¿Abandonó España al Sáhara y qué futuro le espera?

50 años después, el Sáhara vuelve al centro: reproches del Polisario, giro de 2022, ONU y TJUE definen el pulso que España intenta encauzar.

Madrid conmemoró hoy el 50.º aniversario de los Acuerdos de Madrid (la que dio vida a la Operación Golondrina ) con un reproche que resonó en el Congreso: Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber cedido en 2022 al “chantaje y manipulación” de Marruecos al avalar su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. La crítica no cayó en saco roto. Reabre, con nombres y fechas, un debate que persigue a España desde 1975, cuando se retiró del territorio transfiriendo la administración —no la soberanía— a Marruecos y Mauritania. ¿Hay abandono? En términos políticos, España sí ejecutó un giro claro en 2022 que alineó su discurso con la propuesta marroquí. En términos jurídicos, el panorama es más complejo: España sostiene desde 1976 que ya no es potencia administradora; parte de la doctrina considera que la descolonización quedó incompleta. Ahí anida la palabra que divide.

El porvenir inmediato, tras la renovación anual de la MINURSO decidida este otoño por el Consejo de Seguridad, se mueve entre tres fuerzas: la consolidación práctica de la posición marroquí, la insistencia del Polisario en un referéndum de autodeterminación con opción de independencia y el corsé legal que ha impuesto la justicia europea a cualquier acuerdo comercial que afecte a recursos saharauis. España, atrapada entre su frontera sur y una responsabilidad histórica que muchos no dan por saldada, maniobra en ese triángulo. Puede influir, no decidir. Y cada decisión tiene costes: en Ceuta y Melilla, en Bruselas, en la relación con Argelia, en su propia memoria.

Cincuenta años de una salida a medias

El 14 de noviembre de 1975, España firmó con Marruecos y Mauritania el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid. El calendario era cruel —Francisco Franco agonizaba— y la presión era real: la Marcha Verde había puesto a Rabat con un pie dentro del territorio. Aquel documento transfirió la administración del Sáhara, no la soberanía, y dejó en manos de dos vecinos la gestión de un proceso de descolonización que la Corte Internacional de Justicia acababa de orientar hacia la libre determinación. El resultado fue una guerra larga: el Polisario combatió a ambos países; Mauritania se retiró; Marruecos consolidó el control de la mayoría del territorio y levantó un muro que aún divide el desierto. En 1991, el alto el fuego bajo paraguas de la ONU llegó con una promesa: un referéndum que nunca se celebró.

La MINURSO nació para organizar esa consulta, verificar el alto el fuego y contribuir a una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable”. Tres verbos, tres adjetivos, una trampa semántica que las partes han estirado durante décadas. Desde entonces, el Consejo de Seguridad renueva cada año el mandato con ligeros matices en el lenguaje, suficientes para que cada capital saque pecho ante su opinión pública. En paralelo, Tinduf se convirtió en palabra cotidiana: los campamentos de refugiados saharauis sobreviven desde hace décadas con ayuda humanitaria en territorio argelino. El conflicto no se congeló del todo: Guerguerat, en 2020, marcó un punto de no retorno para el Polisario, que declaró roto el alto el fuego y habla de choques armados de baja intensidad a lo largo del muro. Se pelea poco a poco, pero se erosiona cada día.

El giro de 2022: del cruce en Ceuta al “realismo” diplomático

El 18 de marzo de 2022, La Moncloa envió una carta al rey Mohamed VI respaldando el plan de autonomía marroquí de 2007 como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el contencioso. La escenificación fue inequívoca: el presidente español abrazaba el enfoque de Rabat después de una crisis bilateral feroz. Un año antes, en mayo de 2021, la hospitalización en Logroño del líder del Polisario, Brahim Ghali, desencadenó una relajación de controles en la frontera marroquí que se tradujo en una entrada sin precedentes de migrantes en Ceuta. Hubo retirada de la embajadora marroquí, un tira y afloja en migración y un pulso diplomático que cruzó titulares y despachos.

El Gobierno justificó el viraje con una mezcla de seguridad y economía. Control de flujos migratorios, cooperación antiterrorista, normalización de la interlocución con un socio estratégico, protección de intereses comerciales y estabilidad de la frontera sur de la Unión Europea. El coste, medible, se pagó en la otra orilla del Magreb: Argelia retiró a su embajador, suspendió el Tratado de Amistad con España y tensó las cuerdas del gas. En casa, el movimiento rompió un consenso parlamentario de décadas. Para el Frente Polisario, era la prueba definitiva del “abandono”. Para el Ejecutivo, realismo en un tablero sin salida mejor. El debate se mudó del plano jurídico al político y sigue ahí.

Congreso, aniversario y reproches con nombre y apellido

No es casualidad que el acto conmemorativo de hoy, en el Congreso de los Diputados, haya funcionado como catalizador. Abdulah Arabi aprovechó la efeméride para acusar a España de haber dejado la puerta abierta a una “ocupación ilegal” desde 1975 y de consolidar ese abandono con la apuesta por la autonomía marroquí en 2022. Recordó que la autodeterminación “no es una mercancía” y anunció que el Polisario impugnará cualquier acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos que incluya recursos naturales del Sáhara sin consentimiento del pueblo saharaui. El mensaje, viejo y nuevo a la vez, encontró altavoz en el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, que cerró la jornada con críticas a la última resolución del Consejo de Seguridad —a su juicio, demasiado cercana a la redacción defendida por Estados Unidos— y al cambio de guion de España.

El cruce de declaraciones tiene consecuencias prácticas. Lo que se discute no es solo el relato de 1975, sino cómo se etiquetan hoy los productos que salen del territorio, quién puede pescar y en qué condiciones en las aguas adyacentes, de qué modo puede la Comisión Europea negociar con Rabat sin chocar con los tribunales, qué papel adopta España en Bruselas y cuánto espacio queda para una mesa de negociación que no sea un ritual anual.

La ONU y la letra pequeña que ordena la mesa

Cada otoño, la ONU renueva la MINURSO y retoca una prosa que hacen filigranas los diplomáticos. Este año, la resolución mantiene la fórmula canónica —solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable— e insiste en que esa salida debe proporcionar autodeterminación al pueblo saharaui. A la vez, varias capitales occidentales interpretan que el texto vuelve a priorizar la autonomía como base de trabajo. Esa tensión no es trivial: Rabat la vende como aval; el Polisario la lee como erosión del referéndum. Entre ambas lecturas, el secretario general y su enviado personal intentan reunir en una misma mesa a Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania.

El equilibrio del Consejo de Seguridad ayuda a entender la dinámica. Estados Unidos, Francia y Reino Unido empujan una salida “realista” anclada en el autogobierno bajo soberanía marroquí. Rusia y China modulaban, tradicionalmente, el lenguaje sin bloquear el mandato. España —no miembro permanente— defendía hasta 2022 una neutralidad activa; desde entonces repite que la autonomía es la base más seria, sin renunciar en teoría a la referencia a la autodeterminación. Palabras medidas, consecuencias medibles.

Europa y los tribunales: comercio, pesca y el consentimiento debido

Si hay un actor que ha movido el suelo bajo los pies de todos, ese ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus fallos más recientes han cuestionado que la UE pueda extender acuerdos agrícolas o pesqueros a los territorios del Sáhara Occidental sin una forma verificable de consentimiento del pueblo saharaui. Esta jurisprudencia ha forzado a las instituciones comunitarias a replantear protocolos, a revisar etiquetados de origen y a enfriar negociaciones. La caducidad en 2023 del acuerdo de pesca con Marruecos evidenció el problema: la voluntad política de relanzar la cooperación choca con una pared jurídica que nadie puede ignorar.

El comercio no es un detalle menor. España importa y exporta con Marruecos una cesta significativa de productos, y el sector pesquero —Galicia, Andalucía, Canarias— ha vivido pendiente de cada señal desde Bruselas. Cualquier intento de reabrir un marco pesquero que incluya aguas del Sáhara sin resolver la cuestión del consentimiento está condenado a litigios. Y si se define un mecanismo de consulta, habrá que demostrar que representa de verdad los intereses y deseos del pueblo saharaui, no un mero trámite administrativo.

Actores y objetivos en 2025: lo que quiere cada cual

Marruecos busca cerrar el expediente. El plan de autonomía de 2007 dibuja un autogobierno con instituciones propias para el territorio, pero deja en manos de Rabat los asuntos soberanos —defensa, exteriores, moneda— y coloca el marco bajo la soberanía marroquí. La estrategia marroquí combina avances sobre el terreno —infraestructuras, inversión, símbolos— con una ofensiva diplomática que busca reconocimientos y apoyos explícitos. Cada guiño europeo o americano se traduce en un mensaje: la independencia no está sobre la mesa.

El Frente Polisario, encabezado por Brahim Ghali, mantiene su línea roja: un referéndum con todas las opciones, incluida la independencia. Desde Guerguerat 2020 sostiene que hay hostilidades abiertas al otro lado del muro y concentra esfuerzos en dos frentes: el judicial —donde ha acumulado victorias— y el político —con campañas de sensibilización y una red de apoyos municipales y autonómicos en España y Francia—. Para el Polisario, la palabra autonomía sin soberanía previa a decidir es un atajo inaceptable.

Argelia es la retaguardia del movimiento saharaui y un actor indispensable para cualquier arreglo serio. Su rivalidad con Marruecos atraviesa todo: seguridad en el Sahel, energías, alianzas con potencias globales. España ha intentado reequilibrar con Argel el deterioro de 2022, pero el vínculo sigue frágil. Sin un gesto argelino, mejorar la vida en los campamentos y abrir un cauce político será cuesta arriba. Mauritania, por su parte, juega su papel de vecino prudente: estabilidad primero, discreción después.

Qué significó realmente “abandonar”: política frente a derecho

El término “abandono” resume décadas de frustración. Para el Polisario, España abandonó dos veces: cuando salió en 1975 sin completar la descolonización y cuando cambió de posición en 2022. Para el Gobierno español, no hay abandono sino actualización de una política anclada en un bloqueo crónico. Entre medias, el derecho internacional aporta ambigüedad. Madrid notificó en 1976 que se desligaba de responsabilidades sobre la administración del territorio; sin embargo, resoluciones, informes y algunas decisiones judiciales han recordado que el Sáhara Occidental sigue siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización conforme a la Carta de la ONU. La discusión no es académica: de ella cuelgan obligaciones de información, tutela de recursos y consulta a la población.

Hay otro ángulo: el humanitario. Medio siglo después, decenas de miles de saharauis siguen en Tinduf con indicadores de vulnerabilidad que se agravan con la inflación y los recortes globales de ayuda. España ha sido históricamente un donante significativo y un puente para programas sanitarios y educativos. Reforzar ese canal —agua, nutrición, renovables— no resuelve el estatus del territorio, pero sí alivia una realidad diaria que rara vez asoma en el debate político.

Escenarios posibles: autonomía vigilada, bloqueo largo o choque jurídico

Hay tres escenarios que hoy concentran a diplomáticos y analistas. El primero, el de la autonomía negociada con garantías. Requeriría que Rabat se comprometa a un autogobierno medible —competencias reales en administración, cultura, fiscalidad local, justicia—, que el Polisario acepte sentarse sin renunciar a su relato y que una presencia internacional independiente audite derechos civiles, gestión de recursos naturales y elecciones locales. Suena difícil, pero es la vía que presentan como viable quienes apoyan el lenguaje actual del Consejo de Seguridad.

El segundo, el más probable a corto plazo, es el de la prolongación del statu quo. Marruecos seguiría asentando control de facto; el Polisario sostendría una guerra de baja intensidad y el mundo se acostumbraría a una normalidad hecha de resoluciones anuales, cooperación selectiva y fatiga en los campamentos. España trataría de equilibrar su apuesta por Rabat con gestos hacia Argelia y con una política de ayuda reforzada.

El tercero, el del choque jurídico-comercial, crecerá si la Unión Europea intenta reabrir acuerdos que afecten a productos y aguas del Sáhara sin un mecanismo robusto de consentimiento. Vendrán recursos ante el TJUE, obligación de etiquetar a rajatabla, cambios en cadenas logísticas y ajustes en puertos y lonjas de España. Es un escenario de alto coste para empresas y administraciones, pero también una palanca de presión que el Polisario ha aprendido a manejar.

Nombres propios y fechas que ordenan el mapa

El conflicto del Sáhara Occidental, a menudo reducido a siglas, tiene protagonistas con papeles definidos. Pedro Sánchez, por el impacto del giro del 18 de marzo de 2022; Mohamed VI, por la centralidad de la monarquía marroquí en el diseño y la diplomacia del plan de autonomía; Brahim Ghali, por encabezar la estrategia del Polisario desde la Rasd; Abdulah Arabi, voz del movimiento en España y altavoz de cada victoria judicial en Luxemburgo; Javier Sánchez Serna, que hoy puso palabras a una crítica política que se escucha en el Congreso; y, en la trastienda, Argelia, actor imprescindible para cualquier acuerdo y proveedor clave de gas a la Península. Las fechas, también, ayudan: 1975 (Acuerdos de Madrid), 1991 (alto el fuego), 2007 (plan de autonomía), 2020 (Guerguerat), 2021 (crisis de Ceuta), 2022 (carta a Rabat), 2023 (fin del acuerdo pesquero), 2025 (nueva renovación de MINURSO con autonomía como referencia de trabajo y autodeterminación en el texto).

Las grietas del consenso en Madrid

La política española no habla a una voz. El PSOE ha defendido la orientación hacia la autonomía, subrayando que se mantiene el compromiso con una solución bajo la ONU. Sumar y Podemos —hoy, con la intervención de Javier Sánchez Serna— han denunciado una posición que, a su juicio, encubre una ocupación y normaliza la represión. El PP ha criticado la opacidad del cambio y el daño a la relación con Argelia, mientras respalda la necesidad de una relación estable con Marruecos. Entre líneas, aflora una memoria colectiva que no ha cerrado la carpeta saharaui y que reaparece cada vez que un BOE, una declaración o una visita oficial roza el estatus del territorio.

La discusión no es solo ideológica. Afecta a políticas migratorias, a los operativos policiales en frontera, a las ciudades autónomas, al comercio transfronterizo y a la interlocución con una diáspora saharaui activa en provincias españolas. Cada movimiento en el tablero diplomático arrastra expedientes concretos en delegaciones, juzgados y parlamentos autonómicos.

Qué puede hacer España a partir de ahora

España no puede resolver sola el Sáhara Occidental, pero sí condicionar el contexto. Tiene margen, si quiere usarlo, en tres planos. Uno, el humanitario: incrementar fondos y programas específicos en Tinduf —agua, nutrición, escuelas, energía solar— y garantizar evacuaciones médicas y programas de acogida infantil con estándares claros. Dos, el jurídico-comercial: defender en Bruselas un marco que no incluya recursos saharauis sin un sistema verificable de consentimiento; exigir etiquetado transparente y dar seguridad jurídica a empresas y puertos españoles. Tres, el político-diplomático: respaldar el trabajo del enviado personal de la ONU, exigir garantías si la autonomía se consolida como base —derechos, competencias, verificación— y reconstruir un canal operativo con Argelia que saque la relación del vaivén.

Nada de lo anterior borra el debate sobre el “abandono”. Sí lo coloca donde debe estar: en decisiones concretas que afectan a vidas concretas y que pueden tomarse ya. El 50.º aniversario ha devuelto la cuestión a la primera línea. Abdulah Arabi ha puesto palabras a una herida que no cierra; Pedro Sánchez y su Gobierno han fijado una hoja de ruta que prioriza el realismo con Rabat; Javier Sánchez Serna ha reclamado volver a la autodeterminación sin atajos. Entre esas posiciones, España tiene que elegir cómo quiere ser recordada: si como el país que archivó el conflicto a cualquier precio o como el que negoció con su socio del sur sin olvidar a quienes llevan medio siglo esperando ser consultados.

El futuro del Sáhara no se decide en una jornada conmemorativa ni en una resolución anual. Se teje con palancas discretas —ayuda eficaz, diplomacia perseverante, reglas claras de comercio— y con un principio que no sobra recordarlo: las palabras de 1975 y 2022 pesan, pero pesan más los hechos de 2025 en adelante. Si España quiere dejar de oír la palabra “abandono”, tendrá que demostrar, con gestos verificables, que el derecho de los saharauis a decidir su destino sigue dentro del margen de lo posible. Sólo así esa herida podrá, algún día, pasar de nombre propio a lección aprendida.