¿Cómo llegó Sareb a 25.386 millones en pérdidas acumuladas hasta 2025?

Sareb nació en 2012 para retirar de los balances bancarios buena parte del ladrillo problemático dejado por la crisis financiera. Trece años después, la fotografía está muy lejos del negocio rentable que se dibujó entonces: un cálculo del economista Carlos Sánchez Mato sitúa en 25.386 millones de euros las pérdidas realizadas y latentes acumuladas hasta 2025 a partir de los datos de la propia sociedad.

Conviene hacer una precisión importante desde el principio. Esos 25.386 millones no equivalen a una única partida oficial denominada “pérdidas acumuladas” en las cuentas de Sareb. Se trata de una estimación que agrega distintos costes y quebrantos sufridos durante la vida de la entidad. La cifra sirve para medir la dimensión económica del problema, pero debe presentarse como lo que es: un cálculo, no una casilla contable certificada con ese nombre.

Lo que sí está fuera de discusión es el deterioro del proyecto respecto a las expectativas con las que arrancó. Sareb ha encadenado resultados negativos, mantiene una importante deuda respaldada por el Estado y forma parte de las Administraciones Públicas a efectos de la Contabilidad Nacional. Aquella peculiar criatura financiera diseñada para aislar los activos tóxicos de varias entidades terminó entrando, años después, por la puerta grande de las cuentas públicas.

Sareb no era un banco normal, pero el riesgo sí era real

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria nació durante el Gobierno de Mariano Rajoy como una de las piezas del saneamiento financiero español. Nunca fue un banco convencional: no captaba depósitos ni concedía hipotecas a familias como una entidad comercial. Su misión consistía en comprar, gestionar y vender activos problemáticos procedentes de entidades que habían recibido ayudas públicas.

El volumen inicial fue enorme. Sareb adquirió activos por 50.781 millones de euros, fundamentalmente préstamos a promotores e inmuebles procedentes de las entidades reestructuradas. El Banco de España fijó sus precios de transmisión aplicando fuertes descuentos sobre los valores que figuraban previamente en los balances. La idea tenía una lógica sencilla sobre el papel: comprar con descuento, esperar a que el mercado se recuperara, vender con tiempo y devolver la deuda utilizada para financiar la operación.

Esa deuda era el detalle que convertía la ingeniería financiera en un asunto mucho menos abstracto para el Estado. Sareb pagó los activos mediante bonos y esos títulos contaban con aval público. Dicho de una forma menos ceremoniosa: el negocio podía estar diseñado fuera del presupuesto, pero detrás había una red de seguridad tejida con dinero público.

La rentabilidad del 15% que nunca llegó

En noviembre de 2012, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que el plan de negocio contemplaba una rentabilidad media cercana al 15% durante quince años. También expresó su confianza en que la operación no terminara costando dinero a los españoles.

El paisaje que se veía desde 2012 parecía permitir aquella previsión. España venía del desplome inmobiliario, los activos se habían transferido con descuentos considerables y Sareb dispondría de quince años para venderlos. Si los precios regresaban con suficiente fuerza, la máquina podía funcionar.

Pero las hojas de cálculo tienen una particular afición por los paisajes despejados. La realidad trajo activos difíciles de vender, préstamos deteriorados, inmuebles con problemas jurídicos o de posesión, suelos con escasa liquidez, gastos de mantenimiento, tributos, comisiones de gestión y una factura financiera especialmente sensible a los tipos de interés. El reloj, mientras tanto, seguía corriendo.

Por qué la factura de Sareb termina siendo pública

Durante sus primeros años, Sareb tuvo una mayoría accionarial privada. El FROB, el vehículo público creado para gestionar la reestructuración bancaria, permanecía por debajo del 50% del capital. Aquella arquitectura permitía mantener inicialmente la sociedad fuera del perímetro de las Administraciones Públicas.

Eso cambió. En 2021, siguiendo el criterio de Eurostat, Sareb fue reclasificada dentro del sector público en la Contabilidad Nacional. Y en abril de 2022 el FROB elevó su participación hasta el 50,14%, convirtiéndose formalmente en accionista mayoritario.

Eurostat cambió el tablero

La reclasificación fue bastante más que una modificación administrativa con aroma a formulario de Bruselas. Significaba reconocer que la naturaleza económica del riesgo de Sareb estaba estrechamente ligada al Estado.

El Ministerio de Hacienda cuantificó en unos 35.000 millones de euros el impacto contable de aquella reclasificación sobre los pasivos incluidos en la deuda pública. Posteriormente se reconstruyeron las series estadísticas desde la creación de la entidad en 2012. No aparecieron de repente 35.000 millones nuevos en una caja fuerte que alguien hubiera olvidado cerrar; cambió dónde se contabilizaba una deuda que ya existía.

Qué significa realmente que lo pague el contribuyente

Decir que los españoles reciben una factura individual de Sareb sería una caricatura. Nadie encontrará mañana un recibo del banco malo junto al del agua. El mecanismo es más silencioso: las pérdidas, la deuda avalada y las necesidades financieras de una entidad integrada en las Administraciones Públicas afectan al balance del Estado.

Ese dinero compite, en último término, con el resto de los recursos públicos y aumenta las obligaciones que el sector público debe financiar. Por eso el coste para el contribuyente no depende únicamente del porcentaje de acciones que tenga el FROB. La cuestión decisiva es quién responde económicamente cuando los activos vendidos no generan suficiente dinero para atender las obligaciones pendientes. Y ahí aparece el Estado.

El cálculo de Sánchez Mato, que eleva el quebranto acumulado hasta los 25.386 millones, intenta medir precisamente esa factura más amplia incorporando costes financieros, pérdidas y deterioros asociados a la venta de activos, gastos de gestión y las comisiones abonadas durante años a las empresas encargadas de administrar parte de la cartera. No debe confundirse, insistamos, con la suma mecánica de los resultados netos anuales de Sareb.

Las pérdidas siguieron creciendo antes del final de Sareb

Las últimas cuentas anuales completas correspondientes a 2024 dejaron pocas dudas sobre la tendencia. Sareb registró un resultado neto negativo de 2.826 millones de euros, frente a los 2.198 millones perdidos en 2023. El deterioro fue del 28,6%.

No ocurrió porque Sareb hubiera dejado de vender. En 2024 obtuvo unos ingresos totales de 3.060 millones y amortizó otros 1.230 millones de deuda sénior. Desde su creación había devuelto más del 44% de los 50.781 millones emitidos inicialmente para comprar los activos problemáticos. El problema es que reducir deuda y perder dinero pueden convivir perfectamente en el mismo balance. Extraño a primera vista, bastante menos extraño cuando los activos se venden por debajo de su valor contable y, entretanto, hay que financiar y mantener toda la estructura.

El primer semestre de 2025 tampoco alteró el diagnóstico. Sareb comunicó unas pérdidas después de impuestos de 1.266 millones de euros, ligeramente superiores a las registradas en el mismo periodo de 2024. Hubo, eso sí, un alivio importante: los costes financieros bajaron un 35,6%, hasta 340 millones, favorecidos por la evolución de los tipos de interés.

Aquí aparece otro matiz relevante para interpretar la cifra de 25.386 millones. La información económica pública de Sareb permite documentar las pérdidas anuales y la evolución patrimonial, mientras que el número difundido como quebranto acumulado hasta 2025 procede de una reconstrucción económica realizada por Sánchez Mato. Presentarlo como una cifra oficial de pérdidas netas acumuladas simplificaría demasiado una historia que ya tiene suficiente metralla contable por sí sola.

De liquidar ladrillo a convertirlo en vivienda pública

El destino final de Sareb también ha cambiado. La sociedad se creó con una duración máxima de quince años, de modo que su horizonte original desemboca en 2027. Pero el objetivo actual ya no consiste exclusivamente en vender activos al mejor precio posible para amortizar deuda.

El Gobierno decidió aprovechar parte de su patrimonio inmobiliario para ampliar el parque público de vivienda asequible. Miles de viviendas y suelos de Sareb están siendo orientados hacia la nueva estructura pública de vivienda. Económicamente existe una contrapartida evidente: los inmuebles destinados a política social dejan de ser activos cuya venta pudiera generar caja para reducir deuda.

No es necesariamente una decisión absurda. Un inmueble puede tener valor social aunque produzca una pérdida financiera, especialmente en un país con enormes dificultades de acceso a la vivienda. Pero conviene no mezclar las dos cuentas. Utilizar patrimonio de Sareb para vivienda pública puede generar un beneficio colectivo; no transforma retrospectivamente en rentable el modelo financiero creado en 2012.

Y tampoco borra un hecho incómodo: aquellos activos llegaron a manos de Sareb después de una crisis bancaria cuyo saneamiento ya había movilizado enormes cantidades de recursos públicos.

La cuenta pendiente del rescate bancario

Sareb fue concebida como una especie de cámara de descompresión de la crisis financiera: sacar de los bancos el ladrillo deteriorado, esperar tiempos mejores y liquidarlo ordenadamente. Cumplió una parte de esa función. Permitió separar activos problemáticos, ha vendido decenas de miles de inmuebles y ha amortizado una porción considerable de su deuda inicial.

La otra mitad del balance es mucho menos amable. Las rentabilidades prometidas no aparecieron, las pérdidas se hicieron recurrentes, Sareb terminó clasificada dentro de las Administraciones Públicas y el Estado pasó a controlar directamente la sociedad. El riesgo que en 2012 parecía mantenerse a prudente distancia del contribuyente acabó sentado en el salón.

Los 25.386 millones de euros atribuidos al quebranto acumulado hasta 2025 ofrecen una medida contundente de ese fracaso, siempre con la cautela de que se trata de una estimación económica y no del resultado oficial de un único ejercicio ni de una partida contable independiente. El dato esencial, en cualquier caso, es menos discutible que la cifra exacta: Sareb no produjo la rentabilidad anunciada y una parte sustancial de las consecuencias económicas de su liquidación pertenece ya al perímetro público.

Trece años después, la comparación con aquel 15% esperado resulta casi cruel. No porque toda intervención durante una crisis bancaria pudiera hacerse gratis —eso tampoco sería serio—, sino porque vender como prácticamente inocua para el contribuyente una operación respaldada por decenas de miles de millones en garantías públicas fue una apuesta extraordinariamente optimista. El ladrillo cayó, se levantó, volvió a encarecerse. La factura, en cambio, nunca desapareció.