El repunte de las quiebras empresariales tiene varias causas

Las insolvencias empresariales han vuelto a crecer porque muchas compañías afrontan ahora las deudas y los costes acumulados durante años de crisis, justo cuando la financiación sigue siendo exigente y la incertidumbre dificulta vender e invertir. En 2024, las quiebras aumentaron en el 65% de las regiones analizadas por Dun & Bradstreet, la proporción más alta en 12 años. En España, los concursos empresariales crecieron un 26%, hasta 6.690, según el informe citado en los datos de referencia. No se trata de un único golpe repentino, sino de tensiones que se fueron acumulando y que, en algunos casos, tardaron en aparecer en las estadísticas.

Los datos más recientes disponibles en el material de referencia apuntan a una moderación, no a una vuelta general a la normalidad: en 2025, las quiebras aumentaron un 7% en 45 economías, frente al 15% de 2024, y sumaron 627.575 procesos. España registró otros 6.637 casos, un 6% más. La desaceleración es relevante, pero el volumen siguió creciendo y, en numerosos países, se mantuvo por encima de los niveles previos a la pandemia. Menos velocidad no equivale a menos presión: muchas empresas todavía intentan absorber costes, renovar deuda y recuperar ingresos.

Una tensión acumulada durante varios años

El repunte no empezó con un solo acontecimiento. Durante la pandemia, los apoyos públicos, los aplazamientos de pagos y unas condiciones monetarias flexibles permitieron a muchas empresas seguir abiertas pese a la caída de ingresos y a las restricciones. Esas medidas evitaron cierres inmediatos, pero no borraron todas las obligaciones ni corrigieron los problemas de fondo de cada negocio. Cuando los apoyos se retiraron, algunas compañías tuvieron que afrontar de golpe una situación financiera que llevaba tiempo aplazada. El retraso de una quiebra no siempre significa que el problema se haya resuelto; a veces solo deja más tiempo para reorganizarse.

Después llegaron la inflación, el encarecimiento de los costes operativos y la subida de los tipos de interés. Para una empresa con márgenes estrechos, pagar más por energía, materias primas, transporte o salarios reduce el dinero disponible para atender préstamos y facturas. Si, además, una parte importante de su deuda debe renovarse, el coste de refinanciarla puede ser mayor que el que tenía cuando se contrató. La presión tampoco se reparte por igual: una compañía con reservas y contratos estables puede resistir, mientras que otra dependiente de pocos clientes o de crédito frecuente tiene menos margen para absorber el mismo golpe. La vulnerabilidad previa importa tanto como el shock económico.

Por eso el deterioro suele ser gradual. Primero se estrecha la caja; después se retrasan pagos o se recortan inversiones y, si no mejora la actividad, la empresa puede dejar de cumplir sus obligaciones. Entre la pérdida de rentabilidad y la declaración formal de insolvencia puede transcurrir tiempo, sobre todo si se negocian aplazamientos o reestructuraciones. La estadística concursal registra el momento en que el proceso se hace visible, no necesariamente el día en que empezó la dificultad. Las cifras judiciales son un indicador retrasado de la salud empresarial, no una fotografía instantánea de lo que ocurre en cada sector.

Por qué el fin de las ayudas no basta para explicarlo

La retirada de las medidas extraordinarias explica parte del cambio, pero no todo. También cuenta el modo en que cada país gestionó la pandemia y las insolvencias posteriores. Algunas empresas que recibieron apoyo sobrevivieron al parón inicial y pudieron retomar la actividad; otras mantuvieron una deuda elevada o dependían de unas ventas que no regresaron con suficiente rapidez. Cuando el crédito se encarece, la diferencia entre un negocio viable y otro que solo se mantenía a flote con financiación barata se vuelve más visible. El apoyo pudo comprar tiempo, pero no garantizaba una recuperación rentable.

Además, los datos de quiebras no comparan siempre exactamente lo mismo. El informe de 2024 citado en la información de referencia señala que las declaraciones crecieron en el 65% de las regiones analizadas; el informe posterior registra un aumento global del 15% en 2024 y del 7% en 2025 para las economías incluidas. Una medida cuenta en cuántas regiones hubo crecimiento y otra calcula el cambio agregado en los casos. Porcentajes distintos pueden describir el mismo periodo sin contradecirse, si cambian la muestra o el indicador. También varía la definición legal de insolvencia entre países, por lo que una comparación internacional exige cautela.

La moderación observada en 2025 tampoco borra el efecto de los años anteriores. En 17 de las 45 economías analizadas, los procesos disminuyeron, la mayor proporción de descensos en cuatro años, pero en otras siguieron aumentando con fuerza. Argentina registró un alza del 65%; Grecia, del 49%; Hong Kong, del 45%; Arabia Saudí, del 44%, y Suiza, del 41%. Colombia destacó en el sentido contrario, con una caída del 71%. La tendencia mundial es un promedio de trayectorias muy diferentes, condicionadas por la actividad local, las reglas concursales y la exposición de cada economía a los cambios del comercio.

La incertidumbre comercial llega hasta la tesorería

Las tensiones geopolíticas y las disputas comerciales añaden otra capa de dificultad. Cuando cambian los aranceles o no está claro qué reglas se aplicarán, una empresa exportadora puede posponer inversiones, buscar otros proveedores o revisar sus precios. Esa adaptación cuesta dinero y tiempo. También afecta a compañías que no comercian directamente con el exterior, porque sus proveedores pueden depender de componentes importados o trasladarles los costes de transporte y producción. La incertidumbre se convierte en un gasto operativo cuando obliga a rehacer contratos, mantener más inventario o asumir precios menos previsibles.

El impacto no se limita a pagar más por una mercancía. Si el aumento de costes se traslada al precio final, el cliente puede comprar menos; si la empresa mantiene el precio para no perder ventas, se reduce su margen. En ambos casos, la caja puede resentirse. Y si los productos tardan más en venderse o los clientes pagan con retraso, queda más dinero inmovilizado en existencias y cuentas pendientes. Así, una compañía puede mostrar actividad e incluso facturar, pero tener dificultades para afrontar sus pagos inmediatos. Facturar no siempre significa disponer de liquidez, una diferencia crucial para los negocios que operan con poco capital circulante.

El artículo de referencia sitúa en torno al 18% el tipo medio de los aranceles de Estados Unidos en 2025, después de un pico del 36% tras el anuncio conocido como Liberation Day, frente al 2,5% previo. También recoge un índice de riesgo político y social del 41,1%. Son indicadores del contexto descrito para ese periodo, no una explicación suficiente por sí solos de las insolvencias. Sus efectos dependen de cuánto importe o exporte cada empresa, de su capacidad para renegociar precios y de si puede sustituir proveedores. El riesgo comercial se transmite de forma desigual: una barrera puede ser marginal para un negocio local y decisiva para una industria muy integrada en cadenas internacionales.

España: más concursos, pero también un cambio en la forma de medirlos

En España, el aumento fue especialmente visible en 2024: se contabilizaron 6.690 concursos de empresas, un 26% más que el año anterior, sin incluir las posibles quiebras de trabajadores autónomos. Fue el segundo mayor incremento de Europa occidental y central, por detrás de Países Bajos, donde la subida alcanzó el 30%. El repunte llegó después de un descenso en 2023, mientras que en numerosos países europeos las insolvencias ya habían aumentado ese año. La comparación anual refleja también ese efecto de base: un año de caída o de contención puede hacer más acusado el crecimiento posterior.

La reforma concursal de 2022 es otro elemento relevante para interpretar la evolución española. Según Informa D&B, parte del alza de 2024 podría relacionarse con empresas que trataron de reestructurarse bajo la nueva normativa en 2023 y acabaron presentando concurso al no lograrlo. Ese posible retraso no permite atribuir todo el incremento a la ley: la insolvencia también depende de los ingresos, los costes, la deuda y las decisiones de cada empresa. La normativa puede cambiar cuándo se formaliza un proceso, además de influir en las vías disponibles para afrontar una reestructuración.

La composición de los procedimientos también ha cambiado. El artículo de referencia señala que los concursos de personas físicas tuvieron un peso importante en el agregado español de 2025, mientras que el aumento de los concursos de empresas fue más contenido. Por eso conviene distinguir entre personas físicas, autónomos y sociedades al comparar titulares o series estadísticas. Además, los concursos sin masa y las reestructuraciones tempranas pueden alterar el número y el tamaño medio de los casos que llegan a los juzgados. Contar expedientes no revela por sí solo cuánto empleo o deuda está en juego: para calibrar el impacto económico hacen falta también datos sobre pasivos, trabajadores y dimensión de las compañías.

La serie más reciente del informe de Dun & Bradstreet recogida en la información de referencia contabiliza 6.637 quiebras empresariales en España durante 2025, un 6% más, y sitúa el nivel más alto desde 2013. La cifra es inferior a la de 2024, pero supone un segundo aumento anual consecutivo tras la ligera bajada de 2023. Como las metodologías y coberturas pueden diferir entre fuentes, conviene no mezclar sin matices este recuento con otras estadísticas nacionales. La lectura común es que el nivel sigue elevado, aunque la velocidad de crecimiento se haya moderado respecto al fuerte salto anterior.

Los sectores no reciben el golpe por igual

En 2024, las mayores subidas sectoriales en España correspondieron a finanzas y seguros, con un 72,5%, e información y comunicaciones, con un 68,5%. En cambio, las cifras descendieron en sanidad, minería y actividades inmobiliarias, según el material de referencia. En 2025, el orden cambió: sanidad encabezó los incrementos, con un 60%, seguida del transporte y almacenamiento, con un 30,5%. La evolución de un sector de un año a otro puede cambiar con rapidez, por lo que no existe una única actividad condenada a sufrir siempre más. Los costes específicos y la estructura financiera de cada sector determinan su exposición.

La construcción, el comercio y la hostelería suelen acusar la combinación de demanda irregular, costes elevados y necesidades importantes de financiación o circulante. En transporte y almacenamiento, el combustible, las rutas, la mano de obra y la inversión en equipos condicionan los márgenes. En sanidad, el aumento registrado en 2025 se vinculó en el informe a costes operativos y escasez de personal, especialmente de enfermería. Son explicaciones sectoriales, no una regla aplicable a cada empresa: dentro de una misma actividad pueden convivir negocios con contratos estables y otros que dependen de pocos clientes o de pagos demorados. La etiqueta del sector no sustituye al análisis de sus ingresos y obligaciones.

También hay compañías que soportan mejor la presión porque venden productos difíciles de sustituir, tienen varios mercados o pueden adaptar sus precios sin perder demasiada demanda. Otras, aunque mantengan ventas, quedan expuestas si dependen de un proveedor crítico o de financiación de corto plazo. La diferencia aparece en la capacidad de convertir ingresos en efectivo y de mantener márgenes suficientes para pagar deuda, nóminas y proveedores. La resiliencia no consiste solo en crecer: importa la calidad de ese crecimiento y el coste de financiarlo.

La bajada de tipos puede tardar en aliviar a las empresas

Unos tipos de interés más bajos ayudan a reducir el coste de nuevos préstamos y pueden facilitar la refinanciación, pero el efecto no se traslada de inmediato a todos los balances. Una empresa debe negociar con sus prestamistas, revisar vencimientos y demostrar que puede sostener los pagos. Si su crédito se considera arriesgado, la entidad puede mantener condiciones estrictas aunque los tipos de referencia hayan descendido. La política monetaria llega a la economía real con retraso, y ese desfase explica por qué una mejora financiera general no evita enseguida los concursos.

El riesgo se concentra en las compañías con deuda elevada, ganancias débiles y vencimientos cercanos. Si sus ingresos no cubren los gastos ordinarios y el servicio de la deuda, refinanciar puede limitarse a aplazar el problema, salvo que la actividad también mejore o se reestructuren las obligaciones. El informe sobre 2025 advertía de dificultades para la deuda corporativa de menor calificación que vencía ese año y de prestamistas cautelosos. El acceso al crédito depende tanto de su precio como de que alguien esté dispuesto a concederlo.

La disponibilidad de crédito comercial también puede estrecharse. Proveedores y aseguradoras revisan los límites y los plazos cuando perciben más riesgo de impago. Para una empresa que compra a crédito, pasar a condiciones menos flexibles significa pagar antes y disponer de menos efectivo para el resto de sus operaciones. Si sus clientes, a su vez, retrasan los pagos, la tensión circula por toda la cadena: el problema de una compañía puede convertirse en falta de liquidez para otras. La solvencia empresarial está conectada por una red de pagos, no solo por los préstamos bancarios.

Qué indican las cifras para 2026

El informe de 2026 recogido en la información de referencia describe un crecimiento global más lento de las quiebras en 2025, pero advierte de que el balance de riesgos podría favorecer un nuevo repunte en 2026. Entre los factores señalados están la incertidumbre sobre las normas comerciales, las tensiones geopolíticas y la posibilidad de interrupciones en rutas de transporte, materias primas y cadenas de suministro. Aunque la incertidumbre comercial se había moderado, seguía por encima de los niveles observados durante la pandemia, según ese análisis. Es una advertencia de riesgo, no una certeza sobre el resultado del año.

La evolución dependerá también de la actividad económica y del tiempo que tarde la financiación en abaratarse para las empresas. Una inflación más moderada y unos tipos de interés a la baja pueden mejorar gradualmente el escenario, pero no reparan automáticamente los balances deteriorados. Si la demanda se mantiene débil, las compañías con deuda alta seguirán teniendo dificultades para recuperar ingresos; si además cambian las condiciones comerciales, podrían afrontar nuevos costes justo cuando menos margen tienen. Una mejora macroeconómica puede convivir con insolvencias todavía elevadas, porque las cuentas de cada negocio se ajustan a ritmos distintos.

En España, la comparación entre los 6.690 casos de 2024 y los 6.637 de 2025 apunta a un crecimiento más moderado en el último ejercicio, no a una reversión completa. El dato exige atención a la composición de los procesos y a las diferencias entre sociedades, autónomos y personas físicas. También importa saber si las empresas con actividad viable consiguen reestructurar su deuda antes de llegar a una liquidación. El volumen de concursos es una señal de tensión, pero no basta para medir por sí solo la fortaleza del tejido productivo.

La vuelta de las insolvencias al alza tiene, en suma, menos de sobresalto aislado que de factura acumulada: deuda contraída en condiciones excepcionales, costes que tardan en bajar, márgenes estrechos y un entorno comercial difícil de anticipar. La moderación de 2025 ofrece una señal menos negativa que el fuerte crecimiento de 2024, aunque el total de casos siguió aumentando en el conjunto de las economías analizadas. La clave está en distinguir una pausa en el ritmo de deterioro de una recuperación firme: esa diferencia solo se verá con la evolución de los ingresos, los vencimientos y la capacidad real de las empresas para volver a generar caja.