¿Por qué la ONU da alas al plan de Marruecos en el Sáhara?

La resolución de la ONU sobre el Sáhara afianza la autonomía marroquí y acelera obras en Dajla y El Aaiún, con impacto y pulso legal en la UE

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 31 de octubre de 2025 una resolución que reconoce el plan de autonomía marroquí como base del proceso político para el Sáhara Occidental. No liquida el conflicto ni borra décadas de contencioso, pero desplaza el centro de gravedad: la autonomía, y no el referéndum de autodeterminación, pasa a encabezar la hoja de ruta que la comunidad internacional considera “realista y pragmática”. Es un vuelco diplomático que Rabat interpreta como victoria estratégica tras años de inversiones, alianzas y presión sostenida, y que Argel y el Frente Polisario denuncian como un intento de normalizar un control de facto sin resolver el estatus jurídico del territorio.

Sobre el terreno, la dirección del movimiento es nítida. Marruecos afianza su posicionamiento con obras de Estado —el puerto Dajla Atlántico, la autovía Tiznit–Dajla, parques eólicos y solares y un incipiente ecosistema de hidrógeno verde— y con incentivos fiscales para empresas y empleo. La estrategia busca atar el Sáhara a la economía nacional, reducir los costes logísticos, atraer población y fijar actividad. Política exterior y ladrillo corren en paralelo. El mensaje, en suma, es que cada muelle, cada kilómetro y cada megavatio complican una marcha atrás y encarecen cualquier solución que no pase por el marco autonómico. Este es el nuevo tablero: un aval político en Nueva York, y hormigón en el desierto.

Una resolución que reescribe el tablero

La resolución del Consejo de Seguridad renueva el mandato de la Minurso por un año y, a la vez, clarifica el marco de trabajo: el plan de autonomía de 2007 se sitúa como base de negociación. Es una fórmula que preserva el lenguaje ONU —solución política “realista, pragmática y duradera basada en el compromiso”— pero que inclina la balanza a favor del enfoque marroquí. El Polisario mantiene la exigencia de un referéndum con opción independentista y critica la medida como un desvío del Derecho Internacional. Argelia, sostén político y logístico del Polisario, acusa a ciertos miembros del Consejo de “forzar” un consenso en beneficio de Rabat.

La trascendencia del texto no es aislada. Llega tras el reconocimiento de Washington en 2020 de la soberanía marroquí sobre el territorio, el giro de varios socios europeos hacia la autonomía como “base más seria” y la apertura de consulados africanos y árabes en Dajla y El Aaiún. La acumulación de gestos crea una narrativa: el statu quo militar se mantiene, pero el marco político y económico se mueve. En ese contexto, la ONU, con un lenguaje medido, acerca el proceso a la posición de Rabat. No cierra la puerta a otras propuestas, pero ordena las prioridades.

Ese reordenamiento se produce con el alto el fuego roto desde 2020. El “muro” —la extensa línea fortificada que parte el territorio— registra escaramuzas de baja intensidad. No alteran el control marroquí del espacio poblado y de las principales rutas, pero impiden la normalización plena. La Minurso patrulla y reporta, con limitaciones bien conocidas: no tiene mandato específico de derechos humanos y su margen operativo depende de la cooperación sobre el terreno. La nueva resolución no modifica esa arquitectura, si bien su orientación exigirá, si el proceso cuaja, garantías verificables de autogobierno y salvaguardas creíbles en materia de libertades.

De la diplomacia al asfalto: integración por obras

La otra mitad del avance discurre fuera de las cancillerías. Rabat lleva años cosiendo el territorio con infraestructura mayor, que no es un detalle accesorio. Lo que cambia la vida diaria —y la estructura económica— es la posibilidad de mover mercancías, personas y energía con costes menores y tiempos más cortos. Aquí está el núcleo del “anclaje” del Sáhara a Marruecos: logística, energía y fiscalidad.

El símbolo es el puerto Dajla Atlántico. Diseñado como hub logístico y pesquero con terminales multipropósito, zona industrial y conexiones viarias, aspira a replicar, a escala, el efecto Tánger Med en el sur. La península de Dajla, con sus vientos constantes y aguas ricas para la industria pesquera, se convierte en plataforma de exportación hacia el Atlántico y puente hacia el Sahel. El puerto no solo absorbe flujos; ordena su hinterland: atrae plantas de frío, almacenes, talleres navales, servicios auxiliares y, sobre todo, empleo.

La arteria que lo hace tangible es la autovía Tiznit–Dajla, ya operativa por tramos, que recorta tiempos entre el norte productivo (Agadir, Souss-Massa, Casablanca) y el extremo sur. Ese eje permite abastecer a ritmo industrial, evacuar producción y abaratar rutas de larga distancia. La administración marroquí habla sin rodeos de un “antes y después” para las provincias del sur. En paralelo aflora una política de incentivos: ventajas fiscales, suelo a precio competitivo y prioridad en permisos para quien se instale en la zona.

La energía completa el triángulo. La costa sahariana concentra parques eólicos y plantas solares capaces de generar electricidad a costes bajos en horas valle. A partir de ahí crece el interés por hidrógeno verde y amoníaco renovable, áreas donde Rabat busca atraer consorcios europeos y del Golfo. Los proyectos no están exentos de incertidumbre —regulación comunitaria, financiación, mercados de offtake—, pero explican la confianza oficial: si el sur produce kilovatios limpios, atrae industria electrointensiva y se integra con más fuerza en los intercambios con la Unión Europea.

Economía política: pesca, fosfatos y mercado interior

El mar sostiene buena parte del músculo económico del Sáhara Occidental. Tras la anulación del último esquema de pesca UE–Marruecos en lo que respecta al territorio, Bruselas y Rabat han intentado recalibrar el marco: etiquetado de origen, trazabilidad que identifique productos de Dajla o El Aaiún y un dispositivo jurídico “específico” para encajar la jurisprudencia. España, con flota afectada en Galicia, Andalucía y Canarias, presiona por un acuerdo estable que devuelva previsibilidad a armadores y trabajadores. La ecuación es compleja: la política empuja a la cooperación con Rabat, pero la legalidad europea obliga a diferenciar el Sáhara y a contar con el consentimiento de sus representantes legítimos.

Tierra adentro, el capítulo fosfatos sigue siendo sensible. La explotación de Bou Craa, operada por OCP, alimenta una cadena global de fertilizantes con destino a Asia, América y, en menor medida, Europa. Para Rabat, es una puesta en valor de recursos que beneficia a la población local vía empleo directo, obras y servicios. Para el movimiento saharaui y organizaciones especializadas, un expolio contrario a la legalidad internacional que encarece reputacionalmente cada cargamento. No faltan episodios de puertos reticentes, aseguradoras prudentes y campañas de consumidores. Y, aun así, los buques navegan. El negocio se adapta: menos compradores, más estables; contratos más opacos, fletes más caros.

Ese doble pulso —mar y mina— se inserta en un mercado interior que Rabat quiere ampliar. Las bonificaciones para empresas, el abono de servicios básicos y la mejora de hospitales, escuelas y oficinas públicas forman parte de la ofensiva para retener población y atraer perfiles técnicos. También hay un componente simbólico: ferias sectoriales en El Aaiún y Dajla, eventos deportivos —el viento de Dajla es imán para el kitesurf— y una cartelería institucional que normaliza la presencia del Estado. Ese conjunto produce un resultado: más actividad cotidiana, más relaciones con el resto del país y un relato que presenta el sur como región en desarrollo dentro de Marruecos.

Derechos, muro y seguridad: la otra cara del avance

Mientras la economía avanza, no desaparecen los puntos ciegos. La libertad de reunión, el derecho de asociación y el acceso de observadores internacionales han sido objeto de denuncias continuadas. Colectivos saharauis y ONG referencian hostigamiento a activistas, disolución de manifestaciones y procesos judiciales controvertidos. Rabat responde que actúa conforme a la ley, que no tolera separatismo ni injerencias y que garantiza prestaciones sociales inéditas en la región. La realidad es más áspera y matizada: hay vigilancia, hay control y hay espacios de normalidad donde la vida transcurre sin sobresaltos. Dos planos a la vez.

En el frente militar, el alto el fuego de 1991 saltó por los aires en 2020 tras la crisis de Guerguerat. Desde entonces, la tensión se canaliza en golpes de precisión y intercambios esporádicos a lo largo del muro que blinda la mayor parte del territorio bajo control marroquí. El riesgo de escalada siempre está ahí, en parte por el factor Argelia, en parte por la dinámica interna del Polisario, que necesita demostrar iniciativa. Esa presión explica por qué Rabat mantiene inversiones en vigilancia, tecnología y drones, y por qué la ONU insiste en la contención.

La resolución de octubre no resuelve estos dilemas, pero influye en su gestión. Si la autonomía es el camino, habrá exigencias de verificación: competencias reales para las instituciones locales, mecanismos claros de participación y algún tipo de acompañamiento internacional en materia de derechos. No basta con proclamar que habrá autogobierno; hay que mostrarlo: presupuestos, reglamentos, contrapesos. Es uno de los talones de Aquiles del proyecto, y también una oportunidad para romper escepticismos si Rabat decide abrir esa puerta.

España ante el giro: intereses, riesgos y márgenes

España se juega mucho en este mapa. El giro de 2022 —cuando la Moncloa calificó la autonomía como “la base más seria, creíble y realista”— reordenó la relación con Rabat y redujo fricciones en áreas sensibles: migración, lucha contra las mafias y cooperación policial. Desde entonces, los gobiernos han trabajado en abrir aduanas en Ceuta y Melilla, ordenar el tránsito, mejorar la coordinación en el Estrecho y dejar atrás una década de sobresaltos. En paralelo, el Mundial 2030 —España, Marruecos y Portugal— añade incentivos para una etapa de estabilidad.

El eje económico ocupa el segundo renglón. La flota pesquera necesita un marco claro; las empresas españolas presentes en Marruecos —desde automoción a agroindustria— miran con interés la tracción que puede generar Dajla; Canarias evalúa impactos en rutas, turismo y seguridad marítima. Y hay un capítulo energético: si el sur se consolida como productor renovable, se abre un campo para interconexiones, acuerdos de offtake y sinergias industriales. Todas esas piezas requieren seguridad jurídica y un lenguaje institucional fino: reconocer lo que se aprueba en la ONU, sin contradecir la jurisprudencia europea que diferencia el Sáhara del resto de Marruecos.

Ahí está el tercer eje, el más resbaladizo: Europa. El Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro que el Sáhara no forma parte del territorio marroquí y que cualquier acuerdo que lo afecte exige consentimiento del pueblo saharaui. La Comisión, consciente de que la política exterior empuja hacia la cooperación estrecha con Rabat, intenta acomodar esa doctrina con etiquetado, trazabilidad y consultas a potenciales beneficiarios locales. No es un trámite técnico; es política de alto voltaje. Si Luxemburgo tumba esas soluciones, las cadenas de suministro y la pesca volverán a una fase de incertidumbre. Y si las valida, será previsiblemente con condiciones que llevarán tiempo de aplicar.

Para España, la palanca real pasa por un equilibrio exigente: sostener la relación con un socio imprescindible, proteger sus intereses económicos y sociales, y defender una postura compatible con la legalidad europea y el Derecho Internacional. Nada sencillo. Pero, una vez más, la política se mueve por fases y ventanas de oportunidad. La resolución de la ONU abre una de esas ventanas. Habrá que ver qué entra por ella.

Lo que se decanta y lo que queda en disputa

El cambio sustantivo de las últimas semanas no es retórico. La ONU ha colocado el plan de autonomía en el centro. Eso acelera una inercia diplomática que se venía acumulando y refuerza a Rabat en su apuesta por el hecho consumado económico. Marruecos suma un relato: apoyo internacional creciente, obras transformadoras y una promesa de autogobierno. Está por ver el contenido real de esa promesa: qué competencias, qué contrapesos, qué garantías. También está por ver si el Polisario y Argelia encuentran un nuevo lenguaje para participar en un proceso que, de facto, les ha tomado la delantera.

En el terreno, las obras continúan. Dajla Atlántico avanza calendario, la autovía ya hila la costa, la energía renovable gana peso y el turismo deportivo se multiplica con nuevas rutas aéreas. La administración marroquí exhibe datos de inversión y empleo. Hay consulados que legitiman la presencia, acuerdos de financiación y visitas oficiales que amarran apoyos. A la vez, derechos y libertades siguen bajo el foco de ONG y cámaras parlamentarias europeas; no hay luces sin sombras. La Minurso permanece como dique simbólico, útil pero limitado.

En el derecho, la partida se juega en Luxemburgo y Bruselas. Si la arquitectura de etiquetado y trazabilidad pasa el filtro, habrá previsibilidad para la pesca y el comercio. Si no, volverá la provisionalidad, con más litigios y costes reputacionales. Cualquiera que sea el desenlace, Rabat continuará acelerando su plan económico, porque es ahí —en los muelles, en los parques eólicos, en la carretera— donde se define el paisaje del futuro.

El riesgo mayor, a corto plazo, no es una gran guerra sino la fatiga de un conflicto sin cierre formal, que se normaliza de facto y encona posiciones. El reto mayor, a medio, es si la autonomía que Marruecos dice estar dispuesto a ofrecer es suficientemente robusta como para ensanchar apoyos y reducir fricción. Una autonomía con competencias tangibles, finanzas propias, control local de servicios esenciales y vigilancia internacional —aunque sea discreta— tendría otro peso. Una autonomía cosmética solo alargaría la disputa.

Para España, el camino razonable pasa por la letra fina: impulsar marcos europeos que den seguridad jurídica a la pesca y al comercio; blindar la cooperación migratoria y policial; acompañar proyectos energéticos que conecten renovables del sur con demanda industrial peninsular; y exigir estándares de derechos humanos compatibles con sus compromisos. Es una agenda técnica y política, no grandilocuente. Pero es la agenda que enlaza intereses con principios.

Y una última constatación: en el Sáhara Occidental, la política corre más deprisa que los tribunales y el hormigón todavía más deprisa que la política. La resolución del 31 de octubre cambia las reglas del juego; su aplicación dirá si abre un proceso creíble o si solo cubre con nuevo barniz una realidad que ya venía imponiéndose: Marruecos avanza por dos vías —diplomacia y desarrollo—, mientras el estatus final del territorio sigue sin una respuesta definitiva. Ese es, hoy, el punto de equilibrio. Y también el epicentro de la disputa.