¿Qué pruebas exige Rusia a España por la crisis migratoria de Ceuta?

Rusia ha elevado este martes, 1 de septiembre, el tono frente al Gobierno español y reclama pruebas concretas que sustenten la acusación de Pedro Sánchez sobre la participación de redes vinculadas a Moscú en la desinformación que rodeó la crisis migratoria de Ceuta. La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, pide algo bastante menos abstracto que una acusación política: cifras, fechas, nombres, capturas o documentos que permitan verificarla.

El Gobierno español sostiene, por su parte, que dispone de “evidencias” e informes internos del Ministerio de Exteriores sobre la amplificación de contenidos falsos desde foros digitales relacionados con Rusia e Israel. La discusión entra así en un terreno más resbaladizo de lo que sugieren algunos titulares: una cosa es demostrar que determinadas redes difundieron o amplificaron desinformación y otra, bastante más seria, acreditar una intervención estatal directa en la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

Rusia exige a España datos concretos y eleva la presión sobre Sánchez

La respuesta más contundente llegó desde Vladivostok. Zajárova sostuvo que las acusaciones deben estar respaldadas por material verificable antes de poder ser tomadas en serio y resumió la posición rusa con una frase poco diplomática, aunque inequívoca: sin hechos ni materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, Moscú considera que no existe una base suficiente para continuar la discusión.

La portavoz rusa también reprochó a Madrid que no utilizara previamente los cauces diplomáticos disponibles. Rusia mantiene una embajada en Madrid y existen mecanismos bilaterales e internacionales para plantear sospechas relacionadas con ciberataques, operaciones de influencia o campañas de desinformación. Su argumento es sencillo: si España tenía información suficientemente grave para señalar públicamente a Rusia, podía haberla trasladado antes por esas vías.

El Kremlin ya había negado cualquier responsabilidad después de las declaraciones realizadas por Sánchez. Ahora Moscú da un paso más: no se limita a rechazar la acusación, sino que obliga políticamente al Ejecutivo español a enseñar, al menos en parte, las cartas con las que sostiene su señalamiento.

Y ahí está el nudo del asunto.

El Gobierno asegura que tiene evidencias de redes rusas e israelíes

Pedro Sánchez vinculó la crisis de Ceuta con la difusión de bulos sobre la política migratoria española y señaló a redes asociadas a Rusia e Israel, junto con lo que denominó una “internacional ultraderechista”, por utilizar la inmigración para fracturar políticamente a España y Europa.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, respaldó esa versión. Aseguró que existen informes internos de Exteriores y se remitió también a análisis europeos sobre la actividad digital que rodeó la crisis. Según el Ejecutivo, determinados foros relacionados con Rusia e Israel amplificaron los acontecimientos de Ceuta con una intención de polarización política.

El matiz importa. Saiz habló de amplificación digital, pero el Gobierno no ha presentado públicamente una cadena de mando que conecte esa actividad con el Kremlin ni ha acreditado que Moscú organizara materialmente el movimiento migratorio desde Marruecos. En asuntos de injerencia extranjera, esa distancia semántica no es un capricho de filólogos: separa una campaña propagandística de una operación estatal.

La información conocida sobre el análisis elaborado en el ámbito europeo añade una precisión especialmente relevante: las campañas rusas de desinformación detectadas sobre Ceuta aparecieron después del comienzo de la entrada masiva del 30 de julio. Eso permite hablar de explotación y amplificación posterior de la crisis, pero no demuestra por sí mismo que esas redes provocaran el movimiento inicial de decenas de miles de personas hacia la frontera.

La Unión Europea lleva tiempo documentando operaciones rusas de manipulación informativa, propaganda y actividad híbrida contra países europeos. Ese precedente existe y explica que las instituciones comunitarias observen con especial atención determinadas redes vinculadas a Moscú. No convierte automáticamente cada mensaje favorable al Kremlin en una operación dirigida desde el Kremlin, claro, pero tampoco permite tratar el fenómeno como una fantasía exótica.

La sentencia del Supremo que terminó convertida en un bulo

En el origen de una parte de la desinformación aparece una sentencia del Tribunal Supremo sobre las personas que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla. El fallo estableció que quienes son interceptados en el mar no pueden ser sometidos al procedimiento especial de rechazo en frontera, sino al procedimiento ordinario de devolución previsto en la legislación de extranjería.

No significa que España hubiera abierto la frontera. Tampoco que cualquier persona que alcanzara Ceuta a nado tuviera automáticamente derecho a permanecer en territorio español. La sentencia distinguía entre dos procedimientos jurídicos diferentes. En internet, esa precisión acabó convertida en algo mucho más apetecible para un algoritmo: la idea de que España ya no podía devolver a los migrantes que llegasen nadando.

Un análisis de más de 1.100 publicaciones en árabe difundidas en Facebook entre el 8 y el 31 de julio encontró que un mismo mensaje engañoso sobre esa sentencia apareció más de 215 veces el 30 de julio, precisamente cuando comenzó la entrada masiva. Más de la mitad de las publicaciones examinadas se concentraron aquella jornada. La red social hizo el resto: repetición, velocidad y un mensaje aparentemente jurídico reducido a una promesa sencilla. Frontera abierta.

Ahí sí existe un fenómeno claramente documentado: hubo desinformación y circuló intensamente.

Amplificar un bulo no equivale a organizar la crisis

Este es probablemente el aspecto más importante para entender el enfrentamiento entre Madrid y Moscú. Que cuentas, medios o comunidades digitales relacionadas con un determinado país amplifiquen una narrativa falsa no demuestra por sí solo que el Gobierno de ese país haya ordenado la operación.

La atribución de una campaña de influencia exige normalmente examinar redes coordinadas, financiación, infraestructura digital, administradores y relaciones entre cuentas, además de posibles vínculos con instituciones públicas o intermediarios. No basta con observar que determinado mensaje fue compartido desde Rusia o por perfiles ideológicamente próximos al Kremlin.

Según la información conocida, el Ejecutivo español afirma contar con documentación que respalda la existencia de esa amplificación, pero no ha divulgado un expediente completo que permita evaluar públicamente el grado de conexión con las autoridades rusas. Moscú se aferra precisamente a ese vacío público para desafiar a Sánchez.

Eso tampoco demuestra que Rusia sea ajena al fenómeno. Solo establece dónde termina lo públicamente comprobable y dónde empieza, por el momento, la atribución política y de inteligencia del Gobierno.

La diferencia puede parecer pequeña desde un plató de televisión. En diplomacia es un abismo.

Israel también rechaza las acusaciones de Sánchez

Rusia no es el único país señalado. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, reaccionó con especial dureza y calificó las palabras del presidente español de “mentira descarada”. Israel niega haber promovido una campaña destinada a incentivar la llegada de migrantes a Ceuta y acusa a Sánchez de utilizar al país para desviar la atención de la gestión interna de la crisis.

Las relaciones entre los gobiernos español e israelí atraviesan desde hace tiempo un periodo de fuerte deterioro por Gaza, mientras Madrid y Moscú mantienen posiciones frontalmente enfrentadas por la invasión rusa de Ucrania. Sánchez interpreta la propagación de contenidos contra España dentro de ese marco político: países molestos con las posiciones internacionales del Ejecutivo aprovecharían cuestiones especialmente sensibles, como la inmigración, para alimentar la polarización.

Es una hipótesis coherente con las tácticas de influencia híbrida que Europa lleva años estudiando. Coherente no quiere decir demostrada en todos sus extremos. Ahí reside justamente la batalla política abierta.

Marruecos queda fuera de la acusación del Gobierno

La otra pieza incómoda se encuentra a pocos metros de Ceuta. Mientras Sánchez apunta hacia redes rusas, israelíes y ultraderechistas, el Ejecutivo español insiste en que no dispone de indicios que demuestren la participación de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio.

Saiz ha vuelto a defender esa posición. El Gobierno sostiene que la cooperación posterior de Rabat fue positiva y que ni los informes manejados ni la información de inteligencia permiten atribuir a las autoridades marroquíes la organización deliberada de lo ocurrido.

La tesis provoca críticas no solo en la oposición. El volumen de la entrada, con más de 70.000 personas en dos jornadas según los balances difundidos sobre la crisis, ha alimentado interrogantes sobre cómo semejante concentración pudo producirse en el lado marroquí de la frontera sin que las autoridades del país la detectaran o consiguieran contenerla a tiempo. Las cifras pueden variar ligeramente según el balance utilizado, pero la magnitud del episodio está fuera de discusión.

El Gobierno diferencia entre una insuficiencia de control fronterizo y una intervención deliberada. Sus adversarios consideran demasiado generosa esa interpretación. En medio quedan Ceuta, miles de migrantes y una frontera donde las sutilezas diplomáticas suelen durar menos que una valla bajo presión.

Una acusación que necesita salir del terreno de las sospechas

La respuesta rusa coloca a Sánchez ante una cuestión inevitable: qué pruebas concretas puede hacer públicas España sin comprometer información de inteligencia o investigaciones abiertas. Moscú quiere nombres, cuentas, fechas y documentos. El Gobierno responde que los informes existen y que determinados patrones de difusión están acreditados.

Las dos afirmaciones pueden convivir durante un tiempo, pero no indefinidamente. La desinformación alrededor de Ceuta está documentada; también está acreditado que una interpretación falsa de la sentencia del Supremo circuló masivamente durante la crisis. Lo que requiere un escalón probatorio distinto es determinar quién dirigió esa difusión, si existió coordinación organizada desde el extranjero y, sobre todo, si puede atribuirse directamente a estructuras estatales rusas o israelíes.

Ese es el terreno donde se jugará esta disputa. No tanto en comprobar que hubo bulos —los hubo—, sino en reconstruir quién amplificó la desinformación, con qué intención y desde qué estructura. Porque entre aprovechar una crisis y haberla provocado existe una distancia enorme; y, por mucho ruido que haga una red social, esa distancia todavía necesita pruebas.