente la respalda en el papel que le corresponde: poner freno cuando faltan piezas. Es relevante recordarlo porque humaniza el funcionamiento real de una administración bajo estrés. Y permite entender por qué, cinco años después, cada palabra de aquel chat pesa tanto.

La dimensión nacional es innegable. Con el Supremo moviendo ficha, cualquier salpicadura —por leve que sea— encuentra altavoz. La resistencia de Ábalos a abandonar su escaño ya tensionó al PSOE. La presencia de Torres en el Consejo de Ministros añade presión. En el parlamento canario, la oposición afina la estrategia: comisiones de estudio, peticiones de documentación, comparecencias. En Madrid, las interpelaciones se sucederán. La gobernabilidad no peligra por esto, pero la agenda se contamina y el relato de ejemplaridad queda sometido a examen diario.

Para no perder el hilo, conviene concentrar lo verificable a esta hora. Primero, existieron mensajes entre Torres y Koldo en 2020 en los que el entonces presidente canario se interesa por pagos a Soluciones de Gestión y promete activar a su equipo para revisar los expedientes. Segundo, hubo contratos de emergencia por más de 12 millones, con partidas no conformes que se reclasificaron y compensaron. Tercero, Torres no está imputado; la propuesta de juicio afecta a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza estatal. Cuarto, la UCO habla de influencia y presión; el Gobierno lo define como gestión. Sobre ese cuadrado gira todo lo demás.

El calendario inmediato ofrece pocas certezas y varios escenarios. Si la Audiencia Nacional decide abrir diligencias específicas por la derivada canaria, veremos declaraciones de técnicos y cargos que ayudarán a ordenar responsabilidades. Si no lo hace, el coste será político y se medirá en explicaciones y en tiempo de exposición bajo los focos. En paralelo, el Supremo marcará los tiempos de la causa principal. Cuando ese juicio comience —si comienza—, el caso Koldo volverá a copar agenda y arrastrará a cualquiera cuyo nombre figure en los anexos.

Lo que viene, con nombres y fechas

Lo previsible es que el debate se concentre ahora en documentos: actas de recepción, informes de calidad, acuerdos de compensación, resoluciones de reconocimiento de obligación y apuntes de Intervención. También en testimonios: la responsable económica del Servicio Canario de Salud, directivos que tramitaron los pagos, interventores, proveedores y, llegado el caso, el propio Torres si la instrucción se lo pide. La política seguirá a su ritmo, pero lo sustantivo estará ahí. Fechas como mayo y julio de 2020 —entregas, mensajes, verificaciones—, y nombres como Soluciones de Gestión, Koldo, Aldama, Olivera o la funcionaria objetada, serán las coordenadas que ordenen la discusión.

Cuando la noticia se lee sin ruido, el mapa es más simple. Hubo compras de emergencia; falló parte de la calidad; se reajustó con más unidades y precios recalculados; el pago se atascó; Koldo presionó; Torres intervino con mensajes y encargos internos; el proveedor cobró; no hay hoy imputación contra el ministro; el caso troncal apunta a Ábalos, Koldo y Aldama; la UCO habla de influencia; la política ya ha dictado su sentencia provisional. Lo que falta por aclarar —la trazabilidad completa de esos pagos y la medida exacta de la presión— es lo que decidirá si esta historia pervive o se disuelve en el siguiente ciclo.

Y un apunte final que tiene más de lección que de titular. La pandemia desnudó la vulnerabilidad de las reglas cuando todo va demasiado rápido. Si algo demuestra este caso es que urgencia y control no son incompatibles, pero chocan si se improvisa. Blindar los procedimientos para futuras emergencias —sin bloquear la respuesta— es una tarea que no admite aplazamientos. De lo contrario, volveremos a discutir chats dentro de cinco años, con nombres distintos y idéntico desenlace. Entre tanto, Torres camina por el filo: no investigado, sí salpicado. Y en política, a menudo, eso basta.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Consejo General del Poder Judicial, El País, elDiario.es, El Confidencial, Canarias7, Cadena SER.