¿Qué pactan Israel y Líbano con EE. UU. y por qué lo rechaza Hezbolá?

Israel, Líbano y Estados Unidos han firmado en Washington un acuerdo marco trilateral que pretende abrir el camino hacia el fin de las hostilidades y, más adelante, hacia una paz formal entre dos países que siguen sin mantener relaciones diplomáticas. No es todavía un tratado de paz, no obliga a silenciar las armas de un plumazo y tampoco resuelve por sí solo la ocupación israelí del sur libanés. Establece un procedimiento: retirada gradual de tropas israelíes, despliegue del Ejército libanés, desarme de Hezbolá y supervisión estadounidense.

El problema aparece antes de que se seque la tinta. Hezbolá no participó en las negociaciones, rechaza entregar sus armas y considera que las conversaciones directas con Israel vulneran la soberanía del país. Su diputado Hassan Fadlallah ha advertido de que imponer el acuerdo podría provocar graves enfrentamientos internos, incluso una guerra civil. La firma, presentada por Washington como una puerta hacia la paz, ha colocado así a Líbano ante la cuestión que lleva décadas evitando: quién posee realmente la última palabra sobre la guerra y la seguridad nacional.

No es aún un tratado de paz entre Israel y Líbano

La ceremonia se celebró en el Departamento de Estado estadounidense. El documento fue suscrito por la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad; su homólogo israelí, Yechiel Leiter, y el consejero del Departamento de Estado Daniel Holler, bajo la mirada del secretario de Estado, Marco Rubio. No firmaron los jefes de Gobierno ni se anunciaron embajadas, reconocimiento diplomático pleno o apertura inmediata de fronteras.

El acuerdo es, en lenguaje diplomático, una hoja de ruta condicionada al cumplimiento. Marca el destino, pero todavía no pavimenta la carretera. Washington sostiene que permitirá restaurar la autoridad del Estado libanés, eliminar la infraestructura militar de Hezbolá y facilitar el regreso de Israel a sus fronteras cuando desaparezca la amenaza contra sus poblaciones del norte.

La embajadora libanesa definió el pacto como un primer paso para recuperar la soberanía y la integridad territorial del país, lograr un cese definitivo de las hostilidades y permitir que la población desplazada vuelva a sus hogares. El representante israelí fue bastante menos ceremonial: vinculó cualquier retirada al desmantelamiento de Hezbolá y presentó la negociación como una forma de sacar a Irán de la ecuación libanesa.

Las dos lecturas conviven dentro del mismo documento. Para Beirut, el objetivo es recuperar el territorio ocupado. Para Israel, la retirada solo puede llegar después de que la milicia chií deje de representar una amenaza. Cada parte coloca primero la obligación de la otra, una vieja especialidad de la región.

Los puntos conocidos del acuerdo marco

El texto completo no se ha hecho público, de modo que conviene separar las cláusulas anunciadas de las interpretaciones políticas. Lo confirmado es que el acuerdo crea un proceso estructurado para reforzar la soberanía libanesa, extender el control del Gobierno sobre todo el territorio y avanzar hacia el desarme de Hezbolá y el desmantelamiento de sus instalaciones militares.

Israel acepta iniciar retiradas limitadas de determinadas áreas ocupadas durante la guerra, aunque mantiene que conservará una zona de seguridad mientras Hezbolá siga armado. El Gobierno de Benjamín Netanyahu también se reserva capacidad de actuación militar ante amenazas que considere inmediatas. La retirada, por tanto, no será automática ni completa desde el primer día; dependerá de verificaciones sobre el terreno y del comportamiento de la organización libanesa.

El Ejército libanés deberá ocupar las zonas abandonadas por las fuerzas israelíes y ejercer allí el control exclusivo. Eso implica retirar armas, combatientes e infraestructura de cualquier grupo no estatal. Sobre el papel, la fórmula parece limpia. En pueblos donde Hezbolá lleva años mezclando aparato político, asistencia social y estructura militar, la ejecución será bastante menos pulcra que una firma sobre terciopelo azul.

También se plantea avanzar hacia una frontera segura, reconocida y acordada. Israel y Líbano tienen como referencia la Línea Azul trazada por Naciones Unidas tras la retirada israelí de 2000, pero mantienen disputas sobre varios puntos terrestres. El acuerdo marítimo alcanzado en 2022 demostró que ambos países pueden pactar asuntos concretos sin normalizar plenamente sus relaciones. Washington intenta trasladar ese precedente del mar a una frontera terrestre mucho más inflamable.

Las zonas piloto serán la primera prueba real

El mecanismo comenzará con dos zonas piloto, una al sur del río Litani y otra al norte. En ellas, las tropas israelíes efectuarán retiradas limitadas y las Fuerzas Armadas Libanesas asumirán el control. Personal estadounidense participará en la coordinación y en la comprobación de que no permanezcan combatientes, armas o instalaciones de Hezbolá.

No se trata de una evacuación general del sur del Líbano. Son áreas pequeñas concebidas como banco de pruebas: si el Ejército libanés consigue desplegarse, impedir el regreso de la milicia y garantizar la seguridad fronteriza, podrían abrirse nuevas zonas. Si falla, Israel argumentará que no existen condiciones para continuar retirándose.

La secuencia importa. Beirut esperaba obtener primero la salida israelí y abordar después el monopolio estatal de las armas. Israel exige justamente lo contrario: desarme verificable antes de una retirada plena. El acuerdo intenta cuadrar el círculo mediante movimientos graduales y simultáneos, aunque cada gobierno seguirá vigilando que el otro no se lleve la mejor parte.

Washington facilitará un Grupo de Coordinación Militar para Líbano, un órgano trilateral encargado de seguir la aplicación del acuerdo. No es una fuerza internacional nueva ni sustituye a la misión de Naciones Unidas desplegada en el sur, pero añade una estructura estadounidense de verificación, interlocución y presión política.

Estados Unidos ha anunciado 100 millones de dólares en ayuda humanitaria inmediata, coordinada con Naciones Unidas, para atender a la población afectada por la guerra. También prevé destinar más de 30 millones al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Libanesas mediante fondos ya autorizados.

El dinero responde a una realidad bastante tozuda: pedir al Ejército libanés que controle la frontera, desmantele posiciones armadas y sustituya a una organización con décadas de experiencia militar exige vehículos, comunicaciones, salarios, inteligencia y presencia permanente. La soberanía cuesta dinero. Y en un Estado atravesado por una larga crisis económica, no basta con pronunciarla ante las cámaras.

Por qué Hezbolá rechaza el pacto

Hezbolá considera ilegítimas las negociaciones directas entre Beirut e Israel y sostiene que aceptar el marco estadounidense debilita al país en lugar de devolverle su soberanía. Hassan Fadlallah ha acusado a las autoridades libanesas de someterse a las condiciones de Washington y ha avisado de una peligrosa deriva política y de seguridad.

La razón central no es retórica. El acuerdo sitúa el desarme de Hezbolá en el centro del proceso y atribuye al Ejército libanés el monopolio de la fuerza. La organización perdería así su infraestructura militar independiente, su capacidad para decidir cuándo atacar a Israel y buena parte del poder que ejerce dentro del sistema político libanés.

Hezbolá acepta hablar de la retirada israelí y de un alto el fuego, pero rechaza que ambas cuestiones estén condicionadas a la entrega de sus armas. Defiende que su arsenal constituye una fuerza de resistencia frente a Israel. Sus adversarios internos responden que ninguna organización partidista puede arrastrar al país a una guerra sin autorización del Gobierno libanés.

Fadlallah ha ido más lejos al advertir de que las autoridades solo podrían aplicar el acuerdo mediante una guerra civil apoyada por Estados Unidos. No es una frase decorativa. Evoca el miedo más profundo de la sociedad libanesa, marcada todavía por la guerra civil de 1975 a 1990 y por un sistema político que reparte el poder entre comunidades religiosas para evitar que el edificio vuelva a venirse abajo.

El choque entre dos conceptos de soberanía

El presidente libanés, Joseph Aoun, sostiene que el acuerdo debe permitir el regreso de los desplazados a tierras completamente liberadas y reconstruidas, bajo la autoridad exclusiva del Estado. Su formulación contiene una crítica apenas disimulada: Líbano no puede compartir su soberanía ni con un ejército extranjero ni con una milicia vinculada a Irán.

Hezbolá utiliza la misma palabra, soberanía, en sentido opuesto. Afirma que negociar bajo presión estadounidense e israelí convierte al Gobierno en ejecutor de intereses extranjeros. Para el movimiento chií, conservar las armas protege al país; para sus rivales, impide que exista un país plenamente soberano. Dos soberanías sobre el mismo mapa. Mala geometría.

Israel mantiene a su vez que no abandonará la zona ocupada mientras Hezbolá conserve capacidad para atacar sus ciudades septentrionales. Benjamín Netanyahu ha presentado la permanencia israelí en el sur como una garantía de seguridad y un logro estratégico. Beirut ve esa presencia como ocupación y exige su final completo.

El acuerdo intenta enlazar los tres movimientos: retirada israelí, desarme de Hezbolá y despliegue del Ejército libanés. Si uno se detiene, los otros dos también pueden quedar congelados. El mecanismo se parece a un puente colgante: cada cable sostiene al resto, pero basta con que uno ceda para que todo empiece a oscilar.

La firma no ha detenido la tensión sobre el terreno

La distancia entre la ceremonia de Washington y la realidad del sur libanés quedó expuesta el mismo día de la firma. Israel aseguró haber atacado a miembros de Hezbolá cerca de áreas bajo su control y lanzó avisos de evacuación sobre la localidad de Mansouri, incorporada según fuentes libanesas a su zona militar.

La tregua vigente ha reducido los combates, pero no los ha eliminado. Los anteriores altos el fuego se rompieron o quedaron aplicados solo parcialmente. Más de 4.000 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la última campaña y más de un millón se han visto obligadas a desplazarse. Israel también ha sufrido bajas militares y civiles por los ataques de Hezbolá.

La guerra actual comenzó después de que la organización libanesa lanzara cohetes contra Israel en el contexto del enfrentamiento regional con Irán. Israel respondió con una ofensiva aérea y terrestre que amplió notablemente su presencia en el sur del Líbano. Desde entonces, la negociación gira alrededor de un nudo casi imposible: retirar a Israel sin dejar intacta la amenaza armada que alega combatir y desarmar a Hezbolá sin empujar a Líbano hacia un conflicto interno.

La paz dependerá de quién controle realmente el sur

El acuerdo entre Israel, Líbano y Estados Unidos es relevante porque convierte declaraciones dispersas en un mecanismo político, militar y financiero. Define zonas iniciales, establece supervisión, refuerza al Ejército libanés y vincula la retirada israelí al desarme de Hezbolá. Es más que una fotografía diplomática, pero todavía mucho menos que la paz.

Su principal debilidad es también la más evidente: uno de los actores armados decisivos no lo ha firmado y promete resistirse. El Gobierno libanés tendrá que demostrar que puede recuperar autoridad sin romper el frágil equilibrio interno; Israel deberá mostrar que su retirada no es una promesa eternamente aplazada; Estados Unidos tendrá que verificar, financiar y presionar sin convertir el proceso en otra tutela exterior.

La firma ha colocado sobre la mesa la cuestión que Líbano arrastra desde hace décadas. Un Estado no ejerce plenamente su soberanía cuando otro país ocupa parte de su territorio, pero tampoco cuando una organización armada decide por su cuenta la guerra y la paz. El documento de Washington abre una salida. Queda lo difícil: atravesarla sin que el país vuelva a incendiarse.