Las causas del aumento de muertes en los centros del ICE

La mortalidad de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, se ha más que duplicado respecto a la tasa histórica. Un análisis preliminar hasta comienzos de junio de 2026 calcula una muerte por cada 1.630 personas detenidas, frente a una por cada 3.848 entre 2009 y 2024. La población bajo custodia ha crecido con fuerza, pero tener más detenidos no explica por sí solo una tasa de mortalidad más alta.

Detrás de la subida aparecen enfermedades graves, suicidios y preguntas sobre retrasos en la atención. No hay pruebas de que todas las muertes fueran evitables ni de que respondan a una causa única. Sí hay indicios que obligan a examinar cómo se detectan los riesgos, se transmiten los historiales y se responde a las emergencias. En un centro de detención, el Estado controla también el acceso a los medicamentos, los médicos y el hospital.

Una subida que no se explica solo por el tamaño del sistema

Los recuentos disponibles ofrecen cifras cercanas, aunque no idénticas. Reuters contabilizó 50 muertes desde enero de 2025 hasta comienzos de junio de 2026. Human Rights Watch, que examinó un periodo ligeramente más amplio, informó de 52 fallecimientos hasta el 4 de junio y describió el total como el más alto desde la creación de ICE, en 2003. Las fechas de corte y los métodos importan: juntar ambos datos como si fueran un registro definitivo ocultaría las diferencias entre las investigaciones.

También importa distinguir entre el número de fallecimientos y la probabilidad de morir durante la detención. Si una agencia retiene a más personas, puede registrar más muertes incluso sin cambios en las condiciones de sus centros. Por eso Reuters comparó los decesos con la población diaria media. La tasa resultante, todavía preliminar, apunta a que los fallecimientos crecieron más deprisa que la población detenida. No identifica una causa concreta, pero muestra que el aumento merece una investigación que vaya más allá de contar camas ocupadas.

Los expedientes examinados revelan situaciones distintas. En el análisis de Reuters, 21 personas fueron encontradas muertas o inconscientes; 10 fallecieron por suicidio y 16 por infartos u otros problemas cardiovasculares. Tres especialistas que revisaron documentos e informes señalaron motivos de preocupación sobre la vigilancia y la atención médica, sin concluir que cada muerte fuese consecuencia de negligencia. Una tendencia estadística puede señalar un riesgo compartido sin sustituir la investigación de cada caso, donde resultan decisivos los síntomas, los horarios y la respuesta recibida.

El sistema, además, ha cambiado de escala en poco tiempo. Había alrededor de 40.000 personas detenidas cuando Donald Trump regresó a la presidencia en enero de 2025; la cifra alcanzó un máximo próximo a 70.000 en enero de 2026 y rondaba las 57.000 a comienzos de junio. El crecimiento ya había empezado durante el último año de Joe Biden. Como contraste, en febrero de 2021, en plena pandemia, se registró un mínimo cercano a 14.000. Comparar periodos exige tener presente esa evolución, no imaginar una ocupación constante antes de la actual campaña migratoria.

Más detenciones ponen a prueba la capacidad de los centros

El efecto de una expansión no se limita al espacio disponible. Cada persona que ingresa necesita una evaluación sanitaria, información comprensible sobre sus derechos, continuidad de sus tratamientos y acceso a ayuda si aparece una urgencia. También hacen falta profesionales capaces de detectar riesgos de suicidio o enfermedades que una entrevista inicial puede pasar por alto. La capacidad real de un centro depende tanto del personal como de las plazas. Una cama libre no administra medicación ni escucha a quien lleva horas esperando atención.

Human Rights Watch calculó que la población bajo custodia creció un 77%, desde unas 40.000 hasta alrededor de 71.000 personas en el periodo que examinó. La organización documentó la apertura de instalaciones adicionales, pero advirtió de un obstáculo para valorar la presión sobre cada una: no existe una base pública que indique su capacidad física máxima. Solo encontró datos sobre la capacidad contractual de 85 instalaciones, menos del 13% de los centros activos en 2025. Sin esa referencia resulta difícil medir con precisión el hacinamiento, aunque una instalación aloje a más personas que en años anteriores.

Ante la falta de un límite público comparable para todos los centros, la organización recurrió a sus promedios históricos de ocupación. Encontró que muchas muertes se produjeron en instalaciones con más detenidos que en el pasado. Esa coincidencia no demuestra que la ocupación causara los fallecimientos: las necesidades de los internos, la plantilla y la duración de las estancias también cuentan. Pero una subida de población sin recursos proporcionales puede estrechar el margen de respuesta, especialmente cuando coinciden consultas ordinarias, enfermedades crónicas y una emergencia imprevista.

Una inspección del Departamento de Justicia de California permite observar ese problema de cerca. Durante las visitas había 6.028 personas detenidas por motivos migratorios en el estado, un 162% más que las 2.300 registradas en las inspecciones de 2023. Los investigadores hablaron con 194 personas procedentes de más de 120 países y describieron dificultades para proporcionar atención médica básica en centros abarrotados. La diversidad de idiomas y trayectorias clínicas añade trabajo al ingreso y al seguimiento: un síntoma mal explicado o un tratamiento interrumpido pueden perderse entre traslados y formularios.

El informe estatal documentó seis muertes en instalaciones californianas durante el último año examinado, el mayor número desde que el estado empezó a inspeccionarlas siete años antes. Cuatro ocurrieron en Adelanto y dos en el Centro de Detención Regional Imperial. En los casos de Adelanto, las familias alegaron que no se había prestado atención médica adecuada; esa denuncia no equivale a una conclusión judicial. Los inspectores señalaron, por su parte, que el personal sanitario no había aumentado lo suficiente para responder al crecimiento de los internos.

En California City, una antigua prisión estatal convertida en centro migratorio, los investigadores calificaron de crítica la dotación médica: había un médico para casi 1.000 detenidos en el momento descrito. Algunas personas relataron esperas para recibir atención, comidas limitadas y frío; en otra instalación se observaron problemas con los inodoros y la higiene de los baños. El informe también examinó deficiencias en salud mental. La presión sobre un centro se manifiesta en demoras y cuidados cotidianos, no solo en la cifra de personas que duermen dentro.

Una emergencia médica se decide en minutos

La muerte de Tuan Van Bui ilustra la dificultad de separar una enfermedad previa de la respuesta recibida al agravarse. Este ciudadano vietnamita de 55 años había sufrido un ictus, tomaba medicación para la hipertensión y el colesterol y posteriormente fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En febrero de 2026 pidió a un tribunal federal de Indiana que ordenara su puesta en libertad porque, según sostuvo, su salud empeoraba durante la detención. Sus antecedentes exigían seguimiento continuado, no únicamente una revisión al llegar al centro.

El 1 de abril, Bui se desplomó en la Miami Correctional Facility, una antigua prisión de máxima seguridad en Bunker Hill. Tres detenidos contaron a Reuters que gritaron para avisar a un guardia cercano. Uno de ellos, Ibrahim Ibrahim, que había trabajado como intérprete durante la guerra de Irak, comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar. Según esos testimonios, el guardia tardó unos 15 minutos en llegar y el personal médico, alrededor de 10 minutos más. Esa cronología se convirtió en una cuestión central para esclarecer lo ocurrido.

Las normas federales de estos centros establecen un tiempo de respuesta de cuatro minutos ante una emergencia médica. El informe de ICE sobre la muerte indica que el personal inició la reanimación, empleó un desfibrilador y avisó a los servicios de emergencia. No menciona que Ibrahim hubiera empezado las maniobras ni ofrece una secuencia temporal que permita conciliar su versión con la de los testigos. El forense atribuyó el fallecimiento a causas naturales relacionadas con una enfermedad cardiovascular. Una causa natural no aclara por sí misma si la ayuda llegó dentro del plazo previsto.

La familia se preparaba para la posibilidad de una deportación a Vietnam, no para una muerte durante la detención. Su caso recuerda que varios factores pueden concurrir en un mismo desenlace: la gravedad de una patología, la vigilancia disponible, la rapidez con que se reconoce una crisis y el tiempo que tarda en llegar la asistencia. Los documentos conocidos plantean preguntas, pero reconstruir una posible falla requiere registros completos y contrastar testimonios. Atribuir cada fallecimiento a la enfermedad o, en sentido contrario, a la negligencia dejaría sin examinar esa cadena.

Los 16 fallecimientos vinculados a infartos u otros problemas cardiovasculares en el análisis de Reuters dan especial relevancia al control de enfermedades previas. Identificar hipertensión, diabetes o dificultades respiratorias al ingresar es apenas el comienzo. Después hay que mantener los tratamientos, observar cambios y asegurar que la información siga disponible si la persona es trasladada. La continuidad de la atención se vuelve decisiva cuando una estancia se prolonga durante meses y el detenido depende del centro incluso para obtener la medicación que tomaba antes del arresto.

El historial que no llega y los riesgos de salud mental

Chaofeng Ge, ciudadano chino de 32 años, fue encontrado muerto el 5 de agosto de 2025 en una ducha del Moshannon Valley Processing Center, en Pensilvania. Había llegado menos de una semana antes, después de pasar siete meses en una cárcel del condado de Dauphin mientras esperaba juicio por un caso de fraude con tarjetas regalo valoradas en 154,62 dólares. Allí había intentado suicidarse en enero. Un resumen hospitalario recomendaba vigilar posibles ideas o planes suicidas, y una trabajadora social había observado síntomas de depresión y trastorno bipolar. El traslado hacía especialmente importante transmitir esas alertas.

La empresa encargada de la atención médica en la cárcel sostuvo que entregó los registros cuando Ge pasó a custodia migratoria. ICE afirmó que el detenido llegó sin antecedentes médicos de su encarcelamiento anterior. En la entrevista de ingreso, realizada con intérprete, una enfermera anotó que no tenía historial de problemas físicos o mentales ni tomaba medicación. Ge fue incorporado a la población general y murió días después; la autopsia volvió a mencionar sus antecedentes psiquiátricos. La discrepancia sobre qué documentos se enviaron y recibieron no ha quedado aclarada de forma independiente.

El expediente no permite señalar con certeza en qué punto se interrumpió la transmisión. Sí muestra una vulnerabilidad concreta: una cárcel, un hospital, una empresa sanitaria y un centro migratorio pueden conservar fragmentos de una historia clínica sin que la alerta más importante llegue a quien toma decisiones. La entrevista con intérprete es necesaria para salvar barreras lingüísticas, pero no garantiza que alguien bajo estrés pueda explicar con precisión un intento de suicidio anterior. Un formulario sin antecedentes no siempre significa que esos antecedentes no existan.

Los 10 suicidios registrados por Reuters subrayan la importancia de vigilar la salud mental después del ingreso y de cada traslado. El encierro, la separación familiar, la incertidumbre sobre el futuro y las dificultades para comunicarse pueden agravar situaciones de vulnerabilidad, aunque ninguna de esas circunstancias explique por sí sola un fallecimiento concreto. Las inspecciones de California también detectaron problemas en este ámbito. La evaluación del riesgo no puede agotarse en una entrevista inicial: una persona puede empeorar durante su estancia o llegar a un nuevo centro sin la información necesaria.

En los centros gestionados por empresas privadas, la atención depende de contratos y equipos que operan bajo supervisión federal. Los investigadores de California concluyeron que tanto los operadores como ICE habían incumplido estándares; las compañías defendieron que sus servicios y su asistencia médica se ajustan a las normas. La diferencia de posiciones no elimina una pregunta básica: quién comprueba que una alerta se recibe, se incorpora al expediente y provoca una respuesta. Repartir tareas entre instituciones no debería convertir la vigilancia de una persona en una obligación sin responsable identificable.

La falta de información limita la rendición de cuentas

Human Rights Watch señaló que ICE no había publicado detalles suficientes sobre las circunstancias y causas de las 52 muertes que registró hasta el 4 de junio. La organización encontró indicios sólidos de atención inadecuada o tardía en varios casos, pero advirtió de que la falta de datos clínicos limita el control externo. Reuters observó además que muchos informes recientes contienen menos detalles sobre historiales, medicamentos y respuesta a emergencias que los publicados anteriormente. La ausencia de documentos no prueba negligencia, aunque dificulta verificar que se cumplieron los protocolos.

El caso de Santos Reyes Banegas muestra por qué el detalle importa. Cuando ingresó en el centro correccional del condado de Nassau el 17 de septiembre de 2025, una enfermera detectó síntomas de abstinencia alcohólica. Un médico lo evaluó dos horas después y le prescribió medicación, pero el informe de ICE no indicó qué fármacos eran ni confirmó que se administraran. A la mañana siguiente, Reyes fue encontrado inconsciente y murió poco después. La prescripción, por sí sola, no permite saber qué tratamiento recibió efectivamente ni cómo fue vigilado durante la noche.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la causa preliminar parecía ser un fallo hepático complicado por alcoholismo. Una investigación de la Fiscalía General de Nueva York concluyó que el agente de servicio no causó la muerte. Son datos relevantes, pero no contestan todas las preguntas sobre la medicación y la observación de los síntomas. Una enfermedad puede explicar la vulnerabilidad sin describir por completo la atención prestada. Para hacerlo hacen falta anotaciones clínicas, horarios, registros de administración de fármacos y comunicaciones entre el personal.

Esos documentos permiten distinguir entre una intervención inmediata, una demora o un deterioro que pasó inadvertido. Cuando faltan, tampoco se puede valorar con seguridad si otra respuesta habría cambiado el desenlace. La opacidad afecta además a las familias, que en algunos casos esperan meses para conocer la causa de la muerte. ICE sostiene que ofrece atención médica integral desde el ingreso y que sus instalaciones deben ser seguras y humanas. Comprobar esa afirmación exige expedientes detallados y revisiones independientes, no solo comunicados sobre el resultado final.

La política de detenciones también determina quién queda expuesto

Las condiciones dentro de los centros no son el único factor que influye en el riesgo. También cuenta a quién se detiene y qué margen existe para valorar sus circunstancias. El primer día de su segundo mandato, Trump revocó directrices de la etapa de Biden que pedían tener en cuenta factores como la edad, la salud, las responsabilidades familiares o el servicio militar y comunitario antes de detener a alguien. Reducir el peso de esas circunstancias puede llevar a custodia a personas con necesidades médicas complejas, aunque no permita atribuir una muerte concreta a ese cambio de política.

La Ley Laken Riley, promulgada el 29 de enero de 2025, obliga a ICE a detener a determinados inmigrantes arrestados o acusados por delitos como hurto, robo o allanamiento, incluso sin condena. Sus defensores argumentan que permite retener a personas consideradas peligrosas. Sus críticos señalan que amplía la detención obligatoria y deja menos espacio para examinar la situación individual. Una acusación no equivale a una condena, pero bajo esta norma puede tener consecuencias inmediatas sobre la libertad y sobre la exposición a las condiciones de custodia.

Mohammad Nazeer Paktiawal, afgano de 41 años, fue detenido el 13 de marzo de 2026 en un suburbio de Dallas mientras llevaba a cinco de sus seis hijos al colegio. Había solicitado asilo tras ser evacuado con su familia durante la toma del poder por los talibanes en 2021. Trabajaba en un mercado local y sostenía económicamente a su familia. En su historial constaban una acusación por malversación de ayudas alimentarias y un arresto posterior por un intento de robo de alimentos valorados en unos 220 dólares. La política de detenciones alcanzó así a una persona con vínculos familiares y una solicitud de asilo pendiente.

El día del arresto, Paktiawal fue trasladado a un hospital porque tenía dificultad para respirar y dolor en el pecho. A la mañana siguiente, el personal observó que se le había hinchado la lengua, le administró un medicamento contra la alergia y comenzó la reanimación tres minutos después. Murió en el hospital. Los especialistas que revisaron los documentos disponibles no hallaron indicios claros de una respuesta tardía en este caso; la familia seguía esperando una explicación definitiva de la causa. No todos los fallecimientos plantean la misma sospecha, incluso dentro de una tendencia preocupante.

El comunicado de ICE sobre Paktiawal destacó sus antecedentes penales, mientras dejaba en segundo plano que era padre, solicitante de asilo y antiguo integrante de las fuerzas especiales afganas. Ninguno de esos rasgos determina qué le ocurrió médicamente. Sí muestra cómo la selección de datos puede orientar la percepción pública de una muerte bajo custodia. Describir a la persona no sustituye explicar el fallecimiento: lo relevante para evaluar la atención son su estado de salud, los síntomas observados y la secuencia de las decisiones clínicas.

Una red de centros difícil de supervisar

La expansión ha hecho más visibles los límites de la supervisión. ICE abrió en California instalaciones como California City y McFarland, que antes se utilizaban para alojar a presos del sistema estatal. Allí los centros migratorios funcionan mediante contratos federales con empresas privadas. Los inspectores estatales advirtieron de que el aumento de población no había ido acompañado de recursos médicos suficientes, mientras las empresas sostuvieron que cumplen los estándares federales. Contratar a un operador no libera a la agencia pública de vigilar las condiciones en las que mantiene detenidas a las personas.

California tenía la tercera mayor población bajo custodia de ICE durante el periodo examinado, después de Texas y Luisiana, y albergaba dos de las siete instalaciones más grandes del país. Su capacidad para intervenir, sin embargo, tiene límites. En 2019, un tribunal de apelaciones determinó que la prohibición californiana de operar centros privados interfería con la aplicación federal de las leyes migratorias. La supervisión queda repartida entre autoridades con competencias distintas, una dificultad que no desaparece cuando un inspector identifica un problema sanitario.

Human Rights Watch advirtió además de recortes en programas que informaban a los detenidos sobre sus derechos y del cierre de oficinas federales de supervisión de derechos civiles. La organización señaló cambios en la información pública sobre personas transgénero bajo custodia. En California, los inspectores documentaron quejas sobre acoso y seguridad, así como prácticas de registro que algunos detenidos describieron como humillantes. La posibilidad de comunicar una deficiencia y obtener una revisión forma parte de la seguridad, igual que la disponibilidad de atención médica.

Las cifras conocidas no permiten afirmar que todas las muertes fueran evitables ni que todos los centros funcionen de la misma manera. Revelan, sin embargo, una tasa superior a la histórica en un sistema mucho más grande, junto con alertas sobre plantillas insuficientes, historiales que no siempre acompañan a los detenidos y respuestas difíciles de reconstruir. El desafío es comprobar caso por caso si se cumplieron los protocolos, sin presentar una causa natural como prueba automática de buena atención ni una sospecha como una conclusión definitiva.

La detención migratoria es una medida administrativa, no una condena penal, aunque algunas personas pasen meses en instalaciones que antes fueron prisiones. Durante ese tiempo, pedir ayuda, continuar un tratamiento o llegar a urgencias depende de quienes controlan las puertas. Ahí se mide una parte esencial de cualquier política de detenciones: la responsabilidad no termina cuando alguien entra en custodia. Continúa en el expediente que debe llegar con él, en la vigilancia de sus síntomas y en los minutos que separan una emergencia de la asistencia.