¿Por qué Al Qaeda modera su violencia mientras gana control en Mali?

El principal grupo yihadista de Mali no se ha vuelto moderado ni ha renunciado a imponer la ley islámica. Ha cambiado de método. Allí donde su dominio parece suficientemente asentado, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, conocido por las siglas JNIM y vinculado a Al Qaeda (¡correcto! Al Qaeda todavía sigue viva y muy activa), reduce la violencia más visible, administra impuestos, resuelve disputas y distribuye ayuda. El terror indiscriminado, costoso y políticamente torpe, deja paso a una coerción más calculada.

La transformación responde a una lógica bastante antigua: cuando una fuerza armada todavía conquista, necesita intimidar; cuando empieza a gobernar, necesita obediencia cotidiana. JNIM intenta convertir el miedo en autoridad estable, presentarse como una administración previsible y ganar el margen político que las armas, por sí solas, no conceden. El resultado no es una versión benigna del yihadismo, sino algo quizá más inquietante: un poder insurgente que aprende a durar.

En Poutchi, una aldea situada junto al río Níger, las reuniones se han convertido en rutina. Cada pocos meses, los combatientes convocan a los hombres en una mezquita de adobe, cobran tributos sobre las cosechas y el ganado y, más tarde, reparten alimentos, medicinas o animales entre las familias pobres. Hace cinco años, según recuerdan los vecinos, aquellos mismos hombres amenazaban con degollar a quien discutiera su interpretación del islam, incluido el imán.

El lenguaje ha cambiado. También el tono de los sermones, la manera de imponer castigos y el grado de tolerancia ante costumbres que antes podían desencadenar una paliza pública. No es misericordia repentina. Es política.

Menos brutalidad no significa menos peligro

La aparente suavización de JNIM puede provocar una lectura engañosa. El grupo continúa atacando posiciones militares, asesinando civiles y castigando de forma colectiva a las poblaciones que ofrecen resistencia. En enero de 2026, sus combatientes mataron a doce personas durante el asalto a un convoy de combustible; algunas fueron degolladas. En mayo, dos ataques contra aldeas del centro de Mali dejaron alrededor de medio centenar de muertos.

La diferencia está en dónde y cuándo se ejerce la violencia. En los territorios sometidos, JNIM procura que la vida diaria resulte soportable siempre que nadie desafíe sus reglas. En las zonas que se resisten, aparecen los bloqueos, el hambre, las ejecuciones y el aislamiento. La brutalidad no desaparece: se concentra, se dosifica y se utiliza como mensaje para los demás.

Es una especie de pedagogía del miedo. El pueblo obediente puede conservar el mercado, el ganado, algunos teléfonos Android e incluso los partidos de fútbol. El pueblo desafiante pierde el acceso a la comida, la leña, la pesca o las medicinas. La frontera entre la tolerancia y el castigo depende menos de una norma jurídica que de la lealtad exigida por los hombres armados.

En Diafarabé, también en la región de Mopti, un bloqueo impuesto durante cerca de un año habría provocado la muerte de decenas de adultos y menores por falta de alimentos y atención sanitaria. Los habitantes apenas podían alejarse unos cientos de metros. Sin pescado, carne ni madera, la aldea quedó convertida en una isla de polvo. Esa es la otra cara del supuesto pragmatismo yihadista.

JNIM, por tanto, no abandona la violencia. La profesionaliza. Y un grupo capaz de alternar protección, asistencia y castigo puede resultar más resistente que otro entregado únicamente a la matanza. El verdugo que también arbitra conflictos, entrega medicamentos y garantiza caminos construye una dependencia social que el verdugo puro nunca consigue.

La violencia selectiva cumple así una función doble. Mantiene sometidos a los habitantes de las zonas controladas y recuerda a las comunidades vecinas lo que puede suceder cuando alguien se rebela. La amenaza permanece suspendida sobre los pueblos, como una tormenta que no descarga todos los días, pero nunca termina de alejarse.

De la amenaza al impuesto: cómo se construye autoridad

JNIM nació en 2017 de la unión de varias organizaciones armadas que operaban en el Sahel, entre ellas Ansar Dine, Al Murabitún y la rama regional de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Su dirigente, el veterano líder tuareg Iyad Ag Ghali, anunció entonces la adhesión del nuevo grupo a Al Qaeda.

Aquella creación no apareció en un desierto político. Mali arrastraba desde 2012 una guerra alimentada por rebeliones tuareg, redes criminales, enfrentamientos comunitarios, pobreza rural y la debilidad de un Estado incapaz de ejercer autoridad estable fuera de las principales ciudades. Grupos yihadistas y separatistas ocuparon amplias zonas del norte y llegaron a controlar Tombuctú, Gao y Kidal.

En Tombuctú impusieron ejecuciones públicas, flagelaciones, amputaciones y prohibiciones contra la música, el tabaco o las celebraciones de boda. También destruyeron mausoleos centenarios, una herencia cultural que consideraban incompatible con su lectura rigorista del islam. La experiencia dejó una cicatriz profunda: no solo por la violencia, sino por el intento de borrar una tradición religiosa africana históricamente mezclada con costumbres locales.

La mezquita, el ganado y un contrato bajo coacción

Catorce años después, JNIM conserva el proyecto religioso, pero ha aprendido que no todos los hábitos locales deben combatirse al mismo tiempo. En algunas aldeas ya no obliga a los hombres a dejarse barba ni persigue con idéntico empeño el comercio realizado por mujeres. Los sermones hablan más de unidad, justicia o cohesión social. Antes del castigo puede llegar una advertencia.

Ese lenguaje permite al grupo presentarse como algo más que una guerrilla. Sus combatientes cobran una forma de impuesto religioso sobre cultivos, rebaños y actividades económicas; organizan repartos de alimentos; median entre agricultores y pastores; intervienen en conflictos por tierras y permiten la entrada de determinadas organizaciones humanitarias. Hasta algunos empleados públicos pueden regresar temporalmente para visitar a sus familias.

No existe, naturalmente, un contrato libre entre JNIM y los vecinos. Las armas están a la vista y la posibilidad de represalias nunca abandona la conversación. Pero en comunidades olvidadas durante décadas, una autoridad que resuelve un litigio en pocos días puede parecer más eficaz que un juzgado estatal situado a cientos de kilómetros, atascado o asociado al soborno.

Ahí reside una de las mayores fortalezas del grupo. La justicia rápida, aunque arbitraria y sometida a la ley religiosa, compite con instituciones que muchos habitantes solo conocen por sus ausencias. JNIM aprovecha disputas antiguas entre ganaderos y agricultores, ofrece mediación y logra que el acuerdo quede respaldado por una fuerza que nadie se atreve a desafiar.

No hace falta que la población comparta su ideología. Basta con que considere peligroso resistirse y útil cooperar. Hablar de apoyo popular sería excesivo; hablar únicamente de sometimiento también se queda corto. La relación combina miedo, resignación y conveniencia y, en ciertos casos, reconocimiento. Un cóctel turbio, pero políticamente eficaz.

El vacío de poder que dejó el giro de Bamako

La expansión de JNIM se aceleró tras los golpes de Estado de 2020 y 2021. Los militares que tomaron el poder, encabezados por Assimi Goïta, rompieron con Francia, exigieron la salida de las tropas francesas y reclamaron la retirada de la misión de paz de Naciones Unidas. Miles de soldados extranjeros abandonaron el territorio mientras Bamako apostaba por una alianza de seguridad con Rusia.

La misión de la ONU, MINUSMA, completó su retirada a finales de 2023. Francia ya había cerrado su operación militar. El Gobierno maliense presentó ambas salidas como una recuperación de soberanía frente al paternalismo occidental, una crítica con bastante fundamento histórico. El problema llegó después: recuperar la soberanía verbal no equivale a controlar el territorio.

Bamako sustituyó la cooperación occidental por combatientes rusos del Grupo Wagner. Cuando Wagner anunció su salida en 2025, el Africa Corps, una estructura directamente ligada al Kremlin y formada en buena parte por antiguos mercenarios, permaneció en Mali. La promesa era sencilla: Rusia ofrecería una guerra menos escrupulosa y más eficaz contra los insurgentes.

Ocurrió lo contrario. Las fuerzas rusas y malienses lograron victorias puntuales, pero no detuvieron la expansión yihadista. Las operaciones de castigo contra comunidades sospechosas de colaborar con JNIM multiplicaron el resentimiento, en particular entre sectores de la población fulani. Cada ejecución extrajudicial, cada desaparición y cada aldea atacada entregó al grupo insurgente una herramienta de reclutamiento que ningún vídeo propagandístico habría comprado.

En la ofensiva de abril de 2026, JNIM y el Frente de Liberación del Azawad, una organización separatista dirigida principalmente por tuaregs, lanzaron ataques coordinados en distintos puntos de Mali. Las operaciones alcanzaron instalaciones militares, localidades del norte y áreas próximas a Bamako. El ministro de Defensa, Sadio Camara, murió durante la ofensiva y las fuerzas rusas se retiraron de Kidal tras intensos combates.

La operación mostró dos realidades incómodas. La primera: la ayuda rusa no había reparado las debilidades estructurales del Ejército maliense. La segunda: yihadistas y separatistas, pese a perseguir proyectos políticos distintos, podían colaborar tácticamente para golpear a un adversario común.

JNIM no controla las grandes ciudades ni parece preparado para ocupar de inmediato Bamako. Tampoco necesita hacerlo. Su estrategia pasa por erosionar las rutas, aislar posiciones militares, atacar convoyes y extender áreas rurales donde el Estado entra con dificultad. En un territorio tan vasto, dominar los caminos puede resultar casi tan importante como controlar los edificios oficiales.

Tras la ofensiva, el grupo difundió un mensaje poco habitual en francés para pedir a los malienses que se sumaran al derrocamiento de la junta y a la creación de un nuevo Mali regido por la ley islámica. También ha incrementado el uso del bambara, la lengua más extendida en el sur, en vídeos protagonizados por combatientes malienses. Ya no habla únicamente a sus feudos tradicionales del norte y el centro. Quiere una audiencia nacional.

El cambio propagandístico encaja con su transformación administrativa. Un movimiento que aspira a intervenir en el futuro político de Mali necesita mostrarse capaz de gestionar comunidades, mantener cierto orden y negociar con actores locales. El uniforme sigue siendo militar, pero el discurso empieza a parecerse al de un poder que busca reconocimiento.

La violencia no desaparece: se vuelve selectiva

La vida bajo JNIM continúa marcada por restricciones profundas. Las celebraciones de boda, la música, la ropa, el comportamiento de las mujeres y las actividades económicas quedan sometidos a una interpretación rigorista de la religión. La vigilancia puede relajarse durante meses y endurecerse de golpe. No hay garantías jurídicas ni mecanismos independientes para recurrir una condena.

Sin embargo, varios habitantes de las zonas controladas describen una administración más previsible y menos corrupta que la ejercida por las fuerzas estatales y sus aliados. Es una comparación desoladora, no un elogio. Cuando una mujer afirma que bajo el grupo está segura porque “no nos matan”, la frase no retrata un gobierno aceptable; retrata la profundidad del fracaso anterior.

Los datos disponibles sobre violencia contra civiles ayudan a entender esa percepción. Durante 2025, el Ejército maliense y sus aliados rusos habrían matado a 918 civiles, frente a 232 atribuidos conjuntamente a JNIM y a la rama saheliana de Estado Islámico. Las cifras dependen de registros elaborados en zonas de acceso muy difícil y no constituyen un certificado de inocencia para los yihadistas. Sí muestran, con bastante crudeza, que la contrainsurgencia ha causado un daño civil enorme.

El Gobierno maliense niega que sus fuerzas ataquen deliberadamente a la población y sostiene que las operaciones se dirigen contra terroristas. Organizaciones de derechos humanos, testigos locales y observadores internacionales han documentado, sin embargo, ejecuciones sumarias, desapariciones y abusos cometidos por soldados malienses y combatientes rusos.

JNIM explota esa realidad con habilidad. Presenta sus tribunales como incorruptibles, sus impuestos como religiosos y sus castigos como parte de un orden moral. Frente a un uniforme estatal asociado en algunas aldeas al saqueo o la muerte, el insurgente se ofrece como vecino, mediador y creyente. La propaganda funciona porque encuentra terreno abonado.

También porque el grupo se ha hecho más local. Los primeros contingentes yihadistas incluían numerosos combatientes extranjeros, cuya rigidez y desconocimiento de las costumbres provocaban rechazo. Con los años, la organización incorporó hombres nacidos en las propias comunidades, unidos por vínculos familiares, lingüísticos o étnicos. El combatiente ya no siempre llega desde una frontera remota. Puede ser el hijo del ganadero de la aldea vecina.

Esta integración reduce la distancia entre gobernantes y gobernados, aunque no elimine la coerción. La obediencia resulta más sencilla cuando quien transmite la orden conoce los conflictos del pueblo, habla la misma lengua y participa de sus códigos sociales. La insurgencia se vuelve doméstica, casi cotidiana. Y por eso cuesta más arrancarla.

Gobernar para sentarse algún día a negociar

El endurecimiento militar y la suavización administrativa persiguen un mismo objetivo: obligar al Gobierno a reconocer que JNIM forma parte de la ecuación política. Sus dirigentes quieren expulsar a las fuerzas rusas, derribar a la junta y establecer un sistema basado en la ley islámica, pero también buscan aparecer como interlocutores inevitables.

El Frente de Liberación del Azawad considera difícil imaginar una salida al conflicto del norte sin la participación de JNIM. Su dirigente, Bilal Ag Cherif, ha hablado de cambios positivos en la organización y de una mayor apertura hacia interpretaciones locales del islam. Los separatistas tratan de convencer a los yihadistas para que rompan sus lazos con Al Qaeda y concentren sus objetivos en Mali.

El acercamiento tiene límites evidentes. El movimiento separatista persigue la autodeterminación del Azawad, mientras JNIM plantea un proyecto islamista que rebasa identidades territoriales. Su colaboración puede resultar eficaz en el campo de batalla y romperse cuando llegue el momento de decidir quién manda, dónde termina el territorio autónomo o qué leyes deben aplicarse.

La junta militar rechaza cualquier diálogo con organizaciones a las que responsabiliza de años de asesinatos e inestabilidad. Desde Bamako, negociar supondría admitir el fracaso de una estrategia basada en la fuerza, la ruptura con Occidente y la alianza rusa. También podría legitimar a un grupo que continúa cometiendo atrocidades.

Pero negarse a hablar no borra su poder. El dilema resulta áspero: una negociación puede premiar la violencia; la ausencia de negociación puede prolongarla durante otra década. Y entretanto, quienes viven en las aldeas no debaten teorías sobre legitimidad. Deciden cómo alimentar a sus hijos, qué camino evitar y a quién pagar el impuesto para que el ganado llegue vivo al siguiente mercado.

La comunidad internacional se enfrenta a una dificultad semejante. Presentar a JNIM como un simple cuerpo extraño dirigido desde las montañas ya no describe el fenómeno. El grupo forma parte de un cinturón yihadista que se extiende durante miles de kilómetros por el Sahel y avanza hacia países costeros de África occidental. Mantiene lazos con Al Qaeda, pero su fuerza procede también de conflictos profundamente locales.

La pobreza, los abusos militares, las rivalidades por tierras, la exclusión de determinadas comunidades y la desaparición de servicios públicos crean una reserva casi inagotable de agravios. JNIM no inventó todos esos problemas. Los utiliza, los ordena y se ofrece como solución armada. Donde el Estado deja un hueco, el grupo coloca un tribunal, una patrulla y un recaudador.

La expansión del grupo plantea así un desafío que rebasa las fronteras malienses y alcanza la seguridad internacional. No se trata solo de perseguir células armadas, sino de disputarles el espacio político, económico y social donde han logrado echar raíces.

Una normalidad nacida del miedo

El cambio observado en las aldeas malienses no anuncia la desaparición del yihadismo. Señala su madurez política. JNIM ha comprendido que un territorio no se conserva únicamente con fusiles. Hace falta cobrar, arbitrar, castigar con cierta regularidad y permitir que la gente siga viviendo. Incluso el fanatismo necesita administración.

La menor brutalidad en los feudos consolidados tampoco convierte a sus combatientes en gobernantes legítimos. Los vecinos obedecen bajo amenaza, carecen de libertades básicas y saben que cualquier desacuerdo puede cruzar una línea invisible. La tolerancia hacia un teléfono, un partido de fútbol o una boda discreta puede retirarse en cualquier momento.

Pero sería un error reducir todo a propaganda. Cuando una organización insurgente logra ofrecer una justicia más rápida, una seguridad más previsible o un trato menos letal que el propio Ejército, el problema ya no es únicamente militar. Es una crisis de legitimidad estatal. Y esa batalla, por incómoda que resulte, no se gana con mercenarios, helicópteros ni declaraciones grandilocuentes sobre soberanía.

En Mali se está formando una normalidad extraña: pueblos que no eligen a quienes los gobiernan, pero aprenden sus reglas; combatientes que antes amenazaban con degollar al imán y ahora convocan reuniones fiscales en su mezquita; familias que aceptan una autoridad religiosa porque la alternativa puede ser una patrulla acusándolas de colaborar con terroristas.

JNIM ha reducido parte de su violencia porque ya no necesita demostrar su fuerza todos los días. La presencia, el impuesto y la posibilidad del castigo bastan. Esa moderación aparente no es una retirada ideológica, sino la señal de que el grupo se siente más seguro.

El verdadero peligro no está en que Al Qaeda haya dejado de ser brutal. Está en que uno de sus aliados africanos haya aprendido cuándo le conviene no parecerlo.