Las 35 horas para funcionarios: fechas, alcance y excepciones

La jornada de 35 horas ya está en vigor, pero no llegó a todos los funcionarios en la misma fecha. En la Administración General del Estado (AGE), la nueva jornada empezó a aplicarse el 16 de abril de 2026; en la Administración de Justicia y para el Cuerpo de Letrados, entró en vigor el 22 de septiembre. Son medidas distintas, aprobadas mediante resoluciones propias y con reglas horarias que no deben confundirse.

La diferencia importa tanto para quien trabaja en esos servicios como para la ciudadanía que depende de ellos. En la AGE, el cambio alcanza a alrededor de 250.000 empleados públicos, mientras que la adaptación específica de Justicia afecta a unos 65.000 profesionales, entre personal estatal y trabajadores de comunidades autónomas con competencias transferidas. La entrada en vigor de una jornada no significa, además, que todas las oficinas cambien sus horas de atención al público de manera idéntica.

Dos fechas para dos ámbitos de la Administración

La primera fecha es el 16 de abril de 2026, cuando comenzó a regir la resolución sobre la jornada general en la Administración General del Estado. La norma abrió el paso de las 37,5 horas semanales a las 35 para el personal incluido en su ámbito. Después de la publicación oficial, cada ministerio, organismo y entidad tuvo que adaptar sus calendarios y organizar el funcionamiento cotidiano conforme al nuevo cómputo.

La segunda fecha es el 22 de septiembre de 2026. Ese día entró en vigor el marco específico para la Administración de Justicia y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, tras publicarse las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, decir que todo el personal funcionario empezó a trabajar 35 horas en abril sería inexacto: Justicia necesitó una regulación propia y no quedó incorporada automáticamente a la resolución general de la AGE.

La secuencia ayuda a despejar otra confusión que ha circulado durante la tramitación. Marzo se manejó como fecha prevista para la implantación estatal, pero no fue el día efectivo de entrada en vigor de la resolución de la AGE. La fecha aplicable quedó fijada en abril; para Justicia, en cambio, el cambio se formalizó meses después. El calendario definitivo depende del cuerpo y de la administración de pertenencia, no solo de que el puesto sea público.

Qué cambia en la Administración General del Estado

Para el personal de la AGE comprendido en la medida, la jornada general pasa de 37,5 a 35 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas como promedio anual. La reducción supone dos horas y media menos por semana respecto del horario anterior, sin que el cambio de jornada implique por sí mismo una rebaja salarial. La norma establece el marco general; la forma concreta de distribuir el tiempo se ajusta después a los calendarios y necesidades de cada departamento.

El ámbito afectado comprende personal civil de ministerios, organismos y entidades estatales incluidos en la resolución. La cifra de referencia ronda los 250.000 trabajadores, aunque el alcance no equivale a todos los empleados públicos de España. Comunidades autónomas y ayuntamientos tienen sus propios marcos y calendarios, mientras que determinados colectivos estatales se rigen por normas específicas o por sistemas de turnos que requieren una adaptación propia.

Por eso, las 35 horas de la AGE no se trasladan automáticamente a cualquier persona que cobre de una administración pública. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con regímenes diferenciados, y los servicios con turnos especiales también plantean particularidades. En Instituciones Penitenciarias, por ejemplo, el trabajo continuo y la cobertura de turnos hacen necesaria una respuesta organizativa específica; no basta con cambiar el cómputo en una oficina con horario ordinario. La pertenencia al sector público no determina por sí sola la aplicación de esta resolución.

La cifra anual asociada a la jornada general de la AGE es de 1.533 horas, según el acuerdo recogido en la información de referencia. Ese total sirve para expresar el cómputo efectivo anual, no para deducir que cada semana tendrá siempre la misma distribución. Vacaciones, festivos, calendarios y características del servicio forman parte de la organización anual, por lo que el horario visible puede variar entre unidades aunque el marco general sea común.

Justicia estrenó una regulación propia en septiembre

En la Administración de Justicia, la jornada general quedó establecida en 35 horas semanales de trabajo efectivo como promedio, equivalentes a 1.512 horas anuales. La medida alcanza al personal al servicio de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Letrados, tanto en órganos dependientes directamente del Estado como en los territorios donde las competencias están transferidas. En conjunto, se calcula que afecta a unos 65.000 profesionales: alrededor de 24.000 dependen del Estado y cerca de 39.000 trabajan en comunidades autónomas con competencias propias en este ámbito.

La aplicación necesitó una norma específica porque el personal judicial no estaba cubierto sin más por la resolución general de Función Pública. La organización de juzgados, tribunales y servicios procesales tiene reglas propias, y la duración de la jornada debía adaptarse a ese marco. La publicación de las resoluciones hizo efectivo el cambio el 22 de septiembre, con un régimen que contempla tanto la jornada ordinaria como la especial dedicación.

Las cifras anuales de la AGE y de Justicia no coinciden: la primera referencia es de 1.533 horas y la segunda, de 1.512. No conviene interpretar esa diferencia como un error ni trasladar un total de un ámbito al otro. Cada número corresponde a su regulación y calendario. La jornada semanal común de 35 horas no convierte automáticamente en idénticos los cómputos anuales, porque las normas específicas determinan cómo se calcula y distribuye el tiempo efectivo.

En Justicia, los puestos de especial dedicación tienen un máximo de 37 horas y media semanales, en lugar del límite ordinario de 35. La existencia de ese régimen muestra que la nueva jornada no elimina todas las diferencias entre funciones: reconoce que ciertos puestos exigen una organización distinta. La distribución concreta y los horarios de atención al público se fijan mediante el calendario laboral correspondiente, que debe formalizarse cada año antes del 1 de enero.

Horarios, atención al público y trabajo fuera de jornada

Una reducción de horas individuales no significa necesariamente que una oficina vaya a cerrar antes. La Administración tiene que organizar entradas, salidas, turnos y presencia para sostener la atención ciudadana, especialmente en servicios donde el público acude en franjas concretas. El calendario laboral es la herramienta que convierte el límite semanal en horarios aplicables a cada unidad. Así, la jornada puede reducirse sin que todas las ventanillas, teléfonos o servicios de tramitación adopten el mismo horario.

En la AGE, los organismos deben adaptar sus calendarios a la nueva jornada, atendiendo a la prestación del servicio. En Justicia, la resolución prevé expresamente que los horarios de atención y la distribución del tiempo se concreten en el calendario anual antes del inicio del año. La fecha de entrada en vigor fija el marco, pero no publica por sí sola el horario de cada juzgado. De ahí que puedan convivir una regla general común y diferencias prácticas entre órganos, territorios y tipos de puesto.

La regulación de Justicia también contempla qué sucede si una actuación procesal urgente e inaplazable prolonga la jornada ordinaria. De lunes a viernes, cada hora trabajada entre las 17:00 y las 22:00 computa como dos horas efectivas. Si el trabajo se realiza después de esa franja, o en sábado, domingo o festivo, cada hora equivale a dos horas y media para el cómputo compensatorio.

Ese exceso puede compensarse dentro del horario flexible del mes siguiente o mediante días de permiso. No se trata de que toda hora vespertina se convierta en una cantidad adicional de jornada ordinaria, sino de un mecanismo previsto para actuaciones urgentes que alargan el trabajo. La distinción es relevante en órganos con carga procesal elevada, donde la necesidad de responder a una diligencia inaplazable puede alterar el horario previsto.

La jornada de verano y la reducción por interés particular

El régimen de Justicia fija también una jornada intensiva de verano de 32,5 horas semanales, desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre de cada año. Se trata de un periodo delimitado dentro del calendario, no de una reducción que se aplique durante todo el año. Su concreción debe encajar con las necesidades de los órganos y con la organización del servicio.

La regulación incluye además una jornada reducida por interés particular. Consiste en un turno ininterrumpido de cinco horas diarias, de lunes a viernes, con el 75% de las retribuciones. Esta modalidad es incompatible con los puestos de especial dedicación, de modo que no puede sumarse a ese régimen como si fueran opciones acumulables. La reducción horaria lleva aparejado un ajuste retributivo, a diferencia de la jornada general de 35 horas, que no supone por sí misma una disminución salarial.

Conviene separar estas figuras porque responden a situaciones diferentes. La jornada general determina el tiempo ordinario de trabajo; la especial dedicación permite un máximo semanal superior; la jornada intensiva concentra el horario durante el verano, y la reducción por interés particular implica menos horas y una percepción del 75% de las retribuciones. Confundirlas puede llevar a pensar que todo el personal disfruta del mismo horario o de las mismas condiciones durante todo el año, algo que la norma no establece.

Por qué la aplicación no fue simultánea

La AGE y Justicia avanzaron por vías normativas separadas. La resolución de Función Pública cubrió el ámbito general de la Administración estatal incluido en su texto, mientras que el personal judicial necesitaba adaptar su regulación propia. Esa diferencia explica el intervalo entre abril y septiembre y también por qué la jornada de 35 horas no se extendió de golpe a todo el empleo público. Una decisión general puede requerir desarrollos distintos cuando cambian los cuerpos y la organización del servicio.

La reducción respondía, además, a una diferencia que se había mantenido entre ámbitos de la Administración. La AGE había fijado su nuevo cómputo antes de que se aprobara la adaptación específica de Justicia. Con la resolución de septiembre, el personal judicial obtuvo un marco de 35 horas y se formalizó la equiparación perseguida, aunque con reglas particulares para los puestos de especial dedicación, las urgencias procesales y el calendario de verano.

Las administraciones autonómicas y locales tampoco quedan incorporadas automáticamente por estas fechas. Algunas pueden tener acuerdos o jornadas propias, pero la resolución estatal no sustituye las decisiones que corresponden a cada administración. Por eso no existe una única fecha nacional que describa la situación de todos los funcionarios. El territorio, el organismo y el régimen del puesto pueden cambiar la respuesta, incluso cuando la semana ordinaria se expresa con la misma cifra de horas.

El calendario anual será la prueba del cambio

La reducción se mide en horas, pero su efecto cotidiano se verá en los cuadrantes y en la atención de cada servicio. En las unidades administrativas, el reto consiste en repartir el trabajo disponible sin trasladar automáticamente el ajuste a una menor apertura. En Justicia, además, los calendarios deben encajar la actividad de los órganos con las reglas de especial dedicación y con la compensación de actuaciones urgentes. La norma establece el suelo común; la gestión diaria revela cómo funciona en cada lugar.

Para los trabajadores, la fecha relevante es la correspondiente a su ámbito: el 16 de abril para la AGE incluida en la resolución y el 22 de septiembre para Justicia y el Cuerpo de Letrados. Para quien necesita realizar una gestión, en cambio, el dato decisivo es el horario concreto de la oficina, que debe consultarse en el calendario laboral del organismo. La jornada ya está en vigor en ambos ámbitos, aunque no todos los servicios tienen la misma distribución horaria.

Las 35 horas, por tanto, no describen una única reforma aplicada simultáneamente a toda la función pública. Son un cambio que llegó primero a la Administración estatal general y después a Justicia, con cifras anuales distintas y excepciones vinculadas a la organización de determinados puestos. El calendario de cada servicio terminará de dar forma a una medida cuyo alcance real se decide tanto en la norma como en la manera de mantener abierta la Administración.