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¿Por qué el TSJA anula la ZBE de Málaga y qué pasa con las multas?

El TSJA tumba el régimen de acceso de la ZBE de Málaga por discriminatorio y deja abiertas dudas sobre multas, sanciones y próximos cambios.

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El tráfico hoy 2 de abril

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el régimen de circulación de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga porque considera injustificada la diferencia de trato entre vehículos domiciliados en la capital y vehículos procedentes de otros municipios. La sentencia 896/2026, dictada el 6 de mayo, deja sin efecto el Título II, Capítulo I de la Ordenanza de Movilidad de Málaga, precisamente el bloque que regulaba la circulación dentro de la ZBE. El problema para los magistrados no es que Málaga quiera reducir el tráfico contaminante, sino que un coche sin distintivo ambiental pueda circular o ser sancionado dependiendo de dónde esté domiciliado.

Pero hay un matiz esencial, especialmente ante algunos titulares que han convertido la resolución en una especie de certificado de defunción de todas las Zonas de Bajas Emisiones de España: la sentencia no declara ilegales las ZBE. Tampoco significa que la zona malagueña haya desaparecido de las calles. A 17 de agosto de 2026, el fallo no es firme, el Ayuntamiento ha solicitado una aclaración al tribunal y las restricciones y sanciones continúan aplicándose mientras se resuelve ese trámite. La respuesta judicial se espera, previsiblemente, a partir de septiembre.

El TSJA no tumba las ZBE: tumba cómo Málaga diseñó la suya

La diferencia es más que semántica. La legislación española continúa obligando a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a incorporar zonas de bajas emisiones dentro de sus planes de movilidad sostenible. La Ley 7/2021 de cambio climático mantiene esa obligación y define estas áreas como espacios donde pueden establecerse restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según las emisiones de los vehículos. El Real Decreto 1052/2022 desarrolla, además, sus requisitos mínimos.

El propio TSJA rechazó buena parte de los reproches planteados contra la ordenanza malagueña. No consideró insuficiente la justificación ambiental del proyecto, tampoco aceptó que faltase la necesaria motivación económica y dio por correcta, en términos generales, la tramitación seguida por el Ayuntamiento. Dicho de otra forma: la finalidad ambiental supera el examen judicial; el criterio elegido para repartir las restricciones, no.

Aquí está el núcleo del asunto, y es bastante menos épico que proclamar el «adiós a las ZBE». Una administración puede limitar el tráfico por razones ambientales, pero esas limitaciones deben ser proporcionadas y estar justificadas. El problema aparece cuando dos vehículos que contaminan exactamente lo mismo reciben un trato distinto porque uno figura domiciliado dentro de Málaga y el otro unos kilómetros más allá.

El tubo de escape, por desgracia, no consulta el padrón municipal antes de emitir partículas.

Dos coches iguales, una multa distinta por el lugar de domicilio

La ordenanza malagueña entró en vigor el 30 de noviembre de 2024 y estableció una implantación progresiva. Durante el primer año podían circular coches y motos con etiquetas CERO, ECO, C y B, pero también vehículos sin distintivo. El endurecimiento empezó un año después: desde finales de noviembre de 2025, los coches y motocicletas sin etiqueta ambiental podían continuar entrando si estaban domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de la ordenanza; los equivalentes domiciliados fuera pasaban a estar restringidos.

Ese es justamente el punto que el tribunal considera incompatible con la libre circulación, la libertad de empresa y la unidad de mercado. La Sala señala que una ordenanza puede establecer diferencias, pero no basta con recurrir al domicilio o al empadronamiento como único criterio: debe existir una razón técnica proporcionada que explique por qué esa distinción es necesaria para alcanzar el objetivo ambiental. En el expediente malagueño, según el TSJA, esa justificación suficiente no aparece.

La paradoja resulta fácil de visualizar. Un turismo diésel antiguo sin distintivo ambiental entra en el perímetro. Si tributa en Málaga, la ordenanza le permitía hacerlo; si el mismo modelo pertenece a una persona que vive en Torremolinos, Rincón de la Victoria o cualquier otro municipio, podía acabar delante de una cámara y con una sanción. La contaminación es idéntica; cambia el código postal administrativo.

El tribunal entiende que esa diferencia puede perjudicar también a trabajadores, autónomos y empresas procedentes de otros municipios que necesitan entrar en Málaga para desarrollar su actividad. No niega la capacidad municipal de ordenar el tráfico ni de proteger la calidad del aire. Lo que exige es que una restricción de esa naturaleza pueda defenderse con argumentos objetivos y no con una frontera administrativa difícil de relacionar con las emisiones reales del vehículo.

La ZBE de Málaga sigue funcionando y las multas no se han parado

Aquí llega la parte que más interesa a quien conduce por Málaga: no conviene interpretar la sentencia como vía libre para entrar en la ZBE. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y todavía no es firme. El Ayuntamiento solicitó además una aclaración del fallo antes de que venciera el plazo para preparar ese recurso, lo que ha dejado en suspenso el cómputo mientras el TSJA responde.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene la ordenanza en funcionamiento. Las cámaras continúan leyendo matrículas y los coches y motos sin distintivo ambiental domiciliados fuera de Málaga siguen expuestos a una multa de 200 euros, que puede reducirse a 100 mediante pronto pago. Es una situación jurídicamente incómoda, pero no excepcional: una norma puede continuar aplicándose mientras una resolución que la anula todavía no ha adquirido firmeza.

La dimensión del asunto dejó de ser pequeña hace meses. Una respuesta municipal conocida en julio cifraba en 35.457 las denuncias formuladas durante los primeros seis meses del régimen sancionador. Solo entre el 2 de febrero y el 18 de mayo se contabilizaron 23.745 denuncias, que se añadían a otras 11.712 registradas anteriormente. Con sanciones de 200 euros —o 100 con reducción—, la factura acumulada se mueve en varios millones de euros.

Y ahí aparece el siguiente conflicto. Si el criterio que sostiene esas sanciones termina definitivamente anulado, habrá que determinar qué ocurre con cada expediente. Pero afirmar que todas las multas han desaparecido automáticamente sería adelantarse varios capítulos. No están en la misma situación una sanción pendiente, otra recurrida, otra firme y otra abonada, y la sentencia malagueña tampoco contiene una orden general de devolución inmediata de todo lo recaudado.

El próximo choque estaba previsto para noviembre

La ordenanza aún tenía otra vuelta de tuerca preparada. A partir del 30 de noviembre de 2026 estaba previsto limitar también el acceso de determinados coches y motos con distintivo B domiciliados fuera de Málaga, mientras los B domiciliados en la capital conservarían un tratamiento diferente. Es, otra vez, la misma grieta que ha detectado el TSJA: el domicilio convertido en llave de entrada.

La sentencia obliga así al Ayuntamiento a revisar algo más profundo que una casilla de la ordenanza. Si finalmente tiene que rediseñar la ZBE, una de las alternativas sería establecer restricciones basadas de forma homogénea en las características ambientales del vehículo, con excepciones justificadas por circunstancias concretas, pero evitando que el simple domicilio municipal produzca privilegios automáticos.

Eso puede resultar políticamente bastante menos cómodo. Restringir los coches de fuera suele provocar una protesta más distante; hacerlo también con miles de vehículos de residentes cambia rápidamente la temperatura del debate. La física de la contaminación tiene esas malas costumbres: no siempre coincide con el mapa electoral.

Por qué la sentencia de Málaga no elimina las ZBE del resto de España

El caso malagueño puede tener importancia para otros ayuntamientos, pero no funciona como una goma de borrar nacional. Las Zonas de Bajas Emisiones dependen de ordenanzas municipales distintas, acompañadas de sus propios proyectos, informes ambientales, análisis económicos y sistemas de excepciones. Para que una resolución afecte directamente a otra ciudad debe existir el correspondiente procedimiento sobre esa regulación concreta.

Sí aparece, en cambio, una advertencia bastante clara. Los municipios que utilicen el empadronamiento o la domiciliación del vehículo para conceder ventajas de circulación necesitan justificar con especial cuidado por qué esa diferencia es necesaria, proporcionada y coherente con el objetivo ambiental. El TSJA recuerda precisamente que el domicilio no puede convertirse, por sí solo, en una suerte de salvoconducto municipal.

España ya ha vivido otros litigios alrededor de estas zonas. En Madrid, por ejemplo, los tribunales cuestionaron la regulación de 2021 por problemas distintos, especialmente relacionados con la evaluación del impacto económico y la proporcionalidad de las restricciones. Pero Madrid aprobó posteriormente una nueva ordenanza en 2026, por lo que tampoco aquel procedimiento permite afirmar seriamente que las ZBE hayan quedado prohibidas en todo el país.

Conviene separar, por tanto, tres cosas que suelen acabar mezcladas en el mismo titular: la obligación legal de crear ZBE, que continúa existiendo; la posibilidad de que un tribunal anule una determinada ordenanza por estar mal diseñada; y la discusión política sobre hasta dónde deben llegar las restricciones al automóvil. Son debates relacionados, sí, pero jurídicamente no son lo mismo.

El precedente de Málaga pone límites, no acaba con las ZBE

La sentencia del TSJA supone un golpe serio para el modelo elegido por Málaga porque no corrige un detalle menor: anula el capítulo de la ordenanza que daba cobertura al régimen de circulación de su Zona de Bajas Emisiones. Y lo hace con una idea difícil de esquivar: dos coches con las mismas emisiones no deberían recibir un trato radicalmente diferente solo por su domicilio si la Administración no demuestra por qué esa desigualdad resulta imprescindible.

Pero el escenario real, a mediados de agosto, es bastante menos rotundo que algunos titulares. La sentencia 896/2026 no es una prohibición nacional de las ZBE, ni siquiera ha provocado de momento que las cámaras malagueñas dejen de sancionar. El Ayuntamiento espera la aclaración solicitada al TSJA y después tendrá que decidir si acude al Tribunal Supremo, reforma su normativa o combina ambas vías. Hasta entonces, la ZBE de Málaga sigue activa, las multas continúan y la incertidumbre jurídica viaja sentada en el asiento del copiloto.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.