¿Por qué Sánchez señala a Marruecos por el fallo fronterizo en Ceuta?

Pedro Sánchez ha señalado directamente al control fronterizo de Marruecos por lo ocurrido en Ceuta el pasado 30 de julio. El presidente del Gobierno considera que el mecanismo marroquí falló ante la entrada masiva de personas y ha reclamado a Rabat explicaciones y medidas para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse. No ha roto, sin embargo, con la línea de cooperación entre ambos países: España sigue considerando imprescindible la colaboración marroquí para gestionar la frontera y los retornos.

Las declaraciones, realizadas este martes 22 de septiembre en una entrevista con CNN durante la estancia de Sánchez en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, introducen un matiz político importante. Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo había sido mucho más prudente al valorar públicamente la actuación del país vecino. Esta vez fue inequívoco sobre una cuestión concreta: el sistema de control marroquí no funcionó como debía. Otra cosa, bastante distinta, es determinar por qué falló y si detrás hubo algo más que incapacidad para contener una movilización extraordinaria. Eso sigue bajo investigación.

Sánchez apunta al fallo de Marruecos, pero mantiene la cooperación

El presidente aseguró que España ha pedido a Marruecos que adopte las medidas necesarias para evitar una repetición de aquellos hechos y que ofrezca respuestas sobre lo sucedido. Sánchez recordó al mismo tiempo que la relación bilateral ha sido positiva durante su mandato y defendió que siga siéndolo. En una frontera como la de Ceuta, la diplomacia y el control migratorio prácticamente comparten mesa.

Ese equilibrio explica el tono. Madrid reconoce públicamente una responsabilidad operativa de Rabat, pero no acusa al Gobierno marroquí de haber organizado la entrada masiva. Sánchez habla de un mecanismo que falló. La diferencia entre ambas afirmaciones no es pequeña, sobre todo cuando existe una investigación judicial abierta sobre la planificación de los hechos y la eventual participación de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes.

La posición del Ejecutivo español mantiene así dos ideas que parecen incómodas juntas, aunque no necesariamente son contradictorias: Marruecos es un socio esencial para controlar una de las fronteras exteriores de la Unión Europea y, precisamente por eso, España considera que Rabat debe explicar cómo pudo producirse un desbordamiento de semejante magnitud.

Qué ocurrió realmente en Ceuta el 30 de julio

La dimensión ayuda a entender el cambio de tono. El Gobierno español mantiene en 72.000 personas la cifra de entradas irregulares registradas durante los días 30 y 31 de julio, una cantidad extraordinaria incluso para una frontera sometida habitualmente a fuertes presiones migratorias. Buena parte regresó posteriormente a Marruecos, muchas de manera voluntaria, pero la llegada desbordó las capacidades ordinarias de seguridad, identificación y acogida de Ceuta.

El episodio tuvo también un enorme coste humano. Las investigaciones posteriores situaron en torno a 140 las personas fallecidas a ambos lados de la frontera, con 83 muertes en aguas españolas contabilizadas en las actuaciones judiciales conocidas en septiembre. La mayoría de quienes intentaron alcanzar Ceuta lo hicieron atravesando el perímetro fronterizo o entrando en el mar desde la costa marroquí.

Aquella jornada, las propias imágenes recogidas sobre el terreno mostraron cómo las fuerzas marroquíes acabaron utilizando material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua ante la concentración de miles de personas en Castillejos. La cuestión que se investiga no es, por tanto, si hubo presencia policial marroquí —la hubo—, sino qué ocurrió antes, durante qué periodos se permitió avanzar a las concentraciones y por qué el dispositivo resultó incapaz de detener el flujo.

Los avisos previos complican el relato

Aquí aparece una de las zonas más delicadas de la crisis. Sánchez ha sostenido que los documentos desclasificados no prueban que el Gobierno conociera de antemano la dimensión que alcanzaría la entrada. Esa afirmación convive con la existencia de avisos previos, aunque su alcance y significado son discutidos.

Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras fechado el 28 de julio estudió expresamente el riesgo de entradas irregulares y contempló una posible «relajación temporal» del control marroquí durante las festividades nacionales del país vecino. El documento valoraba incluso la hipótesis de que esa relajación pudiera funcionar como mecanismo de presión política. Era un análisis, no una constatación de que se estuviera preparando una operación de la escala finalmente registrada.

Un día después, el 29 de julio, el CNI trasladó información más concreta. Según la documentación desclasificada, Inteligencia advirtió a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de convocatorias en redes sociales para intentar entrar por mar y por la valla al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. También envió una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes. Los mensajes circulaban por grupos de WhatsApp y Facebook con decenas de miles de participantes.

Qué se investiga sobre la actuación marroquí

La investigación ha avanzado bastante más allá del debate sobre si hubo o no avisos. Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional sostiene que la entrada fue planificada y no espontánea y sitúa entre los posibles participantes a personas vinculadas con las fuerzas de seguridad marroquíes. El documento describe una actuación de las autoridades del país vecino que considera, al menos durante determinadas fases, excesivamente permisiva. Son conclusiones policiales incorporadas a una investigación judicial; no una sentencia firme ni una prueba de que el Ejecutivo marroquí ordenase la operación.

Esa distinción resulta esencial. Sánchez se ha quedado, de momento, varios peldaños por debajo de las hipótesis más graves que aparecen en esos informes. Su mensaje es más sencillo: Marruecos tenía un dispositivo para controlar su lado de la frontera y ese dispositivo falló. España quiere saber por qué.

España pide respuestas mientras prepara otra jornada delicada

La exigencia llega, además, en un momento especialmente sensible. Para este miércoles 23 de septiembre circulan nuevas convocatorias en redes sociales que llaman a intentar acceder a Ceuta coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes. El Gobierno español ha reforzado preventivamente las fronteras de Ceuta y Melilla con más efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y ha intensificado el seguimiento de esos mensajes.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene contactos con su homólogo marroquí, Naser Burita, y tiene previsto abordar con él la situación durante la reunión de ambos en Nueva York. Marruecos, según ha explicado Albares, se ha comprometido a adoptar medidas para impedir una nueva entrada masiva. Esa cooperación inmediata convive, curiosamente pero sin demasiado misterio, con la petición española de aclarar qué salió mal en julio.

España tampoco depende únicamente de la actuación al otro lado de la frontera. Interior ha reforzado los dispositivos españoles mientras sigue evaluando las convocatorias difundidas por internet. La experiencia de julio pesa. Después de una avalancha de semejante tamaño, confiar simplemente en que esta vez nada ocurrirá sería una política fronteriza bastante peculiar.

Ceuta aún arrastra las consecuencias de julio

La normalidad de la que habla el Gobierno sigue siendo relativa. A mediados de septiembre, las estimaciones oficiales situaban entre 9.000 y 10.000 el número de migrantes que permanecían en Ceuta, aunque la cifra cambia conforme avanzan las identificaciones, los traslados y los retornos. El nuevo centro temporal instalado en el Muelle de Poniente llenó sus 1.700 plazas pocas horas después de abrir.

Este lunes 21 de septiembre, el Ejecutivo calculaba que algo más de 3.000 personas continuaban viviendo fuera de los recursos de acogida, entre ellas varios centenares de menores. Según el Gobierno, entre 150 y 200 migrantes regresan diariamente a Marruecos de manera voluntaria, mientras continúan los procedimientos para determinar quién puede acogerse a protección internacional y quién debe ser retornado.

La magnitud de la crisis llevó al Gobierno a declarar en agosto una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El propio real decreto reconoce una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, acogida, asistencia, identificación y seguridad ciudadana, además de los efectos sobre el funcionamiento ordinario de la ciudad. No fue únicamente una fotografía impactante de miles de personas junto al Tarajal. Sus consecuencias administrativas, sociales y económicas todavía siguen abiertas.

Una frontera imprescindible y, desde julio, bajo examen

Las palabras de Sánchez cambian sobre todo una cosa: Marruecos entra explícitamente en la explicación política de lo sucedido. El Gobierno español no rompe la cooperación ni atribuye formalmente a Rabat la organización de la crisis, pero tampoco presenta ya el episodio únicamente como una movilización migratoria imprevisible que desbordó a ambos países.

La incógnita central queda entre esos dos extremos. Había convocatorias en redes, existieron avisos antes del 30 de julio y los servicios españoles llegaron a analizar una posible relajación del control marroquí. Después, una investigación policial describió indicios mucho más graves. Al mismo tiempo, las autoridades de Marruecos también actuaron durante aquellas jornadas para dispersar concentraciones y posteriormente han colaborado en retornos y en la prevención de nuevos intentos. Los hechos dibujan una frontera mucho menos simple de lo que permiten los eslóganes.

Sánchez ha elegido ahora una formulación precisa: el mecanismo marroquí falló y debe dar respuestas. Lo que determine la investigación sobre las causas de aquel fallo será bastante más importante que la semántica diplomática. Porque entre Ceuta y Castillejos hay pocos metros de agua y hormigón, pero sobre ellos descansan la política migratoria española, la cooperación con Marruecos y una parte nada menor de la frontera sur de Europa.