¿Por qué Rusia condena a 11 años a Lev Shlosberg, líder de Yabloko?

Un tribunal de Pskov ha condenado al político opositor ruso Lev Shlosberg a 11 años y un mes de colonia penal por sus críticas a la guerra de Ucrania. El vicepresidente del partido liberal Yabloko fue declarado culpable de “desacreditar” a las Fuerzas Armadas rusas y de difundir lo que la legislación del país considera “información deliberadamente falsa” sobre el Ejército. La sentencia fue dictada este 17 de agosto de 2026.

El caso va bastante más allá de una disputa judicial aislada. Shlosberg, de 63 años, es una de las voces políticas que han permanecido en Rusia defendiendo públicamente un alto el fuego y el fin de la guerra, mientras Yabloko, la única formación registrada que se ha opuesto abiertamente al conflicto, acaba de ser apartada de las elecciones parlamentarias de septiembre. En cuestión de días, el partido ha visto cómo se cerraba su vía electoral y uno de sus dirigentes más conocidos recibía más de una década de prisión.

Qué hizo Lev Shlosberg y por qué ha sido condenado

La condena se apoya en dos disposiciones del Código Penal ruso utilizadas contra las críticas públicas al Ejército desde la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en febrero de 2022. La primera castiga la “desacreditación reiterada” de las Fuerzas Armadas; la segunda, la difusión consciente de supuestas noticias falsas sobre ellas. Las autoridades rusas consideran que determinadas afirmaciones contrarias a la versión oficial de la guerra entran en esas categorías.

Uno de los episodios investigados fue la participación de Shlosberg en un debate por internet en el que defendió el final de las hostilidades. Allí describió la guerra como una especie de “ajedrez sangriento” y reclamó una salida política.

El segundo elemento fue una publicación compartida en su canal de Telegram. Se trataba de la portada de un periódico británico que mostraba al presidente ruso, Vladímir Putin, junto a una mujer ucraniana ensangrentada. La Fiscalía interpretó ese contenido como difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas. Shlosberg siempre negó haber cometido delito alguno y sostuvo que el procedimiento tenía naturaleza política.

La Fiscalía había solicitado 12 años y un mes de prisión. Finalmente, el tribunal fijó la pena en 11 años y un mes. Yabloko ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Quién es Lev Shlosberg, una vieja figura del liberalismo ruso

Shlosberg no apareció ayer en la oposición rusa. Periodista y político, lleva décadas vinculado a Yabloko y fue diputado de la asamblea regional de Pskov entre 2016 y 2021. Actualmente es vicepresidente del partido, una formación liberal nacida durante la transformación política de la Rusia postsoviética y que durante los años noventa llegó a tener representación relevante en la Duma.

Con el progresivo endurecimiento del sistema político ruso, el espacio de Yabloko se fue estrechando. El partido perdió su representación parlamentaria nacional, pero siguió funcionando legalmente y mantuvo posiciones críticas con el Kremlin. Tras febrero de 2022 adoptó una postura especialmente incómoda para el poder: reclamar negociaciones, diplomacia y un alto el fuego.

Shlosberg ya había sufrido otras actuaciones judiciales y administrativas. Las autoridades lo incluyeron en el registro de “agentes extranjeros”, una denominación que en Rusia acarrea obligaciones burocráticas, restricciones y un fuerte estigma político. También fue condenado anteriormente por incumplir las reglas asociadas a esa condición.

Desde diciembre de 2025 permanecía encarcelado de forma preventiva por el procedimiento que ha desembocado en esta nueva sentencia.

La condena llega mientras Yabloko es expulsado de las elecciones

La fecha importa. Mucho. El pasado 10 de agosto, apenas una semana antes del fallo contra Shlosberg, el Tribunal Supremo ruso excluyó a Yabloko de las elecciones a la Duma previstas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026.

La demanda había sido presentada por Rodina, un partido nacionalista próximo al sistema político del Kremlin. Entre las acusaciones figuraban irregularidades relacionadas con la financiación electoral y los derechos de autor de determinados materiales. Yabloko rechazó las imputaciones y denunció que la exclusión impedía a los ciudadanos votar legalmente por una opción contraria a la guerra.

Este 17 de agosto, mientras se conocía la condena de Shlosberg, el Supremo ruso rechazó también el recurso presentado por Yabloko contra su exclusión. Decenas de simpatizantes que se habían concentrado ante el tribunal en Moscú fueron detenidos, según organizaciones de derechos humanos y medios presentes en la zona.

La coincidencia resulta difícil de separar del paisaje político general: una formación que pretendía llevar a las urnas un mensaje de paz queda fuera de las papeletas mientras algunos de sus dirigentes afrontan largas penas de cárcel.

Maxim Kruglov, otro dirigente de Yabloko encarcelado

Shlosberg tampoco es el único alto cargo del partido procesado por declaraciones relacionadas con Ucrania. En junio, Maxim Kruglov, otro vicepresidente de Yabloko, recibió una condena de siete años de prisión por difundir supuesta información falsa sobre el Ejército ruso.

Su caso estaba relacionado con publicaciones de Telegram de 2022 en las que mencionaba víctimas civiles y los acontecimientos de Bucha. Kruglov negó las acusaciones y defendió que el desacuerdo político estaba siendo convertido en delito.

Dos vicepresidentes del mismo partido encarcelados en apenas dos meses. Y el partido, fuera de las elecciones. El dibujo político empieza a necesitar pocas explicaciones.

Las leyes rusas que castigan las críticas a la guerra

Poco después del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia aprobó normas que endurecieron de manera extraordinaria las consecuencias penales de determinadas expresiones sobre la actuación de sus Fuerzas Armadas.

Entre ellas se encuentran los delitos utilizados contra Shlosberg: desacreditar al Ejército y publicar información considerada falsa sobre las operaciones militares. Las penas pueden alcanzar varios años de cárcel y su aplicación ha convertido la crítica pública al conflicto en una actividad de enorme riesgo dentro del país.

El Gobierno ruso sostiene que estas restricciones son necesarias para proteger a sus fuerzas militares y combatir campañas de desinformación en un contexto de confrontación con Ucrania y Occidente. Organizaciones internacionales de derechos humanos, por el contrario, consideran que la formulación y aplicación de estas normas permite criminalizar expresiones pacíficas contra la guerra.

Amnistía Internacional ha calificado el procesamiento de Shlosberg como una represalia por ejercer la libertad de expresión y ha pedido la anulación de la condena. La organización recuerda que las conductas examinadas fueron un debate político y una publicación compartida en una red social.

Shlosberg aprovechó el juicio para volver a atacar la guerra

La paradoja del proceso es que el juicio destinado a castigar sus declaraciones terminó dando a Shlosberg otra tribuna, aunque fuera desde el banquillo.

En su alegato final sostuvo que Rusia había recorrido durante las últimas tres décadas un camino que iba de las esperanzas de libertad hacia una profunda erosión de los derechos civiles y políticos. También insistió en que la guerra había transformado la vida de todos los ciudadanos rusos y volvió a pedir un alto el fuego inmediato.

Habló igualmente del coste humano del conflicto. Señaló el crecimiento de los cementerios militares y afirmó que la sociedad rusa terminará enfrentándose algún día a la dimensión completa de sus muertos. El juez interrumpió en varias ocasiones su intervención para pedirle que se limitara a los hechos concretos del procedimiento.

Shlosberg siguió hablando.

Ahí está quizá una de las características más extrañas de los grandes procesos políticos: el acusado pierde casi todo —libertad, futuro inmediato, presencia pública— y, durante unos minutos, el propio tribunal le entrega un micrófono.

Una oposición legal cada vez más pequeña en Rusia

La condena de Lev Shlosberg deja una fotografía incómoda de la política rusa en vísperas de unas nuevas elecciones parlamentarias. Yabloko carecía de diputados en la actual Duma y estaba lejos de disputar el poder al partido Rusia Unida, pero conservaba algo menos cuantificable y, precisamente por eso, políticamente sensible: una opción legal para votar contra la guerra.

Ese espacio acaba de reducirse todavía más. El partido no estará, salvo un vuelco judicial extraordinario, en las papeletas de septiembre; varios de sus dirigentes han sido procesados y dos de sus vicepresidentes acumulan condenas que suman más de 18 años de prisión.

Yabloko ha dicho que seguirá agotando los recursos legales disponibles. Shlosberg también recurrirá.

De momento queda el dato desnudo, difícil de maquillar incluso con el lenguaje burocrático de los tribunales: 11 años y un mes en una colonia penal para un político que permaneció en Rusia, pidió detener la guerra y convirtió esa posición en el centro de su actividad pública. En la Rusia de 2026, esa frontera entre discrepancia política y delito se ha vuelto extraordinariamente estrecha.