¿Por qué han muerto 537 presos bajo el régimen de excepción de Bukele?

Al menos 537 personas han muerto bajo custodia del Estado después de ser detenidas durante el régimen de excepción de El Salvador, vigente desde el 27 de marzo de 2022. La cifra procede de Socorro Jurídico Humanitario, una organización que asesora a las familias de los arrestados, y no de un balance oficial: el Gobierno salvadoreño mantiene bajo reserva buena parte de la información penitenciaria.

Las causas documentadas apuntan principalmente a muertes violentas y al deterioro de enfermedades que no habrían recibido atención médica suficiente. Muchos fallecidos ni siquiera habían sido condenados. Entraron en prisión como sospechosos y murieron antes de que un tribunal determinara su culpabilidad, una circunstancia bastante más incómoda que cualquier eslogan sobre la guerra contra las pandillas.

537 muertes bajo custodia y una cifra sin control oficial

Socorro Jurídico Humanitario sostiene que el 94 % de las víctimas no tenía perfil de pandillero. La expresión requiere precisión: se trata de una conclusión de la ONG basada en expedientes, testimonios familiares y antecedentes conocidos, no de una resolución judicial que haya revisado individualmente todos los casos.

Aun así, el porcentaje golpea el centro de la política de seguridad de Nayib Bukele. El régimen se presentó como una herramienta quirúrgica contra la Mara Salvatrucha y Barrio 18, pero las denuncias acumuladas describen una red mucho más gruesa, capaz de arrastrar a comerciantes, trabajadores, líderes comunitarios, religiosos y personas denunciadas anónimamente. Human Rights Watch ha documentado incluso testimonios de policías sobre detenciones sin pruebas suficientes, fabricación de indicios y presiones para cumplir cuotas de arrestos.

El balance tampoco ha dejado de crecer. La organización había documentado 470 fallecidos a finales de enero de 2026; la cifra subió a 506 al cumplirse cuatro años del régimen, alcanzó aproximadamente 517 a mediados de abril y llegó a 537 en junio. La secuencia no significa necesariamente que todas esas personas murieran entre una actualización y otra: también refleja la aparición de nuevos testimonios, documentos y casos que las familias consiguen reconstruir con lentitud.

#URGENTE
La crisis humanitaria en El Salvador es imparable. Durante 52 meses bajo el régimen de excepción, al menos 537 personas han muerto bajo la custodia del Estado sin haber sido vencidas en juicio. Lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil… pic.twitter.com/TLopyAZ5Lq

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— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) June 17, 2026

Violencia y falta de atención médica

El informe presentado por Socorro Jurídico Humanitario sitúa la violencia física como primera causa conocida de fallecimiento. Un 31,8 % de los casos analizados correspondería a muertes violentas, mientras que otro 31,6 % estaría relacionado con enfermedades desatendidas o con una asistencia médica insuficiente.

Son porcentajes prácticamente gemelos y dibujan dos formas distintas de morir en prisión. Una deja golpes, lesiones y posibles señales de tortura; la otra avanza despacio, con medicamentos que no llegan, diagnósticos tardíos, infecciones, enfermedades crónicas y cuerpos debilitados por el encierro. Ambas exigen investigación. Ninguna puede despacharse con la cómoda etiqueta de muerte natural.

La información se apoya en buena medida en relatos de familiares, certificados de defunción, fotografías de cadáveres y documentación obtenida fuera de los centros penitenciarios. No es una elección metodológica pintoresca. La Dirección General de Centros Penales se negó a entregar estadísticas, causas de muerte, situación judicial y cárceles de procedencia de los fallecidos, alegando que el Sistema de Información Penitenciaria permanecerá reservado durante siete años.

El problema de investigar sin autopsias ni expedientes

La opacidad alcanza también a las autopsias. La Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal afirmaron no disponer de registros específicos sobre necropsias practicadas a presos fallecidos durante el régimen de excepción. La Fiscalía aseguró igualmente que no tenía constancia de investigaciones activas sobre esas muertes, aunque en 2023 el fiscal general había reconocido que se investigaron y archivaron 142 casos.

Ese vacío no demuestra por sí solo que todos los fallecimientos sean homicidios, pero sí impide descartarlo con garantías. Cuando una persona muere encerrada, sin libertad para buscar un médico, abandonar el lugar o protegerse de otros presos y custodios, la responsabilidad de explicar lo ocurrido recae sobre el Estado. Guardar los expedientes bajo llave no resuelve la duda; la conserva en formol.

Izalco, La Esperanza y el silencio del Cecot

Las muertes conocidas se concentran principalmente en prisiones que han recibido a buena parte de las personas capturadas, entre ellas Izalco y La Esperanza, conocida también como Mariona. Son centros sometidos a una presión extraordinaria desde que comenzaron las detenciones masivas.

Mucho menos se sabe del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el Cecot, convertido por el Gobierno en escaparate internacional de su política penitenciaria. Las imágenes oficiales muestran filas de hombres rapados, cuerpos tatuados, manos sobre la nuca y celdas iluminadas como hangares. Lo que apenas muestran es la vida cotidiana: atención sanitaria, expedientes personales, contacto con abogados, sanciones internas o fallecimientos.

El Cecot funciona también como símbolo político. Bukele ha logrado convertir una cárcel en una marca reconocible, exportable y fotogénica. Sin embargo, el grueso de los fallecidos documentados habría pasado por otros penales, menos cinematográficos y bastante más permeables a los testimonios de familias, empleados y antiguos reclusos.

Una excepción que suma 51 prórrogas

El régimen fue aprobado después de un fin de semana de marzo de 2022 en el que las pandillas asesinaron a más de 80 personas. Aquella matanza abrió una crisis real y exigía una respuesta contundente. La discusión no está en negar el terror que las maras impusieron durante décadas, sino en determinar si combatirlo permite suspender garantías indefinidamente y tratar como culpable a quien todavía no ha sido juzgado.

La palabra excepción, por definición, nació para durar poco. En El Salvador va por su prórroga número 51, aprobada con 57 votos y vigente del 31 de mayo al 29 de junio de 2026. La medida amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y restringe garantías relacionadas con la defensa, la duración de la detención y el control judicial.

Hasta el 15 de marzo, la Asamblea Legislativa contabilizaba oficialmente 91.628 capturas de presuntos pandilleros y colaboradores. Las estimaciones posteriores ya sitúan el total por encima de 92.000 personas. Una parte continúa pendiente de sentencia, mientras las reformas aprobadas permiten procesos colectivos que agrupan a centenares de acusados y dificultan el examen individual de responsabilidades.

Seguridad lograda, debido proceso erosionado

El régimen ha producido un resultado que sería absurdo negar: la violencia de las pandillas y los homicidios se han reducido drásticamente. Barrios que vivían sometidos a fronteras invisibles recuperaron movilidad; comerciantes dejaron de pagar extorsiones y muchas familias volvieron a ocupar espacios públicos. Esa transformación explica el respaldo social del modelo y la fortaleza política de Bukele.

Pero la seguridad no convierte automáticamente en legítimo cualquier método. Reducir los asesinatos en las calles no autoriza a aceptar muertes inexplicadas dentro de las cárceles. Tampoco permite intercambiar el debido proceso por una presunción colectiva de culpabilidad. El Estado de derecho sirve precisamente cuando el acusado resulta antipático, peligroso o indefendible; para premiar a los inocentes no harían falta constituciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a El Salvador que termine con el uso continuado del régimen como política ordinaria de seguridad. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado detenciones arbitrarias, incomunicación, torturas, desapariciones forzadas y obstáculos para acceder a una defensa efectiva. Al mismo tiempo, esas organizaciones reconocen la obligación estatal de combatir el crimen. El dilema entre seguridad y derechos es, en buena parte, una coartada: un Estado competente debería garantizar ambos.

Las consecuencias ya han empezado

La cifra de 537 muertos no provoca por sí sola una condena judicial. Para que existan responsabilidades penales será necesario determinar quién murió, dónde, cuándo y por qué causa, además de establecer bajo qué cadena de mando ocurrieron los hechos y preservar historiales médicos, grabaciones, libros de novedades, autopsias y testimonios. Justamente los materiales que hoy resultan difíciles de obtener.

Socorro Jurídico Humanitario ha remitido información sobre centenares de casos a instancias internacionales. Un grupo de juristas presentado por varias organizaciones concluyó en marzo que existen bases razonables para considerar que algunos patrones documentados —encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones y persecución— podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Es una acusación jurídica de enorme gravedad, aunque todavía no equivale a una sentencia ni confirma la apertura de una investigación penal internacional.

La consecuencia más inmediata será una presión creciente ante la Comisión Interamericana, organismos de Naciones Unidas y otras instancias de protección. Podrían acumularse medidas cautelares, peticiones individuales y reclamaciones de reparación. Un eventual proceso internacional tardaría años y exigiría pruebas sólidas; la justicia internacional camina con zapatos de plomo, pero deja huellas.

En el terreno interno, el Gobierno conserva una amplia mayoría legislativa y sigue renovando el régimen sin dificultades. No parece probable un cambio inmediato provocado únicamente por esta denuncia. La factura, por ahora, es política, diplomática y moral. También jurídica, aunque todavía se escriba en expedientes dispersos.

Una seguridad duradera necesita verdad

El Salvador salió de una pesadilla real. Las pandillas mataron, extorsionaron, reclutaron menores y gobernaron comunidades enteras mediante el miedo. Nada de eso debe suavizarse para examinar los abusos cometidos durante la respuesta estatal. Al contrario: una sociedad que sufrió durante décadas sabe mejor que nadie lo que ocurre cuando la violencia se normaliza y las víctimas se convierten en números.

Las 537 muertes denunciadas necesitan nombres, autopsias, investigaciones independientes y respuestas para las familias. También una revisión individual de quienes siguen encarcelados sin condena. No para liberar indiscriminadamente a criminales, como suele caricaturizar el discurso oficial, sino para separar culpables de inocentes. Esa tarea, bastante menos vistosa que llenar una megaprisión, es la que distingue a la justicia del castigo.

Bukele puede exhibir calles más seguras y un descenso histórico de la violencia. Son logros políticos indudables. Pero el éxito no concede inmunidad, y una prisión no es una zona libre de derechos. Cuando el Estado encierra a una persona, asume el control de su vida. Si esa vida termina tras los muros, el silencio oficial deja de ser prudencia: se convierte en parte del problema.